MÉXICO, D.F., 7 de enero (apro).- El derrocado presidente de Honduras, Manuel Zelaya, desestimó hoy la decisión de la Fiscalía de su país de llevar a juicio a los militares que participaron en el operativo, en el que fue detenido y expulsado a Costa Rica.
    En declaraciones a la cadena local de radio HRN,  Zelaya dijo: “Es un truco y una nueva estratagema del fiscal el acusar a los militares de un delito menor, como abuso de autoridad, y no por los delitos graves que cometieron: traición a la patria, asesinato, violar derechos humanos y torturar al pueblo".
Entrevistado en la embajada brasileña en Tegucigalpa, su refugio desde que regresó a Honduras, en septiembre de 2009, Zelaya añadió que la decisión anunciada por la Fiscalía "es un acto para lograr la impunidad de los militares y que los autores materiales e intelectuales del golpe de Estado evadan el castigo de la justicia".
Ayer, el fiscal general, Luis Alberto Rubí, solicitó a la Corte Suprema ordenar la detención de los seis miembros de la Junta de Comandantes, encabezada por el general Romeo Vásquez, por abuso de autoridad, delito que podría costarle de 3 a 4 años de prisión.
"Sólo cumplimos órdenes... somos hombres de ley y en este momento preparamos nuestra defensa ante los tribunales", argumentó Vásquez.
Según el Gobierno de facto, los militares sólo acataron la orden de captura contra Zelaya que en su momento emitió la Corte Suprema por intentar reformar la Constitución para continuar en el poder, lo que prohíbe la ley fundamental.
El Estado Mayor Conjunto lo integran los generales Javier Prince, jefe de la fuerza aérea; Miguel García Padgett, jefe del ejército, y Juan Pablo Rodríguez, de la fuerza naval. También Venancio Cervantes y Carlos Cuéllar.
La Corte dispone de tres días para admitir o no la petición de la fiscalía. Si la acepta, designará a uno de sus 15 magistrados como juez especial para conocer el caso.