Valparaíso, Chile, 18 de julio (apro) - A pesar de los años transcurridos desde el fin de la dictadura, todavía no ha sido posible reconstruir en Chile una verdadera democracia, debido, entre otras razones, a la permanencia de los denominados enclaves autoritarios consagrados en la Constitución de 1980, y que rigen en la actualidad los destinos de este país sudamericano Por eso revisten tanta importancia las reformas constitucionales aprobadas el 13 de julio en el Senado, que serán promulgadas por el pleno del Congreso Nacional el próximo 16 de agosto, y que en lo sustancial acaban con la tutela que los militares han tenido sobre el sistema político desde el inicio de los gobiernos democráticos en 1990 Estas reformas terminan, así mismo, con la institución de los senadores designados y vitalicios Sin embargo, dejan pendiente uno de los puntos más cuestionables del sistema político, como es el sistema electoral binominal Desde que Augusto Pinochet entregó el mando de la nación a Patricio Aylwin (el primero de los tres presidentes de la Concertación por la Democracia), la democracia chilena no ha podido consolidarse del todo, dada la existencia de instituciones, actores y remanentes simbólicos del pasado dictatorial, que la han mantenido secuestrada, dándole un sesgo marcadamente autoritario o poco democrático Entre los retazos pinochetistas más importantes de la institucionalidad chilena, están todos aquellos que tienen que ver con la tutela sobre el sistema político que tienen las Fuerzas Armadas y que hasta ahora están consagrados en la Constitución, pero que en pocas semanas dejarán de estarlo Entre estos destaca la imposibilidad que tiene el presidente de la República de remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de orden; la facultad que tienen cada una de las ramas castrenses de designar senadores; la desmesurada gravitación que tienen los uniformados en el Tribunal Constitucional y en el Consejo de Seguridad Nacional, lo que en la práctica les ha dado un poder de veto respecto de un amplio conjunto de materias El fin de la inamovilidad de los comandantes en jefe, que con estas reformas podrán ser llamados a retiro por el presidente, acaba con el rol de garantes del sistema político que le asignaba la Constitución de 1980 En relación con esto, las recientes reformas modifican algunas atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, que pasará a ser un organismo asesor del presidente de la República, como la facultad de formular observaciones a otros órganos constitucionales Así mismo, y según las recientes modificaciones, el Tribunal Constitucional, que está encargado de resolver conflictos entre los poderes del Estado, aumenta de siete a diez miembros, dejando de existir representantes de las Fuerzas Armadas Las reformas recientemente despachadas por el Senado prevén también la desaparición de los puestos de senadores vitalicios y designados --entre estos últimos cuatro representantes de las instituciones armadas--, que en su conjunto representan casi un quinto de los 48 miembros de la Cámara alta A la categoría de senadores vitalicios podían aspirar sólo los expresidentes de la República, situación en la que se encuentra el senador Eduardo Frei Ruiz Tagle, que dejó de ser presidente de Chile en marzo de 2000 Augusto Pinochet, hasta su detención en Londres (1998), era el único en gozar de la condición de senador vitalicio, pero tras su regreso al país debió renunciar a su calidad de parlamentario Otros cambios aprobados en el Parlamento son la reducción del mandato presidencial de seis a cuatro años, manteniéndose la imposibilidad de aspirar a la reelección en periodos consecutivos; el aumento de las capacidades fiscalizadoras que tiene la Cámara de Diputados respecto de las actividades del gobierno; la modificación en la edad necesaria para postularse como candidato a senador y a presidente, que pasa de 40 a 35 años Respecto del sistema electoral, fue sacado de la Constitución, por lo que es previsible que un futuro no muy lejano, pueda ser transformado, puesto que se reducirá el quórum necesario para reformarlo En virtud del sistema binominal vigente en Chile, en cada distrito electoral se eligen dos parlamentarios, entre las dos listas más votadas, lo que se traduce que muchas veces no importa quién de los dos conglomerados políticos predominantes ?la Concertación (oficialista) o la Alianza por Chile (derecha)-- gane la elección, puesto que la lista vencedora necesita doblar en número de votos a la que resulte segunda para poder elegir a los dos representantes, lo que ocurre en muy pocas zonas En la práctica, este sistema ha permitido que la derecha, con poco más de un tercio del electorado, elija a cerca de 50% de los parlamentarios, y que la izquierda y sectores independientes, con cerca de 10% de los votantes, no puedan obtener representantes El fin de la transición El presidente Ricardo Lagos expresó su satisfacción por la aprobación de estas reformas, calificándolas como un "gran triunfo para Chile y su democracia" Lagos señaló que con estos cambios a la Constitución, "podemos decir que la transición ha concluido" Destacó también, que las reformas constitucionales recientemente aprobadas por el Parlamento, fueron aprobadas con la participación de todos los sectores con representación parlamentaria, y sostuvo que desde ahora Chile tendrá una "Constitución que estará a la altura de su tradición democrática" Lagos expresó su anhelo de que en un corto tiempo se pueda modificar el sistema electoral, para que sea mucho más representativo y para que le dé cabida en el Parlamento a todas las fuerzas políticas Aunque las trabas institucionales han sido muy importantes en el proceso de democratización en Chile, éstas no han sido los únicos obstáculos El sociólogo y analista político Manuel Antonio Garretón ha señalado que además de éstas, tienen mucha importancia los enclaves autoritarios de corte actoral y los ético-simbólicos Los primeros son aquellos que tienen que ver con la preponderancia que en la sociedad chilena postdictadura tienen algunos actores como los militares y los empresarios Los ético-simbólicos tiene que ver con la trama jurídica y política urdida por Pinochet, y que tuvo por objetivo evitar que hubiera justicia respecto de los numerosos casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país durante su mandato Aún más, Pinochet y su entorno político y empresarial quisieron ?y en buena medida lo lograron--, que el orden social y económico instaurado durante su mandato, que algunos definen como modelo neoliberal, se mantuviera en los gobiernos democráticos Y es por ello la prisa con que actuó su administración cuando faltaban pocos meses, e incluso días, para entregar el poder, periodo en el cual se registraron la mayor parte de las privatizaciones, se condonaron las deudas de los medios de comunicación de derecha, se dictaron leyes orgánicas constitucionales que aseguraron el modelo privado en la educación superior, por mencionar algunos de los amarres institucionales que hasta ahora se mantienen vigentes y que hicieron del orden postdictatorial, una prolongación de lo que a grandes rasgos fue fundado durante la dictadura Es por esto que el presidente Ricardo Lagos definió las recientes reformas constitucionales como las que podrán fin de la transición, dando a entender que con estos cambios se podrá construir un país verdaderamente democrático y en donde todos tengan cabida La nueva constitución pierde fuerza A pesar de la alegría con que diversos sectores recibieron las reformas, con éstas se tenderá a consolidar la Constitución vigente, alejando la posibilidad de una nueva carta fundamental, que era una demanda muy sentida por la ciudadanía en los tiempos de las masivas protestas que pujaban por sacar del cargo a Pinochet, y que, por lo demás, era un planteamiento básico de la Concertación por la Democracia, al hacerse del poder Diversos constitucionalistas han señalado que la argumentación que por años dieron los gobiernos de la Concertación, en el sentido de no poder dar al país una nueva carta fundamental, al no contar con las mayorías parlamentarias necesarias para hacerlo, no era ajustada a la realidad, puesto que todos los cambios constitucionales que ha habido en Chile han invocado al poseedor del poder constituyente originario, que es el pueblo, a la hora de dar vida a una nueva Constitución, porque es él el que da legitimidad en Chile a las reglas institucionales básicas de la organización de la sociedad y el Estado