SAN SALVADOR, 9 de enero (apro) - El proceso de desnaturalización sufrido por la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, así como las cuestionadas estrategias llamadas de "mano dura" contra pandillas, implementadas por los dos últimos gobiernos, erosionaron la credibilidad y el profesionalismo de la institución encargada de velar por la seguridad pública Lejos de ello, en la actualidad es el ente estatal más denunciado por violaciones a los derechos humanos En ese proceso, la PNC ha experimentado el relevo de dos de sus directores en el último año, sobre quienes pesan señalamientos de falta de efectividad para combatir los altos índices de criminalidad, y denuncias de corrupción procesadas ante la Corte de Cuentas, ente contralor del Estado En los Acuerdos de Paz de Chapultepec, México, en enero de 1992, el gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994) y el insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) establecieron la creación de una nueva y única fuerza policial que reemplazaría a los antiguos "cuerpos de seguridad", adscritos al ejército, por ser responsables de masacres, torturas, desapariciones y asesinatos selectivos antes y durante la guerra civil Con el despliegue del primer contingente de la PNC en junio de 1993, se inició una nueva era: una policía que "respetaría y protegería la dignidad y los derechos humanos de la población", según lo establecía la reforma constitucional insertada en el Capítulo II del pacto de paz De acuerdo con las reformas a los artículos 167 y 168 de la Constitución, el presidente de la República asumió la responsabilidad directa para "organizar, conducir y mantener a la PNC" como instrumento del "resguardo de la paz, el orden y la seguridad pública", al tiempo que "ningún miembro deberá tolerar acto de tortura u otros tratos o penas crueles o inhumanos, ni invocar una orden superior" para cometerlos La ley de carrera policial, además, definió un perfil del personal dedicado al orden público basado en un "amplio conocimiento sobre derechos humanos, tratados internacionales y la Constitución, y su sólida vocación de servicio a la comunidad" Pero según el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Óscar Luna, la PNC "se ha desnaturalizado" y ha perdido los objetivos para los cuales fue creada, ya que "muy a menudo comente abusos cuando realiza capturas" En su balance anual, que contempla la actuación de la PNC durante 2008, Luna constató un "deterioro" de esos derechos básicos durante este año De las 2 mil 485 denuncias recibidas por la Procuraduría hasta mediados de diciembre de 2008, mil 603 (más de 60%) fueron atribuidas a la PNC Entre las acusaciones más recurrentes están las violaciones a la integridad personal, el uso excesivo de la fuerza y la coacción "Que la institución más denunciada sea la PNC es preocupante, ya que se ha vuelto sistemático", y esto implica que la seguridad de los ciudadanos es vulnerada por quienes tienen la obligación de protegerlos, agregó el funcionario En 2007, de las 2 mil 779 denuncias que recibió la PDDH, mil 826 --casi 66%? eran en contra de la PNC por violaciones de derechos constitucionales En enero de este año, el sargento Nelson Arriaza, capturado con otros dos policías y un civil por el asesinato de un campesino en junio de 2007, fue condenado a 30 años de prisión por comandar un grupo de sicarios Pero en los últimos cuatro meses se han abierto investigaciones contra varios fiscales y policías por posibles nexos con una banda de narcotraficantes centroamericanos, supuestamente liderada por el empresario salvadoreño Reynerio Flores, prófugo de la justicia y presunto jefe de la banda Los Perrones, que actúa en el oriente de El Salvador Los Perrones tienen nexos no sólo en Centroamérica, sino con cárteles colombianos y mexicanos del narcotráfico Ese proceso de desnaturalización ha ido convirtiendo a la PNC en una fuerza policial poco diferente de sus antecesoras, apegada a prácticas del pasado, como las violaciones de derechos humanos, y la connivencia o participación directa de muchos de sus miembros en robos, secuestros, extorsiones y "grupos de exterminio", alegan especialistas La política de "mano dura", implementada por los gobiernos de Francisco Flores (1999-2004) y del ahora presidente Antonio Saca para afrontar la ola de violencia que vive esta nación centroamericana, ha profundizado la visión de un "Estado policíaco, donde el uso de la fuerza, el control poblacional y territorial es lo primordial", señaló David Morales, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal (IML), en 2007 la tasa de homicidios en El Salvador alcanzó los 61 asesinatos por cada 100 mil habitantes, la más alta de Latinoamérica y una de las mayores del mundo En medio de ese torbellino de violencia, la PNC ha enfrentado la renuncia de dos de sus directores en un año Primero, la de Rodrigo Ávila, quien dimitió tras ocupar el cargo entre 2006 y 2008, para convertirse en el candidato a la presidencia por la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena), sin que su paso por la corporación policial trajera una disminución significativa de la criminalidad Ávila también ya había fungido como director de la PNC entre 1994 y 1999; además fue viceministro de Seguridad Es decir, ha sido uno de los principales rectores de las cuestionadas políticas de seguridad pública Luego, en julio de este año, apenas seis meses después de su nombramiento, Francisco Rovira, "renunció" tras denuncias de corrupción y abuso de su cargo, entre los que se señalan la designación de varios asesores sobre quienes pesan graves irregularidades y delitos como fraude procesal, involucramiento en grupos de exterminio, vínculos con mafias dedicadas al contrabando y el narcotráfico centroamericano Rovira había sido director de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, entidad también acusada de promover la evasión de impuestos, en vez de perseguirla, como dice la ley El estudio de opinión pública Cultura política de la democracia en El Salvador, 2008: El impacto de la gobernabilidad, reveló que 488% de los salvadoreños considera que "la policía está involucrada en la delincuencia", mientras sólo 341% dijo que "protege" a la ciudadanía del crimen La encuesta realizada en febrero de 2008 por la Fundación "Guillermo Ungo" (FundaUngo) y el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), bajo la coordinación del proyecto Barómetro de las Américas, de la universidad estadunidense de Vanderbilt, confirma que estos señalamientos ciudadanos van en ascenso Romeo Granillo, titular de la Inspectoría General (IG) de la PNC, reconoce que algunos policías están involucrados en hechos delictivos y de corrupción, pero asegura que no se debe hablar de un fenómeno generalizado en la corporación policial sino de "algunos miembros", porque ese comportamiento no refleja el espíritu de la corporación "No dudo de que eso haya ocurrido", concedió el funcionario, encargado de vigilar las actuaciones y controlar el funcionamiento de todas las unidades y servicios de la PNC En 2006, según la Inspectoría, 400 agentes y oficiales fueron destituidos por faltas graves, que incluyen delitos como extorsión, robos, secuestros y homicidios En 2008, entre destituidos y sancionados por faltas graves, se contabilizaron en 485 Lo mostrado por el estudio de opinión, en cuanto a los señalamientos a la PNC "es una tendencia que se viene marcando desde el estudio de 2006", aseveró Jeannette Aguilar, directora del IUDOP Aguilar descartó de tajo la hipótesis de las "manzanas podridas", sostenida por funcionarios gubernamentales sobre que la participación de miembros de la PNC en hechos criminales sean casos aislados Esa tesis "no es aplicable a la PNC porque hay suficientes evidencias, estadísticas de la IG y de PDDH, de la participación de policías en esos hechos", lo que indica que es un "problema estructural", subrayó la directora del Iudop, que ha participado en diversas investigaciones sobre pandillas y seguridad pública El gobierno debe cambiar esa visión de seguridad pública, que se concibe como "un conflicto militar en el que existe un enemigo a exterminar", como sucedió con los pandilleros, y sustituirla por la de seguridad ciudadana, en la que los problemas y soluciones a la violencia no son responsabilidad exclusiva de la policía sino de toda la sociedad, recomendó finalmente el abogado Morales, de Fespad