MADRID, 25 de junio (apro) - A partir de hoy, España dejó de ser el modelo en la aplicación de la "justicia universal", luego de que el pleno del Congreso aprobó, por amplia mayoría, la reforma legal que limita la actuación de la Audiencia Nacional en materia de jurisdicción universal a aquellos casos en los existan víctimas españolas
         Esta decisión provocó innumerables protestas y críticas de organizaciones de juristas y de derechos humanos "Es un día de luto", dice el encabezado de un comunicado emitido por siete organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional (AI) y Human Right Watch (HRW)
         "Hoy es un día triste para la justicia universal y para la defensa de los derechos humanos y las víctimas Hoy sólo brindarán con champán los halcones de Guantánamo y los halcones de Gaza", reprochó el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien votó en contra
         Llamazares añadió que esta reforma lleva a la conclusión del doble rasero: "Hay una justicia para el tercer mundo y una injusticia internacional para los blancos del primer mundo Cuando esto ha llegado a Israel y a Estados Unidos han mandado parar", se quejó
         El abogado Gonzalo Boyé, uno de los muchos juristas que se opusieron al proyecto, dijo a Apro que esta reforma fue la respuesta a las presiones de Israel y de China, países cuyas estructuras de gobierno enfrentan procesos penales que se desahogan en la Audiencia Nacional "No te puedes respetar como gobierno (español) si permites que las reformas judiciales te las dicten desde Tel Aviv", criticó
         Este mecanismo de justicia universal es aplicado por varios países, pero el español resultó modélico tras sus logros en el juicio contra el exdictador Augusto Pinochet, o los que llevaron a prisión a dictadores, y represores africanos y sudamericanos Pero hoy fue limitada tras las polémicas que han provocado los procesos judiciales de Guantánamo, Israel, China y una decena más actualmente abiertas
         Mediante la jurisdicción universal, la Audiencia Nacional estudió el caso Atenco, aunque finalmente lo rechazó el juez Fernando Grande Marlaska, por considerar que en México aún están abiertas investigaciones del caso
         Aunque frecuentemente están confrontados el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), esta iniciativa la impulsaron en conjunto y tuvieron el respaldo del Partido Nacionalista Vasco y Convergencia i Unió, dos partidos conservadores En contra estuvieron Ezquerra Republicana de Cataluña, Izquierda Unida e Iniciativa per Cataluña-Verds, así como el Grupo Mixto
         Cuando hace unos meses se dio a conocer esta reforma, en el seno del propio Poder Judicial y de la Audiencia Nacional surgieron opiniones encontradas Los jueces de la Audiencia, como Baltasar Garzón, Eloy Velasco, Fernando Andréu y Santiago Pedraz, criticaron la medida y equipararon que sería tal como "cerrar la seguridad social a los extranjeros"
         La reforma modifica los apartados 4 y 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula sus competencias en delitos de genocidio, lesa humanidad, terrorismo y piratería, entre otros
         Ahora, entre los requisitos que un caso deberá cubrir para que sea aceptado por la Audiencia es que haya "vínculos de conexión relevante" con España, que las víctimas sean de nacionalidad española o que el autor del delito esté en territorio español
         La diputada del PP, Dolors Montserrat, justificó este acuerdo y aceptó sobre "los conflictos diplomáticos que generaban algunas sentencias inaplicables"
         Son los casos de Israel que ha presionado al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, debido a que la Audiencia Nacional ?un órgano independiente del Ejecutivo? tiene abierto un proceso contra altos mandos militares por la muerte de 14 víctimas inocentes durante un "ataque selectivo" para asesinar al líder de Hamás, Salah Shehadeh Entre los imputados están el exministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer
         El 31 de enero pasado, en pleno proceso electoral israelí, la candidata y exministra de Asuntos Exteriores del gobierno israelí, Tzipi Livni, declaró que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, le había confiado que España había decidido cambiar su legislación relativa a la jurisdicción universal La declaración tuvo lugar después del endurecimiento en las declaraciones hebreas contra el proceso que tiene abierto el juez español Fernando Andréu
         Israel calificó como "delirante" la actuación de la Audiencia Nacional, y subrayó que "calificar como crimen contra la Humanidad la liquidación de un terrorista es el mundo al revés", dijo un alto mando
         Las siete organizaciones que hoy firman un comunicado reprochando la medida, consideran que "tendrá graves consecuencias para la lucha contra la impunidad"
         "España se preocupa más por no ofender algunos gobiernos poderosos que por poner fin a la impunidad de la que gozan los criminales", establecen