Colombia: Tormenta política

lunes, 21 de mayo de 2007 · 01:00
Bogota, (apro) - Colombia acaba de afrontar los días más críticos de los últimos tiempos El escándalo por los nexos entre miembros representativos de la sociedad y los grupos paramilitares dejó fuera de la Policía a 12 generales, mandó a la cárcel a cinco reconocidos congresistas y a 15 dirigentes políticos regionales, y puso en entredicho al vicepresidente de la República, al Ministro de Defensa, a cuatro generales retirados y a algunas de las más importantes empresas del país Es una bola de nieve que crece todos los días y que se acerca en forma vertiginosa al presidente Álvaro Uribe Vélez, quien, pese a la tormenta política, alcanza el 82 por ciento de popularidad en las encuestas, uno de los índices de aprobación más altos de América Latina La frenética cadena de noticias se inició el pasado 14 de mayo, cuando la revista Semana publicó varias conversaciones telefónicas que dejaban entrever que varios comandantes paramilitares recluidos en la cárcel de alta seguridad de Itaguí, un municipio cercano a la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, seguían cometiendo delitos El escándalo fue enorme porque quedó al descubierto que ni el gobierno ni los organismos de seguridad pública ejercían controles reales sobre el penal y que los paramilitares confinados allí habían logrado burlar a las autoridades penitenciarias que, con autorización presidencial, les permitieron el ingreso de teléfonos celulares, computadoras y otras comodidades El presidente Uribe ordenó una investigación, que rápido concluyó que las conversaciones habían sido grabadas por oficiales de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol), un cuerpo especial creado hace diez años con financiamiento de autoridades de Estados Unidos Indignado porque los diálogos entre los paramilitares habían sido filtrados a la prensa y no fueron puestos en conocimiento del gobierno, Uribe tomó la drástica decisión de retirar de la Policía a 12 generales, entre ellos su director, el general Jorge Daniel Castro Nunca antes en la historia de las Fuerzas Armadas colombianas un jefe del Estado había retirado de una institución a un número tan elevado de oficiales de alta graduación La decisión generará un enorme traumatismo en la entidad de 110 mil hombres porque en sus filas sólo quedaron nueve generales que no son suficientes para ocupar puestos claves, por los que en adelante habrá oficiales de menor graduación Como si fuera poco, la investigación interna realizada en los cuerpos policiacos puso en serios aprietos al gobierno, que debió reconocer que, desde hace más de dos años, un puñado de oficiales estaba dedicado a escuchar de manera ilegal a miembros del equipo de trabajo del presidente, a líderes de la oposición y a periodistas Al comentar este escándalo, el exministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda dijo a Apro que, aun cuando el gobierno reaccionó con diligencia, "es necesario que se conozca la lista de los grabados y que se sepa quiénes dieron la orden de interceptar los teléfonos y quiénes procesaban esas grabaciones Es difícil creer que esas intercepciones se hacían en una oficina de la policía sin una orden de un superior" Con todo, Uribe sorteó la crisis al nombrar como nuevo director al prestigioso general Oscar Naranjo, quien en el pasado lideró el desmantelamiento de los cárteles de Medellín y Cali y en la actualidad dirige las operaciones para dar con el paradero de los principales capos del cártel del Norte del Valle y de los comandantes paramilitares que se han negado a negociar con el gobierno Además, Naranjo goza del respaldo irrestricto de Estados Unidos y la oposición ve en él una prenda de garantía Pacto secreto La opinión pública no había terminado de digerir el remezón en la policía cuando ese mismo día la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía ordenaron el encarcelamiento de cinco congresistas y de 15 dirigentes políticos de los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, al norte del país, que el 23 de julio de 2001 firmaron, junto con tres jefes paramilitares, un documento confidencial y secreto conocido como el Pacto de Ralito, en el que se comprometieron a "refundar la patria" y a construir "un nuevo contrato social" Los nueve magistrados de la Sala Penal de la Corte ?que según la ley deben investigar a los congresistas porque gozan de un fuero especial-- no creyeron los argumentos de los senadores Miguel de la Espriella y Juan Manuel López Cabrales y los representantes a la Cámara Reginaldo Montes, William Montes y José de los Santos Negrete, quienes adujeron que sus vidas corrían peligro si se negaban a asistir a la cumbre convocada por las Autodefensas en uno de sus campamentos en el departamento de Córdoba La Fiscalía tampoco encontró razonable los argumentos de defensa de otros 15 excongresistas, exgobernadores, exalcaldes y particulares que suscribieron el pacto con las Autodefensas Al expedir la decisión de encarcelar a los congresistas, que militan en los partidos Liberal, Conservador y en algunas fracciones menores de otros partidos aliados con el gobierno, la Corte señaló, en un extenso documento de 97 páginas conocido por Apro, que "la disyuntiva no era, como quiere hacerse parecer ahora, entre la vida y la muerte, sino entre el actuar político en asociación con los paramilitares o convertirse en sus opositores y combatirlos desde la legitimidad del Estado" En otra parte del expediente, rotulado con el número 26942, los magistrados determinaron que el Pacto de Ralito fue clave en la elección de congresistas en 2002 y luego desencadenó el robo masivo de los presupuestos asignados por el gobierno central para la prestación de servicios de salud en varios departamentos Revelaciones La tormenta política que envolvió a Colombia creció aún más el pasado miércoles, al producirse la esperada diligencia judicial, en la que el poderoso jefe paramilitar Salvatore Mancuso empezaría a revelar nuevos delitos para poder obtener los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, expedida por el Congreso en 2003, con el fin de facilitar el proceso de desmantelamiento de las organizaciones paramilitares Mancuso fue sacado de la cárcel de alta seguridad del municipio de Itaguí y trasladado ante el Fiscal 8, que lo esperaba en una oficina especialmente acondicionada en la ciudad de Medellín En la calle, mientras tanto, decenas de familiares de víctimas de las autodefensas le lanzaban todo tipo de insultos a Mancuso, quien hasta ese momento había confesado el asesinato de 445 personas acusadas de colaborar con las guerrillas Pero Mancuso sorprendió al país cuando empezó a mencionar a influyentes personajes de la vida nacional que, según él, tuvieron contactos con la organización paramilitar Inicialmente, aseguró que el origen del paramilitarismo en Colombia fue resultado de una política orquestada desde las más altas esferas del Estado Luego, se refirió al actual vicepresidente de la República, Francisco Santos, quien, dijo, se reunió en cinco ocasiones con los jefes paramilitares y que en una de ellas le dijo al entonces comandante de las Autodefensas, Carlos Castaño, que le habría gustado replicar el modelo de este grupo paramilitar en la capital del país Acto seguido, Mancuso señaló al primo del vicepresidente, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien les habría pedido sumarse a un acuerdo con las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (Farc), con el fin de forzar la convocatoria de una Asamblea Constituyente encaminada a presionar la renuncia del entonces presidente Ernesto Samper, quien por aquella época estaba envuelto en un escándalo debido al financiamiento de su campaña electoral con dinero del cártel de Cali También salpicó al expresidente César Gaviria, de quien dijo que en 1993, tras la eliminación de Pablo Escobar, jefe del cártel de Medellín, expidió una norma mediante la cual autorizó la creación de asociaciones de vigilancia privada, que posteriormente desencadenaron la creación de grupos paramilitares Luego se refirió al prestigioso general en retiro Rosso José Serrano Cadena, actual embajador en Austria, quien dirigió las operaciones que, en 1995, culminaron con la captura de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela y de los principales capos del cártel de Cali Mancuso aseguró que el oficial los ayudó a él y al comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, "Jorge 40", a recuperar su libertad luego de haber caído en una operación de la policía Igualmente, Mancuso reveló que los generales del ejército, ya retirados, Martín Orlando Carreño, Rito Alejo del Río e Iván Ramírez, hicieron pactos con las Autodefensas e, incluso, realizaron operaciones conjuntas, cuando fueron comandantes militares en el norte del país Las graves acusaciones del jefe paramilitar se extendieron al departamento de Córdoba, su tierra natal, donde llegó a controlar a 25 de los alcaldes municipales y a disponer a su antojo de los presupuestos para obras públicas y servicios de salud También involucró a los congresistas Zulema Hattin, Mario Uribe Escobar --primo del presidente Uribe-- y Armando Benedetti, así como a gobernadores y alcaldes En estos casos, Mancuso aseguró que se reunió con ellos con el fin de hacer acuerdos sobre la repartición de votos en la contienda electoral de 2002 Respecto de la colaboración que las autodefensas recibían de empresas privadas, el jefe paramilitar señaló que la ensambladora de automóviles coreana Hyunday les entregaba cuatro vehículos cada año y que las compañías Carbones del Caribe, la cervecera Bavaria y la productora de bebidas gaseosas Postobon entregaban cuotas permanentes Las aseveraciones de Mancuso fueron rechazadas por todas las personas mencionadas en su versión en la Fiscalía, pero lo cierto es que ha dejado un manto de duda, que deberá ser dilucidado por la Corte Suprema y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, las instituciones autorizadas por la ley para investigar la conducta de estas personalidades (20 de mayo de 2007)

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