Derechos humanos: "Tecnicismos legales" salvan a México

sábado, 25 de septiembre de 2004
México, D F (apro)- Alfonso Martín del Campo Dood relata que la noche del 30 de mayo de 1992, estaba durmiendo cuando oyó los gritos de su hermana en la recámara contigua Se levantó para ver qué sucedía cuando dos tipos con el rostro distorsionado por medias de nylon lo golpearon en la cabeza Después de robarle dinero, los atacantes lo metieron en la cajuela de un automóvil, el cual circuló durante un largo rato, hasta que se detuvo bruscamente Martín utilizó la herramienta que había en la cajuela y pudo salir El auto había sido abandonado en la carretera México-Cuernavaca En un asiento había un cuchillo y la media de uno de sus atacantes Martín del Campo llegó a la caseta de cobro donde pidió ayuda Una patrulla federal de caminos lo llevó a ver el coche y luego a su hogar, donde ya había decenas de policías preventivos y judiciales Ahí se enteró de que su hermana Patricia Martín del Campo y su cuñado Gerardo Zamudio habían muerto apuñalados Martín del Campo fue llevado a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en la delegación Benito Juárez, en calidad de testigo y ya no lo dejaron salir Lo encerraron en un sótano donde durante varias horas fue golpeado y torturado Al punto de la asfixia por bolsa de plástico en la cabeza lo obligaron a firmar una declaración en la que se inculpaba del doble homicidio El supuesto móvil eran 700 (nuevos) pesos Esto sucedió el 30 de mayo de 1992 Después de un juicio lleno de irregularidades procesales, donde no hubo respeto a los derechos del reo, con un abogado tan caro como pésimo y donde la única “prueba” de la culpabilidad de Alfonso fue la declaración de uno de los policías “que lo arrestó”, fue sentenciado a 50 años de prisión Tenía 24 de edad Sus padres gastaron literalmente todo lo que tenían en la defensa Acudieron a todas las instancias y un día, en 1998 cuando el caso ya tenía cuatro años cerrado (es decir, de haber pasado primera instancia, segunda instancia, amparo y revisión), la señora Dodd, mamá de Alfonso, se presentó en la oficina la ONG Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) El abogado Arturo Requesens tomó el caso y después de estudiarlo a fondo llegó a la siguiente conclusión: “No hay ninguna prueba que relacione a Alfonso con los hechos La misma sentencia expresamente dice: () La única prueba que nos da un panorama claro de las circunstancias del caso es la declaración ministerial () Justamente la que fue arrancada con tortura” Historia legal --¿Legalmente hablando, es válida una declaración arrancada con tortura? --No; y aquí está la relevancia del caso que no sólo pone en duda el actuar de los policías, sino el de toda la Procuraduría, el de toda la administración de justicia, y el de todos los jueces que participaron, como Margarita Guerra Se agotaron todas las instancias en México, incluso el reconocimiento de inocencia (un recurso extraordinario para invalidar las pruebas sobre las que descana el proceso), pero el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal desestimó nuestras pruebas y argumentos, así que no quedó otra que llevarnos el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) llevamos el caso en 1998 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que lo estudió durante cuatro años La Comisión Interamericana pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA) y está facultada para tratar casos no resueltos, siempre y cuando se hayan agotado todas las instancias en el país de origen La Comisión emite recomendaciones que de buena fe deberían ser acatadas y cumplidas por los países Y si las recomendaciones no se cumplen, existen dos opciones: publicar el informe y hacer una condena pública mundial o llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos Para el caso de Alfonso Martín del Campo, el 30 de octubre del 2002, la Comisión Interamericana emitió sus recomendaciones: liberar a Alfonso Martín del Campo, pagar los gastos del proceso y sancionar a los responsables “Se le dio al Gobierno de México un plazo de tres meses para cumplir con las recomendaciones, pero no lo hizo Lo único que logramos fue abrir la averiguación previa por tortura que ya había sido cerrada, a pesar de que ya existía una recomendación del la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de diciembre de 2002” Requesens prosigue: “Como el Gobierno de México no cumplió, el proceso fue turnado a una instancia superior, es decir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos Este caso estuvo a punto de convertirse en la primera vez en que la Corte Interamericana llevaría al Gobierno de México al banquillo de los acusados por negarse a acatar las recomendaciones En ese momento, la Comisión dejó de ser investigadora y se convirtió en acusadora --¿Quién en concreto tiene que cumplir las recomendaciones? --El presidente Vicente Fox, porque él es el único que tiene la facultad de indultar a Martín del Campo Si los hechos hubieran ocurrido en provincia, sería el gobernador el encargado, pero en el Distrito Federal, el jefe de Gobierno, Andres Manuel López Obrador, no tiene la facultad de indultar --Pero no es lo mismo indultar que reconocer la inocencia --No, pero es la manera de liberarlo de los 38 años que le faltan de prisión (ya lleva 12) Pueden sacarlo de la cárcel y hacer una declaración pública de reconocimiento de responsabilidad internacional en cumplimiento a los derechos humanos y eso estaría muy bien, que fue lo que se hizo con el general Gallardo El especialista en derechos humanos continúa: “La Comisión Interamericana Derechos Humanos demandó al Gobierno de México el 30 de enero del 2003 (acta No 12228) y el caso del incumplimiento de las recomendaciones llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el mexicano Sergio García Ramírez estaba como presidente, lo cual a la defensa no nos dio mucha confianza, ya que los jueces de la Corte son promovidos por los gobiernos En este contexto García Ramírez estaría enfrentándose a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en un caso mexicano No teníamos las herramientas jurídicas para pedir su cambio, pero él mismo decidió mantenerse al margen del proceso, pero estando presente “Empezaron las llamadas Excepciones Preliminares, que son audiencias donde se analizan si los casos cubren los requisitos para que pasen a la Corte Interamericana Además de los requisitos de la Comisión, la Corte tiene los propios La Corte citó a una audiencia en su sede en Costa Rica en abril del 2004 México argumentó que los homicidios, el juicio y la tortura de Martín del Campo fueron en 1992 y que nuestro país aceptó la competencia de la Corte hasta el 16 de diciembre de1998 y que por esa razón no se podía hacer retroactiva la ley “Lo que nosotros en la defensa (CEJIL y ACAT) argumentamos es que muchas de las violaciones a los derechos humanos se actualizan y se mantienen hasta el día de hoy, ya que son violaciones de carácter continuado o permanente Si privaron ilegalmente a Alfonso de su libertad en 1992, eso no significa que a partir del 16 de diciembre de 1998 no siga privado arbitrariamente La violación continúa y por eso la Corte sí tiene competencia, como en el caso de los desaparecidos “Desafortunadamente la Corte, aceptó el argumento del Gobierno de México y ya no quiso tomar el caso de Alfonso” Las “excepciones” Alejandra Nuño es una de las abogadas del CEJIL que junto con ACAT ha llevado el caso a instancias internacionales Desde su oficina en Costa Rica apunta: “El rechazo de la Corte se basa en una cuestión meramente técnica Cuando llega un caso los Estados pueden oponer ciertas defensas para que no pasen a la Corte Esas defensas se llaman excepciones preliminares El Gobierno de México presentó dos: la competencia en razón de la temporalidad y que hubo serias irregularidades en el trámite ante la Comisión Interamericana La Corte tomó como válida la primera Excepción “El problema es que sabemos que la tortura (y eso lo reafirma la Corte en su sentencia) fue algo instantáneo, pero para nosotros hubo cuestiones, si bien empezaron antes de diciembre del 98 se continuaron en el tiempo Dos cosas muy importantes: “La primera: desde 1995 se presentó una denuncia por tortura La averiguación previa sigue abierta hasta la fecha y los 11 funcionarios públicos denunciados no han sido investigados; por eso decimos, que si bien esto empezó en 1995 sigue habiendo total impunidad y en esa medida se sigue violentando el debido proceso en el caso “La segunda: el desacamiento del incidente de reconocimiento de inocencia que se da después de diciembre del 98 y ninguno de las dos, la corte los toma como posibles violaciones posteriores a la aceptación de competencia” --¿Eso significa que esa no retroactividad le va a costar a Alfonso 50 años en la cárcel? --Exactamente Nosotros no podemos entender cómo la Corte no nos dio oportunidad La Corte al desechar el caso, ni siquiera lo analizó de fondo Lo que decimos es que para que un caso llegue a la Corte Interamericana tuvo que haber pasado previamente ante la Comisión Interamericana, la cual hace una revisión, da las oportunidades procesales a las partes y eventualmente emite lo que se conoce como recomendación Éstas son un informe en el cual concluye si hubo o no violaciones a los derechos humanos En este caso obviamente la Comisión Interamericana encontró diversas violaciones a los derechos humanos en perjuicio de Alfonso Además nosotros y la Comisión Interamericana presentamos argumentos sobre las violaciones procesales que se dieron en la averiguación previa y sobre todo en el incidente de reconocimiento “El problema es que la audiencia y la etapa de excepciones preliminares, era una etapa técnica Nunca se le dio la posibilidad a Alfonso de presentar sus argumentos de fondo de manera oral Nunca se abrió la etapa de fondo ante la Corte La corte se adelanta a emitir un fallo cuando no nos convocó a una audiencia posterior ni nos solicitó escritos posteriores” --¿Por qué este es el primer caso en el que México llega a la Corte? --México había llegado en dos ocasiones anteriores, pero no como caso Ante la Corte se pueden pedir medidas de urgentes de protección que son medidas provisionales Como fue antes y después del asesinato de Digna Ochoa para proteger a los integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Por Juárez y otros defensores de derechos humanos, y también con el caso del general Gallardo No se había llegado antes precisamente por esta aceptación tardía de México ante la competencia de la Corte Hubo casos importantísimos como la masacre de Aguas Blancas, las niñas tzeltales violadas por los soldados en el retén del Ejido Morelia, Chiapas, pero precisamente por que ocurren antes del 16 de diciembre del 98, es que no se pueden presentar los casos ante la Corte “Hay algunos avances gracias a que hace algunos años se modificó el reglamento de la Comisión y el de la Corte para garantizar que un mayor número de casos lleguen, y esa reforma, a mi parecer, es la que hizo posible que se avanzara en el caso de Alfonso y que llegara hasta estas altas instancias” “Caso no cerrado” De cara al futuro del caso de Martín del Campo, Requesens sostiene: “Las recomendaciones de la Comisión sigue siendo vigente No por que la Corte Interamericana no haya tomado el caso eso no significa que las recomendaciones no sean vigentes” Alejandra Nuño insiste: “Nosotros (CEJIL y ACAT) en esta semana presentaremos a la Comisión Interamericana una solicitud para que retome las recomendaciones y les dé seguimiento, además de exigir al gobierno mexicano cuentas en tanto su cumplimiento, tal como se hizo con el caso del general Gallardo Requesens recuerda: “con Gallardo pasaron cinco años después emitida la recomendación para que lo liberaran a partir de la presión” --¿Creen ustedes que se logre que México cumpla con las recomendaciones? Alejandra Nuño: “Veo que el Gobierno de México se siente fuerte sobre el caso y es obvio; siente que no tienen ninguna obligación de acatarlas en tanto que la Corte Interamericana ya desechó el caso La otra salida que el presidente Fox cumpla su promesa de proteger los derechos humanos Esta es una oportunidad Lo que me parece muy desafortunado es que el procurador Bernardo Bátiz declaró que el caso ya está archivado a nivel interno y a nivel internacional, a pesar de que la Procuraduría del Distrito Federal tiene una averiguación previa abierta “Va a ser difícil pero México tiene que cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana; eso no está a discusión y espero que la Comisión presione al Gobierno de México para que cumpla” Arturo Requesens agrega: “Tenemos que utilizar la política y lo estamos haciendo Hay una campaña de denuncia en la que participan Amnistía Internacional Londres y Estados Unidos, el Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional, Human Rights First, Comité de Abogados por los Derechos Humanos, Red Todos los Derechos Para Todos, Centro Vittoria, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Por Juárez, por mencionar a los principales El embajador de Estados Unidos en México ya envió una carta al presidente Fox También hay otra de varios congresistas estadunidenses Alfonso Martín del Campo tiene doble nacionalidad (que México no le reconoce) y el consulado estadunidense no fue informado de su encarcelamiento hasta varios años después Hasta eso estuvo mal”

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