* Controversia por el caso de los 52 connacionales sentenciados a la pena capital en EU Washington, 1 de abril (apro) - El gobierno de George W Bush reiteró que acatará los mandatos de la Convención de Viena sobre los derechos consulares de los mexicanos en Estados Unidos, pese a la decisión de la semana pasada de la Suprema Corte de Justicia, que rechazó apelar la petición de revisión del caso de los más de 50 mexicanos sentenciados a la pena capital en la Unión Americana "Es importante que entienda la gente que la decisión de Suprema Corte de ninguna manera establece que Estados Unidos no tiene obligaciones bajo la Convención de Viena o que no debe acatar esas obligaciones", declaró en conferencia de prensa Tom Casey, el segundo portavoz del Departamento de Estado "Este gobierno continuará haciendo lo que tenga que hacer y que sepamos es apropiado y requerido bajo la ley, para garantizar que los asuntos que involucren notificaciones consulares sean accesibles y se cumplan", añadió el vocero La semana pasada por 6 votos a favor y 3 en contra, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos negó a 52 mexicanos sentenciados a la pena de muerte la posibilidad de que sus casos fueran revisados por las Cortes estatales donde fueron enjuiciados, según el argumento de que no fueron notificados sobre sus derechos consulares, en presunta omisión de las obligaciones internacionales estadunidenses bajo la Convención de Viena En 2004 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ordenó a Estados Unidos que se revisarán los casos en las Cortes estatales de los mexicanos sentenciados a la pena de muerte, bajo el argumento de que los gobiernos estatales que los juzgaron y sentenciaron, ignoraron los derechos consulares internacionales a los que tenían derecho los ciudadanos mexicanos, especialmente en el caso de José Ernesto Medellín, sentenciado a la pena capital en estado de Texas En la CIJ este caso es conocido como "Avena" El gobierno de Bush, a través del Departamento de Estado, intentó lavarse las manos respecto del fallo de la Suprema Corte, porque la determinación básicamente niega las posibilidades de que los mexicanos libren la pena capital, lo que prácticamente establece que en Estados Unidos las leyes internacionales están por debajo de las leyes estatales "Todo lo que hizo la Suprema Corte fue decir que la obligación de notificación consular bajo la Convención de Viena no obliga a los estados a revisar casos particulares", enfatizó el segundo portavoz del Departamento de Estado Casey acotó que existen otras formas legales para abordar el tema de los derechos consulares por medio de la CIJ y que es un asunto que seguirán negociando con el gobierno mexicano "Espero que la percepción que tenga cualquier país o persona sobre esto, sea la de reconocer que Estados Unidos tiene tres poderes independientes y que la Suprema Corte tomó su decisión con base en los hechos de este caso", respondió Casey a la pregunta de que pese a las aclaraciones que hizo, la comunidad internacional continúa percibiendo el fallo de la Suprema Corte como una violación a los acuerdos internacionales "Ya hemos tomado algunos pasos desde que salió a la luz este asunto, particularmente con México, para tratar de asegurarnos de que cualquier ciudadano mexicano que se vea involucrado en el sistema criminal (estadunidense), tenga la notificación de sus derechos consulares bajo la Convención de Viena", agregó el vocero del Departamento de Estado El gobierno de Bush, consciente de que el fallo de la Suprema Corte de Justicia puede en algún momento tener repercusiones negativas para sus ciudadanos que al vivir en el extranjero cometan algún ilícito, también solicitó "reciprocidad" internacional para el cumplimiento de los mandatos de la Convención de Viena "Creemos que es importante que haya este tipo de reciprocidad para los ciudadanos de Estados Unidos que pudieran encontrarse involucrados en procedimientos judiciales en el extranjero", concluyó el portavoz estadunidense