Ciudad de Guatemala — El Tribunal Supremo de España –que concluyó que la justicia de su país no puede juzgar el genocidio maya en Guatemala durante la represión militar de los años 80--, no dejó del todo conformes a los sectores militares en este país Y es que, también abrió una investigación por el asesinato de cuatro sacerdotes y tres diplomáticos españoles En entrevista con Apro, el coronel Hugo René Murga, director de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala ofrece la versión militar: “Hemos difundido testimonios de damnificados de la masacre en la Embajada de España que aseguran que el ejército no tuvo nada que ver Respecto de los sacerdotes españoles que murieron aquí, nuestra opinión es que eran guerrilleros Habían dejado el sacerdocio para dedicarse al terrorismo Se les encontró armados en varios reductos de la zona 12 y 15 de la capital Si se metieron a la guerra, tenían que sufrir con ella” Vocero de una de las organizaciones militares con mayor presencia pública tras la firma de la paz, Murga asegura que las acusaciones de genocidio contra militares guatemaltecos “son difamaciones que se tienen que demostrar con hechos” Cuestionó que una premio Nobel de la Paz como Rigoberta Menchú “sigue buscando confrontación y una venganza personal Eso nos llena de preocupación Hay organizaciones europeas que le están dando dinero para seguir haciendo ésta guerra Y lo que también nos tiene preocupados es que hay cierta indiferencia de los militares que están siendo acusados Nosotros estamos tratando de convocarlos y de unirlos para hacer un frente común” Para voceros de las organizaciones guatemaltecas que apoyan la denuncia de Menchú, el más grave efecto de la resolución del tribunal español es que impone restricciones a la justicia universal Sus mayores críticos resultaron siete de los 15 integrantes de la Sala, quienes, al emitir su voto razonado en contra, advirtieron: “Los rigurosos límites establecidos por la resolución mayoritaria para la aplicación universal en materia de genocidio, son, a nuestro entender, incompatibles con el tratamiento de este grave crimen contra la humanidad en nuestra legislación interna y en el derecho internacional” La resolución dictada, plantearon los magistrados, “mantiene una doctrina excesivamente restrictiva en la aplicación del relevante principio de justicia universal” Recordaron que la única limitación de la ley española en delitos de genocidio es la de “cosa juzgada” y que, cuando los actos de genocidio se han realizado al amparo de las estructuras de poder del Estado, la jurisdicción extraterritorial constituye el único modo de evitar la impunidad Los magistrados plantearon que la exigencia del tribunal de una acreditación plena de la inactividad de los tribunales guatemaltecos en éstos casos para admitir una querella por genocidio extraterritorial “vaciaría de contenido efectivo el delito de genocidio, pues se trata de una acreditación prácticamente imposible” Destacaron que lo relevante es la naturaleza del genocidio como delito contra la comunidad internacional y no la nacionalidad de las víctimas Y advirtieron: “Difícilmente se volverá a repetir en la historia de la jurisdicción española un supuesto en el que existan tan plurales vínculos de conexión con un delito de genocidio étnico, incluido el asalto a nuestra Embajada y el asesinato de sacerdotes españoles que trataban de proteger a la etnia amenazada” Para Gustavo Meoño, director de la Fundación Menchú, la resolución de los magistrados españoles cierra la puerta a víctimas que persiguen que la justicia internacional actúe en delitos de lesa humanidad El director de la Fundación Menchú encontró coincidencias en el trato de la justicia española a su demanda con el caso Pinochet, en el que también se invocaron limitaciones de jurisdicción Y planteó que países como Inglaterra, Estados Unidos y sectores importantes en España y Chile demostraron en el proceso contra Pinochet que promueven una limitación al enjuiciamiento internacional de genocidas y criminales de guerra “La única posibilidad que queda a las víctimas del genocidio en Guatemala es apelar al principio de jurisdicción universal, y que países como España, Bélgica o Finlandia, cuyas legislaciones incorporan este principio, abran la posibilidad a las víctimas de encontrar la justicia que no encontraron en su propio país” En esa línea, la Fundación Menchú presentó una segunda demanda, en enero de 2001, ante la justicia belga, por el asesinato y la desaparición de los religiosos de esa nacionalidad Walter Woordekers y Sergio Berten, en mayo de 1980 y enero de 1982, respectivamente, durante el gobierno del general Lucas García Otra denuncia fue presentada en Chile, en septiembre de 2001, ante el juez Juan Guzmán Tapia, acusando al alto mando militar del cono sur y al general Henry Kissinger por los asesinatos que en Guatemala arrojó la Operación Condor “Nuestra voluntad es seguir buscando justicia, en donde sea posible encontrarla”, advierte Meoño