México en Ginebra, bajo fuego cruzado

sábado, 5 de abril de 2003
Ginebra -- La delegación diplomática mexicana ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, encabezada por Mariclaire Acosta, subsecretaria de Derechos Humanos, y secundada por Juan José Gomez Camacho, director de Derechos Humanos, acoge constructivamente las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de libertades públicas y derechos individuales, impulsa proyectos de resolución en beneficio de los discapacitados y a favor del respeto a los derechos humanos en la lucha mundial contra el terrorismo Sin embargo, la delegación mexicana se resiste a las criticas de varias ONG que señalan una implícita falta de voluntad política en el gobierno de Vicente Fox en realizar reformas necesarias para construir un Estado de Derecho en México DETENCIONES ARBITRARIAS Con tres semanas de deliberaciones, en la mitad de sus trabajos anuales que duraran hasta el próximo 25 de abril, esta Comisión se apresta a deliberar sobre los informes sobre la detención arbitraria y sobre migrantes en México Del mismo modo que el Consejo de Seguridad de la ONU funciona a partir de informes de sus inspectores, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU adopta sus resoluciones luego de examinar informes de sus relatores o grupos de trabajo El presentado por los expertos de la detención arbitraria señala que en México no se respeta la presunción de inocencia para con los detenidos por delitos comunes procesados judicialmente Tras visitar el país y entrevistarse con alrededor de 400 detenidos, los enviados de la ONU constatan que los prisioneros de bajo nivel cultural o económico, y los acusados de participar en el narcotráfico, son los más afectados por los abusos policiales y la corrupción judicial, con el agravante que la presunción de inocencia no se haya claramente establecida en la ley local Peor aún, subraya el documento de la ONU, el fenómeno hace estragos entre los imputados que han sido detenidos en presunto flagrante delito, quienes no se benefician con las salvaguardas del debido proceso establecidas en los Pactos de Naciones Unidas En este sentido, un colectivo de ONG mexicanas, representadas en Ginebra, entre otras, por Emma Maza Calviño, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez , y por Ximena Andión Ibañez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, alegan que la “administración del Presidente Fox no ha tocado las causas estructurales que han permitido violaciones masivas a los derechos humanos, no hay reformas al sistema de justicia y no se investigan los crímenes” Señalan: “Los cambios que se observan son en el discurso del gobierno, en la política exterior y en la apertura de algunas de las instancias oficiales, pero las reales mejorías internas faltan todavía que se produzcan, no obstante las enormes y cruciales esperanzas que mantenemos en los acuerdos de cooperación técnica entre el gobierno y la ONU y el papel positivo que está jugando la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos” En referencia al tema sobre la detención arbitraria, Emma Maza Calviño agrega que “en México cualquier persona es culpable hasta que demuestre que es inocente Las confesiones obtenidas bajo tortura siguen siendo utilizadas como pruebas en los juicios y han pesado en muchas condenas Como no hay capacidad para investigar, fabrican culpables mediante tortura, independiente que en algunos casos puedan ser verdaderamente culpables, aunque hemos comprobado que en la mayoría de ellos son inocentes” Ximena Andión Ibañez añade que “el Ministerio Público, que realiza y cubre estas practicas aberrantes, tiene que abandonarlas, y a su vez el Estado debe restringir la jurisdicción militar para impedir el juzgamiento de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por militares, pues han ratificado la Convención de la OEA sobre desaparición forzada, pero emitiendo una reserva para mantener el fuero militarAsí perpetúan la impunidad que los miembros del ejército siempre han gozado, ya que el Código de Justicia Militar tal como está hoy es inconstitucional” LAS MUERTAS DE JUAREZ Ambas ONG han comunicado a la ONU pruebas sobre la multiplicación de asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez Al mismo tiempo, alertan de “los ataques y hostigamiento contra los trabajadores de los medios de comunicación y defensores de derechos humanos” Y manifiestan su preocupación sobre cómo se está procediendo con los crímenes de la “guerra sucia”, pues el gobierno anticipa que “seguramente ya prescribieron”, en tanto que las ONG sostienen que son imprescriptibles Andión Ibañez señala que fenómeno de “la criminalización” ocurre también contra los migrantes centroamericanos que ingresan a México rumbo a Estados Unidos Dice que se les trata como delincuentes No se respeta “su integridad personal, física y mental Se les aloja en condiciones infrahumanas en centros de retención, creyendo que el problema es una cuestión de seguridad nacional y no un fenómeno vinculado a la pobreza y el subdesarrollo” Maza Calviño revela que el maltrato contra migrantes se debe “a que se los considera sospechosos porque viajan de manera indocumentada por el país y en su intento de cruzar hacia Estados Unidos Ello se refleja en torturas, extorsión y privación ilegal de la libertad” La Relatora Especial de la ONU para Migrantes, la costarricense Gabriela Rodríguez Pizarro, en su informe a esta Comisión, recoge innumerables denuncias de este tipo, aportando un exhaustivo análisis del fondo de la cuestión En su doble visión de México como país de destino o de transito a los Estados Unidos, advierte sobre el tráfico de migrantes que llevan a cabo grupos o redes criminales, los accidentes y desmanes en los trenes, el racismo, la explotación sexual y la discriminación, y las irregularidades en los procesos de intercepción, detención y deportación Verifica que la sociedad civil y el gobierno ha tomado conciencia del incremento de los flujos, que han dejado de ser espasmódicos pasando a ser permanentes Respecto a los emigrantes mexicano, señala que el tema se encuentra en fase de diagnostico Aconseja a las autoridades mexicanas que se comprometan a crear un plan de acción de cinco años para proteger los derechos humanos de los migrantes, una iniciativa que “debe ser implementada conjuntamente con la sociedad civil y debe traducirse en programas concretos” Para poder lograrla la Relatora invita al gobierno que adecue “la legislación nacional y las políticas públicas a la Convención Internacional sobre la protección de los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y a considerar su adhesión a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos” TERRORISMO Y DERECHOS HUMANOS Mientras Mariclaire Acosta regresó a México por unos días para recibir las instrucciones para las tres semanas finales de esta Comisión, en especial las de los votos de las resoluciones que comenzaran a adoptarse a partir del 11 de abril, Juan José Gómez Camacho asume dar respuesta en nombre de la delegación mexicana “El Presidente Fox ha mostrado repetidamente su voluntad y convicción en favor de los derechos humanos” Salvo “algunas diferencias de opinión”, para el funcionario los informes de la Relatora Rodríguez Pizarro son positivos, “responden a nuestros mismos criterios y contienen recomendaciones valiosas que estamos considerando” Sin embargo, rechaza que su gobierno no tenga voluntad política para poner en marcha los cambios que requiere la ONU “porque la tenemos” Apoya su convencimiento en que la Comisión Intersecretarial creada hace unas semanas por un decreto presidencial, “tendrá como primer punto de agenda dar cumplimiento a las peticiones de la ONU”, cuyas decisiones, asegura, tendrán efectos vinculantes para todas las esferas gubernamentales En solitario, la máxima ambición de México es que se apruebe por consenso una suerte de mandato al Alto Comisionado de Derechos Humanos, Sergio Vieira de Mello, para que vigile que la lucha antiterrorista a escala mundial no se lleve a cabo menoscabando los derechos humanos, Pide dar a este tema un seguimiento puntual En momentos que México accede a la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, “para nuestra diplomacia es importante dejar sentado que la obligación de proteger los derechos humanos no debilita la lucha antiterrorista, sino que la fortalece y la legitima No hay que olvidar que los derechos humanos no son negociables y su protección en cualquier circunstancia no puede discutirse Este foro, el más importante de Naciones Unidas en Derecho Humanos, debe pronunciarse en respaldo a estos principios dado el carácter universal de los derechos humanos, los que por tanto son irrenunciables”, abrevia Gómez Camacho Las ONG recibieron con beneplácito la iniciativa mexicana “porque incorpora a esta instancia un debate imprescindible y necesario”, aunque dos de ellas no se encuentran totalmente satisfechas “Nos hubiera gustado que se creara un mecanismo más importante, como el nombramiento de un Relator o un Representante Especial del Secretario General o del Alto Comisionado para monitorear la lucha antiterrorista desde la óptica de los derechos humanos, o que la resolución incluyera un punto focal en la Oficina del Alto Comisionado con facultades para emitir opinión y poder actuar si las circunstancias de la lucha antiterrorista así lo exigen, de manera que los derechos humanos sean preservados”, resume Morris Tidbal-Binz, del Servicio Internacional de Derechos Humanos, una ONG basada en Ginebra Federico Andreu, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), lamenta que la resolución promovida por México no le encargue al Alto Comisionado “un estudio sobre las lagunas existentes en el sistema de la ONU, con el objeto de poder colmarlas, lo cual significaría una verdadera supervisión de las medidas nacionales antiterroristas” El año pasado México fracasó en el intento que esta Comisión abordara el vínculo entre derechos humanos y antiterrorismo En el último momento, falto el apoyo México retiró el proyecto de resolución Resta por saber si ahora hay condiciones para volver a la carga México cree que sí

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