El Salvador: Ejército busca el perdón
SAN SALVADOR, 20 de noviembre (apro) - La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) estaría dispuesta a pedir perdón por los crímenes cometidos durante el conflicto armado que vivió ese país, entre 1980 y 1992, dijo el actual ministro de Defensa, general David Munguía Payés, quien con ello se convirtió en el primer alto oficial (participante en el conflicto) que hace tal ofrecimiento
En entrevista, Munguía Payés señaló que la Fuerza Armada "está dispuesta a pedir perdón por los errores que cometió" en esa época contra la población civil (opositores e intelectuales)
En anteriores gobiernos, ningún alto oficial reconoció públicamente que la FAES hubiera cometido "errores", mucho menos crímenes, durante la guerra civil Y esos crímenes, hasta el momento, no han sido juzgados en El Salvador, debido a que desde 1993 está vigente una amnistía general que lo impide
La nueva posición de la entidad castrense responde al cambio de gobierno, en junio pasado, cuando por primera vez en la historia salvadoreña un personaje de izquierda, Mauricio Funes, tomó las riendas del país
Luego de ello, el ministro de Defensa fue enfático al señalar que no sólo la FAES debe pedir perdón, sino también aquellas entidades y protagonistas de la guerra que se vieron involucrados en el conflicto que dejó al menos 75 mil muertos y aproximadamente 8 mil desaparecidos
Y también involucró a los exinsurgentes, cuyo partido político, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), está ahora en el poder, luego de ganar las elecciones presidenciales, el pasado 15 de marzo
"También todas aquellas instituciones, actores políticos, actores nacionales e internacionales que participaron en la guerra cometieron errores, también cometieron crímenes y deben de pedir perdón, no solamente nosotros", puntualizó en entrevista el ministro
Reconocimiento a las víctimas
La postura de Munguía Payés se originó luego de que el gobierno de El Salvador otorgó una condecoración póstuma a los seis sacerdotes jesuitas (cinco de ellos de origen español) que fueron asesinados por el ejército en el recinto universitario donde vivían y ejercían su vida académica y crítica
El asesinato fue cometido durante la ofensiva "Hasta el Tope", en 1989 El crimen fue ordenado por altos mandos del ejército y ejecutado por efectivos del Batallón Atlacatl, entrenados en Estados Unidos en tácticas de contrainsurgencia
El mandatario Mauricio Funes entregó la máxima distinción que concede El Salvador, denominada "Orden José Matías Delgado, Gran Cruz Placa de Oro", a familiares y amigos de los seis sacerdotes jesuitas asesinados hace 20 años
Fuertes fueron las palabras del presidente durante su discurso Y es que la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, y la Ley General de Amnistía, firmada en 1993, sin la participación del FMLN, dejó en la impunidad el crimen contra los jesuitas y otros tantos ocurridos en la guerra
"Poner (la condecoración póstuma) en las manos de los familiares y compañeros (de los jesuitas) significa para mí retirar un velo espeso de oscuridad y mentiras, para dejar entrar la luz de la justicia y la verdad, significa levantar la alfombra polvosa de la hipocresía y empezar a limpiar la casa de nuestra historia reciente", dijo el presidente en su discurso
El militarismo criollo
El Salvador es un país que registra en su historia un largo perfil de dominación militar, como la dictadura de principios del siglo XIX, encabezada por el general Maximiliano Hernández Martínez, quien reprimió una revuelta de campesinos e indígenas en 1932
De acuerdo con estudiosos del tema, "la matanza", como algunos le llaman, dejó entre 10 mil y 30 mil muertos, en su mayoría campesinos e indígenas De esa forma, la dictadura militar quedó inaugurada hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, firmados en México entre gobierno y guerrilla
Desde antes de que los Acuerdos de Paz se firmaran, la ley, el orden y la justicia en El Salvador estaban dictaminadas por el ejército Un civil sospechoso de insurgente era asesinado, desaparecido o torturado Las garantías de los derechos humanos eran nulas y por las calles amanecían cadáveres con señales de tormento
El accionar de los militares contó con el visto bueno de los sectores acaudalados del país, porque para ellos lo importante era detener el "oleaje del comunismo", supuestamente "exportado" de países como Cuba y Nicaragua
Y un hecho que aceleró la guerra civil en El Salvador fue el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien pedía a los ricos y militares el cese de la represión hacia la población civil
El informe de la Comisión de la Verdad, emitido en 1993, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, estableció que el exmayor Roberto D'Aubuisson, fundador del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fue el actor intelectual del asesinato, y estuvo respaldado por militares de su seguridad, quienes actuaron como escuadrones de la muerte, de acuerdo con el informe
El texto evidencia la participación de militares en asesinatos y desapariciones forzadas En el caso del prelado, concluye "que el mayor Roberto D´Aubuisson dio la orden de asesinar a monseñor Romero, que los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila tuvieron participación activa en el plan, que el motorista del excapitán Saravia, Amado Antonio Garay, transportó al francotirador que dio muerte al religioso"
El pasado sábado 7, el actual gobierno asumió, por primera vez, la responsabilidad en el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero, perpetrado en 1980, y se comprometió a realizar las investigaciones y reparaciones del mismo, además de iniciar un diálogo nacional sobre la controvertida Ley de Amnistía General
"Declaramos nuestro compromiso de cumplir de buena fe y en la medida de nuestras posibilidades", las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), elaboradas en el año 2000, en relación con el asesinato del religioso a manos de escuadrones de la muerte de la ultraderecha, dijo en Washington el director general de Derechos Humanos de la Cancillería salvadoreña, David Morales
Durante los gobiernos de Arena, este partido se negó a seguir las recomendaciones de la CIDH, con la justificación de que sería "abrir viejas heridas" y que El Salvador no estaba para esos desgastes
Sin embargo, la condecoración póstuma entregada a los familiares de los jesuitas asesinados por el ejército ha empezado a crear un amplio debate en la opinión pública, en el sentido de si debe derogarse la Ley General de Amnistía, punto que para el ministro Munguía Payés es únicamente "responsabilidad de la Asamblea Legislativa de El Salvador"
Además, desde hace un año existe en España un proceso abierto en la Audiencia Nacional Española contra 14 militares salvadoreños por el asesinato de los seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras
Entre los acusados, ya en retiro, están el exministro de la Defensa y general retirado, René Emilio Ponce, así como su segundo al mando, Juan Orlando Zepeda, y el entonces jefe de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Juan Rafael Bustillo En un inicio también se señalaba al expresidente Alfredo Cristiani como encubridor, pero un juez lo excluyó, hasta que en el proceso se logre comprobar que tuvo algún nivel de participación en la masacre
El Informe de la Comisión de la Verdad, preparado con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirma que las violaciones a los derechos humanos durante la guerra fueron cometidas en su totalidad por miembros del ejército y sus aliados paramilitares y escuadrones de la muerte, con el apoyo de sectores económicos del país El FMLN, añade, cometió 5% de esas violaciones
En total, la guerra en El Salvador dejó más de 75 mil muertos y 8 mil desaparecidos Ante ello, la población exige la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto
En entrevista, Munguía Payés señaló que la Fuerza Armada "está dispuesta a pedir perdón por los errores que cometió" en esa época contra la población civil (opositores e intelectuales)
En anteriores gobiernos, ningún alto oficial reconoció públicamente que la FAES hubiera cometido "errores", mucho menos crímenes, durante la guerra civil Y esos crímenes, hasta el momento, no han sido juzgados en El Salvador, debido a que desde 1993 está vigente una amnistía general que lo impide
La nueva posición de la entidad castrense responde al cambio de gobierno, en junio pasado, cuando por primera vez en la historia salvadoreña un personaje de izquierda, Mauricio Funes, tomó las riendas del país
Luego de ello, el ministro de Defensa fue enfático al señalar que no sólo la FAES debe pedir perdón, sino también aquellas entidades y protagonistas de la guerra que se vieron involucrados en el conflicto que dejó al menos 75 mil muertos y aproximadamente 8 mil desaparecidos
Y también involucró a los exinsurgentes, cuyo partido político, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), está ahora en el poder, luego de ganar las elecciones presidenciales, el pasado 15 de marzo
"También todas aquellas instituciones, actores políticos, actores nacionales e internacionales que participaron en la guerra cometieron errores, también cometieron crímenes y deben de pedir perdón, no solamente nosotros", puntualizó en entrevista el ministro
Reconocimiento a las víctimas
La postura de Munguía Payés se originó luego de que el gobierno de El Salvador otorgó una condecoración póstuma a los seis sacerdotes jesuitas (cinco de ellos de origen español) que fueron asesinados por el ejército en el recinto universitario donde vivían y ejercían su vida académica y crítica
El asesinato fue cometido durante la ofensiva "Hasta el Tope", en 1989 El crimen fue ordenado por altos mandos del ejército y ejecutado por efectivos del Batallón Atlacatl, entrenados en Estados Unidos en tácticas de contrainsurgencia
El mandatario Mauricio Funes entregó la máxima distinción que concede El Salvador, denominada "Orden José Matías Delgado, Gran Cruz Placa de Oro", a familiares y amigos de los seis sacerdotes jesuitas asesinados hace 20 años
Fuertes fueron las palabras del presidente durante su discurso Y es que la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, y la Ley General de Amnistía, firmada en 1993, sin la participación del FMLN, dejó en la impunidad el crimen contra los jesuitas y otros tantos ocurridos en la guerra
"Poner (la condecoración póstuma) en las manos de los familiares y compañeros (de los jesuitas) significa para mí retirar un velo espeso de oscuridad y mentiras, para dejar entrar la luz de la justicia y la verdad, significa levantar la alfombra polvosa de la hipocresía y empezar a limpiar la casa de nuestra historia reciente", dijo el presidente en su discurso
El militarismo criollo
El Salvador es un país que registra en su historia un largo perfil de dominación militar, como la dictadura de principios del siglo XIX, encabezada por el general Maximiliano Hernández Martínez, quien reprimió una revuelta de campesinos e indígenas en 1932
De acuerdo con estudiosos del tema, "la matanza", como algunos le llaman, dejó entre 10 mil y 30 mil muertos, en su mayoría campesinos e indígenas De esa forma, la dictadura militar quedó inaugurada hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, firmados en México entre gobierno y guerrilla
Desde antes de que los Acuerdos de Paz se firmaran, la ley, el orden y la justicia en El Salvador estaban dictaminadas por el ejército Un civil sospechoso de insurgente era asesinado, desaparecido o torturado Las garantías de los derechos humanos eran nulas y por las calles amanecían cadáveres con señales de tormento
El accionar de los militares contó con el visto bueno de los sectores acaudalados del país, porque para ellos lo importante era detener el "oleaje del comunismo", supuestamente "exportado" de países como Cuba y Nicaragua
Y un hecho que aceleró la guerra civil en El Salvador fue el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien pedía a los ricos y militares el cese de la represión hacia la población civil
El informe de la Comisión de la Verdad, emitido en 1993, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, estableció que el exmayor Roberto D'Aubuisson, fundador del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fue el actor intelectual del asesinato, y estuvo respaldado por militares de su seguridad, quienes actuaron como escuadrones de la muerte, de acuerdo con el informe
El texto evidencia la participación de militares en asesinatos y desapariciones forzadas En el caso del prelado, concluye "que el mayor Roberto D´Aubuisson dio la orden de asesinar a monseñor Romero, que los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila tuvieron participación activa en el plan, que el motorista del excapitán Saravia, Amado Antonio Garay, transportó al francotirador que dio muerte al religioso"
El pasado sábado 7, el actual gobierno asumió, por primera vez, la responsabilidad en el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero, perpetrado en 1980, y se comprometió a realizar las investigaciones y reparaciones del mismo, además de iniciar un diálogo nacional sobre la controvertida Ley de Amnistía General
"Declaramos nuestro compromiso de cumplir de buena fe y en la medida de nuestras posibilidades", las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), elaboradas en el año 2000, en relación con el asesinato del religioso a manos de escuadrones de la muerte de la ultraderecha, dijo en Washington el director general de Derechos Humanos de la Cancillería salvadoreña, David Morales
Durante los gobiernos de Arena, este partido se negó a seguir las recomendaciones de la CIDH, con la justificación de que sería "abrir viejas heridas" y que El Salvador no estaba para esos desgastes
Sin embargo, la condecoración póstuma entregada a los familiares de los jesuitas asesinados por el ejército ha empezado a crear un amplio debate en la opinión pública, en el sentido de si debe derogarse la Ley General de Amnistía, punto que para el ministro Munguía Payés es únicamente "responsabilidad de la Asamblea Legislativa de El Salvador"
Además, desde hace un año existe en España un proceso abierto en la Audiencia Nacional Española contra 14 militares salvadoreños por el asesinato de los seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras
Entre los acusados, ya en retiro, están el exministro de la Defensa y general retirado, René Emilio Ponce, así como su segundo al mando, Juan Orlando Zepeda, y el entonces jefe de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Juan Rafael Bustillo En un inicio también se señalaba al expresidente Alfredo Cristiani como encubridor, pero un juez lo excluyó, hasta que en el proceso se logre comprobar que tuvo algún nivel de participación en la masacre
El Informe de la Comisión de la Verdad, preparado con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirma que las violaciones a los derechos humanos durante la guerra fueron cometidas en su totalidad por miembros del ejército y sus aliados paramilitares y escuadrones de la muerte, con el apoyo de sectores económicos del país El FMLN, añade, cometió 5% de esas violaciones
En total, la guerra en El Salvador dejó más de 75 mil muertos y 8 mil desaparecidos Ante ello, la población exige la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto
