Bogotá, 17 de julio (apro) - Diez de los mejores hombres de la Policía antidrogas de Colombia, responsables de dar golpes contundentes a la mafia durante los últimos años, fueron acribillados por miembros del Ejército Nacional Las investigaciones concluyen que la unidad militar habría ejecutado a los policías para proteger los intereses de Diego Montoya, alias Don Diego, líder del cartel del Norte del Valle y uno de los diez narcos más perseguidos del mundo Eran las 6 de la tarde del pasado 22 de mayo, cuando uno de los 10 integrantes del escuadrón antidrogas de la policía colombiana tocó a la puerta del hogar psiquiátrico "Mi Casita", en zona rural de la población de Jamundí (Valle) Por orden directa del general Oscar Naranjo, el oficial con mayor trayectoria en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, sus mejores policías iban tras un cargamento de droga que, según información recibida previamente, se encontraba escondida en dicho establecimiento El grupo de policías, que en los últimos dos años y medio logró capturar a 205 narcotraficantes (23 de ellos extraditables), llevaba sus chalecos y gorras debidamente marcados con el nombre de la Dijín (Dirección de Inteligencia) Sin embargo, cuando se disponía a entrar a "Mi Casita", una ráfaga de disparos lo tomó por sorpresa En cuestión de segundos, tres de los agentes yacían muertos a la entrada del hogar psiquiátrico, entre ellos el mayor Elkin Molina Aldana, quien dirigía la operación policial Los 28 militares del Batallón de Alta Montaña del Ejército se habían ubicado de manera estratégica en una colina que permitía visibilidad total, y pese a que, según testigos, los agredidos gritaban "no dispare, somos policías" e intentaron refugiarse en una pequeña cuneta, los soldados no detuvieron la balacera hasta ver tendidos en el piso a los otros siete miembros del escuadrón antidrogas y a Luis Eduardo Betancur, un civil que, al parecer, ayudaba como informante "Mandaderos del narcotráfico" Una vez que la Fiscalía recogió las pruebas en el lugar de los hechos y sacó las conclusiones preliminares, se desató uno de los mayores escándalos en la historia del Ejército de Colombia El Cuerpo Técnico de Investigaciones encontró que los disparos se hicieron a menos de 30 metros de distancia de las víctimas Un francotirador se habría encargado de que los impactos dieran en la cabeza de los policías Se utilizaron granadas para que los agentes salieran de la cuneta Además, al parecer, los cuerpos fueron manipulados antes de que la fiscalía llegara al lugar Las pruebas de balística señalan que, aunque los fusiles de la policía fueron accionados, no hubo fuego cruzado Las armas habrían sido detonadas cuando ya estaban muertos los policías Era una forma de despistar a los investigadores Aunque al principio la cúpula del Ejército habló de un "error militar" y de "fuego amigo", porque supuestamente los soldados habrían advertido movimientos extraños en la zona, el discurso tuvo que cambiar cuando el fiscal general, Mario Iguarán, dijo que no se trataba de un error y que los hechos habían sido premeditados Sin decir nombres, el alto funcionario aseguró que había evidencias de que la unidad del Ejército le estaba haciendo un "mandado" al narcotráfico El director de la Fundación Seguridad y Democracia, Alfredo Rangel, aseguró a Apro que: "Los indicios tienden a demostrar que fue una acción planificada por parte del grupo del Ejército No fue un error, sino una acción deliberada que buscaba aniquilar a una patrulla de la policía que realizaba una operación antinarcóticos en el área Al parecer, el ejército ya tenía conocimiento previo de esa operación y planeó una emboscada Todo indica que esa patrulla del ejército estaba defendiendo los intereses del narcotráfico en la zona" Tal como lo ratificó la juez 10 del penal del Circuito en segunda instancia, Alexandra Patricia Correa, durante la audiencia de apelación de la "medida de aseguramiento" que se realizó en Cali el pasado 20 de junio, el comandante del Batallón de Alta Montaña, Byron Carvajal, y siete militares más continuarán vinculados a la investigación por el asesinato de los agentes de la Dijín y del informante La defensa de los implicados apeló la determinación de detención preventiva sin beneficio de excarcelación porque, a su juicio, el proceso debe estar a cargo de la justicia penal militar El presidente Álvaro Uribe Vélez resolvió, sin embargo, que se encargará del caso la justicia ordinaria y no la penal militar Según analistas consultados por Apro, la justicia penal militar carece de credibilidad en este momento, debido a cuestionados procesos en los que han resultado implicadas las Fuerzas Armadas Los abogados de la defensa aseguran que no pudo tratarse de una masacre, pues los hechos se llevaron a cabo en un lapso de 45 minutos y no de cinco minutos, tiempo en que, según ellos, sí pudo cometerse una masacre Escándalos Con el episodio de Jamundí lo primero que se vino a la mente de analistas y de la opinión pública colombiana fue el sonado caso de Guaitarilla (Nariño), ocurrido el 19 de marzo de 2004, cuando en un supuesto operativo antidrogas murieron siete policías del grupo antisecuestro Gaula y cuatro civiles pertenecientes a la banda Los Tiritingos, a manos de miembros del Batallón Boyacá del Ejército Nacional Lo ocurrido en Guaitarilla nunca logró aclararse, especialmente porque, como lo admitió la Procuraduría ocho meses más tarde, el trabajo de las autoridades fue ineficiente y las pruebas fueron destruidas en el lugar del crimen Los investigadores encontraron los uniformes incinerados Lo cierto es que, en ambos casos, se ha concluido que la intención de quienes dispararon ?miembros del Ejército? era de aniquilamiento El único resultado que dejó la investigación de Guaitarilla fue la destitución del teniente coronel Jorge Enrique Barón, excomandante operativo de la policía de Nariño, y la del capitán Livio Germán Castillo, excomandante de la Dijín en ese departamento También se suspendió por un mes al teniente coronel Humberto Guatibonza, entonces subdirector operativo del Gaula Nacional y se absolvió a siete policías que habían sido implicados en el incidente El poder de filtración de la mafia en sectores de la Fuerza Pública colombiana se remonta incluso a la época en que el extinto narcotraficante Pablo Escobar lideraba el Cartel de Medellín En ese momento, fue la policía quien estuvo en el epicentro del escándalo El director de la Fundación Seguridad y Democracia dice que "durante un tiempo casi toda la policía de Medellín estaba al servicio del capo Era parte de su equipo de seguridad y aquel policía que no aceptaba las coimas y los pagos del cartel era amenazado o eliminado" "Los organismos de seguridad de Colombia están en permanente riesgo de ser penetrados por el narcotráfico No solamente el ejército, sino también la policía A esto se suma la penetración del narco a otras instituciones del Estado a través de los paramilitares, como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Fiscalía General de la Nación", dice Alfredo Rangel "Creo que se ha bajado la guardia en los controles internos de estas instituciones y la contrainteligencia de los organismos del Estado no funciona con la eficacia y la celeridad requeridas" En 2002 varios policías, dirigidos por el entonces comandante Luis Estupiñán, fueron acusados de devolver a la mafia dos toneladas de un cargamento de cocaína que había sido incautado Nueve de los implicados fueron absueltos y puestos en libertad porque no se encontraron pruebas suficientes para condenarlos No obstante, en mayo de este año, la Sala Penal del Tribunal Superior del Atlántico revocó parcialmente el fallo y se ordenó la recaptura del exjefe de la Dijín en el Atlántico, Jesús Alberto Lizarazo Vásquez, del ex teniente Juan Orlando Chitiva Beltrán, y del agente Antonio Yesid Galindo Álvarez Lo cierto es que el escándalo ronda ahora las filas del ejército, y aunque no incluya a la totalidad de la institución castrense, es un tema que el presidente Uribe Vélez debe afrontar si pretende que su política de seguridad democrática mantenga el nivel de credibilidad que hoy tiene entre los colombianos "No se hizo esperar la primera repercusión internacional de los recientes escándalos en el Ejército Hace unos días, el comité de apropiaciones del Senado de Estados Unidos congeló la entrega de 30 millones de dólares de ayuda militar, ante eventos tan graves como la matanza de diez policías y un civil a manos de militares en Jamundí y las 24 personas presentadas como guerrilleros muertos en combate por la IV Brigada en Antioquia, mientras los familiares alegan que se trata de civiles inocentes", aseguró en su editorial el diario El Tiempo el pasado 12 de junio Según el rotativo, "es apenas lógico que una barbarie como la de Jamundí cause tremendo impacto en el exterior Se trata del más grave y aberrante caso de corrupción y brutalidad protagonizado por miembros de las Fuerzas Armadas en mucho tiempo" Al caso de Jamundí se suma una serie de señalamientos contra el ejército de Colombia: los 24 hombres que, en febrero pasado, fueron presentados como guerrilleros muertos cuando, según sus parientes, son civiles inocentes; el secuestro de un comerciante de Medellín por soldados de la IV Brigada y una veintena de quejas ante la ONU por presuntas ejecuciones extrajudiciales El pasado 25 de enero se dio a conocer que 21 soldados sufrieron torturas y abusos sexuales por parte de sus superiores en el Batallón Patriotas en la localidad de Honda (Tolima) El caso, hoy en manos de la Justicia Penal Militar, permaneció oculto hasta que la revista Semana reveló conmovedores relatos de las víctimas Los torturados no tuvieron éxito en un ejercicio de simulación en el que debían evadir a la guerrilla y saber cómo reaccionar al ser tomados como rehenes "Le gritaba que no me quemara y él se reía Me metieron la cabeza en un hueco con mierda Me chuzaba con un palo en el ano y me gritaba que me violaría", relató a Semana uno de los afectados El vergonzoso incidente le costó el cargo al comandante del Ejército, Reinaldo Castellanos Además, cuatro suboficiales fueron detenidos y otros cuatro apartados de sus cargos "Don Diego" La DEA ha sido una de las principales interesadas en la investigación del incidente de Jamundí, no sólo porque esa agencia fue la encargada de entrenar al escuadrón antidrogas de la policía de Colombia, sino porque el tema del narcotráfico es de obvia trascendencia para Estados Unidos Según la revista Semana, la DEA no descarta que los militares que dispararon contra la policía protegían los intereses de miembros cercanos a Don Diego Según versiones de prensa, el mismo Don Diego estaría refugiándose en la zona De acuerdo con información de inteligencia a la que tuvo acceso Apro, el lugar donde pretendían ingresar los miembros de la Dijín ha servido para el tránsito y acopio de estupefacientes y armamento de El indio William, conocido por las autoridades como uno de los hombres de confianza de Don Diego Al parecer, cuando este presunto delincuente se sintió amenazado con la presencia de la Dijín, llamó al batallón del Ejército para que lo protegiera Según la revista Cambio, su equipo periodístico tuvo acceso a unas grabaciones que hoy estudia la procuraduría y que demostrarían que la policía local de Jamundí tenía conocimiento sobre la presencia de Don Diego en la zona En las grabaciones, el agente Ceballos de la policía de Jamundí, alerta por vía radial: "La balacera es ahí, en la hacienda,y me dicen que es contra el patrón" Estaría haciendo referencia al narcotraficante Diego Montoya Según Rangel, todo esto podría evolucionar hacia situaciones complicadas como, por ejemplo, "que en una misma región elementos de la Policía Nacional estén protegiendo intereses de un sector de la droga y elementos del Ejército Nacional, a su vez, protegiendo intereses de otro cartel rival del primero Sería como si algunos miembros de la Fuerza Pública estuvieran adscribiéndose a bandos distintos y participando en la lucha de narcotraficantes por los mercados, por territorio, etcétera" El director de la Fundación Seguridad y Democracia considera que lo más grave de Jamundí es que no se trata de un acto aislado, sino que corresponde a una serie de escándalos recientes Un hecho destacable es que el mismo presidente de la República retiró su confianza y credibilidad a la Justicia Penal Militar, que debió ser llamada para investigar estos hechos