El Salvador: ¿Maras terroristas?

lunes, 27 de junio de 2005
San Salvador, 27 de junio (apro) - El presidente salvadoreño Antonio Saca recién estuvo en Roma, Madrid y París Su mensaje principal fue: la guerra es historia, hoy El Salvador es un país moderno y democrático Empresarios, lleguen a invertir Pero la realidad en esta pequeña nación centroamericana es otra, radicalmente distinta a la idea presidencial Diariamente se cometen nueve homicidios como promedio en lo que va de 2005; en ocasiones, como el 18 de junio, el registro llega a más de 23 asesinados Se han reportado 12 matanzas, y han ocurrido muertes con lujo de barbarie: decapitaciones, mutilaciones, desaparecimientos forzosos y posterior aparecimiento de cadáveres con signos de torturas o semiquemados Ante estos hechos preocupantes, el gobierno aplica medidas igualmente preocupantes El presidente Saca, en sus promesas electorales y tras asumir el gobierno en junio del año anterior, prometió "un país seguro"; no obstante, ninguno de los planes desplegados le ha funcionado para detener la ola de homicidios, la mayoría cometidos con armas de fuego Baste decir que entre enero y mayo se han registrado mil 335 homicidios, 20% más que en igual periodo el año pasado, cuando no estaba en vigencia el plan Súper Mano Dura ni el llamado Respeto a la Vida ni los cateos a domicilios ni los despliegues de la policía rural La última iniciativa oficial para tratar de frenar la criminalidad está en vigencia desde el lunes 20 de junio: acusar de terrorismo a los pandilleros o mareros, así como a otros delincuentes, no sólo que asesinen sino que cometan otros delitos comunes, como tenencia de armas y extorsiones Para el gobierno los criminales están dando mensajes que intentan causar "temor" o "terror", por lo cual tendría cabida que sean procesados como "terroristas" Los funcionarios del gobierno justifican su proceder en el artículo 343 del Código Penal, el cual tipifica y sanciona al terrorismo con prisión de cinco a 20 años de cárcel Pero jueces, como Aída Luz Santos, indican que en la existencia de terrorismo debe haber subversión grave a la seguridad del Estado por causas políticas, algo que no sucede con el accionar de las pandillas Ello es reflejo del enfrentamiento que se está generando entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, que tiene antecedentes: hace dos años el entonces presidente Francisco Flores promulgó la llamada Ley Antimaras, entre cuyos artículos se resaltaba el hecho de que por la sola sospecha de que un joven fuera miembro de Maras (pandillas juveniles), debía ser apresado, procesado y condenado como adulto La ley fue derogada por inconstitucional y por presiones internacionales En la actualidad, el gobierno y el órgano judicial han comenzado a tener enfrentamientos Mientras el subdirector de la policía, Pedro González, dice que "haga eco o no en los jueces, haremos las remisiones (de reos) por actos terroristas" El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón, calificó la medida como "impropia", además, agregó: "El delito de pandillerismo-terrorismo no existe No hay una figura legal para procesar a una persona por un delito así El terrorismo tiene sus propias características, y no es lo mismo que el pandillerismo" A la crítica de la CSJ se ha sumado el Ministerio Público, a decir de su máximo representante, el fiscal general Belisario Artiga, quien manifestó que "si el delito no existe, es imposible juzgar a una persona" En concreto, han sucedido casos como el siguiente El martes 21 de junio fue asesinado, por presuntos miembros de Maras, un destacado futbolista local, William López Cinco sospechosos del homicidio, ejecutado con armas de fuego, han sido capturados, y el vicejefe de la policía afirmó que serían los primeros en ser procesados como "terroristas" No obstante, la fiscalía los remitió al juez para que sean encausados por el delito de homicidio agravado, el cual tiene una pena de hasta 35 años de cárcel Retorno al pasado Roberto Burgos, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), explicó que el hecho de que el gobierno realice planes tras planes sin resolver el problema de la inseguridad pública, muestra que "la llamada Súper Mano Dura", y esto último de querer acusar de terrorismo a los delincuentes comunes, no funciona, porque "realmente no se privilegia la prevención de delitos ni la investigación, y lo que es peor, esas posiciones llevan sesgos ideológicos" Los partidos de izquierda, como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), coinciden con dicho planteamiento y aseguran que son intentos de "retornar al pasado represivo" El diputado del FMLN y miembro de la Comisión de Seguridad Pública del Parlamento, Nelson García, expresó a Apro que "el gobierno no quiere analizar las causas reales de la criminalidad, las cuales son, entre otras, la falta de equidad y la impunidad prevaleciente Por eso todos sus planes están fuera de la realidad "Es grave para un país como el nuestro, con tanta violencia, que los poderes del Estado estén enfrentados constantemente Pero además quiero afirmar otro gran peligro: las medidas del gobierno para tratar de frenar la criminalidad le han servido de justificación para cerrar los espacios democráticos, por ello propone combatir la violencia por medio de violaciones a los derechos de los ciudadanos y de los derechos humanos, como está ocurriendo con los cateos a las viviendas", reiteró García De acuerdo con el Banco Mundial (BM) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El Salvador es una de las naciones más peligrosas y violentas de América Latina, con una tasa de homicidios de 50 por cada cien mil habitantes, el doble de la media latinoamericana Una de las opciones que distintos sectores locales e internacionales han recomendado al gobierno salvadoreño es el desarme de la sociedad Se cree que hay en circulación más de 450 mil armas en manos de civiles, cuando las instituciones militares y policiales tienen efectivos que en conjunto no sobrepasan los 40 mil miembros Terrorismo o delincuencia Ramiro Aguilar Torres, destacado abogado y experto en derecho penal de Ecuador, comenta para Apro la diferencia entre "terrorismo" y "delincuencia común", al mismo tiempo trata de buscar explicaciones al caso salvadoreño "La gran diferencia entre terrorismo y delincuencia común está en la justificación subjetiva a la que acude el individuo para ejecutar su acto La identidad o las características físicas o psicológicas de las víctimas, son indiferentes al razonamiento del terrorista Éste, con su acto, no busca agredir a un individuo o individuos en particular; sino lograr que su acto transmita a la sociedad una descarga de pánico que le obligue a tomarlo en cuenta, a escuchar la voz de su movimiento El terrorismo siempre tiene algo que decir en términos políticos o religiosos y usa la matanza indiscriminada como lenguaje", dice el experto Y añade en contraste que "la delincuencia común, que puede ser igual de cruenta (así lo demostraron los atentados del "cártel de Medellín" en Colombia), tiene un objetivo individualizado: la víctima El crimen se produce como consecuencia de una relación real o accidental, entre el agresor y el agredido Esa relación se establece por la necesidad del agresor: dinero, satisfacción de deseo sexual y algún tipo de sicopatía activada por alguna característica de la víctima, entre otras" El abogado ecuatoriano hace una reflexión de lo que sucede, no sólo en El Salvador, sino en casi toda Latinoamérica: "Algunas mentes pequeñas pueden pretender vincular la delincuencia común con el terrorismo por su nivel de organización, y ahí caen en errores torpes y terribles Uno de estos torpes errores se da en países donde hay un altísimo índice de migración "En estos países, la desarticulación de la familia llega a un nivel dramático Los hijos de quienes se fueron, necesitan un núcleo en torno al cual desarrollar su vida El ser humano es gregario por naturaleza, por ello se forman pandillas que sustituyen a las familias O se forman sectas religiosas Estas Maras tienen su propio código y, evidentemente, son violentas No se puede esperar otra cosa de quienes han visto la evaporación de su familia por el desasosiego producido por un país que no ofrece futuro a sus hijos; por un país que cobija y protege a los ricos y expulsa a los pobres y gente de clase media para luego ufanarse de que las remesas de esos ?patriotas? mantienen la economía Todo tiene su precio Y el precio que las sociedades, con alto índice de migración, deben pagar por haber desplazado a sus desempleados o subempleados hacia fuera, es la destrucción familiar y la reagrupación de los hijos de los ausentes en torno a grupos que suplantan a la familia", apuntó finalmente Aguilar Torres

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