Empresario mexicano viola derechos laborales en Guatemala

sábado, 25 de octubre de 2003
Ciudad de Guatemala (apro) - Abastecedora del 50 por ciento del gas LP que se consume en Guatemala, la empresa mexicana Tomza, propiedad del empresario Tomás Zaragoza, enfrenta en las últimas semanas denuncias públicas de trabajadores y dirigentes sindicales que acusan a sus directivos de aplicar políticas antisindicales y violar flagrantemente la legislación guatemalteca Corporación líder en la importación y distribución de gas natural, las empresas de Tomza acumulan denuncias ante el Ministerio del Trabajo, juzgados laborales, incluso ante el Ministerio Público, por una presunta campaña de acoso contra trabajadores que intentan hacer resurgir un sindicato El asunto podría poner en problemas al gobierno guatemalteco, después de que los trabajadores afectados interpusieran una demanda ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instancia que estudia el caso y, eventualmente, podría llamar a cuentas a las autoridades guatemaltecas sobre la manera como está defendiendo el derecho de libre asociación de sus trabajadores El último escándalo en que se ha visto involucrada la empresa mexicana, estalló después de que a mediados de julio, personeros de Tomás Zaragoza en Guatemala despidieron a 27 trabajadores que el 15 de julio habían participado en una asamblea para reorganizar el Sindicato de Trabajadores en el Envasado, Transporte, Distribución y Mantenimiento del Gas, afiliado a la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) Miembros de la nueva organización, incluido el designado secretario general del sindicato, Juan Carlos Aguilar, fueron destituidos La empresa respondió a un emplazamiento que ante un tribunal laboral presentó el sindicato contra 14 empresas que forman parte de la corporación Tomza Carlos Enrique Mancilla, secretario general de la CUSG, dijo a Apro que el sindicato de trabajadores de las empresas de Tomza se constituyó desde mediados de los 90 con 250 afiliados, “la empresa lo desmanteló en 1998, los dirigentes empezaron a tener presiones, y una vez desestabilizado el comité ejecutivo, directivos de la empresa empezaron a tomar acciones contra los afiliados: se les advertía que o renunciaban al sindicato o serían despedidos de la empresa, muchos optaron por desertar, otros no renunciaron pero la empresa se encargó de falsificar sus firmas para que aparecieran como renunciantes” Inspector del Trabajo, César Roberto Gatica Lemus dijo a la corresponsal que la política antisindical de Tomza ha sido permanente: “Tuve oportunidad de conocer casos en donde a miembros del anterior sindicato no se les permitió ejercer sus derechos sindicales, tuvieron problemas porque cada miembro del comité ejecutivo pertenecía a diferentes empresas del grupo, y sus directivos argumentaban que para decir que estaba legalmente constituido un sindicato tenían que estar todos sus miembros laborando en una misma empresa” Desarticulado el primer sindicato, planteó Mancilla, “la empresa empezó a violar derechos de los trabajadores, obligándolos a trabajar horas extras que no les eran pagadas, o limitándoles los instrumentos de trabajo” Sólo en 2003, según informó a Apro el viceministro de Trabajo de Guatemala, José Antonio Monzón Juárez, la inspectoría del trabajo recibió 19 quejas presentadas individualmente por trabajadores de las empresas de Tomza “si 19 denuncias llegan en un año, ya es reiterada no diría la violación, porque no se puede prejuzgar, pero diría que cuando el río truena es porque agua lleva, además, al trabajador le es penoso asistir a la inspección porque implica ponerse en evidencia ante la empresa, normalmente hay un motivo razonable” Mancillas asegura que además de los despidos, funcionarios de Tomza han mantenido en las últimas semanas una campaña de hostigamiento contra casi un centenar de trabajadores que participaron en la reunión del sindicato, amenazándolos con despidos si no renuncian a la agrupación El caso motivó una denuncia presentada el 17 de septiembre por la CUSG ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que cobijó la denuncia, abrió un plazo a los sindicalistas para ampliar sus alegatos y remitirá una orden al gobierno de Guatemala para que informe sobre el caso Godoy dijo que las autoridades laborales no han recibido aún un requerimiento del Comité de Libertad Sindical para informar sobre el caso: “La OIT es como un magistrado de conciencia, no tiene una facultad coercitiva, pero no nos gusta que nos estén señalando de que en el país se violan derechos laborales” De hecho, en su último informe emitido este año, el Comité de Libertad Sindical de la OIT consigna haber recibido denuncias de agresión, amenazas e intimidaciones contra miembros de sindicatos de empresas e instituciones públicas El comité insta al gobierno guatemalteco a “ordenar una urgente investigación de esas acusaciones” y a “revisar el proceso de protección de los derechos sindicales, a fin de garantizar la observancia efectiva de que nadie debería ser despedido u objeto de medidas perjudiciales en el empleo, a causa de su afiliación sindical” De acuerdo con versiones del sindicato, el conflicto de Tomza con trabajadores guatemaltecos fue puesto en conocimiento de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y la Confederación de Trabajadores de México, y de la estadunidense ALF-CIO, con las que mantienen relaciones Mancillas dijo que también intentan establecer contacto con Tomás Zaragoza, para denunciar las acciones antisindicales de sus funcionarios en Guatemala, Guillermo Federico Godoy Mazariegos, director general de Tomza, y Víctor Manuel Palencia, gerente general de Tropi-gas, y determinar si actúan discrecionalmente o responden a una política institucional Dirigentes sindicales e inspectores laborales consultados por Apro, coincidieron en que los directivos de Tomza han mostrado una actitud cerrada a los intentos de las autoridades de conciliar en el caso, y han bloqueado diligencias judiciales para reinstalar a los trabajadores despedidos El juez sexto de Trabajo, que analiza una demanda presentada por los trabajadores contra 10 empresas de Tomza, dictaminó la reinstalación de los trabajadores, pero la orden no ha sido cumplida “El Código del Trabajo de Guatemala establece que todo aquel trabajador despedido por participar en una organización sindical debe ser reinstalado en 24 horas, en base a eso el juez ordenó la reinstalación”, explicó Mancillas Carlos Osvaldo Reyes González, juez sexto de Trabajo, dijo a la corresponsal que analiza alegatos de la empresa demandada, para determinar si es procedente o no el conflicto, e incidentes de reinstalación presentados por los trabajadores Reconoció que en la primera fase del proceso ordenó la reinstalación de los despedidos No obstante, reiterados intentos de representantes judiciales por hacer cumplir el fallo se toparon con las puertas cerradas de la empresa y la negativa a reinstalar a los despedidos El Ministerio del Trabajo, que atiende denuncias administrativas, también intentó intervenir: “La queja era que habiendo una prevención de un juzgado de trabajo para que no se despidiera a ningún trabajador si no era con autorización previa del tribunal, la empresa despidió a los trabajadores, la inspección estaba facultada para imponer una multa si la empresa no los reinstalaba”, explicó Julio César Quiroa, inspector general del Trabajo Eduardo Sánchez, subinspector del ramo, quien encabezó la diligencia, declaró que directivos de la empresa negaron el acceso a los trabajadores y plantearon que no reinstalarían a ninguno, al margen de lo que se resolviera en los procesos en curso, y sólo estaban dispuestos a cancelar las prestaciones de ley a los despedidos El caso empezó a generar críticas a las autoridades laborales El columnista Eduardo Villatoro escribió en el diario Prensa Libre: “Algunos empresarios extranjeros no tienen empacho en infringir las leyes laborales, ante la indiferencia del Ministerio del Trabajo”, y Roberto Oliva Alonzo denunció en el Periódico “al grupo gasero Tomza, del mexicano Tomás Zaragoza, le viene del norte nuestro andamiaje jurídico y las pretensiones de los jueces guatemaltecos que le ordenan reinstalar a los trabajadores que injustamente despidió” Autoridades laborales y judiciales han aplicado multas a la empresa por las violaciones a la ley Juan Carlos Aguilar, dirigente del sindicato despedido de la empresa, declaró en entrevista que el proceso ante tribunales camina lentamente, y planteó que tampoco recibieron apoyo en incidentes administrativos que presentaron ante el Ministerio del Trabajo Aguilar aseguró que fue víctima de amenazas y hostigamiento de directivos de Tomza, por lo que presentó una demanda ante un fiscal del Ministerio Público El sindicato ha advertido que los trabajadores que participan en la distribución podrían recurrir a medidas de hecho y suspender labores provocando un desabastecimiento de gas Zeta Gas enfrenta, desde antes, viejos conflictos con la Asociación Nacional de Distribuidores y Expendedores de gas, que desde los años 2000 y 2001 acusaron a la empresa de prácticas monopólicas y de desplazarlos ofreciendo precios por debajo del costo para asumir, además de la importación y distribución, la venta al público del combustible El Ministerio de Energía presentó, entonces, una demanda ante Ministerio Público, porque según Carlos Mazariegos, entonces director general de Hidrocarburos, las empresas Tomza y Z Gas, ésta última propiedad de Miguel Zaragoza, estaban compitiendo con precios por debajo del costo e incurriendo en competencia desleal Conjuntamente, Tomza y Z Gas manejan un 98% de las importaciones de gas LP a Guatemala, Mientras el conflicto avanza en tribunales, el Ministerio del Trabajo argumenta que está atado de manos para seguir interviniendo en favor de la reinstalación de los trabajadores, a partir de que abogados de Tomza acudieron a un Tribunal de Conflictos de Jurisdicción argumentando que el Ministerio no tenía facultad en el caso que se ventila en tribunales, y recibieron un fallo favorable El director general de Tomza, Federico Godoy, no respondió a reiterados intentos de contacto para conocer su versión sobre el caso “En otros casos seguiremos interviniendo, de hecho, hay una solicitud del sindicato presentada esta semana para fiscalizar el cumplimiento de algunas normas de higiene y seguridad, existencia de un reglamento de trabajo, de contratos suscritos de trabajo, libros de salarios y planillas de seguridad social, que se constate el pago de horas extras y aspectos sobre libertad sindical y amenazas para dejar el sindicato, tendremos que hacer inspecciones de oficio en las empresas de Tomza para que no nos sigan planteando conflictos de jurisdicción”, anunció Monzón

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