ROMA, 18 de agosto (apro) - Así como el Parlamento europeo, que en una reciente resolución acusó al gobierno italiano de discriminación racial, también el Consejo de Europa, la organización no comunitaria que vigila el respeto de los derechos fundamentales en 47 países del Viejo Continente, consideró racistas las medidas adoptadas por Italia contra los inmigrantes, en particular los gitanos "Las nuevas medidas italianas sobre la inmigración no toman en cuenta los derechos humanos y los principios humanitarios, razón por la cual el país corre el riesgo de fomentar otros episodios de xenofobia", afirma Thomas Hammarberg, consejero europeo para los Derechos Humanos en un informe presentado el pasado 29 de julio al Consejo de Europa En el mismo documento, el ombudsman europeo denuncia una serie de actos de violencia perpetrados por ciudadanos italianos en los campamentos nómadas de Nápoles, debido a la falta de "protección de las fuerzas del orden, las cuales, por su parte, han realizado redadas no menos violentas en zonas donde se asientas algunas comunidades nómadas" El segundo "no" En los hechos, el informe de Hammarberg significa el segundo "no" que la Unión Europea (UE) propina al llamado "paquete para la seguridad" aprobado por el gobierno de Silvio Berlusconi, que incluye el fichaje de los miembros de la comunidad gitana (la mayoría de ellos de la etnia Rom) A pesar de su trascendencia, esta doble negativa no significa sanciones o condenas concretas contra el gobierno italiano La Comisión Europea, el único organismo con éstas facultades, aún espera el informe del ministro del Interior de Italia, Roberto Maroni, para emitir su dictamen En su informe, Hammarberg observó "con gran preocupación" las medidas sobre la inmigración contenidas en el "paquete" porque "parecen dirigidas" a la comunidad gitana de etnia Rom y porque hacen entrever posibles actos de discriminación Además, se refiere a las medidas ?llamadas "emergencia inmigración"-- que el gobierno de Berlusconi adoptó el pasado 27 de julio, las cuales contemplan la participación de tres mil efectivos del ejército que, junto con policías y carabineros, vigilarán las ciudades del país "Este constante recurrir a medidas legislativas de emergencia --dice el ombudsman europeo-- indica la incapacidad (del gobierno italiano) para afrontar un fenómeno, para nada nuevo, con las leyes ordinarias del país" No menos severo es su juicio sobre las duras medidas adoptadas por Italia contra los inmigrantes ilegales, los cuales podrán ser detenidos y retenidos en prisión durante varios meses Para Hammarberg, estas medidas "podrían crear serias cuestiones de diferencia de trato y discriminación", como por ejemplo la expulsión de ciudadanos comunitarios y no comunitarios por razones de seguridad pública Ello, subraya, provoca "dudas sobre la compatibilidad con la Convención de los Derechos Humanos", base de las sentencias de la Corte de Estrasburgo Para superar esta posible incompatibilidad, Hammarberg sugiere a Italia abandonar la línea dura contra la inmigración y reforzar "urgentemente" no sólo las normas contra la discriminación, sino "reintroducir penas más severas" para combatir los delitos relacionados con el racismo Así mismo, considera como "inaceptables" las condiciones de vida en los campamentos Rom, sobre todo las del barrio Casilino 900 de Roma, así como los actos de violencia perpetrados contra ésta comunidad en Nápoles y las no menos violentas redadas realizadas por la policía en los campamentos gitanos Soldados en las calles En su intervención ante la Cámara de Diputados, donde se presentó el pasado 30 de julio --un día después de que Hammanrber presentó su reporte--, el ministro italiano del Interior, Roberto Maroni, desmintió con "indignación" las acusaciones contra el gobierno de su país "Son clamorosas falsedades", subrayó Y negó tajantemente que las fuerzas del orden de su país hubieran cometido actos ilegítimos o abusado de su autoridad en los campamentos nómadas "Si alguien afirma lo contrario --precisó el ministro-- que nos señalen con precisión los hechos a los que se hace alusión" Antes de la intervención de Maroni, el ministerio a su cargo difundió un comunicado en el que afirmó que el gobierno italiano ya había demostrado al Consejo de Europa que era "totalmente infundada" su preocupación sobre la violación de los derechos humanos de los gitanos Pero como el ataque de Hammarberg no se limitaba al caso de la disrciminación contra la etnia Rom, sino que también tocaba las medidas de emergencia, Maroni explicó que "la extensión del estado de emergencia se debe al excepcional flujo de indocumentados clandestinos, que se ha duplicado respecto del año pasado" De continuar con el mismo ritmo, precisó Maroni, en 2008 entrarán al país no menos de 30 mil inmigrantes ilegales, lo que creará ulteriores problemas "porque sólo contamos con 7,417 lugares disponibles para hospedarlos" Ese mismo día, Hammarberger respondió a Maroni Explicó que se refería a episodios en los que algunos Rom habían sido arrestados y desalojados y a otros en los que sus campamentos fueron atacados con bombas Molotov por grupos extremistas "Cuando se respira una atmósfera xenófoba deben ofrecerse mayores seguridades a las víctimas de la misma, pero la justicia requiere apoyos políticos para arrestar y procesar a quien comete estos delitos", agregó el consejero, quien también sugirió a Italia instituir la figura del ombudsman Para el Partido Demócrata (de centro izquierda), las medidas anti-inmigración aprobadas por el gobierno de Berlusconi "ignoran el equilibrio entre seguridad e integración" y "están aislando a Italia del resto de Europa" Por su parte, el Vaticano recordó con inusitada dureza que el "respeto de los derechos humanos debe extenderse a todos los inmigrantes, regulares y clandestinos", y que las organizaciones católicas seguirán ayudando a los inmigrantes regulares e irregulares Monseñor Vittorio Nozza, director de Caritas italiana, una de las organizaciones católicas que trabajan más activamente con los inmigrantes, también criticó el llamado paquete para la seguridad "Me parece que su finalidad no es tanto contener el ingreso de inmigrantes en el país, sino frenar todo proceso de integración", dijo En Ginebra, la oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas (ACNUR) "piensa que en Italia están sucediendo cosas extremamente graves y sin precedentes", explicó Laura Boldrini, portavoz de ésta agencia de la ONU en Italia El estado de emergencia, señaló, era el único modo para desbloquear fondos y distribuir mejor a los refugiados Todo, sin embargo, cambió con lo sucedido en Nápoles "Gran parte de los desalojados en esa ciudad son víctimas de persecuciones, gente que tiene derecho a la protección del Estado italiano", dice Con el paquete "emergencia inmigración", desde el pasado 4 de agosto tres mil soldados participan en medidas de seguridad Lo harán durante seis meses Mil de ellos vigilarán los llamados "objetivos sensibles", como embajadas y tribunales; otros mil harán lo propio en los centros de recepción de inmigrantes; los restantes mil patrullarán las calles junto con policías y carabineros "Tendremos un militar por cada 10 municipios ¿Qué harán? Pues irse a tomar un café junto con sus otros dos colegas", ironizó el exjuez Antonio Di Pietro, actual líder del Partido Italia de los Valores Se trata de una "costosísima operación de fachada sin ninguna eficacia real", afirmó, por su parte, el secretario del Sindicato de Policía, Enzo Letizia Agregó que si el gobierno quiere hacer algo realmente positivo "debería no sólo reintegrar a sus puestos a los policías que sirven de choferes en los ministerios, sino reducir las escoltas de políticos que no las necesitan" De hecho, estas medidas ?que no parecen entusiasmar a nadie--costarán al Estado 31 millones de euros este año y la misma suma en 2009 En esta misión, los militares no portarán ninguna de las sofisticadas armas del ejército, sólo la pistola reglamentaria, y no podrán realizar arrestos salvo que sorprendan al delincuente en flagrante delito Roma será la ciudad con el mayor número de militares "Están previstos mil 34 militares: 742 a partir de este lunes y otros 300 para antes del 15 de agosto", comentó a Apro el diputado Fabrizio Santori, presidente de la Comisión para la Seguridad de la ciudad "El objetivo --precisó el diputado-- es que los policías vigilen las ciudades y no sólo los objetivos sensibles No se trata, como alguien sostiene, de militarizar la ciudades, sino de hacer uso de los militares para que policías y carabineros vuelvan a sus funciones originales"