Washington -- Pasada la tormenta de patriotismo que acompañó la invasión de Irak y la imposición de nuevas medidas de seguridad interior en Estados Unidos, algunas voces se atreven ahora aquí a cuestionar la legislación fundamental que sostiene el esfuerzo del ministro de Justicia, John Ashcroft, de entrometerse en la vida de las personas que viven en este país en busca de presuntos "terroristas" A diferencia de la oposición a la guerra en el Golfo Pérsico, protagonizada particularmente por organizaciones civiles de base y algunos rostros famosos, esta lucha contra la ampliación de los poderes policiales del estado norteamericano amparada por la Patriot Act está siendo llevada adelante por legisladores a nivel nacional y local Es que, aunque el presidente George W Bush está ya recolectando cientos de miles de dólares para su campaña electoral con miras a su posible reelección en el 2004, este es un mal momento para esas organizaciones civiles, que ven día a día recortarse sus recursos económicos La Patriot Act, una ley aprobada después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, es blanco de por lo menos un intento de reforma legislativa y de algunas reacciones locales de parte de legisladores municipales que quieren proteger a sus ciudadanos de la ampliación de los poderes de vigilancia La semana pasada, el legislador municipal Brent Rinehart, de Oklahoma City, presentó una moción de voto sobre la Patriot Act, afirmando que viola los derechos de los habitantes de la ciudad, en particular aquellos de libertad de expresión y de prensa La ley que la Casa Blanca obtuvo del parlamento en octubre del 2001, dijo Rinehart, lleva a límites "no razonables" los poderes policiales de investigación y detención Si los legisladores de Oklahoma aprueban la moción, esta ciudad se sumará a las más de 120 locales estadounidenses --y tres estados: Alaska, Hawaii y Vermont-- que ya votaron favorablemente medidas en contra de la Patriot Act En el Congreso de Washington, el diputado demócrata Joe Hoeffel, de Pennsylvania y uno de los principales voceros de esta nueva confrontación con la Casa Blanca, anunció que presentará legislación adicional que, de ser aprobada, requerirá la difusión regular de cierta información que el ministerio de Justicia pueda obtener a través de las nuevos poderes otorgados por la Patriot Act “Yo voté a favor de la Patriot Act --reconoció Hoeffel-- y, en perspectiva, creo que fue una buena legislación, pero de todas maneras también creo que el Departamento de Justicia aprovechó para originar un clima de mucho secreto alrededor” En efecto, numerosas organizaciones de defensa de los derechos civiles vienen denunciando que, con base en la Patriot Act, las fuerzas de seguridad estadounidenses están extendiendo su alcance hasta límites antes impensados Entre otras cosas, señaló el legislador al presentar los argumentos de su proyecto, la ley aligeró las restricciones para recoger información de inteligencia extranjera en Estados Unidos al reformar la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) Con base en las leyes previas, el Departamento de Justicia tenía que presentarse ante un tribunal en el marco de la FISA para obtener un permiso para instalar micrófonos Y podía hacer ese pedido solamente si su objetivo “primario” era el de recoger información de inteligencia Ahora, el ministerio y las fuerzas que dependen de él pueden dirigirse a las cortes FISA también en los casos que su búsqueda de datos de inteligencia sean apenas un “objetivo significativo” de su investigación En el clima post 11 de septiembre los tribunales aumentaron notablemente su disposición a conceder estos permisos, y la búsqueda de información, como señaló el ejemplo presentado por Hoeffel, se puede extender fácilmente hacia aspectos no relacionados con los intereses de la seguridad nacional Según Hoeffel, “el Departamento de Justicia, y el ministro Ashcroft en particular, vienen siendo extremadamente reluctantes y lentos a la hora de proveer información al Congreso o al público sobre el uso de las nuevas atribuciones que obtuvieron gracias a la Patriot Act” Esto, dicho en el país que llevó a cabo la invasión de otra nación basado en información de inteligencia que ahora está en gran duda --y que hablaba de armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas-- refleja claramente el clima de preocupación que recorre las bases de las organizaciones civiles Este domingo, por ejemplo, en la localidad de Wesport, en Connecticut, grupos de ciudadanos se reunirán para debatir los alcances del Patriot Act junto a un grupo de legisladores opuestos a estas medidas Entre ellos se encuentra Cynthia McKinney, la primera diputada afroestadounidense por Georgia En el mitin participarán también abogados que, según dijeron los organizadores, “están listos para defender a cualquiera que resulte afectado por la Patriot Act” “La Constitución nos sirvió bien durante más de 200 años, y no se puede cambiarla a gusto, también los políticos tienen que trabajar dentro de los marcos de la ley”, dijo Rozanne Gates, una de las organizadoras del evento, cuyo lema será: “la Patriot Act nos convierte a todos en terroristas” Pero quizás el capítulo más singular de esta arremetida contra la Patriot Act no sea las consecuencias de los poderes que permiten a las fuerzas de seguridad husmear en viviendas, archivos y hasta el ADN de sospechosos de terrorismo, sino el que están escribiendo quienes afirman que las clásulas de esta legislación permitiría sostener el argumento de un eventual pedido de impeachment (proceso de remoción) contra Bush Es que, de acuerdo con el texto, incurre en una violación del acta quien “voluntariamente” difunde información falsa en relación a actos que pueden ser considerados “crímenes prohibidos” por esta legislación “El presidente Bush y sus lugartenientes están siendo acusados de haber mentido acerca de hechos que causaron la muerte de varios miles de personas, incluyendo ciudadanos estadounidenses, el intento de asesinato del líder de Irak, el ataque no solicitado contra otra nación soberana, la detención ilegal de miles de personas fuera del alcance del sistema judicial norteamericano, todo lo cual le cuesta miles de millones de dólares a los contribuyentes”, señaló en su campaña por el impeachment el sitio de Internet Official Spin Según este grupo, tanto Bush como algunos de sus más estrechos colaboradores –el secretario de Estado Colin Powell, el ministro de Defensa, Donald Rumsfeld, y el vicepresidente Dick Cheney--, “son culpables de haber ayudado a diseminar información falsa” tanto antes como después de la proclamación de la Patriot Act “Todo lo que nosotros decimos es: denle al impeachment una oportunidad”, afirman