San Salvador -- La llamada “Ley antimaras” (o antipandillas) está en aprietos en El Salvador
Después de varios meses de vigencia y de duros cuestionamientos nacionales e internacionales contra esta ley, al gobierno del recién investido presidente Antonio Saca no le ha quedado más remedio que llamar a varios sectores sociales a una mesa de diálogo para discutir sobre un proceder que al oficialismo le había granjeado en el último año incontables réditos políticos
Analistas políticos consideran que la “Ley antimaras”, y acciones como el “Plan Mano Dura” --dirigidos ambos a luchar por la erradicación de las pandillas juveniles (conocidas en Centroamérica como “maras”)-- le dio tantos réditos políticos al pasado gobierno encabezado por Francisco Flores que catapultó a Saca a ganar las elecciones presidenciales de manera abrumadora, incluso pregonando que él a las “maras” les aplicaría una “Super Mano Dura”
La primer derrota moral de la citada “Ley antimaras” ocurrió en el pasado mes de abril cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la declaró inconstitucional Tal declaración no surtió muchos efectos porque se dio horas antes de que caducara la referida legislación después de seis meses de vigencia Luego, el ejecutivo y la bancada oficialista en el parlamento lograron hacer unas modificaciones a la “Ley antimaras”, la cual cambió de nombre a “Ley para el combate de las actividades delincuenciales de grupos o de asociaciones ilícitas especiales” Así fue aprobada por mayoría legislativa para un período de tres meses de vigencia en abril pasado
Sin embargo, un hecho que se considera demoledor a nivel político ha sido la recomendación que el Comité sobre los Derechos del Niño, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), dio al gobierno salvadoreño el pasado 4 de junio (apenas cuatro días de estar Saca en la presidencia) Esta recomendación insta al Estado salvadoreño a derogar de inmediato la segunda “Ley antimaras” y aplicar la Ley del Menor Infractor como único instrumento para impartir justicia hacia los menores de 18 años de edad
En esencia, las leyes cuestionadas ofrecen sanciones de adultos para menores de 18 años, incluso, a niños de hasta 12 años de edad; sanciona con penas de cárcel a aquellos que sean o aparenten ser “mareros”, aunque no hayan cometido delitos estipulados en los Códigos Penales y Procesales Penales Entre otras violaciones graves, se pretende que la policía sustituya a la fiscalía en el proceso judicial, cuando es la fiscalía el órgano encargado de la investigación del delito
La ONU señaló que las leyes antimaras debilitan la aplicación de la Ley del Menor Infractor ya que se establece un sistema dual y, lo que es peor, no contempla medidas de prevención ni de protección de la niñez, así como tampoco medidas de reinserción social y laboral para los infractores
El diálogo de Saca
En El Salvador el papel de la llamada gran prensa ha sido también cuestionado La Universidad Centroamericana (UCA) –dirigida por jesuitas-, criticó el papel de, por ejemplo, El Diario de Hoy, cuando recientemente en grandes titulares anunció que la ONU avalaba la “Ley antimaras”, lo cual resultó falso y colocó a los funcionarios gubernamentales y al partido oficial Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en una difícil situación de falta de credibilidad
Durante la campaña electoral los medios más importantes prácticamente se aliaron al gobierno a favor de la “Ley antimaras”, lo cual le restó a la prensa una capacidad crítica en contra del autoritarismo que aún subyace en la sociedad salvadoreña
Después de cuatro días de gestión, Saca se vio obligado a convocar a una mesa de diálogo para estudiar la “Ley antimaras” Sus conclusiones podría derivar una legislación permanente de combate contra las pandillas juveniles, a las que expresidente Flores acusaba de cometer la mayoría de los delitos y un aproximado de 100 homicidios mensuales
Sin embargo, desde la vigencia del llamado “Plan Mano Dura” y de la “Ley antimaras” han sido capturados unos 10 mil presuntos “mareros” de los cuales apenas el 5 por ciento ha sido procesado por varios delitos Muchos de estos procesados han quedado en libertad por falta de pruebas, a pesar de que la policía los presentó a la prensa como grandes criminales y descuartizadores de mujeres
Algunos funcionarios de Saca han intentado evadir las recomendaciones de la ONU, que entre otras cosas también hizo señalamientos contra los malos tratos (castigos corporales y físicos) que reciben los menores internos, al decir que “las recomendaciones no son vinculantes” Sin embargo, el organismo internacional recuerda que los “Estados partes” y firmantes de las convenciones internacionales están en la obligación de cumplir los mandatos
Las mesas integradas de manera tripartita (gobierno, sector justicia y sociedad civil) tendrán unas dos semanas para obtener resultados, pero los jueces y sectores defensores de los derechos humanos han señalado la “inutilidad” de una ley especial como la que reclama el gobierno En consonancia también con las recomendaciones de la ONU, lo más probable es que el esfuerzo se encamine a reformar algunos Códigos Penales y Procesales Penales Ello sin duda podrá a prueba la voluntad política de Antonio Saca
Antimaras en Centroamérica
Organizaciones civiles humanitarias y especializadas en temas jurídicos de la región centroamericana denunciaron recientemente las políticas oficiales de "manos duras", así como la gravedad existente en centros penitenciarios de Centroamérica
Diecinueve organizaciones de la región exigieron en un manifiesto a los gobiernos de Centroamérica suprimir los denominados “planes mano dura”, “cero tolerancia”, “Plan escoba” u otros similares que consisten en redadas masivas e indiscriminadas contra jóvenes que presuntamente pertenecen a pandillas juveniles o “maras”
Las organizaciones cívicas también exhortaron a los parlamentos de la región a aplicar la derogatoria de las leyes especiales o reformas legales que se conocen genéricamente como “leyes antimaras”
La posición de organizaciones de El Salvador, Honduras, Guatemala , Nicaragua y Costa Rica, coincide con los llamados de otros organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Red Latinoamericana para la Infancia
Las organizaciones cívicas centroamericanas aseguran que la “dantesca muerte, el mes pasado, de 104 presidiarios (en su mayoría jóvenes “mareros”) en una cárcel hondureña a causa de un incendio, tiene su origen en la persistencia de los gobiernos de enfatizar únicamente las medidas represivas en contra de la delincuencia juvenil
Así mismo denunciaron las pésimas condiciones de vida que prevalecen en las cárceles de Centroamérica a causa del hacinamiento, falta o escasez de servicios básicos, así como ausencia de de planes para rehabilitar a la población en las prisiones
Según el Banco Mundial (BM, El Salvador y Guatemala están entre las cuatro naciones más peligrosas y violentas de Latinoamérica debido a sus altas tasas de homicidios, robos, secuestros y violaciones sexuales,
El pasado 4 de junio el Comité sobre los Derechos del Niño hizo severos señalamientos sobre las reformas legislativas para garantizar los derechos de la niñez Dijo que éstas no se han completado para ser totalmente compatibles con la Convención sobre los Derechos del Niño En tal sentido criticó a El Salvador no haber aprobado una Ley sobre la Niñez y la Adolescencia, así como tampoco ha puesto en funcionamiento una estructura clara por parte del Estado para aplicar y verificar el cumplimiento de las referidas leyes
Así mismo certifica la necesidad de proveer de los fondos necesarios para su trabajo a las instituciones estatales designadas para velar por la defensa de la niñez Critica la ausencia de educación sexual, la discriminación de niños indígenas y con capacidades especiales, así como el irrespeto a las opiniones de los niños
La ONU afirma también estar preocupada por la violencia y los homicidios contra los menores de edad, así como por la falta de interés o de participación del Estado en la búsqueda de los niños que desaparecieron durante la guerra civil, entre otros puntos