SAN SALVADOR, 18 de diciembre (apro).- Un poco más de un mes tiene el plan contra la delincuencia que ordenó el presidente salvadoreño Mauricio Funes. Contempla entre sus componentes principales el uso de tropas militares junto a fuerzas policiales. Sin embargo, ya muestra problemas que se creían olvidados: violaciones a los derechos humanos.

Óscar Luna, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, denunció que efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), habrían cometidos violaciones a los derechos humanos, tales como tortura, golpizas, amenazas y hasta asesinatos, en contra de detenidos sospechosos de ser delincuentes.

Luna denunció que están investigando 15 casos de violaciones a los derechos humanos a manos de los militares, entre ellas, el asesinato de Antonio Molina Durán, de 48 años de edad, ocurrida el pasado de diciembre en la provincia de San Vicente.

El efectivo militar que habría dado muerte a Molina Durán se defendió del ataque que éste le hizo en estado de ebriedad con un machete. El militar accionó su fusil, hiriéndolo mortalmente. Ahora está detenido en espera de que la Fiscalía General de la República procese su caso.

“No son simples actos de agresión (…) se trata de tratos crueles, inhumados o degradantes”, dijo Luna, quien agregó que el militar que dio muerte a Molina Durán tenía múltiples ventajas de defensa ante su victimario.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 entre la insurgencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno, entonces liderado por Félix Alfredo Cristiani, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la FAES ha sido una de las instituciones que “mejor ha cumplido sus responsabilidades” en el proceso de tránsito político.

Los altos índices de inseguridad que se viven en el territorio salvadoreño, obligó a las autoridades a apoyarse en la FAES, institución que actúa en conjunto con la policía, en un intento de detener la ola de criminalidad que hace de El Salvador la nación más peligrosa de Latinoamérica por sus altas tasas de homicidios, robos y violaciones sexuales, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un total de 2 mil 500 militares salieron a las calles el pasado 6 de noviembre por orden del presidente Funes. Esta medida en contra del crimen tendrá, en principio, una duración de seis meses.

Funes aseveró que el artículo 168 de la Constitución de la República le permite hacer un uso excepcional del ejército para labores de seguridad pública.

Estos 2 mil 500 soldados se sumaron a los mil 300 que ya daban apoyo a los policías en el marco de los llamados Grupos Conjuntos de Apoyo a la Comunidad (GCAC), una versión reciclada de los Grupos de Tarea Conjunta (GTC).

Las medidas de seguridad del presidente se enfocaron en 19 municipios albergados en cinco provincias que mostraban cifras alarmantes. Las provincias son: Sonsonate, La Libertad, Santa Ana, San Salvador y San Miguel.

Vejámenes en tiempos de paz

Durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), que dejó más de 75 mil muertos y 8 mil desaparecidos, soldados y grupos paramilitares se dedicaron a exterminar y torturar a sus opositores.

El procurador Luna teme que 17 años después de la firma de los Acuerdos de Paz, algunas de aquellas prácticas de terror pudieran resurgir, a partir de las denuncias recibidas.

El asesinato de Molina Durán no sería la única mancha en el expediente del cuerpo castrense. La procuraduría tiene entre sus registros la denuncia de un joven que fue atacado y golpeado por miembros de la Fuerza Naval, en Puerto El Triunfo, provincia de Usulután.

Según el procurador Luna, el testimonio de la víctima, un menor de edad cuyo nombre se mantiene en reserva, fue obligado a hacer flexiones con una plancha de cemento sobre la cabeza. Cuando cayó al suelo lo patearon en la cabeza, arrojándolo después a un charco. Posteriormente lo habrían obligado a beber agua sucia para ser llevado, finalmente, a la delegación policial.

A los casos anteriores se suman otros ocurridos en San Salvador, capital de El Salvador, como el de una persona que fue golpeada con la culata de un fusil mientras un grupo restante de ocho soldados le apuntaba con sus armas.

El procurador Luna afirmó que el actuar de estos efectivos es deplorable y debe ser anulado antes que las viejas sombras del pasado regresen con la bota y el fusil, pan de cada día antes y durante la guerra civil.

“Esto es muy delicado porque pareciera que se está volviendo a hechos que sucedieron en el pasado. Estamos en presencia de lo que conocemos como tortura”, sentenció Luna.

Por su parte, el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), Benjamín Cuellar, señaló que estos hechos son graves, sobre todo en estos tiempos de paz.

“Es grave porque son prácticas que pueden derivarse a otros ámbitos, que pueden ser los ámbitos políticos, y que demuestran que por mucho que se haya hablado de Acuerdos de Paz siguen latentes esos mecanismos como posibilidades para amedrentar”, reflexionó.

Cuellar agregó que en el IDHUCA únicamente ha recibido una denuncia por maltrato de efectivos militares. Sin embargo, la denuncia ha sido retirada de la Fiscalía por supuestas amenazas que habría recibido la víctima, quien denunció ante el Instituto que él, junto con un grupo de jóvenes, fue golpeado durante 15 minutos por soldados.

La extrañeza del ministro

El ministro de Defensa Nacional, David Munguía Payés, lamentó que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) no se haya puesto en contacto con ellos al inicio de las denuncias, pues así habrían corregido a tiempo el mal proceder de los militares.

Payés afirmó que le extrañó la actitud de la PDDH, pues existió el acuerdo que ante cualquier accionar que vulnerara los derechos humanos, la jefatura castrense sería notificada de inmediato.

“Les anticipo que en ningún momento vamos a permitir violaciones a los derechos humanos de parte de nuestra tropa que está desplegada en el terreno; tampoco violaciones a las normas de enfrentamiento que nosotros hemos determinado”, señaló el ministro.

Desde que el presidente Mauricio Funes habló sobre la posibilidad que el ejército apoyara a la Policía Nacional Civil (PNC) ante la creciente ola de homicidios y delincuencia, sectores encargados de garantizar los derechos humanos en El Salvador, vaticinaron que sería un error y que cometerían faltas contra la población civil, sin dejar de lado los pobres resultados en el combate a la delincuencia.

“Pocos días después se viene a confirmar lo que nosotros planteamos desde un principio: es peligroso utilizar a la fuerza armada para este tipo de acciones para enfrentar los problemas de seguridad pública. Para eso existe la PNC”, dijo Cuellar.

Gobiernos del partido Arena utilizaron medidas similares de seguridad pública sin ningún resultado. Sin embargo, el gobierno actual volvió a implementar dicha medida sin mayor modificación. La novedad es que los soldados sí pueden realizar cateos y registrar a sospechosos.

Cuellar señaló que “ahora en lugar de corregir y buscarle soluciones reales al problema de la inseguridad, lo que se ha hecho es incrementar el número de militares, por lo tanto, es lógico que en pocos días ya se esté dando tantas denuncias que preocupan”.

“Realmente ha sido un error del gobierno actual, y es más de lo mismo, pero en mayor número”, remató Cuellar.

En ese mismo sentido, el experto español en materia de seguridad, Ignacio Cano, del Laboratorio de Violencia de Brasil, declaró que es un riesgo recurrir a los militares como última tabla de salvación, debido a que el ejército puede terminar siendo contaminado con los mismos problemas que ya contaminan a la policía de la región. La corrupción o violaciones a los derechos humanos son ejemplos típicos de ellos.

La apuesta de los expertos en materia de seguridad es aumentar la cantidad y calidad de policías, quienes constitucionalmente son los encargados de brindar seguridad pública.

El analista y rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), sacerdote José María Tojeira, propuso en su momento que la mitad de las fuerzas militares se integraran al cuerpo policial, previo paso por la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), es decir, que los militares fueran graduados como policías.

Jaime Martínez, director de la ANSP, dijo que a los soldados que ahora patrullan las calles no les han dado una capacitación adecuada, pero que durante dos semanas recibieron una orientación básica: cómo realizar operativos y patrullajes, así como formación en derechos y deberes, y los límites que tienen en el uso de la fuerza.

“Ya no es la situación de antaño cuando la fuerza armada podía cometer cualquier abuso y no pasaba nada. En este caso ya se había advertido que, de haber un incumplimiento de la ley o un abuso, se iba a someter a los procedimientos legales”, destacó Martínez.

La presencia de militares en las calles de El Salvador no es mal vista del todo. La otra cara de la moneda presenta a una población respaldando la medida del presidente, en un país donde el crimen está a la orden del día.

De enero al 5 de diciembre de este año se registraron 4 mil 65 homicidios, según cifras policiales. Las mismas autoridades califican de inédito 2009, un año que se ha llevado más vidas humanas que ningún otro después de los Acuerdos de Paz.

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