WASHINGTON, 21 de abril (apro) - En un giro de 180 grados, que tomó por sorpresa a los republicanos, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, abrió hoy la posibilidad de enjuiciar a funcionarios del gobierno del expresidente George W Bush que autorizaron y supervisaron los procedimientos de interrogatorios con tortura a personas detenidas en el extranjero, bajo la sospecha de pertenecer a grupos terroristas
         El presidente estadunidense dejó la decisión en manos del procurador general de Justicia, Heric Holder "Esa decisión compete más al procurador (que a mí) dentro de los parámetros de varias leyes, y no deseo hacer prejuicios sobre ello", declaró Obama cuando se le preguntó si estaba de acuerdo en investigar a los funcionarios del expresidente Bush, dentro de los que se menciona con mayor insistencia al exprocurador Alberto Gonzales
Este fin de semana la Casa Blanca dejó entrever que Obama no tenía intenciones de llevar a cabo una "cacería de brujas" contra funcionarios del gobierno del expresidente Bush que se encargaron de instrumentar las tácticas de interrogatorios bajo tortura a los presuntos terroristas
Sin embargo, este martes, el mandatario estadunidense dijo también que aceptaría un proceso legislativo para investigar más a fondo el caso
Al hablar de los documentos desclasificados sobre las tácticas que utilizó la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con autorización de la presidencia de Bush para interrogar bajo tortura a presuntos terroristas, Obama reiteró su rechazo a que sean enjuciados los agentes encargados de llevar a cabo los interrogatorios, ya que ellos únicamente cumplieron órdenes
Obama estableció que está de acuerdo en respaldar el desarrollo de una investigación legislativa respecto al programa de detención de presuntos terroristas, aunque también aclaró que cualquier investigación que lleve a cabo el Capitolio tendría que hacerse bajo un entorno bipartidista
El cambio de posición de Obama sobre los interrogatorios bajo tortura a presuntos terroristas, provocó de inmediato un torrente de críticas de legisladores republicanos y de funcionarios del gobierno del expresidente Bush Algunos, como el exvicepresidente Dick Cheney, justificaron los programas de interrogatorios a los presuntos terroristas bajo el argumento de que esto sirvió para evitar nuevos atentados contra la seguridad nacional e integridad de la ciudadanía estadunidense
La liberación de documentos clasificados sobre los métodos utilizados por el gobierno de Estados Unidos en la era de Bush para interrogar a presuntos terroristas, y que fue una orden emitida por el propio Obama al Departamento de Justicia, podría provocar largas disputas judiciales entre los implicados y el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial
La eventual liberación de más documentos sobre los programas de tortura, aunque puedan darle fuerza política a la decisión de Obama de suspender las prácticas de interrogatorios a presuntos terroristas bajo tortura, generarán simpatías de parte de los ciudadanos que nunca estuvieron de acuerdo con las interpretaciones constitucionales del gobierno de Bush, por lo que aumentaría la presión hacia la Casa Blanca para enjuiciar incluso al propio expresidente Bush y al exvicepresidente Cheney
El mandatario estadunidense aclaró que su gobierno podría apoyar la designación de un fiscal especial por parte del Congreso federal, para que se haga cargo del proceso de investigación a los exfuncionarios Obama estipuló que el dará garantías de que cualquier investigación que se llegase a hacer, no será manipulada ni guiada por intereses partidistas
"Me preocupa que esto se vaya politizando y que esto no nos permita funcionar de forma efectiva y que, además, obstruya nuestra habilidad de llevar a cabo operaciones críticas de seguridad nacional", remató Obama