El Salvador: La lucha contra la impunidad

sábado, 9 de abril de 2005
San Salvador, 8 de abril (apro) - El exguerrillero e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de El Salvador, ha dado un paso importante en la lucha contra la impunidad histórica que ha vivido esta pequeña nación centroamericana Aunque un paso tardío, como lo calificó una activista humanitaria, la exinsurgencia aseguró de manera oficial que está dispuesta a emprender acciones políticas e institucionales para derogar la ley de amnistía general de 1993, miasma que perdonó los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil cometidos tanto por militares como por guerrilleros “Hay una maduración y una conciencia en la sociedad salvadoreña para conocer la verdad de lo que ocurrió durante el conflicto armado, por lo tanto, la amnistía se debería derogar”, dijo Nidia Díaz, una excomandante rebelde Derogar la amnistía de 1993 permitiría investigar, conocer la verdad y sancionar a los autores de graves crímenes y violaciones a los derechos humanos ocurridos desde 1970, cuando inició la lucha armada de grupos rebeldes de izquierda Lo que se conoce como guerra civil se extendió desde 1980 a 1992 El FMLN, en una resolución de su XX Convención Extraordinaria, celebrada el 3 de abril pasado, acordó impulsar una lucha para derogar la amnistía de 1993, con el fin de que se investigue, se conozca la verdad y se repare a las víctimas del conflicto entre 1970 y 1992 En todo ese periodo de 22 años, el ejército de la dictadura militar cometió masacres de campesinos, asesinatos selectivos, desapariciones y torturas Las organizaciones armadas de izquierda que después se integraron al FMLN también cometieron secuestros y asesinatos Si bien a los militares se les achacan masacres de cientos de campesinos o asesinatos de religiosos, como Rutilio Grande; el arzobispo Oscar Romero y los seis sacerdotes jesuitas; la guerrilla también tendría que responder por los secuestros y posteriores asesinatos del canciller Mauricio Borgonovo Pohl, el embajador honorario de Sudáfrica, Archival Garden Dunn, y el empresario Roberto Poma, entre otros, así como centenares de ajusticiamientos en el seno de la propia guerrilla, como el ocurrido contra el escrito Roque Dalton “Nosotros estamos dispuestos a contribuir para que se conozca toda la verdad, pero se debe derogar la amnistía que el entonces presidente Alfredo Cristiani promulgó en 1993 Nosotros en ese sentido, brindaríamos la información que tengamos a mano de los casos que nos corresponda”, agregó Díaz Obstáculo de la justicia En el informe de la Comisión de la Verdad, que fue auspiciada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que investigó la violencia política durante el periodo de guerra civil, responsabilizó al Estado y a los escuadrones de la muerte del 95 por ciento de los hechos de violencia, mientras que el otro cinco por ciento se lo achacó al FMLN La Comisión de la Verdad, en su informe oficial brindado en marzo de 1993, hace 12 años, recomendó reparar material y moralmente a las víctimas; establecer un Foro de la Verdad y la Reconciliación, y establecer un seguimiento internacional, con el objetivo de que las otras recomendaciones institucionales se cumplieran, especialmente en lo referido a las reformas judiciales y a los procesamientos jurídicos de los violadores de los derechos humanos Sin embargo, el entonces presidente Alfredo Cristiani, en el mismo mes de marzo de 1993, promulgó la Amnistía General, que el FMLN consideró “autoamnistía” ya que fue expedida “en favor de quienes ejercían autoridad, lo que consagra la impunidad en casos graves de violaciones a los derechos humanos” Baste recordar que Cristiani está acusado por los sacerdotes jesuitas salvadoreños como uno de los autores intelectuales de la masacre de seis de sus miembros y dos de sus colaboradoras en noviembre de 1989 En su resolución partidista, el FMLN también exhortó al gobierno de Antonio Saca a adherirse y posteriormente ratificar el Estatuto de Roma, el cual creó la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad En El Salvador la Ley de Amnistía de 1993 no ha permitido que se juzgue a los asesinos de casos que han conmocionado al mundo como el magnicidio del arzobispo Oscar Romero y la masacre contra seis sacerdotes jesuitas, en 1980 y 1989, respectivamente Hasta el momento Estados Unidos es el único país que ha podido juzgar a exaltos oficiales salvadoreños residentes en diversas ciudades estadunidenses y que participaron en crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, torturas y desapariciones, en las décadas de 1970 y 1980, en El Salvador Procedimiento para derogar El diputado y abogado del FMLN, Walter Durán, afirmó que el FMLN ha iniciado en el seno del Parlamento, a través de sus asesores jurídicos y de sus diputados en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la redacción de lo que sería el decreto para derogar la Amnistía General de 1993 “Pero se va a requerir un consenso amplio y una correlación de fuerzas que rompa con la negativa de las fuerzas conservadoras y de derecha”, apuntó “Vamos a iniciar acciones políticas también y gestiones a nivel internacional para crear esa correlación”, afirmó Durán, quien estima que el FMLN tiene suficiente fuerza moral como para afrontar y responder por las responsabilidades que se le exijan Existen casos como el del exembajador de Sudáfrica, Archival Garden Dunn, quien fue secuestrado y posteriormente ajusticiado por la guerrilla a finales de la década de 1970 Su cadáver aún no ha aparecido ni los victimarios han pedido perdón a sus familiares “El FMLN ha dado un paso importante, pero retardado La amnistía retardó el proceso histórico de impunidad que ha habido en El Salvador, pero de cualquier forma, para nosotros que siempre hemos luchado por la derogatoria de esa amnistía, se trata de un paso esperanzador”, explicó María Silvia Guillén, directora de la Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho (Fespad) “Para el FMLN y para la derecha local habrá implicaciones políticas; muchos de sus líderes quedarán inhabilitados, pero el costo es menor, a no hacerlo Yo estimo que habrá un proceso para esclarecer la verdad, para sancionar, sobre todo moralmente a los victimarios, y finalmente, la reparación a las víctimas”, agregó Guillén Finalmente, la activista y académica, resaltó que “hay que perseguir que la sociedad salvadoreña adquiera una nueva ética, que nuestros líderes sean éticos y que se resguarde la memoria histórica para que las nuevas generaciones no padezcan lo que nosotros sufrimos Por eso estamos esperanzados”

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