Washington (apro) - A pesar de lo que algunos funcionarios de organizaciones no gubernamentales calificaron como “actitud negativa” del gobierno de México durante el periodo de sesiones ordinarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), algunas buenas noticias surgieron de la ronda de audiencias y reuniones de trabajo en Washington, entre ellas la “reivindicación” de la figura de Digna Ochoa y un ofrecimiento de las autoridades militares de abrir a los peticionantes del caso los expedientes de la investigación sobre la desaparición del teniente de infantería Miguel Orlando Muñoz Guzmán En este último caso, fuentes de la CIDH confirmaron a la agencia Apro el adelanto que había hecho Fabián Sánchez Matus, asesor legal de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que actúa como copeticionario ante el organismo por el caso del militar En la reunión de trabajo realizada en la capital estadunidense, donde la CIDH tiene su sede, “hubo un acuerdo” alrededor de la propuesta presentada por el gobierno mexicano de “verificar” el estado de los expedientes en la justicia militar en una revisión conjunta “Una vez que exista la posibilidad de verificar los expedientes daremos participación a la CIDH”, dijo Sánchez Matus, quien destacó que “es uno de nuestros derechos poder conocer el estado de la investigación” Muñoz Guzmán desapareció el 8 de mayo de 1993 mientras se encontraba destacado en Ciudad Juárez, Chihuahua Las autoridades militares aseguran que el militar desertó, pero esta versión fue siempre descartada por sus familiares, quienes destacaron la excelente hoja de servicios y la invitación a concursar para ingresar a la Escuela Superior de Guerra, que le llegó poco antes de que se dejara de saber de él El padre del militar, Miguel Muñoz, murió en 1997 debido a la tristeza de haber perdido de vista a su hijo “Queremos saber qué paso con él, mi hermano no pudo desertar”, dijo en Washington Lupita Muñoz Guzmán, hermana del militar, quien viajó junto con su madre Guadalupe para participar de la reunión de trabajo sobre el caso A diferencia de las audiencias, las reuniones de trabajo tienen por objetivo la búsqueda de “soluciones amistosas” consensuadas entre las partes La reunión de esta última semana fue solicitada por el gobierno mexicano En ese sentido, Sánchez Matus señaló: “Creo que la oferta (de abrir el archivo) es buena, ya que nos da la posibilidad de tener información exacta sobre el estado de expediente en la justicia militar” Además de los familiares del militar y de las organizaciones de derechos humanos copeticionarios, de la reunión de trabajo por el caso de Muñoz Guzmán participaron, por el lado del gobierno del presidente Vicente Fox la subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Globales, Patricia Olamendi, y el procurador general de Justicia Militar, Gilberto López Portillo Robles “No sabemos en qué términos se pueda dar esta apertura Yo no diría que se abrió hasta que no tengamos el acceso a los expedientes”, agregó Matus con prudencia La misma cautela fue expresada por las fuentes consultadas por Apro que confirmaron el ofrecimiento, pero desistieron de brindar más detalles alrededor del caso, que ya de por sí tiene detrás de sí una larga historia de dudas y conjeturas Cuando se le preguntó si podía estimar las razones por las cuales la justicia militar accede ahora a la petición, el dirigente de derechos humanos declaró sinceramente: “la verdad que no lo sé” “Sobre todo porque no sabemos en qué términos se vaya a dar esta apertura”, continuó, dejando los puntos suspensivos para el futuro próximo, cuando el escenario pase a México “Cuando estemos allí podremos verificar si existe esta apertura, si efectivamente no se cometen violaciones a los derechos humanos al interior de las fuerzas armadas”, completó Así, el próximo paso será “determinar qué sale de los expedientes, y luego enviar nuestra información adicional a la Comisión Interamericana para que ya emita el informe de fondo” sobre el caso “Esto no puede tomar más de un mes --estimó--; en un mes tenemos que proporcionar a la comisión la información adicional a partir de la revisión de los expedientes” De hecho, fuentes familiares con el caso dijeron a Apro que la iniciativa gubernamental de ofrecer la apertura puede ser interpretada también como una maniobra para “comprar tiempo” y evitar que el caso se convierta en el segundo que involucre a México –el primero es el de torturas en contra de Alfonso Martín del Campo-- en ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su base en Costa Rica Según estas fuentes, los peticionantes tienen un “caso sólido” en cuanto al teniente desaparecido, por lo que el gobierno preferiría “dilatar” lo más posible cualquier decisión en este terreno Por su parte, el director del capítulo Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Juan Carlos Gutiérrez, dijo a Apro que, aunque consideró la propuesta gubernamental “un avance importante (esto) no significa que estemos iniciando un proceso de acercamiento a solución amistosa” “Lo que acordamos es que una vez realizada la lectura del expediente discutiríamos los contenidos del mismo y una vez que terminemos esos trabajos, tomaríamos una decisión de seguir trabajando o, definitivamente, enviar la información por separado a la CIDH” en el marco del proceso que podría derivar en el camino hacia la corte, señaló En cuanto a la “actitud” del gobierno mexicano, Gutiérrez prefirió no referirse a las reuniones y audiencias de este último periodo de sesiones ordinarias, sino, más bien, al panorama general “La primera gran diferencia es la ausencia de Mariclair Acosta”, la exsubsecretaria para Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo lugar en este escenario es ahora ocupado por la subsecretaria para Asuntos Globales, Patricia Olamendi, quien –señaló Gutiérrez-- no viene del terreno del trabajo de organizaciones no gubernamentales”, algo que “ha variado el discurso” del gobierno, estimó Pero lo más importante, destacó, es que “el compás de espera que (las organizaciones de derechos humanos) abrimos cuando asumió el gobierno de Fox se fue desgastando, al tiempo que no se alcanzaron algunos de los objetivos o superado dificultades de derecho interno” en México “Creo que hay un problema que es más estructural que de voluntad política”, señaló para luego agregar: “Nos damos cuenta de que, a pesar de lo que pueda decir el gobierno, en la práctica el órgano judicial y el legislativo no avanzan” en materia de los reclamos por violaciones de los derechos humanos Según Gutiérrez, “hay un problema estructural que es muy difícil de superar de un momento a otro, y la voluntad política (del gobierno), en ese marco, se vino desgastando ante los hechos” Para el dirigente, las autoridades mexicanas se demostraron “incapaces de poder enviar un mensaje a esos demás órganos a favor del avance y el compromiso con los derechos humanos” Y el caso de la masacre de Aguas Blancas “es un ejemplo de esto --afirmó--, donde vemos que van a soltar a uno de los policías acusados y que la investigación no avanzó, a pesar de que a nivel internacional el gobierno insiste en que está dispuesto a cumplir con este tema” Más allá del debate general, las organizaciones de derechos humanos obtuvieron durante la sesión ordinaria de la CIDH que, al cumplirse dos años de la muerte de Digna Ochoa, el gobierno mexicano, a través de Olamendi, se comprometiera a “reivindicar la imagen pública y la memoria” de la defensora de derechos humanos En la audiencia participaron –además de los representantes gubernamentales y de los grupos humanitarios-- Jesús Ochoa y Plácido, hermano de Digna; el abogado de la víctima, José Antonio Becerril, y un equipo de peritos criminalistas contratados por la familia de la defensora Olamendi reconoció: “Hemos acordado, en respeto a la memoria (de Digna), tratar de alguna manera de presentar la imagen y el respeto que merecen todos los defensores de los derechos humanos" Según precisaron los familiares, como primer paso, “se acordó que el Estado mexicano, para restituir la imagen de Digna, que fue atacada aun en el terreno de su vida íntima, emitirá un comunicado en un plazo no mayor de treinta días, con posible difusión en los diarios del país” En cuanto al caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Olamendi dejó entrever que el gobierno mexicano estaría dispuesto --ante el interés demostrado por un grupo de legisladores del Congreso de Washington-- a poner en funciones una comisión binacional Durante su paso por la capital estadunidense, cuando se le preguntó si apoyaría la propuesta de los congresistas para incluir el tema en la agenda bilateral, la funcionaria dijo que “la apoyaría en principio” siempre y cuando se abra “una investigación del lado de Texas”, cuya frontera calificó de “vulnerable” Si el parlamento de Estados Unidos abre una investigación del lado de Texas, “nosotros lo haremos del lado de Juárez, lo que nos permitiría a los dos países tener una pesquisa a fondo”, agregó “Esa frontera es muy vulnerable y no descartamos en la investigación ninguna hipótesis de que quien comete estos delitos viva del otro lado", argumentó Durante la audiencia de la CIDH que trató este caso, dijo la funcionaria que el gobierno mexicano entregó un “informe completo” sobre el trabajo investigativo conjunto a nivel federal y estatal En el reporte, reconoció, se señalaron las fallas ocurridas durante la pesquisa, pero también el “compromiso” del gobierno por esclarecer estos crímenes “Reconocemos que hubo fallas en cuanto a la recolección de pruebas en la escena del crimen, pruebas que se perdieron, y por eso se están elaborando dos protocolos por parte de Naciones Unidas, para que esto no vuelva a suceder”, afirmó