VALPARAISO, 12 de octubre (apro).- La prolongada huelga de hambre sostenida por 34 comuneros mapuches ha cuestionado las bases sobre las que se sustenta el modelo político y económico chileno. Ello justo en momentos en que Chile conmemora el Bicentenario de su independencia y se prepara para conmemorar un nuevo aniversario de la llegada de Colón al continente americano.

A pesar del intento del gobierno del presidente Sebastián Piñera de sellar el conflicto mediante la firma de un acuerdo aceptado parcialmente por los huelguistas, el conflicto se mantiene latente. Esto, debido a la negativa de 14 comuneros a abandonar la protesta por considerar que la oferta del gobierno no supone avances sustanciales.

Paralelo a la huelga de hambre mapuche, clanes rapanui realizan diversas acciones de protesta y gestiones políticas y jurídicas que buscan “la restitución absoluta e inmediata de sus tierras ancestrales”.

Además, los mapuche huilliche han hecho saber su intención de recuperar a la brevedad las tierras que hoy forman parte del Parque Tantauco, propiedad del presidente Sebastián Piñera.

De esta manera se ven frustrados los intentos del mandatario de poner fin al conflicto existente entre indígenas y el Estado de Chile, que en lo sustancial pone en tela de juicio al modelo económico y político hoy vigente en Chile, como lo expresa el codirector del Observatorio Ciudadano José Aylwin en su columna “La herida de Chile” –publicada en la web de este centro-. Allí este abogado indigenista expresa que “el bicentenario ha dejado al descubierto una de las heridas más profundas de Chile: la de su relación con los pueblos originarios. Aunque desde el gobierno y la prensa se hayan esforzado en esconder esta herida, las celebraciones oficiales, al igual que las privadas, no han podido ignorarla”.

Expresión del cuestionamiento que está sufriendo Chile es el hecho que horas antes de que se conociera el acuerdo entre el gobierno y los huelguistas de Concepción, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, exhortó al gobierno de Chile “a comprometerse para encontrar una solución lo antes posible y evitar la pérdida de vidas humanas”.

El pronunciamiento de éste diplomático coreano fue la principal exigencia realizada por una treintena de mapuches afiliados a la Alianza Territorial, que durante dos semanas ocuparon la sede de la CEPAL en Santiago.

             El 28 de septiembre, un grupo de intelectuales estadunidenses liderado por Noam Chomsky emitió una declaración, en la que cuestionaba “la peligrosa indiferencia de las autoridades chilenas para acoger los justos planteamientos de este grupo de representantes de los primeros habitantes de Chile”.

Los reclamos en favor de un nuevo trato hacia los indígenas están llegando a los cerrados círculos de la derecha chilena. Prueba de ello es que el diario El Mercurio publicó, el pasado 27 de septiembre, una columna del jurista Carlos Peña titulada El conflicto chileno-mapuche, donde sostiene que la salida a éste “no se debe reducir a puras políticas de bienestar (…) se requieren medidas de justicia reparadora (tendientes a corregir las desventajas históricas de esos grupos y el fraude de que a veces fueron víctimas); la concesión de derechos políticos (una discriminación positiva bajo la forma de cuotas de participación); el ejercicio de derechos linguísticos y culturales (para proteger la cultura que el Estado intentó asimilar durante dos siglos), y una amplia gama de prácticas de reconocimiento (que permita que su cultura aparezca dotada de dignidad, y no como una simple excrecencia de siglos que ya pasaron)”.

Crecientes reclamos

La lucha de los huelguistas mapuches a favor de juicios más justos, ha ido de la mano de crecientes reclamos que buscan la restitución de tierras ancestrales. El 24 de septiembre, en medio de la primera ronda de la Mesa de Diálogo entre el gobierno y los Pueblos Indígenas, efectuada en el cerro Ñielol de Temuco, el cacique mayor del Concejo de Caciques Huilliche de Chiloé, Armando Llaitureo, reclamó la propiedad de las tierras donde hoy está el Parque Tantauco propiedad de Sebastián Piñera, de 118 mil hectáreas de extensión.

El exobispo de Aysén José Luis Ysern, consultado por Radio Bio Bio, otorgó legitimidad al reclamo de los huichille al recordar la existencia del Tratado de Tantauco –de 1826-- por el que la Corona Española reconocía la propiedad huichille de todas las tierras que conformaban la Isla Grande de Chiloé, ubicada a más de mil kilómetros al sur de Santiago.

El mismo 1 de octubre, medio centenar de comuneros mapuches de Paicaví Chico (provincia de Arauco, Región del Bio Bio), ocupó el fundo La Fortuna, propiedad de Forestal Cambium. Lo llamativo de esta ocupación es que fue realizada por una comunidad considerada “no conflictiva” por las autoridades.

En la Cordillera de Cunco, las comunidades mapuche-pewenche asociadas a la Alianza Territorial Mapuche continúan con las recuperaciones de tierras. Por su participación en las continuas tomas de tierras del latifundista Leonardo García (cuñado del intendente de la Región de La Araucanía, Andrés Molina) 14 comuneros del territorio Werere son enjuiciados bajo los cargos de “usurpación violenta, daños a la propiedad privada y desórdenes públicos”. El  “werken” (mensajero) de esta comunidad Carlos Wenulef expresó, mediante comunicado difundido el 4 de octubre: “Resulta curioso que mientras los mapuche reclamamos lo que nos pertenece y lo que nos robaron, ahora los poderosos se transforman en victimas cuando lo único que han hecho con las tierras usurpadas es contaminarlas y cada día empobrecerlas”.

Pero, sin lugar a dudas, las principales movilizaciones mapuches de las últimas semanas fueron las realizadas en solidaridad con los comuneros en huelga de hambre. El momento más álgido se produjo entre el 29 y el 30 de septiembre, cuando miles de mapuches provenientes de comunidades rurales, bloquearon todos los accesos de Temuco, generando un clima de sublevación que hace tiempo no se veía en Chile.

El 30 de septiembre llegó a La Moneda la marcha de mujeres mapuches encabezadas por Juana Calfunao. Fueron recibida por el ministro del interior Rodrigo Hinzpeter, instancia clave en el posterior acuerdo con los comuneros, encabezados por Héctor Llaitul.

Ese mismo día, cerca de diez mil estudiantes marcharon por el centro de Santiago exigiendo una respuesta rápida del gobierno a las demandas de los huelguistas.

El acuerdo que supuso el fin parcial a la huelga de hambre fue dado a conocer el viernes 1 de octubre en la parroquial Casa Betania de Concepción. Contó con la rúbrica del arzobispo Ezatti, así como del subsecretario de la presidencia, Claudio Alvarado y de la vocera de los mapuche de Concepción, Natividad Llanquileo.

En lo fundamental, este suponía el compromiso por parte del gobierno de retirar, en un plazo de cinco días, las querellas que contemplaran la aplicación de la ley antiterrorista. También contemplaba la modificación de la justicia militar, con el fin de evitar los dobles procesamientos (justicia civil y justicia militar) por un mismo delito. 

El texto de este compromiso, cuya redacción da a entender que fue preparado por el gobierno, sostiene que éste ha promovido reformas a la Ley Antiterrorista y a la justicia militar y que su accionar “responde a convicciones y principios democráticos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, el que se inspira en nuestra Carta Constitucional, normas del derecho internacional, de los derechos humanos, y el Convenio 169 de la OIT, así como en recomendaciones de organismos internacionales”.

Los 14 mapuche que rechazaron sumarse a este convenio (10 de Angol, 3 de Temuco y un menor de Chol Chol) sostuvieron, mediante declaración pública dada a conocer el 3 de octubre, que “las reformas propuestas por el gobierno siguen atentando contra derechos humanos fundamentales, entre ellos, el debido proceso, el derecho a la intimidad, el derecho de defensa”.

Agregan: “En lo que respecta a la justicia militar, la reforma sólo beneficia a los uniformados, ya que aumenta las penas de los delitos que se cometan en su contra, otorgándoles más protección para actuar con impunidad, como ya lo hacen actualmente en las comunidades mapuche”.

En relación con la Ley Antiterrorista, los ayunantes expresaron que “las modificaciones tienden a perfeccionar su aplicación y no hay garantías de que no se vuelva a aplicar a la protesta social mapuche, como lo recomienda James Anaya, Relator Especial de la ONU para el tema indígena”.

En entrevista con Apro, un abogado defensor de mapuches, que prefirió mantener su identidad bajo reserva, sostuvo que “la huelga de hambre objetivamente logra un éxito increíble en cuanto a solidaridad nacional e internacional, pero, asegura, este éxito se ve aplacado por el triunfo mediático y político que logra el gobierno al lograr que algunos comuneros se bajen, sin lograr en la práctica ningún logro concreto, ni en términos políticos ni en términos procesales… solamente promesas que se va a actuar de buena y que va a retirar las querellas y eso en términos procesales tampoco implica absolutamente nada”.

Expresión de esto sería el hecho que el Juzgado de Garantía de Cañete negó, el pasado 7 de octubre, dar la libertad a 10 comuneros mapuches --de un total de 18--, que están acusados de realizar el ataque al fiscal Mario Elgueta, perpetrado en 2008 en el sector de Puerto Choque, provincia de Arauco. Los comuneros llevan un año y medio en prisión preventiva. Al momento de realizarse esta audiencia el gobierno todavía no cumplía con su compromiso de retirar las querellas en su contra.

Es importante señalar que el fiscal que lleva esta causa, Andrés Cruz, sostuvo en la ocasión que “la ley antiterrorista goza de buena salud” y que “mientras no haya una modificación que provenga del poder legislativo ellos van a seguir aplicando lo que ordena la ley”.

Con el fin de dar a conocer las irregularidades y aberraciones procesales de la que los mapuches han sido víctimas, tres representantes de los comuneros que se mantienen en huelga de hambre, se reunieron el jueves pasado con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, quien recientemente comentó que “la ley antiterrorista no era propia de una democracia”.

Se trata del lonko de la comunidad autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, y de los werkenes Jorge Huenchullán y Rodrigo Curipán, quienes fueron acompañados por el abogado Jaime Madariaga. La cita tuvo lugar en el Palacio de los Tribunales de Justicia de Santiago.

Un juicio justo

En entrevista con Apro, Curipán se mostró satisfecho con los resultados de la entrevista. Expresó que “fue bastante grata la conversación porque nos permitió hablar con extensión respecto de las bestialidades que cometen la justicia en los lugares donde hay comunidades mapuche que reivindican tierras”.

Agregó: “Nos hemos ido con la convicción de que fuimos escuchados; con la sensación que él puede hacer algo para evitar que se repitan los criterios hasta ahora usado por los tribunales con relación a las causas mapuche”.

            Curipán sostuvo que comprende a quienes decidieron deponer la protesta tras 83 días sin comer, pero expresa que ninguno de los puntos que formaron parte del acuerdo supone un avance para la causa mapuche. Estima que el Ministerio Público se está convirtiendo en el principal obstáculo para poner fin a la protesta.

Dice que no observa en el compromiso del 1 de octubre “una cuestión de fondo porque no se asegura que no se volverá a aplicar la ley antiterrorista a los mapuche”.

Rodrigo Curipán afirma que “el hecho de continuar la huelga en cierta forma responde al sacrificio que ha hecho toda la gente tanto mapuche como no mapuche, por levantar este movimiento, por tratar de dar a entender al mundo que no se le puede acusar al mapuche de ser terrorista cuando no lo es”.

Agregó: “Lo que ellos buscan es un juicio justo, un proceso donde no haya obstáculos para poder hacer una buena defensa, para poder pelear para demostrar nuestra inocencia”.

El werken sostiene que “cuando la huelga termine nuestro trabajo va seguir siendo la recuperación de tierras, va a seguir siendo luchar por nuestros derechos políticos”.

A pesar de ciertas reticencias respecto del contenido de los acuerdos, existe consenso entre los actores involucrados en la temática mapuche que la huelga de hambre ha significado un gran triunfo para quienes defienden esta causa.

La destacada periodista y defensora de este pueblo originario, Lucía Sepúlveda, expresa esta certeza de la siguiente manera: “Así es como el gobierno debió enviar a terreno a sus ministros dejando aún más en evidencia --por comparación-- la indiferencia criminal de los gobiernos de la Concertación en el tema. Así también, la jerarquía de la Iglesia católica debió intervenir en un tema, en el que hasta ahora estaba escandalosamente ausente. Y en la televisión, por primera vez aparecieron los mapuche como personas, dialogantes, capaces de discutir sobre sus demandas con la autoridad o sus detractores”.

Continuó: “El debate sobre la ley antiterrorista y sus efectos en las luchas sociales ingresó a la agenda ciudadana, junto a las demandas mapuche por el fin de la criminalización de las comunidades. La reforma a la justicia militar finalmente se encaró. Los jueces están hoy en la mira respecto de los juicios a mapuche; hay otro contexto político y otro contexto mediático y esto es especialmente cierto a nivel internacional. Los fiscales han sido tocados y el reclamo de ilegalidad sobre su actuar en los testigos protegidos llega a la Corte Suprema. Esta protesta no violenta a quienes sólo podían ofrecer sus cuerpos para hacerse oír. Deja en el país un nuevo escenario para las luchas populares, y muchos desafíos. ¿Qué más se le puede pedir a una huelga de hambre y a los 14 comuneros, algunos de los cuales iniciaron su ayuno el 26 de julio?”.

Mr

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