El Salvador: la caza de ambientalistas

sábado, 2 de enero de 2010

 

SAN SALVADOR, 1 de enero (apro).- Primero recibieron amenazas persistentes y luego, sin darles tiempo a defenderse, los sicarios actuaron contra ellos.

La orden era matar y así se hizo. Tres representantes del movimiento ambientalista que se opone a la instalación de la industria minera en la zona norcentral de El Salvador fueron asesinados, dos de ellos en la última quincena de diciembre, sin que las investigaciones que realizan las autoridades arrojen resultados efectivos.

La más reciente de las víctimas, asesinada a balazos el pasado sábado 26, fue una mujer con ocho meses de embarazo. Su nombre era Dora Alicia Recinos Sorto, de 32 años de edad y esposa del también ambientalista José Santos Rodríguez, quien también fue víctima de represalias por sus actividades políticas.

El pasado domingo 20 fue ejecutado Ramiro Rivera Gómez, también un destacado ambientalista. Y meses antes, en junio, fue desaparecido el líder contra la minería, Marcelo Rivera Moreno, cuyo cadáver fue posteriormente localizado dentro de un pozo y con huellas de bala.

Las acciones criminales no han cesado en contra del movimiento que agrupa a iglesias, asociaciones campesinas y radios comunitarias, como La Radio Victoria, cuyos reporteros reciben, semana tras semana, amenazas de muerte, y esos hechos han sido denunciados internacionalmente, incluso en el Congreso de Estados Unidos.

El pleito de las mineras

El conflicto es grave y data de varios años. Las firmas de la industria minera Pacific Rim, de Canadá, y Commerce Group, de Estados Unidos, tuvieron en los gobiernos pasados, de corte conservador, permisos para explorar la eventual existencia de oro en la zona norte y central de El Salvador.

Desde el siglo pasado algunas minas produjeron el rico metal, pero en la actualidad el Estado salvadoreño han negado la posibilidad de explotación del subsuelo.

Ante tal situación, ambas industrias demandaron a El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington, por haberles negado los permisos de explotación minera. Exigen una indemnización de más de 100 millones de dólares. El pleito legal está vigente.

El movimiento contra la minería, asentado especialmente en la provincia de Cabañas y que depende de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (MNFMM), se opone radicalmente a la instalación de la industria, debido a la grave contaminación que deja en las zonas de producción, especialmente en las aguas superficiales y subterráneas, así como en el aire; la destrucción de la vegetación, y el deterioro del hábitat animal.

Según el MNFMM, Pacific Rim ha intentado demostrar la “tecnología de punta” que usaría para “purificar” sus aguas residuales y ha insistido en la construcción de depósitos de colas, es decir, enormes lagunas donde colocaría los desechos para que el cianuro se evapore al calor del sol, antes de descargarlos en los ríos cercanos a sus proyectos.

La entidad antiminera sostiene que existen experiencias catastróficas en otras partes del mundo, como las explosiones, derrumbes y deslizamientos en instalaciones mineras de China, México, Bosnia y Ucrania, y fugas de cianuro por el rompimiento de membranas en los depósitos, quiebre de diques y desbordamiento de lagunas de desechos causados por lluvia de huracanes en Estados Unidos, Sudáfrica y Perú.

Los 29 proyectos mineros que las trasnacionales quieren explotar están ubicados a lo largo de la zona norte salvadoreña y sobre las cuencas de los ríos Paz, Sumpul, Lempa, Torola y Goascorán, que son los que bañan casi todos los 21 mil kilómetros cuadrados que conforman el pequeño territorio de El Salvador.

El pasado sábado 26, aproximadamente a las 15:30 horas locales, fue asesinada Dora Alicia Recinos Sorto. Según los testigos presenciales y las investigaciones realizadas por la policía, Dora Alicia regresaba a su casa después de haber lavado ropa en el río que atraviesa el cantón Trinidad, de Sensuntepeque, cuando un desconocido la atacó con una pistola 9 mm y luego huyó.

“Le descargó cinco balazos. La mató al instante... y mató también al niño que tenía en su vientre, formado después de 8 meses de embarazo. Mi hijo menor de 2 años de edad fue herido en una de sus piernas”, dijo José Santos Rodríguez, esposo de Dora Alicia.

El comisionado Augusto Cotto, subdirector de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), explicó a Apro que la institución ha designado una unidad especial para la indagación de los hechos.

“No puedo decir nada más, que estamos investigando estos hechos que tienen relación y que tienen que ver con la problemática de la minería en esta zona”, apuntó Cotto.

El esposo de Dora Alicia, José Santos Rodríguez, es líder fundador del Comité Ambiental de Cabañas (CAC). Su mano derecha está prácticamente inutilizada, luego de la manifestación de 2008 en los alrededores de las oficinas de Pacific Rim en Cabañas, donde un vigilante de la minera lo agredió con un machete y le cercenó un dedo de la mano.

El pasado domingo 20, a las 16:00 horas, también en el cantón Trinidad, varios sicarios asesinaron a Ramiro Rivera Gómez, otro de los integrantes del CAC. Rivera Gómez conducía un vehículo. En el trayecto a su domicilio, dos mujeres le pidieron un “aventón” y se subieron en la parte trasera del pickup.

Mientras conducía la unidad, cuatro hombres desconocidos emboscaron y ametrallaron a Rivera Gómez, para lo cual usaron rifles M-16, que son de los que usa el ejército salvadoreño.

El ambientalista quedó herido y falleció en el trayecto al hospital. Las dos mujeres, víctimas del infortunio, murieron en el acto.

Meses antes, el 18 de junio de 2009, Marcelo Rivera, el líder social y ambiental, además de militante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fue secuestrado y desaparecido por desconocidos.

El 7 de julio su cadáver fue localizado en un pozo, en una zona rural de la población de San Isidro, también de Cabañas. Llevaba varios días de hacer sido abandonado allí. La policía y la fiscalía de El Salvador sostienen que sus asesinos fueron unos pandilleros, pero el movimiento ambientalista señala que Marcelo, así como las otras dos personas fallecidas, recibieron amenazas por sus actividades contra la minería.

En todas estas situaciones están inmersas posiciones políticas confrontadas. Las zonas donde han ocurrido los hechos criminales fueron antaño zonas de guerra. Sin embargo, tras la pacificación en 1992, estas regiones han sido de persistente disputa entre el FMLN y el otrora gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena), por lo que existen sospechas de que, al menos en el caso de Marcelo, haya existido algún nexo partidista en su asesinato, para el cual se habrían empleado a pandilleros como sicarios.

Apenas en noviembre pasado, el influyente congresista estadounidense

McGovern advirtió sobre las consecuencias de que prevalezca la impunidad en este tipo de crímenes, que en el pasado generaron una guerra civil que duró 12 años y que segó la vida de 75 mil personas en El Salvador, en su mayoría campesinos inocentes.

James McGovern exigió el esclarecimiento del asesinato de Marcelo Rivera.

 

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