El Salvador: Criminalidad y anarquía
San Salvador, 4 de septiembre (apro) - La violencia desatada por la delincuencia ha desbordado al Estado salvadoreño y ha sumergido a este país centroamericano en la anarquía y el caos
El imparable accionar de las pandillas o "maras", el aumento de masacres, los ajusticiamientos realizados por "grupos de exterminio" o de "limpieza social", el reciente auge de extorsiones y de crímenes atroces, hace inferir que El Salvador se encamina o está ya viviendo un "nuevo episodio de derramamiento de sangre"
Este panorama ha creado un vacío de seguridad ciudadana, generando un estado de impunidad e ingobernabilidad tal que el "monopolio legítimo de la fuerza policial" sucumbió ante bandas de delincuentes comunes y del crimen organizado y ante grupos de "limpieza social", quienes son "dueños" de territorios, en los que imponen "su autoridad" ante la mirada aterrorizada de la población
Así lo aseguró Janeth Aguilar, investigadora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), perteneciente a la jesuita Universidad Centroamericana (UCA),
En entrevista con Apro, Aguilar manifestó que el país padece "un desbordamiento de las capacidades de las autoridades policiales, pero sobre todo de una pérdida de legitimidad del Estado; es una anarquía completa, el país está totalmente desbordado y en total caos"
La experta se mostró preocupada por las operaciones de los grupos de exterminio que actúan al amparo de grupos de poder, al estilo de los "escuadrones de la muerte", que actuaron antes y durante la guerra civil (1980-1992)
En las últimas semanas, los grupos "Sombra Negra", "Omega" y "Comando Central XGN Maximiliano Hernández Martínez", han distribuido volantes, en los que amenazan con realizar una casería en contra de delincuentes, principalmente pandilleros, ante la inoperancia de la Policía Nacional Civil (PNC) y demás autoridades
En El Salvador, los homicidios, luego de la implementación de planes de "manos duras" contra las pandillas desde 2003, tuvieron una tendencia al alza: ese año se registraron 2 mil 690; en 2004, 2 mil 933; en 2005, 3 mil 697, y en el primer semestre de 2006 hubo mil 873 homicidios, lo que ha elevado la tasa de homicidios de 40 a 555 por cada 100 mil habitantes entre 2003 y 2005
Sumado a esto, en los últimos meses, una ola de extorsiones ha diezmado a la población: grandes empresas, pequeños negocios, vendedores informales, maestros y empresarios del transporte público Al menos 65 trabajadores del servicio de autobuses han sido asesinados en 2006 y decenas de unidades han sido incendiadas por no pagar "la cuota" o impuesto establecido por los extorsionistas
En un hecho sin precedentes, hace dos semanas, dos cámaras empresariales publicaron en medios locales un pronunciamiento denunciando las extorsiones de que son víctimas sus miembros Amenazaron con realizar "una huelga de labores" y dejar de pagar impuestos hasta que el gobierno no ofrezca seguridad
De acuerdo con estadísticas oficiales, en lo que va del año se han registrado 715 denuncias por extorsión, lo que significa un incremento del 238 por ciento con respecto del año pasado En el 2005 apenas hubo 210 denuncias
La PNC cuenta con unos 16 mil efectivos, mientras que las agencias de seguridad privada, las cuales se han multiplicado desde que terminó la guerra civil hace casi 15 años, tienen un "ejército" de más de 20 mil miembros, lo que las ha convertido en un negocio pujante
Según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los costos de la violencia --entre gastos de seguridad, salud e infraestructura--, ascienden a más de mil 700 millones de dólares anuales, más de un tercio del presupuesto de la nación
Unas 450 mil armas de fuego circulan en manos de civiles, de las cuales apenas unas 170 mil están registraban debidamente Esto da un promedio de dos armas por cada diez salvadoreños De acuerdo con estadísticas oficiales, más del 80 por ciento de los homicidios es cometido por este tipo de armas En reiteradas ocasiones, instituciones de derechos humanos han propuesto que se reforme las normativas sobre la tenencia y portación de armas de fuego, pero hasta ahora no han encontrado eco en el gobierno
Más que pandillas
Aguilar señaló que las autoridades policiacas han reconocido que, en los hechos de delincuencia, no sólo están participando pandilleros "Lo veníamos advirtiendo desde hace tiempo Hay otro actores y sectores, incluyendo delincuentes comunes, que están utilizando el nombre de las pandillas para operar, aprovechando este clima de impunidad y violencia", dijo
Durante los últimos dos años, el mismo presidente Antonio Saca, funcionarios públicos y oficiales policiacos han sostenido que la mayoría de las acciones de delincuencia son atribuibles a las pandillas o "maras"; de ahí las medidas represivas aplicadas, como los Planes de Mano Dura, el Súper Mano Dura y la Ley Antimaras
Para la investigadora, la problemática requiere un plan de nación, en el que participen amplios sectores de la población Citó que "muchas de estas iniciativas en otros países, como Colombia, han sido exitosas" Señala que a, partir de iniciativas municipales, esos países lograron articular "planes de prevención y atención a la violencia" Y advirtió que se deben superar "actitudes de autoritarismo y acciones sólo reactivas e inmediatistas" por parte de las autoridades
Aguilar también criticó al izquierdista Frente Farabundo Martí (FMLN) por haber "asumido un papel bastante pasivo en los últimos años" Explicó que "hay una corresponsabilidad en los desaciertos en materia de seguridad" Y señaló que, tanto el gobierno como la oposición, "no han hecho propuestas, y no le están apostando al tema de seguridad"
Recomendó que se "supere la descoordinación entre la policía, Fiscalía y Medicina Legal, particularmente en el tema de la investigación criminal"
Y concluyó: "Debemos abocarnos a todas esas propuestas que, desde hace más de una década, se vienen formulando: necesidad de una política criminal de Estado, y apostarle a fortalecer la investigación científica, que ha sido por años un vacío en la policía"