MÉXICO, DF, 22 de enero (apro).- Más de 15 años después de la caída del régimen racista en Sudáfrica, aún persisten llagas sin cerrar sobre la responsabilidad empresarial en el desarrollo del ‘apartheid’.
En un caso que amenaza con tensar las relaciones entre Estados Unidos, Alemania y la nación africana, un grupo de sudafricanos víctimas de la administración segregacionista mantiene desde 2002 una demanda en las Cortes estadunidenses en contra de las empresas Daimler, International Business Machines (IBM) y Ford Motor Company por haber alimentado técnica y financieramente las campañas represivas en contra de la mayoría negra.
El episodio más reciente ocurrió el lunes 11 con una audiencia ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, en la cual las partes defendieron sus posiciones.
“La indagatoria se encuentra en el proceso en el cual ambas partes intercambian información, como documentos, y los testimonios tienen lugar”, indicó Tyler Giannini, integrante de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Leyes de la prestigiosa Universidad de Harvard, a Apro vía correo electrónico.
El panel de la Corte, integrado por los jueces José Cabranes, Debra Ann Livingston y Peter Hall, debe, primero, analizar si esa instancia posee jurisdicción para escuchar la apelación, según explicó a Apro, en entrevista telefónica, Diane Sammons, abogada de la firma Nagel Rice y representante legal de un grupo de acusadores.
Resuelto eso, debe dirimir si el caso cae bajo el alcance de la Ley sobre Responsabilidad Civil por Hecho Ilícito Reclamada por Extranjero (ATCA por sus siglas en inglés), un marco legal creado hace más de 200 años que permite perseguir penalmente a empresas ante los tribunales estadunidenses. Si rechaza la jurisdicción, automáticamente descarta el segundo aspecto del litigio.
En 2002, un colectivo de víctimas y sobrevivientes sudafricanas del ‘apartheid’ entablaron una demanda en contra de un conjunto de empresas –conocido como Ntsebeza y et a., vs. Daimler AG-- por los negocios que hicieron con el régimen racista que, de acuerdo con su línea argumentativa, sirvieron de combustible material para la evolución de ese tipo de gobierno.
En el caso Ntsebeza, los acusadores argumentan que las empresas automotrices incurrieron en violaciones directas y secundarias a las leyes al practicar la discriminación laboral que reforzó el ‘apartheid’, la supresión de sindicatos, la manufactura de vehículos militares para los aparatos de seguridad y la ayuda a identificar y torturar líderes anti-“apartheid’.
IBM, por su parte, abasteció de equipos y programas de cómputo, mantenimiento y respaldo al gobierno sudafricano para ejecutar la segregación geográfica y la desnacionalización.
Claman, además, que sufrieron discriminación laboral, represión por sus ideas políticas, segregación geográfica, detenciones arbitrarias, tortura, exilio forzado, desnacionalización arbitraria y el asesinato de familiares.
Luego se agregó el caso identificado como Khulumani vs. Barclays National Bank, el cual agrupa a los sobrevivientes y familiares de ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas del Estado, a quienes sufrieron tortura y violación, a quienes padecieron detención ilegal prolongada y a quienes sufrieron tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El Grupo de Apoyo Khulumani es una organización surgida en 1995 que asiste a víctimas de la violencia durante el ‘apartheid’.
Los querellantes señalan a las corporaciones automotrices de aportar vehículos, piezas y otro equipo a las fuerzas represoras de Sudáfrica. En cuanto a las compañías tecnológicas, se les acusa de entregar los sistemas de cómputo requeridos para restringir los movimientos de los negros, monitorear a los disidentes e identificar a individuos particulares para actos represivos.
Asimismo, responsabilizan a Barclays Bank de Gran Bretaña de prestar apoyo financiero al gobierno racista mediante la compra de bonos y la concesión de créditos y de permitir a sus directivos pertenecer a un consejo asesor de las Fuerzas sudafricanas de Defensa.
Los acusadores arguyen que “los acusados –a través tanto de sus medidas directas como de entrega de asistencia sustancial al régimen racista-- cargan con cierto grado de responsabilidad en los crímenes en Sudáfrica”, según la resolución del 8 de abril de 2009 de la jueza Shira A. Scheindlin, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Ese folio, identificado con la clave 04712-SAS, de 144 páginas de extensión y en poder de Apro, permitió a los querellantes proseguir con su acusación.
El 20 de diciembre de 2002, el Panel Judicial de Litigación Multidistrital centralizó las averiguaciones previas ante el juez John E. Sprizzo, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El 14 de julio del año siguiente, los acusados solicitaron la denegación de los casos. El 29 de noviembre de 2004, Sprizzo se alineó con la parte acusada para rechazar la acción legal bajo el argumento de que no se ajustaba a la ATCA.
Por ello, los acusadores apelaron ante el Segundo Circuito y éste concedió parcialmente, el 12 de octubre de 2007, tanto a los querellantes como a los acusados. El caso debió ser reasignado a otro juez, pues Sprizzo murió el 16 de diciembre de 2008.
Los acusados pidieron ante la Corte Suprema su opinión sobre los hechos a tratar, pero cuatro jueces se excusaron de conocer el tema. Debido a que no se alcanzó el quórum necesario de seis magistrados, la Corte reafirmó la decisión del Segundo Circuito.
El 8 de diciembre de 2008 los acusados presentaron una solicitud de denegatoria.
Uno de sus principales señalamientos es que ATCA no concede jurisdicción a las Cortes estadunidenses para tratar asuntos derivados de sucesos extraterritoriales.
Pero la jueza resolvió que esa ley sí faculta a su distrito a escuchar este tipo de demandas.
Los acusados discuten la existencia de causas de acción por discriminación de parte de actores no estatales y por la negación del derecho a la nacionalidad por un actor estatal.
El régimen racista se extendió de 1948 a 1994. El gobierno sudafricano inició con la separación de las razas mediante la clasificación y la segregación geográfica. En 1951, la aprobación de la Ley de las Autoridades Bantu creó “territorios”, lo cual derivó en zonas sólo para negros y en su despojo de la nacionalidad.
En Estados Unidos existió la Ley Anti-‘apartheid’ de 1985, que estipuló sanciones económicas contra el gobierno sudafricano, que luego fue reemplazada por la de Respaldo a la Transición de Sudáfrica de 1993, luego que se acordaron elecciones generales con la participación de candidatos negros, entre ellos quien fuera futuro presidente y Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela.

Aprendizaje continuo

La controversia legal fue desestimada en noviembre de 2004 y en abril del año siguiente Khulumani presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. En 2008 pudieron reenderezar el rumbo del proceso.
Los abogados de la acusación tuvieron que reconstruir el litigio para que cupiera en el ámbito de la ATCA. Inicialmente, el pliego abarcó a 60 corporaciones de toda índole. “Enjuiciamos a todo el universo. Lo reconstruimos, acortamos la lista de empresas y de acusados y replanteamos las demandas de forma más precisa y directa”, recordó Sammons, quien posee una vasta experiencia en este tipo de casos.
En el expediente Khulumani, los acusados señalan que Daimler vendió vehículos militares tipo “Unimog” y componentes de los tipos “Casspir” y “Buffel” empleados por las fuerzas de seguridad para patrullar los pueblos y llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales.
Con esos negocios, la empresa alemana habría violado el veto del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas de exportar equipo militar a Sudáfrica.
Los acusadores sindican que personal de seguridad de Daimler, Ford y GM estuvieron directamente involucrados en la tortura de varios de los querellantes, y alegan que la administración pasó información de activistas anti-‘apartheid’ a las fuerzas de seguridad, facilitó arrestos, dio datos a usar durante los interrogatorios e incluso participó en los mismos.
“Estos casos representan una oportunidad para las víctimas de violaciones específicas de derechos humanos básicos para lograr una medida de justicia y rendición de cuentas. Los alegatos en contra de los acusados involucran a una conexión muy estrecha entre las actividades de las compañías y los daños resultantes en los acusadores”, señaló Giannini, quien trabaja en el caso junto a su colega de la Clínica Susan Farbstein.
En su sentencia, la jueza Scheindlin recordó los juicios de Nüremberg de 1947 que Estados Unidos y Gran Bretaña enderezaron contra criminales de guerra nazis y que vierten luz como posibles precedentes legales respecto a los expedientes sudafricanos.
El Tribunal de Nüremberg declaró inocente de complicidad con crímenes contra la humanidad al banquero alemán Karl Rasche, quien entregó préstamos para un fondo a disposición de Heinrich Himmler, el director de las brutales SS.
Pero declaró culpable al empresario Bruno Tesch, dueño de una compañía que fabricó y vendió el gas Zyklon B usado en las cámaras de gas de los campos de concentración.
La Ley sudafricana para la Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación de 1995 creó la Comisión de la Verdad para que investigara y documentara las violaciones a derechos humanos cometidas durante el régimen racista.
Dentro de la comisión funcionó un Comité de Amnistía, cuya misión era la de analizar la posibilidad de una amnistía para personas involucradas en los agravios, no aplicable a las empresas.
La Comisión de la Verdad efectuó audiencias entre 1996 e inicios de 2002, difundió su informe de cinco volúmenes en 1998 y su reporte final en marzo de 2003. El ente recibió testimonios de más de 23 mil víctimas y testigos, de los cuales más de 2 mil se presentaron en audiencias públicas.
Dentro de este proceso se llevaron a cabo sesiones sobre el rol de las empresas en el régimen racista. En su informe final de las audiencias sobre las corporaciones, esa instancia lamentó la falla de las compañías en acudir a esas reuniones, a las cuales fueron invitadas.
“Nuestro caso es muy fuerte. Parte de este proceso es porque la Comisión de la Verdad hizo lo que pudo hacer. Una de las cosas que dejó abierta fue la información sobre la responsabilidad empresarial con el ‘apartheid’, la participación de las corporaciones. Es un tema inconcluso”, describió Sammons.
Entre 1990 y 1993 más de 12 mil civiles fueron asesinados por las fuerzas del Estado y otros 20 mil resultaron heridos. La cifra de dirigentes anti-‘apartheid’ ejecutados pasó de 28 en 1990 a 60 en 1991 y a 97 en 1993.

Alto riesgo político

El caso encierra fuertes componentes políticos que alborotan los vínculos entre las naciones involucradas, como lo reconoció la propia Sammons. “Hay mucho de política en este caso”, refirió.
Los gobiernos de Estados Unidos, Sudáfrica, Gran Bretaña y Alemania han pedido a los jueces el rechazo de las acciones judiciales.
Al presentar públicamente el 15 de abril de 2003 los programas de asistencia a las víctimas del ‘apartheid’, el entonces presidente sudafricano Thabo Mbeki, quien sucedió en 1999 a Mandela en el poder, consideró “inaceptable” que “asuntos que son fundamentales para el futuro de nuestro país” fueran resueltos en Cortes extranjeras.
En contraposición, el arzobispo Desmond Tutu, Nobel de la Paz y presidente de la Comisión de Verdad, y el académico estadunidense Joseph Stiglitz, también Nobel pero en Economía, enviaron cartas de respaldo a las demandas.
En la nación africana no existen condiciones para enjuiciar a las corporaciones. “Nuestros colegas sudafricanos nos han dicho que no es posible porque las leyes son diferentes”, indicó Sammons.
Pero los vaivenes políticos en Estados Unidos y Sudáfrica han incidido en las perspectivas del caso. En el primer sitio, el demócrata Barack Obama reemplazó en enero de 2009 al republicano George W. Bush, cuyo gobierno no quería saber nada de procesar en sus tribunales a empresas que hicieron negocios con el régimen racista. En Sudáfrica, Jacob Zuma sucedió en mayo pasado a Mbeki.
El 30 de octubre de 2003 el entonces asesor legal del Departamento de Estado avisó a la Corte Distrital que “la adjudicación continuada de estos asuntos implica potencialmente consecuencias adversas para los intereses significativos de Estados Unidos”.
Además de asegurar que el avance de los casos “irritará” las relaciones bilaterales, el funcionario dijo que “la adjudicación impide los esfuerzos presentes de Sudáfrica de reconciliación y crecimiento económico equitativo” y que el litigio “será perjudicial a los intereses estadunidenses de política exterior de promover un crecimiento económico sostenido” en el país africano.
Pero en noviembre pasado, el gobierno estadunidense entregó una nota de apoyo a la posición de los acusadores de rechazar la apelación para que el caso pueda continuar su proceso en la Corte, el cual se encuentra detenido por el trámite ante el Segundo Circuito.
Algo similar ocurrió en el Ejecutivo sudafricano, pues en septiembre de 2009, en un documento enviado a la Corte Distrital --con copia a la Corte de Apelaciones--, ese gobierno dijo que la Corte Distrital en Nueva York es un ‘foro apropiado’ para escuchar esos casos y se ofreció a facilitar un acuerdo extrajudicial, si así se le solicitaba.
Previamente, los acusadores habían presentado una moción para volver a pedir el punto de vista de los gobiernos estadunidense y sudafricano sobre el nuevo expediente, lo cual fue rechazado por la jueza Scheindlin.
“La posición alemana es que la Corte estadunidense no es la mejor arena, puesto que los hechos denunciados ocurrieron fuera de ese territorio, lo cual implica temas de soberanía. No dudo que hayan ejercido influencia sobre el gobierno sudafricano, que está en una situación delicada”, analizó Sammons.