El Salvador: El retorno de los grupos de exterminio

lunes, 3 de julio de 2006
San Salvador, 3 de julio (apro) - La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) publicó recientemente un informe en el que revela la existencia de "grupos de exterminio" vinculados a la Policía Nacional Civil (PNC) No es la primera vez: antes de la guerra civil (1980-1992) hubo "escuadrones de la muerte"; hace diez años surgió La Sombra Negra, que ejecutó a presuntos delincuentes; y en la actualidad los nuevos grupos actúan sin nombre, tratando de no dejar huellas Luego de 15 años que finalizó la guerra civil en la que murieron 75 mil salvadoreños, estos grupos de exterminio y de la llamada "limpieza social", están colocando a El Salvador en un verdadero peligro, y delatan la impunidad que prevalece en esta nación centroamericana, dicen analistas y activistas humanitarios La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Beatrice de Carrillo, estableció que "los elementos de información obtenidos por esta Procuraduría son suficientes para dar por establecida la violación de los derechos fundamentales a la vida por ejecución extralegal y arbitraria; a la integridad personal por actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; a la libertad personal por detenciones ilegales y arbitrarias, así como a la seguridad personal, en perjuicio del joven Abimaleth Ramírez Amaya, por elementos de la Unidad Pipcom y Unidad de Emergencias 911, ambas de la delegación de la Policía Nacional Civil de Sonsonate" De Carrillo detalló que Amaya fue torturado, con otros dos miembros de la pandilla Mara 18 Después "lo lanzaron desnudo a un pozo y lo rociaron de gas, creyendo que lo habían matado Pero este joven logró sobrevivir e interpuso una denuncia ante la PDDH Desde junio del año pasado, los casos fueron entregados a la fiscalía subregional en Sonsonate, al occidente de El Salvador", dijo la funcionaria, quien también afirmó que Amaya fue asesinado posteriormente "Crímenes así cometieron los escuadrones de la muerte, pero si no los paramos, le puede ocurrir a cualquier persona, por la impunidad que prevalece", afirmó la procuradora, quien dice haber entregado a la policía y a la Fiscalía General de la República (FGR) su investigación, para que a su vez indague y sancione a los responsables de estos asesinatos El Salvador se ha convertido en el país más violento y peligroso de América Latina, en donde se cometen diez asesinatos diarios, y tiene una tasa de 55 homicidios por cada 100 mil habitantes, más del doble de la media internacional Activistas humanitarios como Benjamín Cuéllar, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), estiman que el origen de la violencia es la impunidad imperante por décadas Tanto la PDDH como Tutela Legal del arzobispado de San Salvador, y la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (Fespad), han denunciado desde hace dos años la existencia de grupos de exterminio, ya que muchos homicidios presentan "patrones de ejecución extrajudicial", especialmente, contra jóvenes sospechosos de ser "mareros" Para Ismelda Villacorta, de Fespad, estos hechos significan que en El Salvador "estamos regresando a los escuadrones de la muerte del pasado" Durante la guerra civil (1980-1992), los denominados "escuadrones de la muerte" se dedicaban a secuestrar, torturar y asesinar a miles opositores a los regímenes militares Estos grupos irregulares, como lo establecieron las investigaciones de la Comisión de la Verdad (1993), patrocinadas por las Naciones Unidas (ONU), estaban ligados a organismo de seguridad y de inteligencia, así como financiados por grupos empresariales de ultraderecha La Comisión de la Verdad también identificó al fallecido mayor Roberto D?Aubuisson y fundador del partido en el gobierno, Alianza Republicana Nacionalista (Arena), como responsable de haber organizado a los "escuadrones de la muerte" y de ser el autor intelectual del magnicidio del arzobispo Oscar Romero (1980) Esta semana, en acto solemne, el partido Arena inauguró la plaza "Roberto D?Aubuisson", en el occidente de San Salvador, en el cual el presidente Antonio Saca develó un monumento en memoria de quien consideran su líder vitalicio Tutela Legal del arzobispado, en su informe anual de 2005 sobre "La situación de los derechos humanos en El Salvador", detalla varios casos paradigmáticos sobre ejecuciones sumarias por parte de agentes del Estado: "Se estableció la perpetración de la ejecución extrajudicial del joven Roberto Carlos Rivera, de 19 años, jornalero, por parte de miembros de la Policía Nacional Civil", ejemplifica el informe De acuerdo con este documento, el asesinato se llevó a cabo el 8 de abril de 2005, en el cantón La Junta de la provincia de Chalatenango, luego de ser "capturado por varios agentes de la PNC, quienes posteriormente lo asesinaron y quemaron el cuerpo" El informe agrega: "Ha sido establecida la presencia del sargento de la PNC, Manuel de Jesús Rivera, en el grupo de policías que detuvieron al joven Rivera" El agente mencionado también "amenazó a la familia de la víctima" El organismo de derechos humanos de la Iglesia también describe el caso de Manuel de Jesús Martínez, de 46 años, vigilante de la Universidad Luterana Salvadoreña (ULS), asesinado el día 30 de enero de 2005 En el documento detalla que "la víctima fue encontraba amarrada de pies y manos con una cuerda de plástico, vendado con pañuelo y maniatado con todo el cuerpo con la misma cuerda; había sido colgado de un árbol, de tal forma que fuera visible su cuerpo aun desde el exterior del Campus universitario" El gobierno niega rotundamente la existencia de grupos de exterminio dentro del Estado, pero los patrones de conducta que se reportan no son considerados por las autoridades, las cuales se niegan a investigar Dichos patrones son: detenciones arbitrarias de personas que luego aparecen asesinadas, con huellas de torturas; cadáveres con rostros vendados y con un disparo en la nuca o en la sien; cadáveres mutilados y decapitados, con el fin de causar terror Además se han registrados masacres a familias y ametrallamientos indiscriminados contra grupos de jóvenes "Estas son las consecuencias de no haber investigado nunca las denuncias sobre la eventual existencia de grupos de exterminio, de escuadrones que cambiaron su función: de asesinar opositores políticos, hoy lo hacen por encargo, y contra los jóvenes presuntamente delincuentes", advirtió finalmente Benjamín Cuéllar

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