Casi tres décadas después del fallecimiento del expresidente chileno Eduardo Frei Montalva, y tras siete años de investigaciones judiciales sobre las causas de su muerte, el 7 de diciembre pasado el juez Alejandro Madrid emitió un auto de procesamiento cuya conclusión es tajante: existió una operación de inteligencia para asesinar al exmandatario, quien encabezaba la oposición a la dictadura pinochetista.  El expediente del caso –al que este semanario tuvo acceso– revela que en el magnicidio participaron de manera concertada tanto agentes encubiertos del régimen militar como colaboradores cercanos del propio Frei Montalva.

SANTIAGO DE CHILE.- Los “aparatos represivos de la dictadura militar” de Augusto Pinochet aprovecharon que el expresidente Eduardo Frei Montalva necesitaba operarse una hernia hiatal para infiltrar a sus agentes en la Clínica Santa María –donde se realizó la intervención– con el propósito de provocarle una muerte lenta y aparentemente natural.

Esta es la principal conclusión del auto de procesamiento dictado el pasado 7 de diciembre por el juez Alejandro Madrid, quien documenta la causa de la misteriosa muerte del destacado político chileno ocurrida el 22 de enero de 1982.

Madrid sostiene en su dictamen que a Frei Montalva “le fueron inoculadas sustancias tóxicas que, aplicadas en pequeñas dosis y de manera espaciada, deprimen el sistema inmunológico y favorecen la aparición de las denominadas bacterias oportunistas. Ello fue lo que ocasionó la muerte del exmandatario”.

En diciembre de 2004, el juez ordenó la exhumación de los restos de Frei Montalva con el propósito de hacerle peritajes toxicológicos, pues la autopsia practicada al cadáver estuvo llena de irregularidades.

Después de cuatro años de análisis, las tanatólogas de la Universidad de Chile Carmen Cerda y Laura Borgel hallaron huellas de talio y mostaza sulfúrica en los restos. Los peritajes establecieron que las sustancias le fueron suministradas al exmandatario “tres meses antes de su muerte”. Precisan que “se le aplicaron en dosis bajas y muy probablemente por vía intravenosa, lo que determinó daño celular expresado en (…) alteraciones en la capacidad de los linfocitos para defenderse de gérmenes oportunistas, lo que determinó su muerte por un cuadro séptico” (infeccioso).

De acuerdo con el fallo del juez Madrid, los autores del crimen son: Raúl Lillo Gutiérrez, jefe del equipo de agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que espiaba a Frei Montalva; el informante de la CNI Luis Becerra Arancibia, quien fue reclutado debido a su cercanía con Frei: era su chofer desde hacía más de una década; el médico militar Patricio Silva Garín, quien dirigió el equipo de facultativos que presuntamente envenenó al expresidente.

Cómo cómplice del homicidio fue procesado el doctor de la CNI Pedro Valdivia. En calidad de encubridores fueron encausados los médicos de la Universidad Católica que realizaron la primera autopsia: Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardieri.

El pasado 18 de diciembre la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago otorgó la libertad a los médicos Silva y Valdivia en virtud de un recurso de amparo. Sin embargo, esa misma sala rechazó el amparo para Becerra y Lillo. Estas decisiones son ahora revisadas por la sala penal de la Corte Suprema. Los acusados alegan que el magistrado no dio pruebas concretas que los vinculen con el asesinato de Frei Montalva.

La investigación judicial sobre la muerte del expresidente se inició el 1 de febrero de 2003, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago designó al ministro Madrid para que se hiciera cargo de esta causa. De esta manera acogió la denuncia penal por el delito de asociación ilícita presentada por Carmen Frei –hija mayor del exmandatario– el 21 de octubre de 2002.

La resolución de Madrid se dio a conocer seis antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 13 de diciembre en las que uno de los principales contendientes fue Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo del asesinado expresidente. De alguna manera este hecho politizó el caso, pues medios de prensa y dirigentes políticos acusaron al juez instructor de intentar favorecer a Frei Ruiz-Tagle.

En dichos comicios, Frei Ruiz-Tagle obtuvo 29% de los sufragios, la votación más baja que ha obtenido la Concertación por la Democracia en sus 20 años de existencia. Con todo, eso le bastó para pasar a segunda vuelta, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 17. Deberá medirse con el candidato de la derecha, el magnate Sebastián Piñera.

Liderazgo opositor

Frei Montalva fue gran opositor al gobierno de Salvador Allende. Poco o nada hizo para evitar el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet. Pero un año y medio después Frei marcó distancia respecto al dictador. En mayo de 1975 ofreció una entrevista al semanario colombiano Nueva Frontera en la que criticó duramente al régimen militar y denunció las graves violaciones a los derechos humanos que éste cometía. Sus declaraciones sacudieron a la comunidad internacional.

En agosto de 1976, la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), que seguía todos sus movimientos, hizo explotar una bomba en el frontis de la casa del diplomático Óscar Pinochet de la Barra en momentos en que Frei se encontraba de visita. Fue sólo una advertencia.

En diciembre de 1977, la Comisión Norte-Sur –encabezada por el socialdemócrata Willy Brandt, excanciller alemán– invitó a Frei a integrarse a su dirección ejecutiva. Era un reconocimiento internacional al exmandatario.

Luego, Frei criticó duramente el referéndum al que Pinochet convocó el 10 de agosto de 1980 con el propósito de reemplazar la Constitución que se encontraba vigente desde 1925. Sostuvo que dicho referéndum –que se realizaría el 11 de septiembre de ese año– no reunía las condiciones que lo legitimaran, tales como la existencia de registros electorales, la posibilidad de explicitar una opción contraria a través de los canales de comunicación existentes y la ausencia de un tribunal electoral imparcial que validara la decisión de la ciudadanía.

En una entrevista publicada en agosto de 1980 por la revista Hoy, Frei sostuvo que el proyecto de Constitución apuntaba a “un autoritarismo sin precedente en Chile”.

En la citada resolución de procesamiento, el juez Madrid afirma que Frei Montalva empezaba a tener un papel articulador y de liderazgo de la oposición. Debido a ello, sostiene, el régimen encabezado por Pinochet decidió asesinarlo.

Madrid precisa: una causal del homicidio de Frei fue la alianza que este impulsaba con sectores de izquierda, incluido el Partido Comunista. “Debido al prestigio internacional con que contaba el exmandatario, dicha alianza podría ser respaldada por la opinión pública internacional y por determinados gobiernos y líderes democráticos que se oponían al régimen militar”, añade.

La postura de Frei logró vencer las resistencias dentro su partido: el Demócrata Cristiano, el cual convocó a un gran acto público que se llevó a cabo el 27 de agosto de ese año en el Teatro Caupolicán de Santiago. Siete mil personas colmaron el teatro. Todas escucharon a Frei, único orador, quien instó a los militares a iniciar una transición pactada. Era la primera vez que se unían demócrata cristianos, socialistas y comunistas para enfrentar a Pinochet. Lo hacían bajo el liderazgo indiscutido del expresidente.

El cerco

La respuesta del régimen no tardó. El 22 de agosto de 1980 los ministros del Interior, Sergio Fernández, y de Defensa, Raúl Benavides, firmaron un decreto de carácter secreto que dio vida a la Unidad Antiterrorista (Uat), dependiente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine). Su propósito: “neutralizar, destruir o capturar núcleos de resistencia adversarios y conquistar objetivos ocupados por organizaciones subversivas a los propósitos del Supremo Gobierno”.

El cerco sobre Frei se fue cerrando.

La Central Nacional de Informaciones (CNI), agencia represiva sucesora de la Dina, reclutó a quien parecía ser el más leal servidor de Frei Montalva: su chofer, Luis Becerra, quien a partir de ese momento fue el principal informante de los pasos del exmandatario.

Agentes de la CNI comisionados en la estatal Compañía de Teléfonos de Chile (CTC) ingresaron en el hogar de Frei –ubicado en calle Hindenburg de la capital chilena– con la excusa de realizar una inspección de rutina. Instalaron micrófonos en su equipo telefónico. Su despacho de abogado también fue intervenido.

A tanto llegó el asedio que el exmandatario optó por efectuar algunas de sus conversaciones en los baños. Creía que eran los únicos lugares no espiados que le quedaban. Antes de hospitalizarse, Frei contó que en una ocasión que realizaba arreglos en su casa, lo llamó el jefe de la Dina, Manuel Contreras, para preguntarle cuál era la causa de tanto ruido.

“General, lo único que puede suceder es que usted ha estado escuchando los martillazos que están dando los maestros que trabajan en la casa”, le contestó el exmandatario, según consigna una nota del periodista Jorge Escalante publicada el pasado 8 de diciembre en el diario La Nación.

De hecho, el espionaje telefónico lo dirigía un equipo al mando del coronel Jorge Vizcaya, jefe de Seguridad de las Comunicaciones del Palacio de La Moneda.

El 11 de septiembre de 1980 se llevó a cabo el plebiscito. Pinochet se impuso y se aprobó una nueva Constitución, la cual –con algunas modificaciones– aún rige en Chile. Pero el régimen militar sufría ya serias fisuras.

Esta situación se vio facilitada por una severa crisis económica que incluyó tasas de desempleo que bordeaban el 25%. En las poblaciones brotó el descontento. Los ciudadanos empezaron a crear comités de cesantes y de mujeres que organizaban ollas comunes para paliar el hambre.

Al mismo tiempo, los trabajadores se atrevieron a reflotar sus diezmadas organizaciones. El 9 julio de ese año la incipiente Coordinadora Nacional Sindical (CNS) dio a conocer un “petitorio nacional” en el que desafió abiertamente al gobierno. Sus dirigentes, encabezados por Manuel Bustos, fueron detenidos y humillados: los agentes los trasladaron con grilletes en pies y manos de la comisaría al Palacio de los Tribunales.

En reacción a esta arbitrariedad, Frei fue a la Vicaría de la Pastoral Obrera de la Iglesia Católica donde se verificó una reunión con importantes dirigentes sindicales, entre los que descollaba Tucapel Jiménez, a la sazón presidente de la poderosa Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y líder sindical más importante de Chile. Frei y Jiménez, junto con dirigentes socialistas y comunistas, dieron vida a un comité de defensa de los sindicalistas arrestados.

Todos estos pasos eran informados por Becerra y seguidos de cerca por la Brigada Sindical de la CNI –que era codirigida por el agente Raúl Lillo–, por la Uat y por el propio Pinochet, quien decidió la expulsión del país de tres exministros que respaldaron al mencionado comité. Se trató de Carlos Briones, Jaime Castillo Velasco y de Orlando Cantuarias, así como del exsenador demócrata cristiano y entonces militante de la Izquierda Cristiana, Alberto Jerez.

Tucapel Jiménez fue asesinado por un comando de la CNI el 25 de febrero de 1982, un mes después de que Frei falleció. Ambos preparaban un paro nacional que buscaba forzar la renuncia de Pinochet.

El crimen

Frei padecía una hernia hiatal que le provocaba constantes reflujos. La molestia –en apariencia inocua– le impedía desempeñar con normalidad sus actividades justo en el momento en que su protagonismo político era cada vez mayor.

En julio de 1981, Frei decidió operarse la hernia hiatal después de reunirse con un grupo de médicos encabezados por su doctor de cabecera, Alejandro Goic. La intervención quirúrgica se realizaría en la exclusiva clínica Santa María de Santiago. Ello a pesar de la oposición de miembros de su familia –en especial de su hija Carmen–, quienes le rogaban que se operara en otro país dado lo riesgoso de hacerlo en Chile.

Los agentes de inteligencia que seguían sus pasos advirtieron rápidamente esta situación. Procedieron a infiltrar la clínica Santa María. No fue difícil. Allí ya trabajaban tres médicos que también servían a la CNI: Pedro Valdivia, Rodrigo Vélez y Virgilio Bocaz. A ellos se unieron siete militares en retiro, quienes se hicieron pasar por guardias y personal de aseo.

La operación se realizó el 18 de noviembre de ese año. La dirigió el cirujano Augusto Larraín, eminencia en operaciones gastroesofágicas. No hubo complicación aparente, por lo que a los pocos días el paciente completó su recuperación en su hogar. Pero, 10 días después, Frei comenzó a sentir molestias causadas por una obstrucción intestinal. Reingresó en la clínica el 4 de diciembre siguiente.

Aunque el doctor Larraín y su equipo médico quisieron hacerse cargo del tratamiento, el médico Patricio Silva se opuso. Él lideraría al equipo médico. No había razón para desconfiar de él: fue subsecretario de Salud durante el mandato de Frei Montalva y era además su colaborador cercano. Pero actuaba sin consultar a la familia del paciente. Contaba, eso sí, con la venia del doctor Patricio Rojas, ministro del Interior de Frei y quien, en estas circunstancias, oficiaba de enlace entre los médicos y la familia del político demócrata cristiano.

Además de Silva participaron en la intervención quirúrgica el médico militar Eduardo Weinstein, jefe de cirugía del Hospital Militar, y el citado doctor Rodrigo Vélez. Según consta en el expediente del proceso judicial, Silva llamó por teléfono al general Pinochet para avisarle que estaba a punto de iniciar la operación de Frei.

Esta segunda intervención “no se efectuó con la urgencia que el diagnóstico de una obstrucción intestinal aconsejaba”, concluye Madrid en su resolución.

Dos días después –8 de diciembre–, Frei padeció una aguda septicemia (afección generalizada producida por la presencia en la sangre de microorganismos patógenos o de toxinas), la cual se agravó por la “accidental” rotura de una sonda que le hizo perder cerca de un litro de sangre. Fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la citada clínica.

En la foja 4.283 del expediente –ahora rotulado como “homicidio de Frei Montalva”– se describe esta situación:

“La enfermera María Zamorano Soto declara que ese mismo día, a las 12:00 horas (…) al concurrir a la habitación del expresidente, éste estaba sin la enfermera externa, se encontraba ‘sudoroso, descompensado y con la presión baja; el suero estaba fuera de la vía venosa y su cama impregnada con sangre. Había perdido mucha sangre’.”

El agente encubierto de la CNI y suboficial mayor del ejército, José Espinoza, recibió la tarea de trasladarlo a la UCI. Este mismo oficial fue el encargado de preparar la habitación 401 de la clínica en la que el expresidente vivió sus últimas semanas.

Antes de que Frei sufriera un shock séptico, el doctor Pedro Valdivia, también miembro del CNI, lo examinó sin autorización de la familia. Según el juez Madrid, este médico ingresó a la habitación en varias oportunidades.

El doctor Larraín cree que los tóxicos que habrían causado la muerte de Frei se le empezaron a suministrar a través de las compresas que se aplicaron a las suturas durante la primera operación que él dirigió. Así lo declaró el pasado 8 de diciembre al programa Informe Especial de Televisión Nacional.

A pesar de que una llamada anónima advirtió a la familia Frei Montalva que el expresidente estaba siendo envenenado y de que se tomaron algunas medidas precautorias –como guardias familiares en la habitación del paciente–, ni parientes ni amigos supieron que los médicos y empleados de la clínica trabajaban en realidad para el CNI.

En un último esfuerzo, Frei pidió papel y una pluma. Su nieta María Paz Ortega se los entregó. Con letra frágil y actitud desesperada alcanzó a escribir: “sáquenme inmediatamente de aquí”.

No fue posible cumplir su último deseo.

Este es un reportaje que publica en la edición 1731 de la revista Proceso, ya en circulación.