Guatemala: los generales ante la justicia

martes, 11 de julio de 2006
Ciudad de Guatemala, 10 de julio (apro) - Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional de España, dictó órdenes internacionales de detención contra los exgobernantes golpistas guatemaltecos Efraín Ríos Montt, Oscar Humberto Mejía Víctores por los delitos de genocidio, tortura, terrorismo y detenciones ilegales, cometidos de 1978 a 1986 La orden de detención, fechada el viernes 7, incluye además al exministro de la Defensa Angel Anibal Guevara Rodríguez; al exdirector de la Policía Nacional, Pedro García Arredondo, al exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García; al coronel Germán Chupina Barahona; al exministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz; y al exgobernante de facto Fernando Romeo Lucas, quien murió en Venezuela éste año El juez Perdraz tomó tal decisión 14 días después de haber viajado a Guatemala donde intentó infructuosamente llevar a cabo una diligencia para escuchar los alegatos de los militares y civiles guatemaltecos acusados de crímenes de guerra Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz y principal promotora de la acción judicial española contra estos militares y civiles guatemaltecos, dijo a Apro que la orden de detención "es algo que nosotros esperábamos hace mucho tiempo Vamos a exigir que la Interpol, que está obligada a ejecutar cualquier orden internacional de captura, cumpla esta orden" Menchú señaló que la resolución del juez Pedraz debe cumplirse de inmediato en Guatemala Esta resolución establece detener de los imputados, congelar sus cuentas bancarias y garantizar que no se den a la fuga Según Menchú, una vez detenidos en Guatemala los acusados, tendría que iniciarse el proceso de extradición a España La premio Nobel guatemalteca estimó que la frustrada visita de Pedraz y la comitiva de la Audiencia Nacional Española a Guatemala, la última semana de junio, fue determinante en la resolución de captura contra los guatemaltecos acusados "Se dieron cuenta que era imposible el juzgamiento del genocidio en Guatemala, porque los acusados iban a causar dificultades Eso mismo lo habíamos argumentado en muchas ocasiones" El abogado defensor de Efraín Ríos Montt, Francisco Palomo, aseguró a la corresponsal que la orden de detención "no tendrá efectos, porque el general Ríos se acogió a una amnistía en 1990", por lo que no procedería cualquier acción legal basa en hechos anteriores a esa fecha Palomo estimó que después de la resolución de Pedraz "posiblemente venga un pedido de extradición" Señaló que "en ese momento tendremos que actuar legalmente, haciendo valer la amnistía" y el hecho de que los presuntos delitos de que es acusado el general, "acaecieron en Guatemala, y de acuerdo con nuestra jurisdicción, sólo los tribunales guatemaltecos son competentes" El abogado dijo que Ríos recibió la noticia con tranquilidad "Sabíamos que eso sucedería, a eso venía el juez español, aunque no creíamos que tan rápido Obviamente se fue molesto de Guatemala" Retiro interrumpido El cómodo retiro en el que viven hoy los exjefes de Estado y oficiales militares de la guerra contrainsurgente en Guatemala ya había sido roto en los últimos días de junio con el arribo de una comisión judicial de la Audiencia Nacional Española Santiago Pedraz, un joven juez español de brillante carrera judicial llegó a Guatemala en medio de la lluvia la tarde del sábado 24 de junio Encabezaba, junto con el fiscal español Jesús Alonso, una misión judicial de la Audiencia Nacional de España que esperaba escuchar, a partir del lunes 26, a Ríos Montt y Mejía Víctores, que gobernaron el país de 1983 a 1986, al general Aníbal Guevara, ministro de la Defensa durante el gobierno del también militar golpista Lucas García, al coronel Germán Chupina Barahona, director de la policía durante el mismo período, a Pedro García Arredondo, jefe del Comando Seis de la Policía Nacional y al general Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor del ejército durante el gobierno de su hermano Lucas, todos ellos considerados por organizaciones de derechos humanos como los hombres más duros en la campaña contrainsurgente que dejó una herencia negra de 200 mil muertos La estancia de Pedraz en Guatemala sacó a la calle en los últimos días de junio a decenas de familiares de víctimas de la guerra, y a dirigentes de organizaciones de derechos humanos que, en manifestaciones frente a la Embajada de España y la Corte Suprema de Justicia, reclamaron una vez más el enjuiciamiento internacional de los militares y civiles contrainsurgentes Volvieron los gritos de justicia, las veladoras en memoria de los muertos, los carteles reclamando a los desaparecidos y las estremecedoras fotos de las osamentas de los exhumados en cementerios clandestinos Los citados militares ya se habían anticipado al arribo de Pedraz Dejaron el retiro y se movilizaron rápidamente A través de sus abogados, interpusieron más de 15 recursos y acciones legales que, finalmente, lograron suspender las diligencias y evitar el encuentro en un juzgado guatemalteco con los representantes de la Audiencia Nacional de España La cita de los golpistas y contrainsurgentes guatemaltecos con los representantes de la justicia internacional no se cumplió El juez Pedraz llegó el lunes 26 a la Corte Suprema de Justicia esperando iniciar las primeras diligencias con testigos y acusados, pero fue informado por el juez local, Saúl Alvarez, de que las audiencias habían sido suspendidas a raíz de una serie de recursos legales Los cientos de familiares de víctimas que esperaban presenciar, por fin, la cita histórica de los golpistas guatemaltecos con la justicia, se retiraron con las manos vacías Una de ellas era Marilena Bustamante, que vive en México desde hace 24 años Tuvo que salir huyendo de Guatemala cuando le advirtieron que su vida y la de su hija correrían peligro si insistía en la búsqueda de su hermano, desaparecido en 1980 Cuando supo del arribo de las autoridades judiciales españolas a Guatemala, dejó su trabajo, a sus hijos, y voló de regreso a su país Estaba en el patio de la Corte Suprema de Justicia cuando Pedraz pasó rumbo al juzgado Undécimo Ella portaba un gran cartel que mostraba la foto de su hermano, un joven hombre barbado, y la leyenda "Emil Bustamante, ¿Dónde lo tienen?" "Esperaba gritarle a Ríos Montt asesino, poderle ver la cara, lo quiero en una cárcel, que lo atiendan los médicos, que le den comida, que tenga derecho a cama limpia, lo que ellos nunca le permitieron a más de 45 mil detenidos desaparecidos", dijo Marilena a la corresponsal Pero Ríos Montt no llegó Lo amparó la justicia de su país "No se podía esperar otra cosa de un sistema tan impune como el de Guatemala que se comprometió con los Acuerdos de Paz a buscar a las víctimas y no ha hecho absolutamente nada", decía Bustamante cuando supo de la frustrada audiencia Rabiosa, sin contener las lágrimas, reclamaba, "¿Por qué no vinieron? ¿Por qué están pidiendo amparo estos genocidas? Saben que son culpables, todo lo que ellos han hecho está documentado" Marilena no olvida a su hermano, director de los centros regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, exdirigente estudiantil, medico veterinario y sociólogo rural Lo capturan el 13 de febrero de 1982 en un retén militar en la entrada de San José Pinula Fue visto vivo el 23 de marzo por alguien que soltaron los militares, en el cuartel general de Matamoros, brutalmente golpeado "A mi todavía se me atropellan en mi memoria los nombres y rostros Estos ojos vieron a puñados cadáveres en la morgue de la verbena cuando andaba buscando a mi hermano, brutalmente torturados, uno siente que se va a volver loca Lo fui a buscar a todos lados hasta que me dijeron que me calmaba o me calmaban Me fui a México, pero sigo esperando un poco de justicia para mi hermano y para las miles de víctimas de este país", dice Tortuoso camino Este proceso legal ha sido largo y tortuoso Inició en diciembre de 1999 cuando Rigoberta Menchú presentó ante la Audiencia Nacional de España una denuncia por genocidio, tortura y terrorismo contra ocho militares y civiles guatemaltecos Al principio, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó investigar los hechos denunciados y ordenó archivar el caso Argumentó que las autoridades guatemaltecas eran las que deberían conocer el caso Tal decisión fue impugnada por Menchú ante el Tribunal Supremo español, que resolvió entonces la competencia de los tribunales de ese país para juzgar sólo los crímenes contra ciudadanos españoles en Guatemala Es el caso del asalto policial a la Embajada de España en Guatemala, ocurrido el 31 de enero de 1980, que dejó a 37 personas muertas, entre ellas, Vicente Menchú, padre de Rigoberta, funcionarios de la embajada, así como obreros y estudiantes del Frente Democrático contra la Represión y campesinos Éstos ocuparon el edificio diplomático Buscaban con ello denunciar las atrocidades de la guerra La justicia española resolvió también que tenía competencia para enjuiciar los asesinatos de los sacerdotes españoles Faustino Villanueva, Carlos Pérez Alonso y José María Gran, pero no el genocidio contra indígenas guatemaltecos En septiembre de 2005, el alto Tribunal Constitucional de España aceptó extender su investigación al genocidio en Guatemala, pues consideró que este delito atenta contra la comunidad internacional En los últimos meses de 2005, el juez Pedraz pidió a las autoridades guatemaltecas autorización para tomar declaración en Guatemala a testigos e imputados en relación con los crímenes de genocidio, asesinatos y detenciones ilegales cometidos entre 1978 a 1986 Inicialmente, la Audiencia indagaría sobre los hechos en la Embajada de España y el asesinato de los sacerdotes jesuitas Saúl Alvarez, juez undécimo de Instancia Penal, explicó a Apro que la suspensión de las comparecencias de militares y testigos se decretó a mediados de junio, a raíz de un conflicto de jurisdicción que en Guatemala implica la suspensión inmediata de los procesos en tanto se resuelve Álvarez, que pidió y recibió una autorización de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala para realizar las diligencias en apoyo a la Audiencia Nacional de España, contó que los abogados de los militares acusados interpusieron, sólo en su juzgado, nueve recursos de reposición y apelaciones, además de inconstitucionalidades, cuatro amparos, y un conflicto de juridicción en otras instancias judiciales Tres de estos recursos lograron suspender provisionalmente las audiencias La defensa más activa, precisó el juez, fue la de los generales Efraín Ríos Montt y Oscar Mejía Víctores Francisco Palomo, abogado de Efraín Ríos Montt, explicó a la corresponsal que desde que empezaron las diligencias de la Audiencia Española en Guatemala, "nosotros hemos objetado la competencia del juez Saúl Álvarez para realizarlas, porque creemos que la CSJ cometió un error al haber aceptado la carta rogatoria en la forma que vino Presentamos un recurso de inconstitucionalidad que declararon sin lugar, pero el juez debió haber suspendido las diligencias hasta que esa resolución cobrara firmeza, a los dos días si nadie apelaba, y no lo hizo Apelamos, y presentamos además un ocurso en queja ante la Corte de Constitucionalidad (CC), planteando que el juez no estaba dando el trámite adecuado al procedimiento de inconstitucionalidad Ese ocurso se declaro con lugar" Por separado, añadió Palomo, "interpusimos un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, en contra de la CSJ porque infringió el artículo 203 de la Constitución, el cual dice que sólo los tribunales guatemaltecos tienen competencia y juridicción en territorio nacional Con base en eso nos dictaron un amparo provisional" Palomo hizo notar que "estamos planteando estas defensas independientemente de que el general Ríos no tiene responsabilidad con los hechos de embajada de España porque estos ocurrieron anteriormente" En cuanto a la ampliación de las indagatorias por genocidio, que solicitó ya la Audiencia Española, Palomo explicó que "nos hemos enterado por la prensa" En el expediente, aseguró Palomo, "hay errores de fondo y de forma, porque en la forma en que viene ese proceso a Guatemala no se siguieron los procedimientos consulares adecuados Fue una petición directa de tribunal a tribunal que no reunió los requisitos de los tratados internacionales Y el principal error en cuanto a mi cliente fue que a él no se le acusa de ningún hecho, simplemente le dicen que quieren examinar los casos de la Embajada de España y los asesinatos de los sacerdotes jesuitas, hechos que ocurrieron entre 1980 y 1981, en tanto que el general Ríos entra a la historia del país hasta en marzo de 1982" Sostuvo: "Creemos que con el arribo de la comisión rogatoria española las organizaciones de ?izquierdos? humanos lo que querían era montar un espectáculo, querían tener a los exgobernantes ahí, acusarlos y eventualmente extraditarlos Entendemos que es posible que España eventualmente haga un pedido de extradición, que tendríamos que impugnar Y siendo una cuestión política y no jurídica, el interés de ellos era afectar en su figura política a Ríos, no tenían el mismo interés en otros imputados que no están vigentes en la política en Guatemala" Reveses Para Menchú la frustrada diligencia de la comisión española no fue el primer revés en su búsqueda de que los guatemaltecos a los que acusa de crímenes contra la humanidad sean enjuiciados A finales de 2005, enfrentó la huida de México de Donaldo Álvarez Ruiz, después de que la Audiencia Nacional de España había solicitado a las autoridades mexicanas su detención Una investigación de la Fundación Menchú reveló que el exministro de gobernación guatemalteco salió por avión a Panamá con pasaporte mexicano falso Menchú sospecha que Álvarez Ruiz recibió ayuda para huir: "No creo que se haya escapado de México, probablemente hay funcionarios viejos en México involucrados en esto No puedo entender que si su orden de detención había llegado, y se le había localizado en su casa de México, haya salido con un pasaporte mexicano hacia Panamá A mi no me convencerá jamás ningún tipo de explicación que me puedan dar los mexicanos No se fugo de México, de ese país lo sacaron como mexicano para esconderlo en Panamá" En cuanto al actual paradero de Álvarez, la activista sostiene que el exministro sigue recibiendo apoyo para ocultarse "Lo encontramos en Panamá Supuestamente allí se perdió de vista, pese a que lo habíamos identificado y a que la Interpol en Panamá sabía a donde iba a divertirse, a jugar, a correr por las mañanas No voy a subestimar las fuerzas poderosas de estas personas, pero nuestra fuerza parte de nuestros muertos" En mayo de 2006, murió en Venezuela el expresidente Lucas García, también denunciado por Menchú y contra quien la justicia española había emitido orden de detención Al respecto, Menchú dijo a Apro: "Es un prófugo de la justicia, muerto o vivo, y un genocida que no se juzgó, al que no alcanzó la justicia penal" Menchú dijo a la corresponsal que "la visita de la comisión rogatoria española a Guatemala era una oportunidad para las víctimas del genocidio que no podrán comparecer en España, porque no tendrían los recursos suficientes para viajar a Madrid Otro interés de la Audiencia Nacional era dar oportunidad a los acusados para que dijeran su verdad, en aras de la equidad de la justicia" Pero los militares acusados, expuso, "frenaron la oportunidad que se les estaba dando No entendemos Creo que ellos se creen culpables de los hechos que cometieron y tienen temor de comparecer ante un tribunal" Menchú hizo notar que los militares y civiles guatemaltecos "son acusados de genocidio, de delitos graves contra la humanidad, de tortura, desapariciones forzadas, de la eliminación de grandes aldeas completas y colectividades humanas impresionantes Y muchos de los delitos que se les imputan están documentados con las exhumaciones, los informes de la Comisión de la verdad de Naciones Unidas Ellos debieron haber aprovechado al tribunal para decir su palabra De todas maneras el juzgamiento del genocidio guatemalteco ya está en una dimensión internacional" La primera comisión rogatoria que llegó a Guatemala tuvo como objetivo sólo de tomar declaraciones de los casos de España y el asesinato de los jesuitas Ahora, la Audiencia Nacional ha solicitado a las autoridades guatemaltecas la ampliación de la comisión rogatoria para indagar por el genocidio en su totalidad Esta solicitud está esperando turno en la CSJ de Guatemala que dictaminará sobre la ampliación del mandato de la Audiencia Nacional Efraín Ríos Montt, Donaldo Álvarez, Oscar Mejía Víctores, "jamás pensaron que tenían que responder por sus crímenes y hoy están advertidos Esto es algo que nos dignifica a los guatemaltecos en general", concluyó Menchú

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