BRUSELAS, 7 de diciembre.- Los gobiernos de Estados Unidos, China, India y la Unión Europea no reducirán sus emisiones de gases de efecto invernadero en la medida necesaria para atenuar los peores efectos del cambio climático. Presionados por las grandes industrias, prácticamente desecharon la esperanza de lograr en la Conferencia de Copenhague un acuerdo para disminuir dichas emisiones contaminantes entre 25% y 40% para 2020.

BRUSELAS.- Ante la posibilidad de que las naciones participantes en la Conferencia de Copenhague –que se lleva a cabo desde el lunes 7 y hasta el viernes 18– lleguen a un acuerdo que reduzca de modo significativo las emisiones de gases de efecto invernadero, varias de las empresas más poderosas que operan en Estados Unidos y Europa contrataron ejércitos de cabilderos para impedir un consenso semejante o al menos conseguir regímenes de excepción para salvaguardar sus intereses económicos.

Esas presiones se intensificaron a partir de 2008, cuando la comunidad internacional empezó a perfilar los temas y las diferentes posturas que se plantearán en dicha conferencia contra el cambio climático, la cual en teoría pretende alcanzar un nuevo acuerdo que releve al Protocolo de Kioto, suscrito en 1997 y que expira en 2012.

En Estados Unidos las mayores confederaciones patronales bombardearon a la clase política y a la opinión pública con un mensaje: si el gobierno de Barack Obama se compromete seriamente a disminuir tales emisiones de gases industriales, la consecuencia sería el declive económico nacional. Por su parte, las industrias pesadas de la Unión Europea (UE), en particular las de origen alemán, amenazan con cerrar fábricas para instalarlas en países que no tengan leyes tan estrictas en esa materia.

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas concluyó en su Cuarto Informe de Evaluación, divulgado el 4 de mayo de 2007, que para mitigar los efectos más catastróficos del calentamiento global, las naciones industrializadas deben disminuir para 2020 entre 25% y 40% sus emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente los de dióxido de carbono, respecto a sus índices de 1990. En el caso de los países en desarrollo, el organismo de la ONU estima que necesitan disminuir esas emisiones entre 15% y 30% en el mismo plazo.

No obstante, el presidente Obama anunció el pasado 25 de noviembre que Estados Unidos –el país más contaminante del mundo después de China– sólo puede comprometerse a bajar 17% de esas emisiones en 2020, además de que fijó como punto de partida las cantidades correspondientes a 2005, con lo que la meta se traduce en una reducción de apenas 3.5% respecto de las emisiones de su país en 1990, como enfatiza una nota de la agencia de noticias Reuters del 26 de noviembre.

Posteriormente, China e India (el cuarto país contaminante del mundo) anunciaron que podrían recortar sus emisiones para 2020 entre 40% y 45%, y en 24%, respectivamente, también respecto de sus emisiones de 2005. Además advirtieron que alcanzar esas metas dependerá de la ayuda financiera que reciban de los países ricos, así como de la evolución de su Producto Interno Bruto: a mayor crecimiento económico, se elevaría el margen de permisividad del monto de emisiones.

Otros grandes generadores de contaminantes ya ofrecieron sus cifras de recortes de emisiones para 2020, a partir de los niveles de 1990: la UE, 20%; Brasil, entre 38% y 42%; Rusia, entre 20% y 25%; y Japón ofreció disminuir 25% de su producción de gases de efecto invernadero.

El pasado jueves 3, el presidente de la Comisión Europea, Manuel Durao Barroso, describió la situación actual de las negociaciones: “La prueba de fuego para la Conferencia de Copenhague no está en el hecho de que haya propuestas concretas sobre la mesa, sino en la voluntad de los países más involucrados para ir verdaderamente al límite de sus capacidades de reducción de emisiones. Una negociación basada, como hasta ahora, en decir a los otros, ‘yo actúo, pero después de usted’, no funcionará”.

Cabildeo en auge

En enero pasado, el Center for Public Integrity (CPI), una organización independiente que promueve proyectos de investigación periodística en Estados Unidos, comenzó a difundir una serie de reportajes que revelan una “explosión” del cabildeo dirigido a influir en las posturas del gobierno estadunidense sobre el cambio climático.

Con base en los registros de la Oficina de Archivos Públicos del Senado estadunidense, el CPI elaboró un análisis que dio a conocer el 24 de febrero anterior. Ahí reporta que el número de cabilderos dedicados a los temas de calentamiento global se triplicó entre 2003 y 2008.

El documento indica que el año pasado “más de 770 compañías y grupos de interés emplearon a 2 mil 340 cabilderos”, es decir a 15% del personal que se dedica a hacer lobbying en Washington.

El organismo calcula que el costo de ese cabildeo en 2008 ascendió “al menos” a 90 millones de dólares. De las 770 empresas y organismos implicados en estas maniobras, tan sólo 136 realizaron pagos por 23 y medio millones de dólares. El número total de empresas que presionan sobre estos temas se incrementó a 880 en los primeros cuatro meses de 2009.

La investigación del CPI indica que, en su mayoría, se trata de firmas petroleras, compañías de electricidad y fabricantes de automóviles, cemento o acero, que contribuyen a expulsar millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

Compañías como la automotriz Ford, la petrolera British Petroleum, el conglomerado de productos químicos 3M o las compañías de electricidad Duke Energy y NRG Energy figuran entre los clientes de la principal agencia de cabildeo en la materia, Alpine Group, fundada por el político republicano Richard White y el veterano lobbista del sector energético James Massie.

La segunda mayor firma de cabildeo en el tema, Ogilvy Government Relations, representa a las petroleras y corporativos de químicos más grandes del país, aglutinadas en el American Petroleum Institute y el American Chemistry Council.

El CPI señala que sólo 105 empresas y otros organismos dominaron la guerra del cabildeo en el Senado de Estados Unidos en 2003, cuando los legisladores votaron por primera vez una propuesta sobre la materia, que resultó inofensiva para los intereses industriales porque se acordó una reducción voluntaria de emisiones de 18% en un plazo de 10 años.

Actualmente, agrega el CPI, “los dos más grandes y poderosos grupos industriales de lobbying” en el país, la Chamber of Commerce y la National Association of Manufacturers, encabezan una firme oposición a cualquier intento gubernamental de reducir significativamente los gases de efecto invernadero.

Con representación en 99 países, la Chamber of Commerce estadunidense, que cuenta entre sus afiliados a la empresa de aluminio Alcoa, Dow Chemical y Toyota, desembolsó 91 millones 700 mil dólares en actividades de lobby en 2008, y 52 millones 100 mil dólares en los primeros nueve meses de este año, informó la revista Politico en su edición del 20 de octubre.

El 2 de mayo de 2008, Thomas J. Donohue, presidente de dicha organización empresarial con 3 millones de integrantes, advirtió durante un seminario: “No tiene sentido ignorar nuestra economía y nuestra competitividad global con la imposición de severas restricciones al uso de energía, y cuyo objetivo sea cumplir con las drásticas reducciones de carbono que algunos están proponiendo”.

Donohue explicó: “Tenemos vastas cantidades de carbón, petróleo y gas en nuestra tierra y nuestras costas. Pero el acceso a muchos de esos recursos ha sido bloqueado por legisladores y regulaciones. Las restricciones impuestas a nuestra infraestructura energética –refinerías, oleoductos, plantas eléctricas de carbón, plantas de energía nuclear y redes eléctricas– son simplemente malas”.

Además de poner en duda la gravedad del calentamiento global, Donohue rechazó la propuesta que el presidente Obama anunció en su campaña presidencial, el 8 de octubre de 2007, consistente en reducir 80% las emisiones de dióxido de carbono en Estados Unidos para el año 2050.

Para el líder empresarial “no hay manera de lograrlo sin cambiar los fundamentos del modo de vida estadunidense, asfixiar el desarrollo económico y poner amplios segmentos de nuestra economía fuera de juego”.

Este reportaje se publicó en la edición 1727 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 6 de diciembre