Ordenan en España procesar a dos piratas por secuestro de barco

lunes, 16 de noviembre de 2009
MADRID,   16 de noviembre (apro) - La Audiencia Nacional ordenó procesar a los dos presuntos piratas detenidos por su participación en el secuestro ?el 2 de octubre pasado? del barco atunero Alakrana, a quienes acusó de 36 delitos de detención ilegal y uno más por robo con violencia agravada por el uso de armamento
         Con la resolución del juez Santiago Pedraz se abre la posibilidad de que los piratas sean expulsados a Somalia, como exige el resto de la organización pirata que mantiene el barco fondeado frente a las costas de Haradhere, en Somalia
         El suceso abrió un fuerte debate político, no sólo por la decisión de traer a los piratas a España, debido a que la justicia de este país carece del delito de piratería, sino por el chantaje al que los piratas sometieron al gobierno y la justicia, con la amenaza de que asesinarán a miembros de la tripulación plagiada si no son regresados sus dos compañeros presos
         El secuestro del barco español ?con bandera de las Islas Seychelles? dejó al descubierto la descoordinación en el gabinete del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, debido a que la inteligencia militar recomendó no traer a España a los dos presuntos piratas
         El motivo de esta recomendación tuvo lugar por las consecuencias que la decisión pudiera tener sobre la seguridad de la tripulación secuestrada y que, efectivamente, mantiene entrampada la negociación con los piratas
         Obviando la recomendación militar, desde el palacio de La Moncloa se dio la orden de traer a los piratas a España y se ordenó a la fiscalía iniciar el proceso judicial ante la Audiencia Nacional, pero el caso se encuentra entrampado porque, una vez iniciado el proceso, los procedimientos jurídicos no pueden ser cancelados sin justificación alguna
         Esto provocó mayor presión ante los fuertes reclamos de los familiares de los marinos españoles (18 en total, gallegos, vascos y un andaluz) y de otras nacionalidades, sometidos a 47 días de secuestro, sin que se llegue a una conclusión
         En días pasados, tres marineros fueron llevados a la costa somalí y los piratas amenazaron con asesinarlos si sus dos cómplices presos en España no son regresados A partir de ello se rompió abruptamente la negociación
         Este lunes, gracias al fallo que el juez tomó a instancias de la Fiscalía del Estado, los presuntos piratas Cabdullahi Cabduwily, alias Abdu Willy, y Raageggesey Adji Haman serán juzgados en un plazo de dos o tres semanas y, al no imputárseles un delito de asociación ilícita, ser expulsados del país siempre que la condena por el delito más grave sea inferior a los seis años
         La legislación española en materia de extranjería prevé que los extranjeros ilegales sometidos a penas máximas de seis años puedan ser expulsados Y el delito de asociación ilícita está expresamente excluido para que se considere la expulsión
         El fiscal del Estado, Cándido Conde Pumpido, anunció esta mañana que la fiscalía aceleraría el proceso contra los piratas para que el juicio se celebre lo antes posible, según consignó la agencia de noticias EFE
         "La fiscalía actuará en este caso conforme a derecho Y lo único que le corresponde es acelerar el proceso para que se celebre el juicio de la forma más rápida posible y, naturalmente, calificarlo siempre y en todo caso conforme a derecho", dijo durante su asistencia a los desayunos informativos del Fórum Nueva Sociedad
         Sin embargo, un despacho de la agencia Europa Press, citando a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, afirma que rechazará alcanzar un acuerdo de conformidad con la defensa de los presuntos piratas somalíes detenidos que posibilite su expulsión de España, ya que pedirán penas que al menos sumen los 219 años y medio de cárcel
         Las fuentes consultadas por la agencia concluyen que el escrito que se presente al juez "no se apartará ni un milímetro de la vocación de hacer justicia"
         Las citadas fuentes explicaron que la intención de la fiscalía de reclamar "penas altas", según Europa Press, se fundamenta en las pruebas que obran en la causa, es decir, los informes realizados por la Comisaría General de Información y el Estado Mayor de la Defensa, así como reportajes fotográficos y el material incautado a los dos somalíes cuando huían del barco secuestrado, entre el que se hallaron seis teléfonos celulares, 2 mil 500 dólares y una navaja de Albacete

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