El Salvador: justicia atrapada

viernes, 23 de enero de 2009
SAN SALVADOR, 23 de enero (apro) - El 12 de enero anterior la Audiencia Nacional de España aceptó investigar la matanza de seis sacerdotes jesuitas ?cinco de ellos de nacionalidad española--, cometida en este país centroamericano el 16 de noviembre de 1989, indagatoria por cierto archivada por la justicia local El juez Eloy Velasco, titular del juzgado central 6 de Madrid, se declaró competente para investigar a 14 exmilitares salvadoreños que presuntamente participaron en el asesinato de los jesuitas y dos de sus empleadas, crimen cometido en San Salvador en medio de una ofensiva lanzada por la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) contra la capital salvadoreña El proceso se inició luego de la querella que en noviembre pasado presentaron ante la justicia española la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) Este último instituto jurídico de la sociedad de abogados de California, Estados Unidos, ha ganado tres juicios civiles contra exoficiales salvadoreños residentes en territorio estadunidense que fueron acusados de violaciones a los derechos humanos La llamada "masacre jesuita" fue cometida durante una incursión del batallón de contrainsurgencia "Atlacatl" en la Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por la Compañía de Jesús Los seis jesuitas asesinados eran también las máximas autoridades académicas de la UCA, un centro educativo privado en el que han estudiado, incluso, miembros de la elite social y militar de El Salvador Entre los religiosos asesinados en la operación militar ?realizada por unos 30 soldados-- se encontraban cinco españoles: Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amado López Los salvadoreños asesinados fueron el sacerdote Joaquín López y López y las empleadas Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años Las investigaciones indicaron en su momento que las personas que ordenaron la matanza instruyeron a los ejecutores a "no dejar testigos" En una visita al pequeño museo que posee la UCA en memoria a los jesuitas, se nota el odio que los militares tenían por los religiosos, a lo que acusaban de colaborar con la guerrilla En las vitrinas están los cuadros del arzobispo mártir Oscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980, con huecos hechos por balas disparadas por los soldados Las máquinas de escribir de los jesuitas, todos ellos brillantes intelectuales, fueron quemadas con lanzallamas Esperanza Armando Pérez, director de la Asociación Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Codefam), considera que la decisión del juez español trae "esperanza" para quienes padecieron graves violaciones a sus derechos humanos y es una señal "contra la impunidad", perpetuada por la ley de amnistía promulgada por el expresidente Alfredo Cristiani en abril de 1993 A su juicio, la vigencia de esa normativa no debería detener la investigación de esos casos, pues la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en una sentencia de septiembre de 2002, "estableció" que dicha ley "no es aplicable ante casos de violaciones a los derechos humanos", y determinó que, en parte, "es inconstitucional" porque contraviene el artículo 244 de la Constitución "La amnistía es un asunto más de índole política que jurídica, ya que su aplicación ha sido un instrumento utilizado para encubrir y obstruir una serie de investigaciones", manifestó Pérez La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como organismos defenderos de garantías internacionales y salvadoreños han recomendado la anulación de la ley de amnistía, sin que hasta el momento el Estado salvadoreño haya accedido, aduciendo que su derogatoria "abriría heridas del pasado" Los defensores de derechos humanos han respondido que, por el contrario, la "justicia cierra heridas" Heridas abiertas Uno de esos ejemplos es el de Guadalupe Mejía, originaria del municipio de Las Vueltas en el norteño departamento de Chalatenango, escenario de asesinatos selectivos y matanzas antes y durante la guerra civil (1980-1992) Su esposo, Justo Mejía, líder de la coalición Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños y la Unión de Trabajadores del Campo (Feccas-UTC), fue asesinado en noviembre de 1977 después de haber sido torturado por la desaparecida Guardia Nacional (GN), adscrita al Ejército, como lo relatan algunos testigos En agosto de 1979, ocho familiares de Justo fueron masacrados, incluyendo a cuatro niños entre los 10 y 14 años, para quienes --aseguró Guadalupe-- seguirán buscando justicia La guerra civil salvadoreña, que enfrentó a fuerzas estatales con la guerrilla del FMLN dejó 75 mil muertos y unos 7 mil desaparecidos a manos del Ejército y escuadrones de la muerte ligados a militares y terratenientes Guadalupe narró a Apro que, desde agosto de 2006, Codefam ha presentado seis casos por la desaparición de igual número de personas durante el conflicto armado, y "hasta la fecha la Fiscalía General de la República no ha dado respuesta" Henry Campos, uno de los abogados querellantes en un controvertido juicio que se siguió en 1991 contra nueve militares por el caso de los jesuitas, reconoció que si bien ese proceso constituyó un hecho histórico debido a que implicó juzgar a oficiales, "no se pudo identificar a los autores mediatos (intelectuales)" de la matanza En aquella ocasión fueron condenados los oficiales Yushi René Mendoza y Guillermo Benavides pero, en virtud de la ley de amnistía, finalmente fueron liberados en 1993 Campos explicó que los procesos judiciales contra responsables de violaciones a los derechos humanos "se podrían llevar a cabo, dado que existen condiciones legales" para hacerlo, pero por el momento no proceden porque las actuales circunstancias no "alientan a que los jueces actúen", pues dependen de la Fiscalía General de la República (FGR), que tiene el "monopolio de la acción legal" El también catedrático de la UCA sostuvo que, hoy por hoy, es difícil que estas demandas reciban "una respuesta positiva de la FGR", ya que esta institución funciona con base en "presiones" partidistas El Estado salvadoreño ha sido condenado en dos ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) El primero por la falta de justicia en la desaparición de las hermanas Erlinda y Ernestina Serrano, perpetrada en 1982 por efectivos militares Las niñas tenían 3 y 7 años cuando fueron raptadas El segundo caso también por ausencia de justicia fue el del asesinato del empresario Mauricio García Prieto, perpetrado en junio de 1994 por un escuadrón de la muerte incrustado en la Policía Nacional Civil (PNC) Dos ejecutores del crimen fueron apresados pero los autores intelectuales andan sueltos y amenazan constantemente a la familia de la víctima por el hecho de reclamar justicia La CIDH ha aceptado dos demandas sobre el tema de los jesuitas, impulsadas por la Compañía de Jesús de El Salvador Los casos son investigados y se encuentran pendientes de resolución "Todo el mundo sabe que las instituciones (estatales) se han repartido de acuerdo con cuotas partidarias y que en la actualidad la FGR está asignada al partido gobernante", por lo que se niega a "reabrir" estos casos, y en esas circunstancias el fiscal "no podrá actuar con libertad", añadió Campos Además, el catedrático de la UCA no dudó en criticar a la Asamblea Legislativa --controlada por la alianza de partidos de derecha y donde se distribuyen las instituciones por mayoría-- por no "modificar la legislación" para abrir los "candados" que impiden que las víctimas accedan a los jueces sin pasar por el control político de quienes controlan la FGR "Nosotros no queremos venganza, pero luchamos para que estas atrocidades no se cometan nunca más", manifestó Mejía Por su parte, Armando Pérez asegura que seguirán recurriendo a la justicia internacional para alcanzar sus objetivos, como se logró en los casos de las hermanas Serrano y García Prieto, aunque el gobierno salvadoreño no haya cumplido a cabalidad con la sentencia del organismo interamericano "La única forma de avanzar en la justicia local es por "la fuerza social que cobren los denunciantes y la sociedad civil", sostuvo el dirigente de Codefam

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