México, D F (apro)- Al más puro estilo del "intervencionismo yankee" de mediados del siglo pasado, hace unos días se dio a conocer que la transnacional bananera norteamericana Chiquita Brands International Inc recibió una multa de 25 millones de dólares, por haber pagado, entre 1997 y 2004, sumas millonarias a grupos armados irregulares en Colombia, a cambio de seguridad Sólo que esta vez las demandas no partieron de tribunales colombianos, sino estadunidenses, porque además de contravenir las leyes del país sudamericano, los pagos violentaron el marco legal de las disposiciones antiterroristas establecidas por el gobierno de Washington después de los atentados de septiembre de 2001 Según los fiscales, Chiquita Brands pagó 17 millones de dólares, principalmente a las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero también a las izquierdistas guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), todas catalogadas como "organizaciones terroristas" en las listas del Departamento de Estado norteamericano La empresa, con sede en Cincinnati, argumentó que siempre hizo los pagos motivada por la preocupación en torno de la seguridad de sus empleados Esa seguridad le redituó, en su momento, ganancias por casi 50 millones de dólares, colocando a la sucursal colombiana como la más redituable en el exterior "Financiar a grupos terroristas no puede ser manejado como un gasto empresarial", acusó Jeffry Taylor, uno de los fiscales del caso fincado en Washington, DC Más allá de evidenciar que las transnacionales estadunidenses están dispuestas a violar las leyes de su propio país, cuando así conviene a sus intereses empresariales, el caso de Chiquita pone de manifiesto que la mayoría de los países latinoamericanos, en este caso Colombia, siguen siendo básicamente agroexportadores; que continúan dependiendo del capital foráneo, mayoritariamente estadunidense, y que éste se maneja con total discrecionalidad, interfiriendo en los asuntos internos de la nación que le da oportunidad de hacer sus jugosos negocios Cabe señalar, que la empresa actualmente multada proviene de la antigua United Fruit, que en 1970 se fusionó con otra para tomar el nombre de United Brands, el cual cambió nuevamente en 1990 por Chiquita Brands Fundada en Boston en 1899, la transnacional frutícola incursionó desde principios del siglo XX en América Latina, donde a lo largo de los años se hizo famosa por su apropiación de grandes extensiones de tierra, su inmisericorde explotación de los trabajadores locales y su descarado intervencionismo político El caso más paradigmático, sin duda, fue el de Guatemala, donde en 1954, después de una reforma agraria que le confiscó un elevado número de tierras ociosas, maniobró junto con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) un sangriento golpe de Estado, que derrocó al presidente progresista Juan Jacobo Arbenz y reinstaló en el poder a los sectores más retardatarios que, sobra decirlo, rápidamente echaron para atrás todas las reformas que beneficiaban a los sectores populares y afectaban a los capitales foráneos y a la oligarquía local Pero en la vecina Honduras, el protagonismo de la bananera no fue menor Llegada desde los primeros años de 1900, además de tierras, acaparó prácticamente toda la producción frutícola del país, controló barcos, ferrocarriles y puertos, intervino en el diseño de leyes e influyó en la designación o remoción de legisladores y presidentes en función de sus propios interses En 1972, cuando el general Osvaldo López Arellano se atrevió a establecer controles sobre la entonces ya United Brands, y resolvió sumarse a la Unión de Países Exportadores de Bananas, las tensiones que lo tildaron de "comunista" subieron a tal grado, que tuvo que abandonar la presidencia a favor de otro militar más "moderado" Y, en mayor o menor grado, la misma historia se repitió en todas las naciones donde la productora de frutas, bajo cualquiera de sus nombres, incursionó en la explotación local, llámese Costa Rica, Ecuador o Nicaragua En esta última, aunque es una productora menor de banano, inclusive todavía persisten demandas contra industrias de agroquímicos como Dole, Dow Chemicals y Shell, por los daños a la salud derivados del pesticida Nemagón, cuya aplicación autorizó el somocismo para incrementar la producción En Colombia, donde llegó a acumular 15 mil hectáreas y casi un número igual de trabajadores, también su historia es larga y turbulenta Al país llegó ya en el primer decenio del siglo XX y, a través de contratistas, muy pronto reunió un ejército de trabajadores que, por su condición informal, carecían prácticamente de cualquier derecho laboral, pese a que en esa época todavía eran muy pocos La situación hizo crisis en 1928 en Ciénaga, Magdalena, cuando 3 mil obreros se declararon en huelga y presentaron un pliego petitorio exigiendo un seguro colectivo y obligatorio para accidentes de trabajo, habitaciones higiénicas, aumento salarial de 50 por ciento, cese de los comisariatos y préstamos por vales, pago semanal, contratación colectiva y más hospitales En principio la United Fruit se negó a negociar pero, luego, presionada por la autoridad local, cedió en los puntos menores, mientras que al resto los calificó de "ilegales" o "imposibles" El movimiento se mantuvo firme y, entonces, el gobierno central decretó el estado de sitio por "perturbación pública" Habilitado como jefe militar y civil de la zona, el general Carlos Cortés Vargas dio a los huelguistas cinco minutos para disolverse, pasados los cuales ordenó disparar a sus soldados contra quienes calificó como "agitadores comunistas y anarquistas" Hasta la fecha, los historiadores no se ponen de acuerdo sobre el número de muertos que, según la fuente, varían de decenas a centenas Pese a todo, la transnacional siguió operando en Colombia con sus diversos nombres hasta 2004, cuando por 435 millones de dólares transfirió sus acciones a la subsidiaria local Banadex, ahora también bajo sospecha de tratos ilegales con los paramilitares y con el narcotráfico Y es que la notificación de la multa a Chiquita Brands en Estados Unidos, coincide en este momento en Colombia con una crisis de revelaciones, que está cimbrando a todo el aparato gubernamental El escándalo se destapó cuando autoridades judiciales encontraron la computadora personal del exlíder paramilitar Rodrigo Tovar, alias "Jorge 40", que contenía información sobre los nexos de empresarios y políticos con las AUC, a las que se atribuyen algunas de las peores matanzas en el conflicto social colombiano y que, además, controlan un alto porcentaje de las exportaciones de cocaína Según los archivos que se abrieron, el grupo paramilitar habría estado enviando cocaína a Europa en barcos cargados de banano, y uno de los fiscales del caso señala que la compañía comercializadora se llamaba, precisamente, Chiquita También se está investigando qué papel tuvo Banadex en el ingreso de 3 mil fusiles y 25 millones de municiones destinados a las AUC, que en 2001 llegaron a Urabá en uno de sus barcos y fueron descargados en sus instalaciones portuarias La complicidad de autoridades gubernamentales en este tráfico ilícito de armas y drogas cobra mayor relevancia cuando en los registros de "Jorge 40" aparecen nombres de políticos que proporcionaron recursos públicos a las AUC, a cambio de que ejercieran "presiones electorales" sobre la población para que votaran por ellos Ocho congresistas del partido del presidente Álvaro Uribe ya fueron detenidos y, en la mira, están por lo menos dos decenas más Inclusive la canciller María Consuelo Araújo tuvo que dimitir, a raíz de que su padre, su hermano y un primo ?todos metidos en la política? están también siendo investigados por sus nexos con los paramilitares El Presidente mismo ha sido acusado de estos vínculos Según la historia oficial, Uribe habría apoyado la formación de estos ejércitos privados, después de que su padre fuera secuestrado y asesinado por las FARC Un documento desclasificado por el Pentágono en 2004 sostiene, sin embargo, que el crimen ocurrió por disputas del narcotráfico y señala al propio Uribe como relacionado con el Cártel de Medellín Dice, además, que se trata de "un político que, desde el Senado, ha atacado todas las variantes del Tratado de Extradición" Una y otra cosa no son excluyentes Aunque ahora la fiscalía general de Colombia ya anunció que solicitará a Estados Unidos la extradición de ocho funcionarios de Chiquita Brands involucrados en los pagos ilíctos a grupos irregulares, lo cierto es que el gobierno de Uribe ha encontrado subterfugios legales para proteger indirectamente de esa misma medida a los paramilitares de derecha, lo que no ha ocurrido con las guerrillas izquierdistas ni con otros grupos de narcotraficantes Uno de estos recursos ha sido la Ley de Justicia y Paz que, a cambio de entregar las armas, ofreció disminuir las sanciones por delitos graves como secuestros, asesinatos y, claro, tráfico de drogas, lo que prácticamente anula de facto cualquier pedido de extradición por este cargo A esta ley, sólo se acogieron las AUC y algunas de sus derivaciones, lo que despertó suspicacias en Colombia y molestia en algunos círculos antidrogas de Estados Unidos Al final, todo converge en una intrincada trama en la que los intereses en unas ocasiones coinciden y, en otras, chocan Muchos de los actores son los mismos de hace un siglo y la historia, con algunas variantes actuales, parece que también (26 de marzo de 2007)