Irrita a derecha española reporte sobre corrupción interna

viernes, 25 de septiembre de 2009
MADRID, 25 de septiembre (apro) - El derechista Partido Popular español denunció hoy una "persecución política" en su contra luego que se conociera un reporte de la policía que apunta hacia el financiamiento ilegal del PP en la Comunidad Valenciana
         La trama, según el informe, atraviesa la presidencia autonómica que encabeza Francisco Camps y Ricardo Costa, el secretario general del PP en esa comunidad desde 2007, ya que financiaron algunos actos políticos con dinero de constructoras que, a su vez, se vieron beneficiadas con contratos públicos
Fue precisamente Ricardo Costa quien compareció hoy ante los medios, para acusar al ministro del Interior del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, de preparar el informe y para ello "utiliza a la policía y a los medios en su beneficio"
         Consideró que el informe policial es "intencionado e instigado desde el Ministerio del Interior", y anunció que formularán una querella contra quien ordenó el reporte y lo firmó
         Aún así el PP echó mano de todas sus baterías de defensa
El propio Mariano Rajoy, presidente nacional del PP y líder de la oposición, expresó su apoyo a Camps
         El portavoz del propio PP, el valenciano Esteban González Pons, calificó el informe de "un montaje", y dijo que el partido lo estudiará "detenidamente" y seguro presentarán una denuncia por "la persecución"
         Desde febrero pasado estalló el escándalo por el caso Gürtel, luego de una investigación de seis años, cuando la Audiencia Nacional inició una serie de acciones judiciales, derivadas de las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción
         En el centro de la trama se encuentra Francisco Correa, un empresario que durante años le organizó eventos públicos y campañas al Partido Popular y a las comunidades autónomas o ayuntamientos que gobierna
         Tal era su cercanía con el entorno derechista, que Correa fungió como padrino en la suntuosa boda de la hija del entonces presidente de España, el conservador José María Aznar, Ana con Alejandro Agag, excolaborador del mandatario en La Moncloa y amigo de Correa
         El caso Gürtel incluye a los gobiernos de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia, dos bastiones del PP
En el segundo de estos casos, la acusación inicial se debía a que Camps, Costa y otros cuadros habían recibido como regalos costosos trajes que eran pagados por Orange Market, empresa de Correa y que encabeza Álvaro Pérez, El Bigotes, firma que organizó prácticamente todos los actos públicos de ese gobierno y del PP
         Sin embargo, el nuevo informe policial fue inexplicablemente apartado por el tribunal que en semanas pasadas falló sobre el caso de los trajes, pese a la evidencia de que estaban implicadas las principales empresas constructoras de Valencia ligadas al gobierno de Camps
         Los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, quien se declaró amigo cercano de Camps, emitió su fallo el 10 de septiembre, pese a que el informe policial lo recibieron el 31 de julio
         Estas constructoras financiaban los eventos públicos que organizaba Orange Market, según la documentación incautada a esta última
La empresa de Correa recibió, sin licitación de por medio, unos 45 contratos de la comunidad valenciana por un monto que oscila los 9 millones de euros
         Entre las firmas implicadas están Lubasa, una de las principales adjudicatarias de obra pública en Valencia, así como Sedesa, propiedad de un familiar de Juan Cotino, consejero del gobierno de Camps

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