LA PAZ, 3 de noviembre (apro) - Si los bolivianos votan mayoritariamente en favor del proyecto de Constitución en el referendo del próximo 25 de enero de 2009, darán luz verde a un modelo caracterizado por una economía estatista, un sistema político que privilegia la participación indígena en los poderes del Estado y una autonomía relativa en cuatro de los nueve departamentos del país Sobre esta trilogía se construyen los 411 artículos del proyecto constitucional, gestado a partir del 6 de agosto de 2006 por una Asamblea Constituyente, pero redactado en detalle por el Congreso Nacional, donde, el pasado 21 de octubre, la mayoría de legisladores oficialistas y opositores aprobó su contenido, dejando en la decisión de los electores su aprobación o rechazo Incluso, los críticos más radicales al gobierno no dudan que la nueva Constitución será aprobada, ya que el respaldo popular al presidente Evo Morales, el compromiso de la debilitada oposición en favor del proyecto y el coyuntural agotamiento político de los líderes autonomistas determinan que el voto por el "no" al proyecto tenga un limitado margen de convocatoria "Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país", dice el primer artículo del proyecto constitucional, sintetizando su filosofía Estado todopoderoso De acuerdo con la nueva Constitución, el Estado se convierte en el máximo protagonista y rector de la actividad económica Recupera ese papel después de 23 años de vigencia de un modelo sustentado en la plena libertad de mercado que había privilegiado la inversión extranjera y el manejo de las empresas estratégicas por parte de capitales privados Todos los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible "del pueblo boliviano", correspondiendo al Estado "su administración en función del interés colectivo" El Estado, además, podrá intervenir en toda cadena productiva de los sectores estratégicos, "buscando garantizar su abastecimiento para preservar la calidad de vida de todos los bolivianos" Cualquier forma de monopolio y el oligopolio privado queda prohibido, así como la asociación o acuerdo de personas naturales o jurídicas privadas, bolivianas o extranjeras, que pretendan el control y la exclusividad en la producción y comercialización de bienes y servicios El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda Prohíbe el latifundio y determina que la extensión de las futuras concesiones será definida en un referéndum, en enero de 2009, con una elección entre 5 mil y 10 mil hectáreas, como máximo La Constitución establece, además, que el Estado reconoce como derechos de los habitantes el acceso universal y equitativo a la salud, vivienda, agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones Expertos consultados por Proceso consideran como "riesgosas" la cantidad competencias definidas para el Estado Según el analista Agustín Echalar, las responsabilidades que se asigna el Estado son tan grandes que será viable enjuiciar al presidente de la República "por violar la Constitución, porque ésta proclama que es deber del Estado dar agua y alcantarillado a todos los ciudadanos, bachillerato bilingüe e intercultural a todos los jóvenes, y sueldo digno a todos los maestros y salud a todo el mundo, y como el Estado no podrá hacer eso, los ciudadanos tendrán el deber de denunciar al presidente por no cumplir con la Carta Magna" El economista Gonzalo Chávez, por su parte, considera que el oficialismo presentó "el proyecto de Constitución como elixir de felicidad económica y social", mientras el director del semanario Pulso, Fernando Molina, considera que "Bolivia retornará, con la aquiescencia general, a lo que dejó de ser en los años 90: una economía cerrada, centralizada y basada casi exclusivamente en recursos naturales no renovables" El proyecto constitucional moderó las radicales prerrogativas otorgadas a los sectores indígenas en el texto redactado por la Asamblea Constituyente, que los convertía en ciudadanos con mayores derechos que cualquier otro grupo social en el país, y archivó la intención de establecer cuotas obligatorias de representación indígena en todos los poderes del Estado Según el discurso oficial, la población indígena representa al 62% de los 10 millones de habitantes del país Pero, ¿Bolivia es una "nación indígena"? El único argumento que respalda la afirmación gubernamental es un resultado del Censo de Población realizado el año 2001, en el que el 62% de los bolivianos se "autoidentificó" como indígena (aymara, quechua o guaraní, principalmente) y el resto predominantemente como blanco Sin embargo, dicen los críticos, en el Censo no se ofreció a los bolivianos la alternativa de "autoidentificarse" como mestizos, por lo que dividir al país entre indígenas y blancos fue un grave error Cinco años después del Censo, una investigación realizada por el estadunidense Mitchell Seligson, el ecuatoriano Luis Verde Soto y la boliviana Moira Suazo, titulada Auditoría de la Democracia-Informe Boliviano 2006, estableció que el 64% de los bolivianos se declararon mestizos o cholos, 19% indígenas u originarios, 11% blancos y 055% negros Un 428% respondió "ninguno" Sin embargo, la nueva Constitución privilegia la participación indígena en el sistema político, judicial y social, partiendo del reconocimiento de la existencia de 36 nacionalidades indígenas, cuyos idiomas adquieren el carácter de "oficiales", junto con el castellano Algunas de estas nacionalidades superan apenas el centenar de personas La Carta Magna establece la vigencia de una autonomía "indígena originaria campesina" en los territorios "que adoptan tal cualidad", cuyo gobierno "se ejercerá a través de sus propias normas y formas de organización" En el campo jurídico, convierte en un "órgano judicial" a la "jurisdicción indígena originaria campesina", que tendrá la misma jerarquía que el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo de la Magistratura Los campesinos e indígenas elegirán a las autoridades de la "jurisdicción indígena originaria campesina" de acuerdo "a sus usos y costumbres" Sus normas, procedimientos y sanciones se aplicarán en los territorios con población mayoritariamente indígena y campesina En el "Órgano Electoral Plurinacional" --responsable de organizar las elecciones municipales, departamentales y nacionales-- dos de sus siete miembros deberán ser indígenas, correspondiendo al presidente de la República el nombramiento directo de uno de ellos El resto deberá ser nombrado por el Congreso, denominado en la nueva Constitución como "Asamblea Legislativa Plurinacional" Otra institución creada por la Carta Magna es la denominada "Control Social", compuesta por representantes de sectores indígenas, sociales, vecinales y gremiales, al que se le asigna un carácter "fiscalizador" del comportamiento de los cuatro poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral) Autonomía relativa Uno de los principales cambios del actual proyecto de Constitución respecto al aprobado en la Asamblea Constituyente tiene relación con la incorporación de un régimen autonómico relativo en los cuatro departamentos (de los nueve que componen Bolivia) donde la población voto mayoritariamente en favor de Estatutos Autonómicos en referendos realizados este año Esta demanda de autonomía ha sido motivo de enfrentamientos ?algunos incluso violentos-- entre el gobierno de Morales y sus seguidores y las autoridades y pobladores de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, donde se aprobaron los llamados Estatutos Autonómicos La Constitución reconoce tres niveles de autonomía: departamental, municipal e indígena, todas con facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas En el caso de las autonomías departamentales --por las que lucharon los citados cuatro departamentos--, la Constitución reconoce el derecho a la elección mediante voto popular de un gobernador y una Asamblea Departamental Según una declaración del vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, formulada el pasado 26 de octubre a la red radiofónica estatal Patria Nueva, "el gobierno asumió como suya la demanda autonómica de las regiones y facilitó su inclusión en la nueva Constitución" Su criterio es respaldado por Carlos Romero, ministro de Desarrollo Rural y principal negociador del oficialismo en el acuerdo para aprobar un proyecto de Constitución En entrevista con Proceso, dice: "fue fundamental que el Movimiento al Socialismo (MAS, partido de gobierno) decidiera incorporar la autonomía a su proceso estructural de cambio, lo cual implicó que se lograra un pacto de gobernabilidad histórico" Sin embargo, el abogado constitucionalista y teórico del proceso autonómico en el departamento de Santa Cruz, Juan Carlos Urenda, dice a Proceso que "gran parte de las demandas autonómicas han sido tomadas en cuenta", aunque recalca que "existen puntos muy preocupantes, como la reducción significativa de las competencias exclusivas del gobierno departamental" Según Urenda, el proyecto de Constitución asigna al gobierno central y no a los departamentos autonómicos competencias como la administración de la tierra y todos los recursos naturales, "desnaturalizando uno de los pilares de sustentación de un real modelo autónomo" Para Fernando Molina, el proyecto constitucional remozado admite la autonomía de los departamentos, "pero no les asigna las competencias ambicionadas por sus líderes y, además, mediatiza el poder que podrían adquirir los gobernadores regionales, al conceder también autonomía a los territorios indígenas y fortalecer los gobiernos municipales" De acuerdo con las estimaciones de oficialistas y opositores, la real vigencia del régimen autonómico demorará entre cinco a diez años, ya que faltan por realizar al menos dos tareas trascendentales: la promulgación de una Ley que norme las competencias de las autonomías departamental, municipal e indígena, evitando la cruces de facultades; y la modificación de los Estatutos Autonómicos de los Departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, adaptándolos a la nueva Constitución y a la Ley citada Además de la trilogía principal de la Constitución (economía estatista, poder indígena y autonomías), la Carta Magna establece, como novedades, la reelección continua y por una sola vez del presidente y el vicepresidente, para un periodo de cinco años de gobierno, prohíbe la instalación de bases militares extranjeras, y otorga la condición de la hoja de coca como "patrimonio cultural" y "recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia" Igualmente incorpora algo inédito: la elección mediante voto popular de las autoridades de los organismos que conforman el Poder Judicial (Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agrario Ambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura), quienes además de demostrar sus cualidades jurídicas para optar por esos cargos deberán realizar campañas electorales La reforma total de la Constitución sólo podrá ejecutarse mediante una Asamblea Constituyente, mientras para su reforma parcial será suficiente apenas el voto de dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Congreso) Tras este paso, la reforma parcial se someterá a referendo constitucional aprobatorio Por último, la Carta Magna establece la obligación de hablar por lo menos dos idiomas oficiales del país (el castellano y alguno de las 36 nacionalidades originarias, por ejemplo), para ocupar un cargo público "?(Un) absurdo que inhabilitaría automáticamente a Evo Morales y Álvaro García a ocupar sus cargos si la nueva Constitución gana el referéndum y entra en vigencia", hace notar el expresidente Carlos Mesa, en un comentario publicado en el periódico La Razón Morales y García sólo hablan castellano