Ginebra (apro) - Al fin de la semana previa a la de los votos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que está sesionando en Ginebra, la delegación mexicana, liderada por la subsecretaria Mariclaire Acosta comienza a establecer sus prioridades para la inminente batalla diplomática Diversas fuentes de la Comisión coinciden en señalar que México es favorable a una política de principios Por un lado, conseguir que las resoluciones que impulsa o copatrocina en cuestiones temáticas sean adoptadas por consenso y, por otro, apoyar las condenas contra todos los países que violan ostensiblemente los derechos humanos En el primer lote figuran los proyectos de resolución que protejan los derechos humanos de los migrantes, poblaciones indígenas y los discapacitados, y en que la lucha antiterrorista no se implemente en detrimento de las libertades fundamentales; en el segundo, a raíz de los juicios sumarísimos contra más de 70 disidentes anticastristas que están finiquitando en La Habana, se destaca Cuba por la polémica que su caso genera, a pesar de que también pasarán por el cedazo del escrutinio, entre otros, Zimbabwe, Congo, Corea del Norte, Sierra Leona, Israel, Myanmar, Iraq y Rusia, por las masacres en Chechenia La sanción contra Cuba que proponen Perú, Costa Rica, Uruguay --secundados por Nicaragua, gobierno observador en la Comisión este año-- apunta a pedirle al régimen de Fidel Castro que ratifique los dos Pactos de Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales que sientan las bases del sistema de Naciones Unidas, y a que, en esa línea, coopere y acepte la visita de Christine Chanet, la representante especial para Cuba de Sergio Vieira de Mello, alto comisionado de la ONU Esta conocida jurista francesa y experta de Naciones Unidas en la problemática de los derechos humanos, tiene además por misión alentar al gobierno cubano a establecer un mecanismo de colaboración permanente con Naciones Unidas para que se mejore el respeto los derechos humanos La votación será el próximo 16 de abril y oficialmente la instrucciones que aguardan las delegaciones latinoamericanas se articularan en las capitales a último momento y al máximo nivel Sin embargo, de los 11 países de la región que integran este año la Comisión, es posible anticipar que Cuba contará con el respaldo de Venezuela, tal vez con la abstención de Brasil, pero le darán probablemente la espalda los demás, es decir Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay Ningún diplomático mexicano en Ginebra confirma una decisión que el presidente Vicente Fox, dicen, no ha tomado todavía No obstante, nadie ve elementos para que sea diferente a la condena del año pasado, con el agravante de la represión contra disidentes desatada estas semanas en la mayor de las Antillas Lo que vayan a hacer el resto de los 53 países que forman parte de este foro, el más importante en materia de derechos humanos de la ONU, es una incógnita El año pasado Cuba perdió por 23 a favor, 21 en contra y 9 abstenciones El resultado de la semana venidera puede sufrir variaciones si el aséptico texto de Perú, Costa Rica y Uruguay fuera alterado por modificaciones que pudieran operarse, incluso en los prolegómenos del voto, como autorizan los reglamentos de la ONU para estas coyunturas Fuentes concordantes coinciden en señalar que los siete países de la Unión Europea en esta Comisión, están tentados por proponer una doble enmienda: De un lado quieren que la resolución recoja una “preocupación” por causa de las detenciones de los disidentes, criterio echado a rodar por el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Sergio Vieira de Mello, que emitió este miércoles por la noche un comunicado en ese sentido; por otro, con el ánimo de quitarle argumentos a los representantes cubanos, que machacan contra el bloqueo decretado por Estados Unidos, sugieren deslizar una frase que retome los términos de la resolución del año pasado, estimando que “el entorno internacional adverso” de las medidas dispuestas por Washington hace tantos años, no contribuye al disfrute de los derechos humanos en Cuba, pero sin desbordar un lenguaje ambiguo que no espante a los diplomáticos gringos Estados Unidos, que vuelve esta año a la Comisión luego de su ausencia en el 2002, mantiene un silencio que incrementa el suspenso A la hora de los discursos en un coctel con dirigentes de varias ONG con base en Miami el pasado martes en el hotel Presidente de Ginebra, Jeanne Kirkpatrick, embajadora para derechos humanos recientemente nombrada por el presidente George Bush, no soltó ninguna frase que permita vislumbrar alguna enmienda alternativa que pudiera terciar en el debate Al margen de estas iniciativas, México se ha empeñado en dar paralelamente batalla dentro de otra batería de resoluciones temáticas, más tradicionales y generales, cuando Estados Unidos trata de reducir los alcances obtenidos durante años anteriores, en virtud de las nuevas concepciones elaboradas por la Casa Blanca tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y después que entrara en vigor la Corte Penal Internacional en La Haya Son las que fustigan la tortura, la impunidad, las ejecuciones extrajudiciales y la pena de muerte, y aquellas que refuerzan los derechos de los niños (Estados Unidos y Somalia son los únicos dos países del mundo que no han ratificado la Convención del Niño), los derechos de las mujeres (Estados Unidos no les reconoce un pleno acceso a la vivienda), y la que consagra el derecho a la reparación para todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos Por otra parte México se ha empeñado en acompañar a Francia en la finalización de las consultas internacionales para que se termine de concretar “un instrumento normativo jurídicamente vinculante para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas” El proyecto de resolución tiene así mismo la ambición de ser adoptado por consenso y plantea, por conducto de dos encuentros mundiales, uno antes de terminar el presente año y otro en enero de 2004, culminar la redacción de una futura Convención, que defina a las desapariciones como una violación múltiple de los derechos humanos, o sea gravísima, y un crimen bajo el derecho internacional El documento, cuya elaboración comenzó en enero de 2002, tiene el propósito de inscribir a las desapariciones como un delito permanente de tipificación nacional ineludible Su extensión abarcará, indudablemente, a los autores de las desapariciones y demás partícipes, incluyendo a cómplices, instigadores, y encubridores, y a quienes omitan el deber jurídico para impedir que se las cometa Su practica masiva y sistemática las convertirá en un crimen de lesa humanidad, por tanto imprescriptible No podrán justificarlas las situaciones institucionales o políticas de excepción o inestables, y no serán eximidos de responsabilidad individual y sus autores no podrán ser juzgados por jurisdicciones especiales, ni amnistiados o indultados Con independencia de la nacionalidad de la víctima o del victimario, y del lugar donde se haya producido la desaparición, cualquier Estado firmante de la futura Convención en preparación, será habilitado a juzgar un caso, siempre y cuando el presunto autor se encuentre dentro de su territorio o sea factible extraditarlo Es de interés inmediato para México subrayar que el tratado en ciernes no exonerará a los Estados por desapariciones ocurridas antes de su futura ratificación La noticia debe inquietar a los desaparecedores de tantas “guerras sucias” latinoamericanas y, en particular, a los incriminados en la que ahora se está examinando en México Al propio tiempo, la Convención dispondrá extraditar o juzgar a los culpables, y esta norma atañe al exoficial de la marina argentina, Ricardo Cavallo, detenido en México desde agosto de 2000, cuya solicitud de extradición ha pedido del juez español Baltasar Garzón, quien lo acusa de terrorismo y genocidio perpetrado en Argentina de los “años de plomo”, se haya recurrida ante la Suprema Corte de Justicia de México No es superfluo traer a colación que, de proclamarse hoy, esta proyectada Convención afectaría al exdictador paraguayo Alfredo Stroessner, que a sus 90 años se haya en exilio en Brasil, quien debería responder a unos diez sumarios judiciales que, en Asunción, le imputan desapariciones en el país donde reinara durante 35 años En este contexto, el único sátrapa latinoamericano que se haya en regla es el boliviano Luis García Meza, cabecilla del celebre golpe de Estado de la cocaína, cuya condena a cadena perpetua no es sujeta de amnistía ni de indulto según la ley local, estando obligado a quedarse en la cárcel hasta el fin de sus días PERLAS MEXICANAS El jefe del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU, el francés Louis Joinet, agradeció a las Fuerzas Armadas de México, de haberle autorizado a inspeccionar sorpresivamente una prisión militar en diciembre pasado que no estaba programada en el plan de visita acordado con el gobierno A su vez, México anunció la invitación a otro experto, el relator especial de Poblaciones Indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, el único relator de origen mexicano que trabaja a las órdenes de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU El anuncio se produjo cuando Stavenhagen compareció para sostener los informes de dos visitas realizadas en el 2002, a Guatemala y Filipinas Sus informes fueron muy críticos Guatemala aceptó el suyo, pero el embajador de Filipinas se revolvió en su asiento y dio rienda suelta a una lengua enfurecida: “Usted ha sido manipulado” le espetó en reacción al deplorable estado de las poblaciones indígenas en el archipiélago filipino que constató el enviado de la ONU “Rechazamos ese informe por sus malas intenciones, su mala fe y porque sus recomendaciones son ridículas Usted no sabe de lo que habla, es un desfachatado”, exclamó El mexicano replicó que mantenía su informe y que no respondía a ataques personales En su auxilio vinieron la Unión Europea, Ecuador y Canadá, que lo felicitaron, y fue entonces que el director de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan José Gómez Camacho, sacó a luz la invitación a que Stavenhagen fuera a su propio país a indagar en nombre de la ONU la situación de las poblaciones indígenas