Guatemala: la amnesia de los militares

lunes, 17 de julio de 2006
Ciudad de Guatemala, 17 de julio (apro) - La orden de captura liberada el viernes 7 por el juez de la Audiencia Española, Santiago Pedraz, contra siete militares y civiles guatemaltecos por genocidio, terrorismo, torturas, asesinato y detenciones ilegales, generó reacciones polarizadas en el país, y sacó a la escena pública a uno de los principales acusados: el expresidente Efraín Ríos Montt El miércoles 12, en conferencia de prensa realizada en el Congreso de la República, y cobijado por la bancada de su partido, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), Ríos Montt sostuvo una vez más que nunca conoció de las masacres perpetradas bajo su mandato, y aseguró que el Ejército "cumplió instrucciones", pero "cuando no se le dieron órdenes, cometió desmanes" Después de haber perdido en 2003 la contienda en que compitió como candidato a la Presidencia, Ríos Montt se mantuvo en los últimos años semi-retirado de la política nacional, aunque sigue ostentando la secretaría general de su partido, el FRG Ha ofrecido escasas declaraciones sobre la denuncia que en su contra se interpuso en España en el 2000 En abril de ese año, recién presentada la demanda, aseguró a los medios que en Guatemala "hubo guerra, no genocidio" El tema volvió a tocarlo durante su campaña electoral por la Presidencia de Guatemala Este año, cuando el proceso judicial mostró avances, se mantuvo alejado de la prensa Pero al conocerse el auto de la audiencia española, que dictó una orden de detención internacional y su extradición a España, así como el embargo de sus cuentas, "el general", como le llaman los guatemaltecos, volvió a dar la cara El miércoles 12 insistió: "En Guatemala hubo una guerra de guerrillas, una guerra terrorista Yo llegué por un golpe de Estado de un grupo de oficiales que consideraban que Guatemala ya estaba perdido, que el comunismo había ganado Fuimos el puente entre un negro ayer y un esperanzador mañana" Ríos Montt aseveró que su situación frente a la justicia española "afecta al FRG, porque a su secretario general lo están enjuiciando de una forma que no es correcta En primer lugar, no he sido citado, no he sido oído, no he sido vencido en juicio" Cuando se le recordó que hubo un citatorio de un juez guatemalteco para comparecer frente a representantes de la justicia española, al que declinó asistir interponiendo recursos legales, Ríos Montt corrigió: "El planteamiento es ser citado, ser oído y asistir, pero si hay argumentos jurídicos que me evitan eso, yo tengo que hacer uso de éstos? Por otro lado, el artículo 203 dice que no tienen competencia ellos (las autoridades españolas) hacia nosotros" Ríos Montt reivindicó el papel de su gobierno y de los militares: "La guerra hace actuar al Ejército en función de las situaciones que vive El Ejército no era un pelotón de asesinos, sino un grupo de hombres que actuaban en defensa de los intereses de la nación" Sostuvo que no tiene "ningún temor" por la orden de captura internacional en su contra "Lo que tengo qué hacer, es hacer uso de todo el procedimiento jurídico", apuntó Y sobre las matanzas atribuidas a su gestión de gobierno por la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, replicó: "No creo ni dejo de creer Son relatos Es una buena telenovela" Germán Chupina Barahona, exdirector de la Policía Nacional Civil, es otro de los acusados por la Audiencia Nacional de España que también hizo declaraciones públicas Octogenario, recluido en su casa en la periferia de Guatemala, Chupina habló con el diario local Prensa Libre A la reportera Coralia Orantes le dijo: "A estas alturas, a mi edad y retirado completamente de todo, se imagina que hay cosas de las que uno no se puede recordar? siento que es un poco tarde" Y aseguró que en enero de 1981, cuando se dio el violento asalto policial a la embajada de España ?donde murieron 36 personas?, se encontraba en otra misión fuera de la capital "La orden de captura la pueden pedir, si creen que lo que yo les digo es falso, soy el único culpable, me gustaría ir a morir a una cárcel? ¿Por qué no?" De los otros militares y civiles guatemaltecos contra los que se libró orden de aprehensión, se sabe poco Pedro García Arredondo, exjefe del Comando Seis de la Policía Nacional fue, hasta principios de esta década, alcalde de Nueva Santa Rosa, un municipio del departamento de Escuintla, ubicado en la costa del Pacífico guatemalteco, donde reside Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor de la Defensa entre 1980 y 1982, vive en el municipio de Poptún, donde también fue alcalde Benedicto fue hermano del expresidente de facto Romeo Lucas García, quien falleció en Venezuela y contra quien se dictó una orden de extradición Ángel Aníbal Guevara, exministro de la Defensa, vive retirado en el municipio de La Democracia, departamento de Escuintla Y de Oscar Mejía Víctores, jefe de Estado de 1983 a 1985, sólo se sabe que vive en Guatemala El exministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, fue ubicado en diciembre de 2004 en el municipio de Tlanepantla, Estado de México Después que la Audiencia Nacional de España giró en su contra una orden de aprehensión, Álvarez escapó y viajó a Panamá con un pasaporte mexicano, país en donde aún supuestamente permanece bajo la protección del expresidente guatemalteco Jorge Serrano Elías, según una investigación de la Fundación Rigoberta Menchú Sin acuse de recibo Eduardo de León, vocero de la Fundación Rigoberta Menchú, dijo respecto a la postura de Ríos Montt: "No se puede tapar el sol con un dedo, hay muchas pruebas" Afirmó que Ríos Montt "no puede decir que no conoció todo lo que pasó durante su periodo de gobierno, porque hay infinidad de documentos, testimonios y pruebas Están los informes de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) y de la Comisión de Esclarecimiento Histórico que ahora él dice que son una novela Pero fue un trabajo serio, profesional, de expertos comprometidos con los derechos humanos Además, está la infinidad de víctimas y la infinidad de cementerios clandestinos y de exhumaciones que son la prueba más fehaciente del genocidio, de la tierra arrasada que él continuó y fortaleció durante su mandato" El argumento de que no conoció de los desmanes del Ejército guatemalteco "me parece cínica", dijo De León, quien consideró que la salida de Ríos Montt a la escena pública, y sus esfuerzos legales para bloquear el interrogatorio en Guatemala frente a una comisión rogatoria de la Audiencia Nacional, "es una señal" de que él y los otros acusados "tienen temor de ser juzgados Saben que el tribunal español no está en su ámbito de influencia, como sucede aquí Pensamos que Ríos Montt está mostrando actitudes de preocupación y un tanto de desesperación, ¿quién le quita ahora que esté señalado por crímenes de lesa humanidad?" Sostuvo que Ríos Montt "está llevando su defensa al terreno de la discusión ideológica del pasado, pero los argumentos que ahora debe presentar son jurídicos" Analista de la Fundación Myrna Mack, Carmen Aída Ibarra observa que Ríos Montt "se está lavando las manos Está evadiendo la responsabilidad como jefe de Estado Políticamente tiene una responsabilidad que asumir, y tiene la responsabilidad penal de los desmanes del Ejército porque él era el comandante general" Ibarra considera lejana la posibilidad de que se concrete la detención y extradición del militar "Si tocan al general Ríos Montt, estarían tocando al FRG, un partido muy fuerte El actual gobierno guatemalteco necesita tener con él una interlocución muy fuerte para garantizar un mínimo de gobernabilidad" Abundó: "Me parece que no hay espacios políticos suficientes como para que se pueda pensar en que el Estado guatemalteco en conjunto ?el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial? vayan a lograr algún tipo de acuerdo para atender los requerimientos de la justicia internacional" De León mantiene expectativas "de que puedan salvarse los distintos procedimientos, tanto en el ámbito diplomático como en los de ejecución de la orden de captura lo más rápido posible Que exista una demostración de que el Estado no sirve a la impunidad" Una semana después que se conoció la orden de aprehensión contra los militares y civiles contrainsurgentes guatemaltecos liberada en España, ninguna autoridad local ha dado acuse de recibo El canciller Jorge Briz declaró el miércoles 12 que el Ministerio de Relaciones Exteriores no había recibido ninguna notificación formal de las autoridades españolas Precisó que, en este caso, la cancillería cumplirá funciones de comunicación entre las autoridades judiciales españolas y guatemaltecas Así, de acuerdo con la cancillería, ésta sólo recibirá y trasladará la solicitud de captura al organismo judicial guatemalteco Para la detención de los guatemaltecos, explicó, un juez local que conozca la solicitud de extradición tendría que emitir una orden de detención Justicia lenta Cuestionado por su inactividad en denuncias relacionadas con matanzas, terrorismo de Estado y genocidio, el jefe del Ministerio Público guatemalteco, Juan Luis Florido, declaró que el archivo de esos casos data de anteriores administraciones "Los casos estuvieron archivados por muchos años, ahora estamos reactivándolos y la fiscalía de Derechos Humanos tiene más herramientas para investigar, más apoyo institucional para desarrollar investigaciones" Pero la visión de familiares de víctimas de la guerra es otra La semana pasada, familiares de 20 víctimas de desaparición forzada entre los años de 1983 y 1985, se reunieron en Guatemala con Víctor Abramovich, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para Guatemala Le solicitaron que esa instancia admita una denuncia internacional presentada por ellos contra el Estado de Guatemala, y se llegue a un juicio que condene la desaparición forzada en este país, delito que, según los familiares de los desaparecidos, continúa en la impunidad Las fotos de los 20 desaparecidos, arrancadas de sus documentos de identificación, fueron divulgadas en 1999 por el National Security Archives, en un archivo militar desclasificado Bajo la foto de cada uno aparecía un código aún no descifrado, que se supone daba cuenta del destino que tuvieron los desaparecidos Se estima que la mayoría fueron ejecutados Este caso se suma a varios más ?algunos ya resueltos, otros en proceso?, que han convertido a Guatemala en el Estado más demandado judicialmente ante el sistema interamericano, según Ibarra Según la analista en temas de justicia, la Fundación Myrna Mack decidió apoyar la demanda de esos desaparecidos "porque estamos convencidos que hubo una política sistemática del Estado para utilizar la práctica de desaparición forzada como un acción propia de la contrainsurgencia, y porque al revisar los procesos confirmamos que prácticamente se había agotado la vía interna: el Ministerio Público no investigó las demandas que familiares de los desaparecidos se presentaron cuando se dio conocer el diario militar" El auto del juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz ?en poder de Apro?, estima que existen suficientes evidencias de la responsabilidad de los militares y civiles guatemaltecos en acciones de terrorismo, torturas, asesinatos y detenciones ilegales, perpetradas entre 1978 y 1986, durante los gobiernos de facto de los generales Fernando Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Víctores, que dejaron como saldo 250 mil muertos de la etnia maya y otros asesinatos de ciudadanos españoles El auto acusa a al expresidente de facto Romeo Lucas García, y a su ministro de la Defensa, Ángel Aníbal Guevara Rodríguez; a su jefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García; al director de la Policía, Germán Chupina Barahona, y al exministro de Gobernación, Donaldo Álvarez --quienes dirigieron el país entre enero de 1980 y septiembre de 1981--, de haber entretejido un plan para minimizar a la etnia maya Este plan, sostiene el documento, fue materializado en asesinatos, torturas y violaciones de mujeres que hicieron del terror un modus vivendi, así como en más de 40 matanzas, que dejaron miles de muertos También, de haber dirigido sus ataques contra los sacerdotes misioneros que denunciaban dichos hechos y apoyaban a los campesinos También los hace responsables de los hechos ocurridos en la embajada de España en Guatemala En cuanto a Ríos Montt, quien gobernó de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983, con Oscar Mejía Víctores como ministro de la Defensa, el documento consigna que la CEH documentó 626 matanzas durante su gestión Bajo el gobierno de Ríos Montt se ejecutaron 69% del total de masacres documentadas durante la guerra, así como 41% de todas las violaciones sexuales y 45% de los hechos de tortura conocidos A Mejía Víctores, ya como presidente de facto (agosto de 1983 a enero de 1986), se le imputan otras dos matanzas Para el juez Pedraz, "el actual estado del procedimiento, vista la actitud obstruccionista de los imputados y considerando que concurren fundados indicios de la comisión de delitos de genocidio, terrorismo, torturas, asesinato y detención ilegal", fueron elementos suficientes para dictar la orden europea de detención, la prisión provisional comunicada y sin fianza y el embargo de todos los bienes de los acusados que, por primera vez, colocaron a los exgobernantes guatemaltecos bajo el filo de la justicia

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