Ciudad de Guatemala -- La salida hacia México del expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, y su posterior desaparición en territorio mexicano, desató una cacería desde varios frentes: el Congreso guatemalteco, el poder judicial y la propia presidencia encabezada por Oscar Berger En alud vinieron órdenes de arraigo y de captura, destituciones, indagaciones iniciadas por el Congreso y reactivación de investigaciones y procesos judiciales contra prácticamente toda la plana mayor del Frente Republicano Guatemalteco (ERG), partido encabezado por Portillo y el expresidente del Congreso, Efraín Ríos Montt En la agitada semana posterior a la salida del exmandatario, el presidente Oscar Berger destituyó al fiscal general, Carlos de León, acusado de favorecer a Portillo con reiterados intentos de cerrar las investigaciones sobre la apertura de cuentas y empresas fantasma en Panamá, escándalos en los que están directamente involucrados el expresidente Portillo, sus familiares y exfuncionarios Después de su destitución, de León quedó arraigado en el país por una denuncia interpuesta por Rafael Castillo Gándara, exesposo de Ana Lucia Alejos, la portavoz de prensa de De León Castillo acusó a De León de haber participado en la “sustracción del país” de su hija cuando estaba en medio de una disputa legal con su exesposa por la tutela de la menor Al mismo tiempo, las nuevas autoridades cerraron el cerco en torno al exsuperintendente de Administración Tributaria, Marco Tulio Abadío, otro de los exfuncionarios que operó para intentar acallar las sospechas generadas por el caso Panamá, quien, tras una accidentada renuncia, enfrenta ahora cargos por lavado de dinero y una orden de captura internacional Pesquisas en México En cuanto a los casos pendientes contra Alfonso Portillo, las pesquisas por el caso Panamá avanzaron: El juzgado 11 de instancia penal acordó el 24 de febrero liberar el secreto bancario en el país, lo que permitirá a la fiscal asignada al caso, Blanca Stalling, indagar sobre los movimientos financieros de Portillo, de su cuñado Juan Antonio Riley, del exvicepresidente Juan Francisco Reyes, de su hijo Francisco Reyes Wild, del exsecretario privado de la presidencia Julio Girón y de otros tres presuntos prestanombres La fiscal Stalling anunció que iniciará gestiones, a través de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, ante las autoridades judiciales mexicanas, para extender las investigaciones contra Portillo y sus allegados a aquel país, incluyendo posibles cuentas y movimientos financieros Las pesquisas que solicitarán a las autoridades mexicanas buscarían además determinar movimientos de recursos de Portillo en México durante los últimos días Stallin declaró que la solicitud de asistencia a las autoridades mexicanas buscaría también preparar el terreno para una eventual solicitud de extradición del exmandatario, una vez que la fiscalía cuente con más elementos en el caso Panamá Por lo pronto, las pesquisas se extendieron a Miami, en donde se detectaron cuentas abiertas por algunos exfuncionarios eferregistas acusados de lavado de dinero Stalling señaló que información financiera proveniente de esa ciudad está en poder de la fiscalía, y que se prepara para solicitar formalmente asistencia a la Corte Suprema de Justicia de La Florida Las investigaciones de Stalling contra Portillo y sus colaboradores incluirán una auditoria de la Contraloría General de Cuentas a dependencias del Estado, entre ellas el Estado Mayor Presidencial que recibió millonarias transferencias extraordinarias durante la gestión del exmandatario, y al saqueado Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para determinar si recursos desviados de esta y de otras dependencias se trasladaron a cuentas en Panamá Stalling confirmó que los implicados en el caso hicieron movimientos a través de bancos de Panamá, Estados Unidos y Guatemala En cuanto a la querella presentada contra Portillo por el expresidente del diario El Periódico, José Rubén Zamora --quien acusó al exmandatario de “omisión de denuncia” al no haber actuado cuando le dio a conocer una investigación privada que involucraba a agentes del Estado en un allanamiento a su casa y en el secuestro de su familia en 2003--, la Corte Suprema de Justicia decidió, el lunes 23, continuar el proceso contra el exmandatario a través de un nuevo juzgado Existe un tercer proceso abierto contra Portillo: Se le achaca responsabilidad en los disturbios protagonizados por eferregistas en julio de 2003 que provocaron la muerte del periodista Héctor Ramírez cuando era perseguido por simpatizantes del entonces precandidato a la presidencia Efraín Ríos Montt En este proceso se involucra además a prominentes dirigentes del FRG, incluídos Ríos Montt, su nieto, Juan Pablo Ríos, el exdiputado Jorge Arévalo, el exministro de Gobernación, Adolfo Reyes Calderón, y el exdirector de la Policía Nacional Civil, Raúl Manchamé La denuncia contra Ríos Montt, Portillo y los eferregistas, presentada por el hijo del periodista muerto, Héctor Ramírez, había quedado estancada después de que el abogado del demandante recusó al juez que inició las gestiones La semana pasada un nuevo juez fue asignado al caso Deberá atender una solicitud de la fiscalía contra delitos a periodistas para que Ríos Montt, Portillo y los exeferregistas y exfuncionarios comparezcan ante la justicia y decidir respecto a una solicitud de arraigo contra los implicados solicitada por la parte acusadora Y hay más: El jueves 26 el diario Prensa Libre divulgó que una unidad federal encargada de investigar casos de lavado de dinero, adscrita a la Oficina de Inmigración y Aduanas de Miami, encabezada por el fiscal Tony Arico --la misma unidad que investigó al expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán-- realiza investigaciones sobre Portillo La exfiscal Karen Fischer declaró a la corresponsal que entre los tres grandes escándalos financieros del pasado gobierno --la conexión Panamá, el desvío de recursos e indicios de lavado de dinero en el Crédito Hipotecario Nacional, y el desvío de 98 millones de dólares del Ministerio de Gobernación--, hay un patrón similar de operaciones y actores comunes, algunos muy cercanos a Portillo, como el expresidente del Crédito Hipotecario Nacional, José Armando Llort, o su presunto prestanombres, Cesar Medina La prensa nacional recoge versiones de que piezas claves en estos casos, como Llort y Henry Madrid, vinculado al desvío en Gobernación, se convirtieron en informantes de las autoridades estadounidenses Otro frente abierto contra Portillo: Las 10 solicitudes de antejuicio por distintas causas --abuso de autoridad, abandono del cargo, difamación-- presentadas entre 2002 y 2003 Los magistrados de la Corte Suprema han dicho que esperan que la fiscalía les traslade dichas solicitudes para ampliar el proceso Procesos incómodos El abogado Walter Robles, asesor de Héctor Ramírez –hijo del periodista del mismo nombre que murió durante los disturbios en julio del 2003--, dijo a la corresponsal que el nuevo juez asignado al caso, Víctor Hugo Herrera Ríos, deberá citar a Portillo, a Ríos Montt y los demás coacusados para que ofrezcan su testimonio y respondan a las acusaciones de homicidio pre-intencional, omisión de denuncia, incumplimiento de deberes y daños a la propiedad privada Además, destacó Robles, solicitará al juez emitir una orden de captura internacional contra Portillo “El código procesal penal dice que el juez, sin mayor citación o audiencia, deberá ordenar la citación cuando el sindicado haya huido o se esconda, como es el caso de Portillo” No es un delito menor, sostuvo Robles, quien asegura: Efraín Ríos Montt fue el autor material de la manifestación violenta; el exdiputado Arévalo es autor material y Portillo cómplice “Si logro llevarlos a debate y se demuestra que tuvieron responsabilidad en el homicidio, que hubo omisión de denuncia y abuso de autoridad, podrían alcanzar 15 años de prisión”, afirmó Ante el escándalo desatado tras la salida de Portillo a México, la dirigencia del FRG se ha mantenido en silencio y Ríos Montt, padrino político de Portillo, ha optado por poner distancia del caso Exdiputado del FRG y acusado de haber dirigido las manifestaciones que culminaron con la muerte del periodista --una foto de él, sin capucha, dirigiendo a los manifestantes fue publicada por el diario El Periódico-, Jorge Arévalo plantea que la posición de su partido es desvincular los casos de corrupción que involucran a Portillo y a sus más cercanos excolaboradores no miembros del FRG “Una cosa con los casos de corrupción que se han denunciado, otra cosa es el caso donde involucran a Ríos Montt, en éste caso estamos tranquilos, sabemos que no hemos cometido ningún ilícito”, planteó Arévalo Dijo que los siete acusados en el caso del periodista muerto tendrán una defensa individual, al margen del FRG E insistió en que los casos Portillo y Rios Montt son diferentes: “No podemos mezclar los juicios contra funcionarios del ejecutivo con el del general Ríos Montt” Arévalo sostuvo que la situación de Portillo no se ha discutido formalmente dentro del FRG, ni se ha contemplado una defensa partidista a favor del exmandatario En el Congreso, no hay indicios de que los antejuicios contra Portillo y Ríos Montt --congelados desde la pasada legislatura de mayoría eferregista--, puedan reactivarse Legisladores consultados por Apro plantearon que en las últimas semanas se fracturó una alianza de la bancada oficialista --la Gran Alianza Nacional-- con las opositoras Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Partido de Avanzada Nacional (PAN), que parecen haberse acercado mucho más a la aún poderosa bancada del Frente Republicano Guatemalteco Para tramitar un desafuero se requiere el voto del pleno con mayoría calificada de 105 votos, una mayoría difícil de conseguir ante la segmentación del nuevo Congreso, con tres fuerzas importantes, GANA, FRG y UNE Camino accidentado Director del Instituto de Estudios Comparados, Luis Ramírez, dijo a la corresponsal que con el cambio de gobierno se desencadenó un proceso de persecuciones delictivas contra otrora poderosos funcionarios eferregistas Dijo que después de la remoción de De León, ahora podrá haber certeza de si realmente hay evidencias concretas en el caso Panamá, que siempre negó el exfiscal “Probablemente se van a saber muchas cosas que antes estuvieron ocultas”, señaló En cuanto a las acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito que pesan sobre Portillo y algunos exfuncionarios de su gobierno, el jurista señaló que esa figura delictiva no existe en Guatemala y la persecución se encaminará a través de procesos por lavado de dinero Analista en temas de justicia, Carmen Aída Ibarra sostiene que la ola de arraigos, proceso y resoluciones que afectan a prominentes funcionarios y dirigentes eferregista está muy influenciada por la nueva circunstancia política del país: “Hay una respuesta política a la coyuntura, y ahorita la coyuntura marca entrarle fuerte a estos personajes con órdenes de arraigo y de captura Procesos judiciales que no caminaron antes, ahora empiezan a caminar, jueces que no se atrevían a arraigar al exfiscal de León, al superintendente Abadío, ahora lo hacen” Según Ibarra “los jueces se pusieron a las ordenes de las nuevas circunstancias políticas del país”, buscando revertir el desgaste con que arribaron a la nueva administración de Berger, por la imagen de que favorecieron al anterior gobierno y promovieron la inscripción de Ríos Montt como candidato a la presidencia “El nuevo presidente no ha tenido ni siquiera la necesidad de ir a darles línea, porque el contexto político es adverso a estas instituciones La misma dinámica política que tiene el país favorece a que magistrados y jueces emitan fallos de tipo complaciente a la actual fuerza política”, planteó Con la designación del nuevo fiscal, José Luis Florido, un exdiputado de la bancada oficialista, puede esperarse que se enderecen las investigaciones que involucran a cuadros del anterior gobierno, aunque no hay indicios de que, fuera de las filtraciones a la prensa de algunos hechos de corrupción durante la gestión eferregista, el nuevo gobierno haya formalizado con denuncias esos hallazgos “Tenemos que admitir que el fiscal no hizo nada, pero tampoco tenemos constancia de que el nuevo gobierno haya sido eficiente en documentar casos y llevarlos al Ministerio Público, quien ahora tiene la responsabilidad de darle forma a las investigaciones contra Portillo y Reyes López”, consideró Ibarra No obstante, estimó, “hasta ahora no tienen nada sustantivo, son procesos muy incipientes, ¿con base en que dictaron el arraigo a Portillo si el MP no ha presentado acusaciones formales en su contra y en su última actuación hace varios meses pidieron sobreseer el caso?”, cuestionó Ibarra previó que lo que si es factible es que con la salida de de León, y eventualmente del contralor Oscar Dubón Palma, empiecen a surgir fuertes indicios que inculpen al exmandatario: “El propio Portillo, con su salida abrupta del país, da a entender que es posible que encuentren algo con lo cual proceder en su contra”