Guatemala: los límites de la justicia universal

sábado, 15 de marzo de 2003
Ciudad de Guatemala -- Más de tres años después de haber iniciado en tribunales españoles un proceso que busca el enjuiciamiento de militares y civiles guatemaltecos que dirigieron el país de 1980 a 1986, la premio nobel Rigoberta Menchú Tum observa cómo se cierra la posibilidad de un juicio por genocidio contra los expresidentes de facto Efraín Ríos Montt, Lucas García y Oscar Mejía Víctores El 25 de febrero de 2003, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España concluyó que la justicia de ese país no tiene facultades para juzgar el genocidio maya alegando limitaciones de jurisdicción El tribunal abrió, en cambio, una investigación contra los militares, sus exministros de la defensa y de gobernación, por el asesinato en ese mismo período de cuatro religiosos y tres diplomáticos españoles, averiguación que encabezará el juez Guillermo Ruiz Polanco y que podría derivar en una orden de captura internacional contra los implicados El más notable de ellos: Efraín Ríos Montt, dirigente del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el partido en el poder y aspirante a la presidencia en unas elecciones que se efectuarán este año La resolución de los jueces españoles dejó un sabor agridulce en familiares de las víctimas y en media docena de organizaciones guatemaltecas y españolas que respaldaron la denuncia de Menchú Doble rasero Silvia Solórzano Foppa, hija de Alaíde Foppa, escritora y activista cuya muerte fue incorporada a la denuncia, dijo: “Esta resolución es parcial, injusta y discriminatoria Es una sentencia inaceptable porque, sin sustento jurídico sólido, dichos magistrados pretenden aplicar justicia para unas víctimas y negársela a otras, cuando en definitiva todos somos afectados por los mismos delitos de lesa humanidad, víctimas de los mismos criminales y sobrevivientes de los mismos hechos” En un comunicado, familiares de víctimas guatemaltecas y agrupaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, el Grupo de Apoyo Mutuo y el Comité de Unidad Campesina, declararon: “Con ésta sentencia, los ocho magistrados no solamente le están negando justicia al pueblo maya de Guatemala, al que pertenecen la inmensa mayoría de las 200 mil víctimas de la guerra, también se la están negando a las víctimas guatemaltecas no indígenas y de otras nacionalidades En Guatemala fueron secuestrados, torturados y asesinados numerosos ciudadanos estadounidenses, belgas, canadienses, italianos, filipinos y de otros países” No obstante, plantearon: “Nos produce alguna alegría saber que por lo menos para las víctimas de nacionalidad española se abre una posibilidad de justicia Quienes ordenaron que se les asesinara, secuestrara y torturara son los mismos que dieron las órdenes para matar o desaparecer a nuestros familiares” “A los jueces españoles solo les faltó discutir si los indios tienen o no alma”, ironizó en entrevista con Apro Miguel Angel Sandoval, editorialista y activista del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos, quien anticipó que aún con sus limitaciones, el fallo es un duro golpe para una de las principales figuras política del país, el general Ríos Montt, actual presidente del Congreso, quien verá un incremento en el rechazo a su candidatura presidencial dentro y fuera del país Al conocer el fallo, Ríos Montt minimizó el impacto que podría tener en sus aspiraciones políticas Sostuvo que la resolución lo exonera de las acusaciones de genocidio que se le hacen Ante el riesgo de que exista una orden de captura internacional en su contra, anticipó que no piensa salir del país Y previó que se está iniciando un largo proceso, cuya resolución demoraría más allá de su eventual postulación y gestión como mandatario Gustavo Meoño, director de la Fundación Menchú, dijo a Apro que el equipo de abogados españoles que los asesora trabajará en dos vías: Primero, aportando pruebas y testigos al juez Ruiz Polanco en la investigación que iniciará Y segundo, impugnando ante el Tribunal Constitucional de España, la resolución del Tribunal Supremo que rechazó abrir una investigación contra los militares guatemaltecos por genocidio Meoño destacó que los argumentos de siete de los 15 magistrados que emitieron un voto razonado contra la sentencia, serán empleados en el nuevo recurso La más importante implicación del fallo del tribunal español, destacó Meoño, es que “se envía un claro mensaje de que somos muchos los guatemaltecos que no estamos dispuestos a doblegarnos ante la impunidad, y que no importa el poder que tengan los genocidas, algún día tendrán que responder ante los tribunales por los delitos que cometieron” Los casos La sentencia emitida por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español el 25 de febrero, en poder de Apro, fue en respuesta a un recurso de casación contra un auto previo dictado por la Audiencia Nacional que determinó en diciembre de 2000 que los delitos denunciados no podían ser investigados “por ahora” y determinó archivar la denuncia El recurso fue interpuesto por Rigoberta Menchú, familiares de víctimas guatemaltecas y españolas, así como ocho organizaciones europeas El tribunal estimó que los demandantes no acreditaron plenamente la falta de actividad de la justicia guatemalteca en las investigaciones para esclarecer hechos violentos durante la guerra y desestimó las pruebas presentadas por los demandantes, entre otras, constancias de diligencias previas denunciando desapariciones o muertes no seguidas por las autoridades judiciales e informes realizados por la Comisión de Esclarecimiento y el proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica, así como informes sobre el papel de la justicia guatemalteca de la Misión de Verificación de Naciones unidas en Guatemala (MINUGUA) El tribunal estableció que la intervención de la justicia española en asuntos de otro Estados por hechos que afectan a los derechos humanos sólo es inobjetable “cuando la posibilidad de intervención sea aceptada mediante acuerdos entre Estados o sea decidida por la comunidad internacional, en especial por las Naciones Unidas como su órgano representativo, de forma que tal decisión no debería ser adoptada unilateralmente por un Estado” Y concluyó: “No se aprecia la existencia de una conexión con un interés nacional español en relación directa con este delitono se denuncia ni se aprecia la comisión de un delito de genocidio sobre españoles” El tribunal decidió, en cambio, que instrumentos como la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, incluidos los agentes diplomáticos, y la Convención contra la Tortura --que establece que un Estado podrá instituir su jurisdicción sobre estos delitos cuando hayan sido cometidos en sus territorios, como en es el caso de las embajadas--, justifican una investigación de la justicia española y el enjuiciamiento de los culpables Los casos que entrará a investigar la justicia española son los siguientes: --El del sacerdote José María Gran Ciera, originario de Barcelona, asesinado el 4 de junio de 1980 en las cercanías de una aldea en el departamento de el Quiché, en el occidente guatemalteco, junto a su sacristán Domingo Batz, ametrallados por la espalda por soldados que los emboscaron Miembros del ejército guatemalteco habían amenazado de muerte a Gran Ciera acusándolo de pertenecer a la guerrilla --El del sacerdote Faustino Villanueva, originario de Navarra, asesinado por dos hombres armados el 10 de julio de 1980 en la casa parroquial de Joyabaj, el Quiché --El del sacerdote Juan Alonzo Fernández, de Asturias, detenido ilegalmente, torturado y asesinado el 15 de febrero de 1981 en el camino entre los municipios Uspantán y Cunén, departamento de El Quiché --El del sacerdote Andrés Lanz Andueza, originario de Navarra, secuestrado y desaparecido en ciudad de Guatemala el 11 de septiembre de 1982 Otro de los hechos denunciados es el asalto policiaco-militar a la Embajada de España, el 31 de enero de 1980, que devino en una masacre en la que murieron decenas de guatemaltecos y los españoles Jaime Ruiz del Arbol, primer secretario; Felipe Sáenz Martínez, canciller de la embajada; y María Teresa Villa, Procuradora ante la embajada El embajador Máximo Cajal y López sobrevivió con graves quemaduras

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