Blair y sus tribunales secretos

martes, 16 de agosto de 2005
Londres, 12 de agosto (apro) - Transcurrido poco más de un mes desde los sangrientos atentados de Londres, el primer ministro británico, Tony Blair, lanzó una polémica propuesta para juzgar a los terroristas: tribunales especiales, con poderes extraordinarios, que efectúen audiencias secretas, una medida que contraviene las actuales leyes de juicios abiertos y públicos en el país Dichas cortes analizarán, entre otros aspectos, si existe evidencia suficiente para proceder contra sospechosos en casos de terrorismo Sin embargo, organismos de derechos humanos y miembros del Parlamento han expresado preocupación ante las medidas oficiales, a las que consideran como un paso "que reduce las libertades individuales" de las personas Así, el presidente del Comité Parlamentario de Asuntos de Interior, el diputado laborista John Denham, criticó duramente a Blair y a sus ministros por apoyar ideas "semi-cocinadas", en relación con los nuevos planes judiciales en casos de terroristas Es por ello que voceros del ministerio del Interior británico se apresuraron a subrayar que aún se están estudiando los procedimientos legales sobre cómo tratar casos de terrorismo, y confirmaron que la medida para adoptar cortes secretas "está bajo constante consideración" Bajo los nuevos planes de Blair, se buscará imitar el modelo de procedimientos legales que lleva a cabo el Tribunal de Apelaciones Especiales de Inmigración, que realiza sus audiencias en privado y mantiene en secreto del acusado la información y detalles de los cargos en su contra En esos casos, los acusados son representados por abogados especiales o advocates, quienes tienen acceso a parte de la evidencia en contra de sus clientes, pero no pueden dárselas a éstos El gobierno planea además introducir el polémico uso de las escuchas telefónicas, hasta ahora prohibidas en las cortes británicas por interferir en la decisión final del jurado También se plantea la posibilidad de extender de 14 días a tres meses el tiempo límite de detención de sospechosos en casos de terrorismo "Es necesario que alcancemos un balance entre la seguridad de la población y la libertad de los sospechosos", explicó un funcionario del gobierno británico consultado por Apro "Las reglas están cambiando" En diciembre anterior, nueve jueces lores --máximas instancias judiciales de Gran Bretaña-- dictaminaron que la ley antiterrorista británica, que permitía la detención indeterminada y sin juicio previo de extranjeros acusados de terrorismo, contravenía la Convención de Derechos Humanos de la Unión Europea Es por ello que el presidente de los liberales-demócratas, el parlamentario Simon Hughes, consideró "injustificable" una eventual extensión en el periodo de detención de dichos acusados por actos terroristas También se pronunció el portavoz del Partido Conservador, Edward Garnier, quien instó al gobierno a "calmarse y pensar con tranquilidad" las nuevas medidas antiterroristas, antes de presentarlas al Parlamento para ser votadas Todo esto ocurre cuando Blair ha indicado que la "hospitalidad británica ha sido abusada", y la gente "debe entender que las reglas ahora están cambiando" Blair hizo referencia a los cuatro supuestos terroristas que plantaron bombas en el sistema de transporte londinense apenas el 21 de julio, todos ellos inmigrantes que residían legalmente en Inglaterra desde hacía más de diez años Los autores de los ataques del 7 de julio, en los que murieron 56 personas y 700 resultaron heridas, eran tres británicos de descendencia pakistaní, y el cuarto un inmigrante jamaiquino que residía legalmente en el Reino Unido desde los noventa Londres además deportará de inmediato a aquellos clérigos extranjeros radicales que inciten o glorifiquen el terrorismo, además del cierre de mezquitas y el rechazo automático de posibles asilados que tengan algún vínculo con el terrorismo En estos días, altos funcionarios de Scotland Yard y de la Fiscalía General mantienen reuniones de emergencia para analizar la posibilidad de introducir acusaciones de traición a la patria a aquellos clérigos extremistas que glorifiquen al terrorismo o inciten a la violencia religiosa El crimen de traición data en Inglaterra del siglo XIII y hasta 1998 se castigaba con la pena de muerte Tanto el fiscal general, el lord Peter Goldsmith, como el director de la Oficina de Procuraduría Pública británica, Ken Macdonald, se han mostrado a favor de implementar esos polémicos cargos a tres clérigos británicos acusados de "extremistas", y posiblemente a una lista de hasta 500 imanes radicales Los tres clérigos en cuestión son Abu Izzadeen, Abu Uzair y Omar Bakri Mohammed Bakri --que abandonó el país y se encuentra en el Líbano-- prometió desafiar al gobierno británico y regresar a Inglaterra Este clérigo provocó en los últimos días una verdadera polémica en el país, al indicar que no informaría a la policía en el caso de saber qué musulmanes británicos planeaban atentados en Inglaterra Bakri se negó además a condenar los atentados terroristas de Londres, al afirmar que éstos fueron consecuencia del maltrato a los musulmanes por parte del Occidente Hassam Choudary, exabogado del clérigo, declaró recientemente que Mohammed "considera que el Reino Unido no es un país seguro para los musulmanes" Sin embargo, el Consejo Musulmán Británico (MCB), que agrupa a unas 400 organizaciones islámicas del país y es uno de los grupos más respetados de Gran Bretaña, declaró que la partida de Bakri "traerá alegría y tranquilidad" a la comunidad musulmana del Reino Unido Confuso debate Pero la problemática no acaba allí, ya que los grupos de derechos humanos y de libertades civiles, como Amnistía Internacional (AI) y Liberty, así como importantes miembros del Parlamento, han renovado sus críticas al gobierno británico por la confusión acerca de las nuevas medidas antiterroristas Esas organizaciones expresaron preocupación por las nuevas cortes secretas del gobierno, que permitirán implementar sistemas "inquisitorios" de justicia en casos de terrorismo, ya que un juez dictaminará en secreto y sin la presencia de jurados, el tiempo en que un sospechoso de actos de terrorismo debe seguir preso La directora de Liberty, Shami Chakrabarti, afirmó que las audiencias secretas "son parciales e injustas porque no permiten al acusado conocer toda la evidencia en la acusación" A ello se añade las réplicas de Manfred Novak, relator especial de la ONU sobre la tortura, a las declaraciones de Blair, quien había anunciado la posibilidad de expulsar a los extremistas a los países con los que se hubiera negociado para que no sean maltratados a su llegada Expulsar hacia un país donde se practica la tortura "está absolutamente prohibido por las leyes internacionales" y "no se pueden invocar garantías diplomáticas", estimó Novak Estos contratiempos traducen la tensión entre la tradición británica de respeto estricto de los derechos de la defensa y la creciente inquietud ante el terrorismo En ese sentido, el jefe de la oposición británica, Michael Howard, llamó a una modificación del equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Judicial, citando los ejemplos de Francia y de España, que dan prioridad al gobierno en estos temas El líder tory advirtió a los jueces del país que no deben obstruir los planes antiterroristas del gobierno de Blair, porque pondrán en peligro la seguridad de la población Admitió que si los magistrados se niegan a aprobar las leyes antiterroristas del gobierno, "amenazarán la seguridad de Gran Bretaña" "Es el trabajo de los parlamentarios balancear las medidas antiterroristas con los derechos humanos de los sospechosos de actos de terrorismo", aclaró el diputado Para Howard es preciso que los jueces apoyen al alto comisionado para Scotland Yard, sir Ian Blair, quien pidió a las autoridades poder mantener en prisión por tres meses a sospechosos de terrorismo, para así determinar con evidencia forense si deben someterse a juicios Dentro de este confuso debate sobre el terrorismo, James Hart, el responsable de la policía de la City, el sector financiero de Londres, afirmó que un ataque terrorista contra ese distrito es una "simple cuestión de tiempo" Según el comisario, el sector ha sido objeto en varias ocasiones de "reconocimientos hostiles" La mala educación De todos modos, Blair sabe que ante la problemática del terrorismo interno y el aumento de las represalias contra una comunidad musulmana cada vez más vulnerable, la respuesta no sólo puede estar en el ámbito judicial, punitivo y policial, sino también en el de la educación y la enseñanza Así, decidió integrar dentro del sistema educativo nacional a unas 150 escuelas musulmanas independientes Esas escuelas deberán ahora unirse a un grupo de unas 7 mil instituciones educativas anglicanas, católicas y judías de Gran Bretaña, que reciben financiación del Estado Además, ordenó a sus ministros tomar acciones urgentes para que los niños británicos de todos los credos y religiones "reciban una educación balanceada y sin extremismos" La decisión se tomó luego que las autoridades descubrieron que al menos cien escuelas musulmanas independientes enseñan los preceptos del Islam, sin regulación de organismos de estándares religiosos o educacionales Además, en muchas de esas escuelas no se integra a los niños al resto de la sociedad británica, y en cambio se obliga a los menores a recitar por muchas horas los versos del Corán Por ejemplo, el Instituto de Educación islámica de Dewsbury, en West Yorkshire (norte de Inglaterra), de donde provenían tres de los cuatro terroristas del 7 de julio en Londres, las autoridades prohíben a los alumnos leer "material demoníaco británico, como periódicos y revistas populares" En escuelas como Darul Uloom, en el condado de Kent, al sur del país, las lecciones se dictan solamente en árabe o urdu, y no se habla el inglés En ese sentido, la ministra de Educación, Ruth Kelly, anunció que dará a conocer en los próximos días nuevos planes para integrar a esas instituciones musulmanas al resto del sistema educativo británico Entre los planes del gobierno, se analiza la posibilidad de introducir "cuotas" de admisión a dichas escuelas, obligando a las autoridades a aceptar a un cierto número de niños de origen católico, anglicano o judío, para integrarlos en una sociedad "más tolerante y pluralista"

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