Bruselas, 7 de marzo (apro) - La Unión Europea (UE) aplica la cláusula democrática de los Acuerdos de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación –que ha firmado con 50 países, entre ellos México— con criterio discrecional y de acuerdo con sus intereses geopolíticos, y no en función del objetivo que dice perseguir: el respeto por la democracia y los derechos humanos De hecho, los europeos se están haciendo muchas preguntas a propósito del funcionamiento de tal mecanismo con el que Bruselas intenta demostrar al mundo su compromiso con los valores democráticos: ¿Para qué sirve? ¿Por qué la UE lo aplica a unos países y a otros, graves infractores de derechos humanos como Israel, Uzbekistán, Túnez o Egipto, no? ¿Qué criterios determinan que sea activada? En mayo de 1995 la UE decidió incorporar una cláusula democrática y de respeto a los derechos humanos en todos sus acuerdos comerciales o de desarrollo con terceros países, distinguiéndose del fondo puramente comercial de los que negocia Estados Unidos Tres años antes, cuando ya se veía venir la entrada al bloque comunitario de países del Este, recién salidos de regímenes autoritarios comunistas, dicho principio se incorporó en los primeros tratados de asociación como una garantía de estabilidad Visto de otra manera, fue concebido como un instrumento de presión diplomática que pasó a formar parte de la caja de herramientas de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE Desde entonces ha transcurrido una década en la que Bruselas ha firmado unos 50 acuerdos, entre ellos el de México, que entró en vigor en el 2000 Sus resultados comienzan a ser cuestionados La cláusula ha sido invocada para sancionar en su mayoría a países del África subsahariana con poco interés geopolítico para la UE Esas naciones son Guinea Ecuatorial, Gambia, Kenia, Sierra Leona, Nigeria, Togo, Sudán o Zaire Bielorrusia, Haití o Myanmar completan la lista de “blancos” no africanos Pero, por otro lado, es “profundamente decepcionante” el modo en que la UE ha manejado el incumplimiento de las obligaciones de otros socios, en particular de Israel, al que jamás le ha impuesto sanciones por los ataques de sus soldados contra civiles palestinos, juzga Otte Leitch, directora en Bruselas de Human Rights Watch Leitch acusa de ese desequilibrio a la Comisión Europea por no haber establecido todavía puntos de referencia para identificar si un país está abierto al diálogo y respetando las libertades individuales, y cuál no Al Consejo de Ministros --que representa a los gobiernos de la UE-- lo señala por no sancionar a todos los países infractores, y nada más a aquellos que no tienen un “protector” dentro del órgano Y al Parlamento Europeo –que no tiene facultades en política exterior— le reprocha no cabildear lo suficiente para que el tema sea discutido en las reuniones de alto nivel de la UE con sus socios comerciales Respondiendo a los cuestionamientos de numerosos eurodiputados, el que fuera comisario de Relaciones Exteriores hasta noviembre, Chris Patten, aclaró que la cláusula democrática no es un medio “negativo” cuyo objetivo prioritario sea el de “castigar” “Es un instrumento dinámico”, dijo, “a través del cual la UE puede promover los derechos humanos de manera ‘positiva’, y mediante el diálogo prevenir potenciales crisis con el establecimiento de relaciones sólidas y perdurables” “Lo cierto es que en determinados casos las medidas ‘positivas’ son inadecuadas, ya que no suponen un correcto medio de respuesta ante graves violaciones de derechos humanos o ante claros reveses a los principios democráticos”, contesta Ana Gómez Consarnau, del Instituto Universitario de Estudios Europeos de Barcelona Afirma que es en estos casos en que las cláusulas deben operar, “de forma tal que a todo el mundo le quede claro el compromiso de la UE con los derechos humanos” Sin embargo, continúa, “en la práctica vemos que esta determinación no existe, y que la suspensión de acuerdos bajo la cláusula de condicionalidad democrática apenas ha sido utilizada” Para la investigadora es evidente que “hay una merma en la credibilidad de la actuación comunitaria” Para mostrar el doble rasero que hay detrás de este tipo de compromisos, la analista observa que desde hace diez años la UE mantiene con Estados Unidos un Plan de Acción Conjunta para proteger, entre ambos, los derechos humanos en la aldea global Con Australia, que se rehusó a aceptar cualquier condición dentro del acuerdo, se conformó con la firma de una declaración común Oídos sordos Israel es un caso emblemático Este país firmó con la UE un Acuerdo de Asociación que funciona por completo desde junio del 2000 Tal acuerdo enfatiza en su artículo 2 que la observancia de los derechos humanos y los principios democráticos constituyen un “elemento esencial” de éste Su existencia ha sido permanentemente criticada ante los constantes excesos de fuerza del Ejército israelí contra la población civil palestina En abril de 2004, por ejemplo, tras el baño de sangre que dejó una incursión militar israelí en los campos de refugiados de Nablús y Jenin, en Cisjordania, el Parlamento Europeo votó por la suspensión del acuerdo Sin embargo, la Comisión Europea hizo caso omiso de la votación Tras el asesinato del líder espiritual de Hamas, Sheik Yassin, el 1 de abril de 2004, el Parlamento de nuevo expresó en vano que, de continuar Israel “con su política de asesinatos selectivos”, el Consejo de Ministros debería actuar suprimiendo el mismo texto Dos semanas después un ataque aéreo terminó con la vida del sucesor de Yassin, Andel-Aziz al-Rantissi Un mes más tarde el gobierno de Ariel Sharon lanzó la operación Arco Iris en Rafah, causando la muerte de decenas de palestinos no combatientes El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) condenó dicha acción, y aún así la UE no impuso sanciones, como tampoco lo hizo tras el fallo de julio del Tribunal Penal Internacional sobre la ilegalidad del muro que construye Israel para aislar poblaciones palestinas, ni cuando el encargado de derechos de alimentación de la ONU, Jean Ziegler, se lo demandó en octubre como única vía para garantizar el abastecimiento de comida en Palestina Egipto es otra nación infractora Tortura y malos tratos, atentados contra la libertad de expresión, restricción de los derechos de asociación, hostigamiento a defensores de derechos humanos, violaciones a la libertad religiosa y aplicación arbitraria de la justicia, forman parte del rosario de acusaciones que pesan sobre el régimen de Hosni Mubarak Apenas en enero de este año, Amnistía Internacional denunció la aprehensión ilegal y bajo violencia del diputado opositor Ayman Nour, así como de nueve miembros de la ilegalizada organización pacífica Hermanos Musulmanes, esto a pesar de estar en proceso el “diálogo nacional” por la reforma política en vistas a las elecciones de septiembre próximo En noviembre de 2004 un editor del periódico antigubernamental Al Araby fue secuestrado y golpeado presumiblemente por agentes al servicio del Estado, y en mayo 60 simpatizantes de Hermanos Musulmanes fueron arrestados y torturados por cargar panfletos contra el régimen, muriendo uno de ellos en prisión, de la que el resto salió libre hasta noviembre Pero lo anterior no bastó para que la UE pensara siquiera en activar consultas basándose en la cláusula que entró en operación en junio del año pasado Abusos ilimitados Lo que pasa en Uzbekistán es dramático La más poblada de las repúblicas en Asia Central –25 millones de habitantes— es gobernada desde la caída de la Unión Soviética por el mismo hombre, Islam Karimov La ONU ha declarado que el uso de la tortura en ese país es “sistemático”, y Karimov ha manifestado públicamente que cada año son ejecutados cien prisioneros, aunque las organizaciones contra la pena de muerte estiman esa cifra en “cientos” La oposición está fuera de la ley y es brutalmente reprimida Recientemente, el Internacional Crisis Group lamentó en un reporte la virtual ausencia de reformas en Uzbekistán pese a las promesas de sus dirigentes y al acuerdo de asociación y cooperación firmado con la UE en 1999, por lo que le recomendó al menos no seguir financiando proyectos con el Parlamento de Tashkent hasta que no sean electos candidatos independientes Sin embargo, el acuerdo no ha sido tocado Una situación similar atraviesa Túnez, con quien la UE estableció un acuerdo de asociación en 1998 y cuyo objetivo supremo es crear una zona de libre mercado en 2010 En octubre pasado, el presidente de esta nación, Zine al Abidine Ben Ali, fue reelecto por cuarta ocasión, y con 99% de los votos, para un mandato de cinco años más El 1% restante lo obtuvo su único oponente, a quien las autoridades impidieron imprimir y distribuir su programa electoral En el Parlamento el partido gobernante ganó los 152 asientos distritales Poco antes de las elecciones, en agosto pasado, parlamentarios europeos evocaron varios casos de gravísimas y evidentes violaciones a los derechos humanos --entre ellos citaron el de casi 600 detenidos políticos y el de 9 jóvenes condenados a entre 2 y 26 años de prisión por descargar documentos prohibidos de Internet—, y exigieron aplicar la cláusula democrática No obstante el acuerdo sigue en vigor y la UE no para de inyectar fondos a Túnez: desde 1999 ha recibido de Bruselas 525 millones de dólares en ayudas y mil 450 millones de dólares en préstamos del Banco Europeo de Inversiones En su más reciente reporte, Human Rights Watch subraya que el presidente francés Jacques Chirac es uno de los más fieles aliados del dictador tunecino Ben Ali, a quien por cierto felicitó por su “victoria” en las turbias elecciones de octubre El organismo recuerda aquella visita de Chirac a Túnez en diciembre de 2003, cuando menospreció las preocupaciones sobre derechos humanos en el país, al declarar que los “primeros” derechos eran la alimentación, el cuidado médico y la educación, campos en que elogió los logros del gobierno tunecino