Bogotá —En aras de desmovilizar y desmontar a los paramilitares en Colombia, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez presentó un proyecto de ley que establece alternativas jurídicas para quienes abandonen las armas, el cual --sin embargo—es catalogado por algunos sectores como excesivamente blanda y una fuente de impunidad “Esta pensado sobre los ejes de verdad, justicia y reparación, no perdón ni olvido Es de alternatividad penal”, rebate Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la Paz en Colombia y artífice de este proyecto Si la iniciativa oficial resulta aprobada por el Congreso y avalada por la Corte Constitucional, varios de los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) --acusados de delitos de lesa humanidad--, podrían pagar condena sin tener que pasar un solo día en la cárcel El pasado 15 de julio el gobierno anunció el inicio de las negociaciones tendientes a la desmovilización de cerca de 13 mil paramilitares al mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso El proyecto prevé penas alternativas como la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y mecanismos de reparación como la entrega de bienes al Estado y a las instituciones que realicen trabajo social a favor de las víctimas La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en Colombia emitió un comunicado en el cual asegura que el proyecto, presentado ante el Senado el pasado 21 de agosto, “permite al Estado aplicar a los responsables de crímenes internacionales penas alternativas a la de prisión que, por su carácter excesivamente suave, vulneran los principios democráticos de justa retribución y proporcionalidad de las sanciones penales” También advierte sobre la necesidad de valorar con mucho detenimiento el impacto latente y real de tales beneficios ya que podrían convertirse en factores de estímulo para el conflicto armado interno De la misma manera, recuerda que la Corte Penal Internacional (CPI) tiene competencia sobre los actos de genocidio y de crímenes contra la humanidad cometidos en Colombia Reconocidos senadores uribistas como Germán Vargas, Rafael Pardo y Claudia Blum hoy figuran en la lista de opositores del proyecto “Es desconcertante es contradictorio que el Jefe del Estado haya pedido aumento de pena para todos los delitos y ahora ofrezca un perdón para quienes cometen masacres, secuestros y torturas”, dijo Pardo a los medios cuando conoció la iniciativa gubernamental En el extranjero la iniciativa provocó rechazos La semana pasada 56 congresistas norteamericanos, liderados por el demócrata Tom Lantos, enviaron una carta al presidente En ella asientan: “Es increíble que pese a las lecciones que han arrojado los proceso de verdad y reconciliación en América Latina y el mundo, altos funcionarios del gobierno colombiano estén considerando seriamente una palmada en la mano y un cheque de gerencia como sustituto de una justicia real y completa” El pronunciamiento fue hecho la semana pasada, luego de que el Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Luis Carlos Restrepo, expuso la iniciativa en Washington Restrepo lidera actualmente los diálogos con los paramilitares y busca aproximaciones con la guerrilla Es, de hecho, el verdadero artífice del proyecto En entrevista con Proceso, el propio Restrepo --un hombre que por su trayectoria como concilidador y humanista, ha sido considerado por el primer mandatario colombiano como su “mano blanda”-- sale en defensa de dicho proyecto Paz a punta de “ternura” En Colombia muchos recuerdan al psiquiatra Luis Carlos Restrepo por su libro El derecho a la ternura, publicado en 1994 El trabajo literario constituyó una propuesta vanguardista en la que defendió a la ternura como valor central para recuperar el tejido social y la convivencia en Colombia En 1997 fue coordinador general del Mandato Ciudadano por la Paz, una movilización social que logró el voto de 10 millones de colombianos a favor de la paz y el respeto a la población civil en medio de la confrontación armada Es un convencido de la salida negociada al conflicto Según explicó a este semanario, el llamado “proyecto de ley estatutaria para estimular la desmovilización y la consecución de la paz” es una propuesta que crea el dispositivo jurídico penal para facilitar la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que se encuentren adelantando un proceso de paz con el Gobierno Nacional y hayan decretado un cese de hostilidades; o bien aquellos que se desmovilicen de manera individual Asegura que “el proyecto de ley está pensado desde los ejes de verdad, justicia y reparación No es de perdón y olvido, sino de investigación, reparación a las víctimas y alternatividad penal Es una invitación y un incentivo a estos grupos para que asumiendo su responsabilidad con las víctimas y ajustando su comportamiento a las normas de convivencia pacífica y a los principios de democracia, desmonten sus máquinas de guerra y despejen el camino hacia la consecución de la paz nacional” Restrepo Ramírez explica que mientras que la amnistía y el indulto implican perdón y olvido, de lo que se trata aquí es de fortalecer la función del juez, puesto que para acceder a los beneficios es necesario que exista sentencia condenatoria El mecanismo no es generalizado ni automático, y es el propio Presidente de la República quien deberá solicitar a los jueces, en cada caso, la suspensión condicional de la sentencia a favor de aquellos alzados en armas que hagan una contribución eficaz a la paz nacional Para acceder al beneficio de suspensión condicional de la pena se exige: cese de hostilidades del grupo armado –a menos que se trate de entrega individual -; dejación de las armas; compromiso expreso de no regresar a las filas; cumplimiento de una pena alternativa a la prisión; realización de actos de reparación a las víctimas; y el compromiso de no cometer en adelante delito doloso El cumplimiento de estos requisitos será supervisado por el juez de ejecución de penas, asistido por una Comisión de Verificación de alto nivel En el evento de incumplimiento de cualquiera de estos compromisos, el juez podrá revocar el beneficio y se hará efectiva la pena privativa de la libertad --Es claro que los principios de verdad, justicia y reparación son fundamentales para que el proceso de paz con los paramilitares tenga legitimidad ¿Cómo se concretan estos tres principios en el proyecto de ley?, se le pregunta a Restrepo --El principio de verdad se materializa en la investigación que busca establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos punibles, así como la responsabilidad de sus autores El principio de justicia se garantiza por cuanto los responsables deben ser objeto de una condena penal y someterse a penas alternativas que faciliten su control, su sujeción a la legalidad institucional De acuerdo con los parámetros internacionales la reparación a las víctimas comprende actos de restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición, así como medidas de reconocimiento y reconstrucción --Algunos especialistas creen que el proceso de paz debe ser entre los paramilitares y sus víctimas más que con el mismo Estado, pues este último nunca ha sido considerado su enemigo ¿Cree usted que la reparación a través de trabajo social y entrega de bienes y dinero dejará satisfechas a las familias que perdieron a sus seres queridos en masacres y crímenes atroces? --Aún cuando las autodefensas no consideren al Estado como su enemigo, es claro y así se lo hemos hecho saber, que su accionar por fuera de la ley es parte del problema y no de la solución y que más bien constituye una seria amenaza a la legitimidad y estabilidad institucionales Obviamente la reparación total a las víctimas es inconcebible considerando la magnitud del dolor que les ha sido infligido Sin embargo, el Gobierno ha procurado establecer la más amplia gama de mecanismos de reparación ideados por expertos internacionales De manera que en parte se pueda aliviar el sufrimiento --La comunidad internacional ha mostrado bastante escepticismo frente a la posibilidad de que los paramilitares no paguen condena con cárcel ¿Cree usted que el proyecto tal como está planteado dejará satisfecho a países como Estados Unidos, que participan activamente en el proceso con los paramilitares? --El proyecto asume una filosofía de justicia restaurativa por contraste con una justicia puramente retributiva cuya premisa siempre es la vindicta o retaliación El Gobierno de Estados Unidos ha manifestado que respalda el proceso de negociación y respeta la autonomía del Gobierno Nacional para conducirlo --Usted ha dicho que el proceso es muy costoso para el país y que no existen los medios económicos para costear completamente la reinserción ¿Cómo se obtendrá ayuda internacional si los gobiernos extranjeros no quedan conformes con las alternativas jurídicas? --El mecanismo planteado consulta de una manera novedosa los estándares internacionales establecidos en punto a derechos humanos y reparación por graves violaciones Los informes Joinet y Bassiouni han servido de punto de referencia para el proyecto En consecuencia, creemos que la comunidad internacional va a comprender las bondades del proyecto y acompañarnos en el proceso Escrutinio internacional Tal como lo advierte la ONU en su comunicado, organismos como la CPI tienen injerencia en lo que respecta a crímenes atroces en Colombia, esto quiere decir que los paramilitares reinsertados no quedarían exentos de requerimientos futuros por parte de la justicia internacional En este sentido el Alto Comisionado para la Paz dice que “el proyecto de ley no pretende modificar de modo alguno los tratados internacionales ratificados por el país y los requisitos para el funcionamiento de la jurisdicción internacional complementaria La coherencia jurídica de la propuesta y las sanciones penales internas están abiertas a su escrutinio” --Aunque el Congreso apruebe esta ley, lo cual motivaría a los paramilitares a negociar, ¿no cree usted que la solicitud de extradición (por narcotráfico) que pesa sobre los líderes paramilitares sigue siendo una piedra en el zapato para la negociación? --En la mesa de negociación no se ha tocado el tema de la extradición que afecta solo a unos pocos de sus líderes Las autodefensas han tomado la decisión de proseguir la negociación en esas condiciones La decisión sobre la extradición se tomará de manera autónoma y discrecional por parte del Gobierno cuando llegue el momento oportuno --Uno de los grandes temores de los especialistas es que los narcotraficantes aprovechen esta oportunidad para solucionar su situación jurídica –según los expertos es imposible crear una línea divisoria entre ambas actividades ilícitas- ¿El proyecto de ley presentado por el gobierno logra blindar al proceso del narcotráfico? --Todas las manifestaciones de violencia en el país, incluidas las autodefensas y los grupos guerrilleros están permeados, en mayor o menor medida, del narcotráfico Sin embargo, no es difícil distinguir entre quienes se dedican a ese negocio ilícito y contratan un ejército privado, de aquellos cuya motivación es derrocar al Estado o confrontar a la subversión, aun cuando para su financiación hagan uso de los excedentes de esa actividad en sus áreas de influencia -- ¿Este esquema jurídico podría aplicarse en el futuro con la guerrilla colombiana? -- Si El proyecto no es fruto de un acuerdo de la mesa de negociación con las autodefensas; es un instrumento general para abrir espacios de reconciliación y en tanto tal, está dirigido a todos los grupos armados organizados al margen de la ley Por supuesto que podría aplicarse también a grupos guerrilleros -- ¿Las negociaciones con los paramilitares implican reconocimiento político para estos grupos? -- No Uno de los primeros instrumentos jurídicos que se aprobó en el Congreso durante el Gobierno del Presidente Uribe, fue la ley 782 de 2002, que suprimió el requisito del reconocimiento previo del carácter político a la organización con la que pretendiera iniciar un proceso de diálogo y negociación, por parte del Gobierno Nacional -- ¿Dónde serán ubicados los desmovilizados? --Eso está siendo motivo de discusión Seguramente habrá varias zonas de concentración y de reinserción de combatientes, puesto que estos grupos están diseminados por el territorio nacional -- ¿Cómo incide en el proceso de paz la fractura interna de los paramilitares? --Resulta difícil negociar con los grupos de autodefensa, pues no tienen una estructura monolítica como la de los grupos guerrilleros Es más bien una confederación de hombres en armas y, por tanto, los diferentes bloques pueden tomar la decisión autónoma de sumarse o no al proceso Sin embargo, hasta el momento el Gobierno ha logrado que el 90% de los miembros de las autodefensas esté comprometido con la negociación Esperamos desmovilizar la totalidad de estos grupos antes de finalizar el actual Gobierno -- En algunas oportunidades y en tono informal, el presidente Alvaro Uribe Vélez ha dicho que usted es su “mano blanda”, ¿qué tan blanda es la política de paz del Alto Comisionado? -- En el empeño por recuperar la seguridad democrática a fin de garantizar los derechos humanos y el pluralismo político, el Estado puede acudir al uso legítimo de la fuerza o a la negociación política Por supuesto que el segundo de los caminos es el mejor para los colombianos, pues implica un menor costo tanto en vidas humanas como en recursos A mí me corresponde dentro del Gobierno hacer todos los esfuerzos para hacer viable esta posibilidad