España: La evasión del pasado

lunes, 24 de julio de 2006
Madrid, 24 de julio (apro) - El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hizo mutis en una fecha histórica: el pasado 18 de julio se cumplieron 70 años de la sublevación militar encabezada por los generales José Sanjurjo y Francisco Franco contra el gobierno democrático español, lo que a la postre provocó la Guerra Civil española y, finalmente, la dictadura por 40 años de Franco Desaprovechando esa coyuntura histórica, Rodríguez Zapatero no ha enviado al Parlamento una iniciativa legislativa sobre una ley para la Recuperación de la Memoria Histórica, a la que ya se había comprometido De hecho, dicha iniciativa se encuentra adelantada Ha trabajado en ella una comisión interministerial encabezada por la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega Algunos de los socios parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), como Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya, así como asociaciones que pugnan por reparar daños y prejuicios a los familiares de los asesinados por el régimen franquista, así como ofrecer un reconocimiento a los "represaliados" y exiliados, muestran públicamente su decepción con esta actitud del gobierno Sospechan que dentro del Ejecutivo español no existen acuerdos sobre el alcance de esa ley y sobre la "oportunidad" política para aprobarla Esta ausencia de criterio unificado explicaría su retraso Condena europea "Franco despreció al ser humano y tenía una disposición mortal hacia la violencia () La Guerra Civil no fue sólo española, tuvo a España como escenario y a los españoles como rehenes de un ensayo que años después iba a ser mayor: la Segunda Guerra Mundial () 70 años después podemos decir que ha ganado la libertad y ha perdido Franco No podía pasarle nada mejor a Europa" Así concluyó su primera intervención ante el Parlamento Europeo (PE) el presidente del Grupo Socialista Europeo, Martin Schultz, en la sesión dedicada a la condena del régimen de Franco que tuvo lugar hace dos semanas en la sede del PE en Estrasburgo Todos los oradores fueron desgranando la condena a la dictadura fascista de Franco? con la excepción de dos eurodiputados: Primero, el español Jaime Mayor Oreja, en nombre del Partido Popular (PP), se negó a realizar una condena expresa del franquismo Argumentó que una condena institucional de este tipo no contribuía a "los valores de reconciliación y superación del pasado" Después, el eurodiputado polaco Maciej Marian Gyertich, de la Liga de las Familias ?partido ultraconservador que pertenece a la actual coalición de gobierno en su país?, realizó una decidida defensa de la dictadura franquista: "En España ?dijo? se luchó contra un gobierno comunista Gracias a la Iglesia, al Ejército y a Franco, el ataque comunista contra la España católica se pudo superar" El estupor cundió en el PE y provocó diversas réplicas Schultz dijo que "un discurso fascista no debería pronunciarse en este lugar" Los representantes del conservador Grupo Popular Europeo se desmarcaron de Gyertich Argumentaron que "el fascismo, el comunismo o las ideas totalitarias no pueden representar nuestros valores" Salvo estas excepciones, el resto de los grupos en el PE condenaron al franquismo No era para menos De acuerdo con los datos de los propios responsables del régimen franquista, la represión contra sus opositores fue sistemática y generalizada La dirección general de Prisiones, en un informe publicado el 10 de abril de 1943, explicaba que el número de presos políticos el 7 de enero de 1940 ascendía a 270 mil 719 ?en un país que entonces tenía menos de 28 millones de habitantes?, mientras que en la fecha de emisión del informe aún permanecían en las cárceles 92 mil 477 presos políticos En 1944, el Ministerio de Justicia establecía que el número de reclusos fallecidos ?incluidos los ejecutados y los muertos en prisión? desde abril de 1939 hasta junio de 1944, sumaba 192 mil 684 A ellos habría que añadir algo más de 30 mil desaparecidos, según estimaciones del Consejo de Europa La espera Pero mientras el PE realizaba su condena, el Parlamento Español continuaba sin recibir un proyecto de ley para recuperar la memoria histórica de los 40 años de la dictadura Desde octubre del 2004 la Comisión Interministerial que preside la vicepresidenta María Teresa Fernández trabaja en ese proyecto El gobierno ha incumplido varias veces los plazos que él mismo se había impuesto para presentarlo El último de ellos: en el periodo de sesiones parlamentarias que ya concluyó La tarea es compleja La comisión ha recibido más de 700 documentos de muy diversa índole aportados por más de 40 asociaciones Sus propuestas afectarán directamente a miles de personas y abarcan muchos tipos de situaciones distintas: entierros ilegales en fosas comunes, pensiones compensatorias para familiares y afectados, retiro de los símbolos franquistas que permanecen por miles a lo largo de todo el territorio nacional español; devolución de patrimonios personales y colectivos incautados, reparación moral de personas, anulación de sentencias dictadas en juicios sumarísimos por tribunales de excepción, etcétera Sin embargo, no sólo lo complicado de la tarea parece ser la única causa de este retraso Algunos destacados militantes socialistas explican que dentro del PSOE y del gobierno existen desacuerdos de forma y fondo en el alcance de las medidas y en la oportunidad política para presentarlas al Parlamento Y es que, en estos momentos, existe una evidente polarización dentro del Parlamento, auspiciada por el Partido Popular (PP), el mayor de la oposición y representante de los valores de la derecha Diputados del PSOE e intelectuales ?encabezados por la escritora Almudena Grandes? firmaron hace tres meses un manifiesto en el que exigieron la inmediata reparación de daños a las víctimas del franquismo Uno de esos firmantes fue el eurodiputado socialista Luis Yáñez, quien, en entrevista con Apro, dice: "Dentro del PSOE hay gente que lleva años poniendo trabas, haciendo resistencia pasiva pero, afortunadamente, la mayoría del partido aboga por hacer justicia" Cuando el gabinete anunció en otoño de 2004 la creación de la Comisión Interministerial, explicó cuáles serían sus objetivos: "Reparar la dignidad, restituir la memoria de aquellas personas que sufrieron la represión y la muerte por defender unos valores que hoy disfrutamos como sociedad democrática" Pero recientemente se ha transmitido el mensaje de que se estudia presentar "un proyecto ambicioso" que incluya a todas las víctimas ?tanto republicanos como franquistas-- para "no despertar rencillas en ningún bando, ni convertir este asunto en un arma arrojadiza" Ello a pesar que voceros y funcionarios del gobierno dijeron que no se puede equiparar a las víctimas de ambos bandos, ya que las del lado franquista fueron objeto de honra y compensación por parte de los vencedores La decepción ya ha cundido entre los partidos de la izquierda parlamentaria que apoyan al gobierno de Zapatero Tanto Izquierda Unida, como Esquerra Republicana de Catalunya llevan meses instando al gobierno a que presente el proyecto de ley ante el Parlamento Lo mismo sucede con la mayoría de las asociaciones civiles ?incluida Amnistía Internacional-- que pretenden la reparación para los asesinados, los represaliados y sus familias Temen que el contenido final de la propuesta resulte "descafeinado" Huellas del franquismo Las propuestas y solicitudes de estas asociaciones son diversas Por ejemplo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y el Foro por la Memoria habían realizado, hasta 2005, más de 560 exhumaciones, tanto individuales como de fosas comunes, con muy escasa ayuda oficial Recientemente, sin embargo, el gobierno aprobó 3 millones de euros en subvenciones para realizar estas actividades Ambas organizaciones exigen crear una oficina pública que investigue la localización y promueva de modo oficial las exhumaciones y la identificación de los restos con apoyo de expertos y siguiendo los protocolos internacionales sobre desaparecidos Otras asociaciones reclaman que se establezcan pensiones compensatorias para los casos aún no reconocidos, así como devoluciones de patrimonio Solicitan también incrementar los montos de las compensaciones y que no se cobre el Impuesto sobre el Rendimiento de las Personas Físicas (IRPF) por las cantidades entregadas El gobierno ya ha contestado que esta última petición compete a las comunidades autónomas Y las propuestas y peticiones continúan: crear un archivo público sobre la represión franquista accesible a los ciudadanos; establecer una Comisión de la Verdad ?similar a las de la mayoría de las naciones que padecieron dictaduras--, cuyos resultados tengan rango oficial y sean objeto de estudio en la asignatura de Historia en los centros de enseñanza; desaparecer de calles y lugares emblemáticos los símbolos del franquismo que, por miles, continúan presentes en todo el territorio nacional: nombres de calles, estatuas, placas de los "caídos por Dios y por España" que aparecen en multitud de edificios de ayuntamientos y fachadas de iglesias? Incluso, solicitan que el mega-monumento que se encuentra junto a El Escorial (Madrid), construido por 12 mil presos políticos ?muchos de los cuales fallecieron durante los trabajos?, se convierta en exposición permanente sobre la represión franquista Existe una reivindicación que parece la más difícil de cumplir: anular los juicios de la dictadura, como ya sucedió en Alemania e Italia después del fin del nazismo y del fascismo El gobierno español ya adelantó que no se abrirá esa vía judicial porque generaría una "inseguridad jurídica inmanejable" En este sentido, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, comunicó en mayo la "mala noticia": no será posible revisar los procesos del franquismo La razón: "Tienen efecto de cosa juzgada, aunque hayan vulnerado derechos fundamentales" No comparte en absoluto esa apreciación el que fue fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, quien considera que estos delitos continúan vigentes Basa su posición en la doctrina de Naciones Unidas según la cual todo acto de desaparición forzosa será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida Así, señala el jurista, "por su carácter de delito permanente, las detenciones ilegales, determinantes de desapariciones, no pudieron quedar comprendidas en la Ley de Amnistía (1977), que sólo alcanzaba a los actos delictivos consumados con anterioridad al 15 de diciembre de 1976 Por tanto, tiene un riguroso fundamento requerir a la Administración de Justicia que asuma un papel más activo en las localizaciones de fosas, exhumaciones, identificaciones de restos y restitución a sus familiares Es la jurisdicción penal la que, por mandato del artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe, ante una posible muerte violenta o sospechosa de criminalidad, proceder a la identificación, reconocimiento del cadáver o los restos humanos" Jiménez considera que "no puede seguir ocurriendo que el Estado abdicase de tan relevante responsabilidad, trasladándola, sin más, al esfuerzo personal y económico de los familiares de las víctimas y asociaciones comprometidas en esta tarea" En su argumentación, el fiscal también traslada una crítica de fondo a la transición democrática española pues, explica, "la Ley de Amnistía (1977) --salvo en los supuestos de desaparecidos y de los delitos ya prescritos-- favorece de forma singular a los responsables franquistas de toda clase de delitos y, en particular, a los miembros de los consejos de guerra, en muchas ocasiones constituidos ilegalmente, y de aquellos pseudotribunales responsables de gravísimos delitos, como el de prevaricación y otros conexos No ha habido exigencia de responsabilidades penales Sólo puede repararse y rehabilitarse moral y jurídicamente a esas víctimas, por vía legislativa, mediante una declaración de nulidad de las sentencias dictadas" Pero todo indica que no será hasta después del verano cuando se pueda comprobar el alcance del proyecto de ley que presentará el gobierno español, si es que, finalmente, opta por esa fórmula jurídica y no por otra de menor rango administrativo