BUENOS AIRES, 27 de octubre (apro).- El próximo 27 de octubre se hará en Argentina un censo de población nacional: una instancia de participación popular que, por primera vez en la historia del país, será vista por políticos y analistas como un termómetro del “ánimo social” con características similares a las de un plebiscito electoral.

La razón: parte de la ciudadanía evalúa la posibilidad de no abrir la puerta a los encuestadores, en clara muestra de descontento con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Por un lado, muchos ciudadanos temen que un desconocido ingrese a sus casas (el mismo gobierno admitió un aumento de 25% del delito en la provincia de Buenos Aires y de 7% a nivel nacional) y, por otro, cada vez más gente se niega a participar de un relevo sociodemográfico hecho por un gobierno altamente cuestionado por la manipulación de las estadísticas de inflación y pobreza.

Sólo por dar un ejemplo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), encargado de realizar el registro nacional, asegura que la canasta de alimentos aumentó 27.3% en los últimos tres años, lo que permitiría decir que en Argentina sólo 12% de la población es pobre. Pero estos datos chocan incluso con las cifras de las encuestadoras afines al gobierno.

La consultora Equis, dirigida por Artemio López –declarado kirchnerista--, admite un incremento de la canasta de 59.6% en los últimos tres años, y asegura que los pobres llegan a 22.4%. Otras encuestadoras privadas arriesgan cifras superiores.

Este tipo de brechas informativas hizo que parte de la población vea en los censistas la “corporización” de un fraude político y decida no abrirles la puerta. De hecho, ya circula por las cadenas de correos electrónicos un papel para imprimir y pegar en los frentes de las casas para que el censista ni se moleste en golpear.

Incluso hasta el viernes 22 había siete mil 149 personas reunidas en un grupo de Facebook llamado “Censo Nacional 2010: NO les abras”, que se tomaron el trabajo de explicar por qué darán la espalda a las planillas del gobierno.

Estos son algunos de los argumentos:

“Respondamos lo que respondamos, van a dibujar los datos a conveniencia de ellos. Si nadie respondiera sería una manera de hacerles ver que estamos disconformes con todo”. (María del Carmen Ávila)

“Esto tiene que ser una resistencia pasiva. Demostrarles que no se trata sólo de desobediencia civil, sino de exigir mayor respeto y una verdadera justicia”. (Katia Sermanoukian)

“Hace unas semanas el gobierno informó, entre otras mentiras, que los argentinos podemos vivir con $4.50 por día (1.12 dólares). Con este censo disfrazarán otra vez los números y dirán que somos todos ricos". (Ana Borga)

“Cuando el gobierno no te brinda seguridad social ni jurídica no tiene sentido abrir la puerta de tu casa a un extraño. ¿Para qué? ¿Para que tomen tus datos y los descarten? ¿O, peor aún, para que los usen con otros fines? No, gracias. Espero el próximo censo”. (Emilio Leonardo Álvarez)

 “Soy censista pero estoy en contra del gobierno k. Creo que los censistas no tenemos la culpa de lo que haga el gobierno con los datos. A nosotros nos ‘obligan’, es una carga pública… Pero si yo tuviera que ser censada no abriría”. (Silvia Ríos)

Crónica del caos

El primer censo argentino se realizó en 1869, pero fue en la década de los sesenta que  tomó la forma del censo que actualmente se practica: se hace cada diez años, es ejecutado por personal docente de todo el país, y es confeccionado y supervisado por el Indec.

Hasta el 2001, el censo siempre fue vivido con cierto ánimo de celebración popular. La gente recibía a los encuestadores con refrigerios, les facilitaba un descanso y les agradecía –de algún modo-- la posibilidad de ser escuchados por alguien que encarnaba al Estado. Este “buen ánimo” tenía consecuencias estadísticas fundamentales para el trazado sociodemográfico del país.

La prestigiosa demógrafa Susana Torrado resume de este modo la importancia del censo (tanto en Argentina como en cualquier otro lugar del mundo): permite precisar el número de representantes parlamentarios que debe tener cualquier provincia (los diputados se deciden de acuerdo con el número de población); hace posible la reconstrucción de las series históricas (demográficas, económicas, educacionales, sociales, etc.), indispensables para la investigación científica; facilita la comparabilidad internacional (es decir que asegura la presencia de Argentina en los estudios de nivel mundial como el “Índice de Desarrollo Humano”); permite actualizar la cartografía del territorio nacional y los asentamientos humanos (indispensable para decidir dónde se hacen inversiones productivas), y proporciona la base para actualizar las muestras de las Encuestas de Hogares sobre desempleo, índice de precios y desarrollo social.

“Por todo esto, no hay nada que se prepare con la minuciosidad y el cuidado con que se prepara un censo. O por lo menos debería ser así”, advierte a Apro el periodista Gustavo Noriega, autor del libro Indek. Historia íntima de una estafa, donde se cuenta el grado de presión con el que, a lo largo de los últimos tres años, se han desempeñado los trabajadores del organismo que hoy está encargado de confeccionar y supervisar el llamado “Censo del Bicentenario”.

Noriega participó en el armado de los censos de 1991 y 2001 (no se hicieron en 1990 y en 2000 porque los problemas presupuestarios obligaron a una postergación). “Era un proceso complejo y ciertamente apasionante, con una cantidad de detalles infinitos –recuerda. En forma misteriosa, de todo un operativo enorme y necesariamente caótico, finalmente salía a la luz en forma de números, es decir, de información. Para cualquiera que haya pasado una parte de su vida en un instituto dedicado a las estadísticas, el censo es algo de lo que se habla con cierta reverencia”, dice.

         En el caso del censo 2010, el operativo tenía una ventaja extraordinaria respecto de los anteriores: se hacía en democracia (los de 1970 y 1980 se habían hecho bajo regímenes dictatoriales); se hacía en un año terminado en cero (lo que permitía, a diferencia de los de 1991 y 2001, la comparabilidad con las estadísticas internacionales), y contaba con trabajadores del Indec que tenían la experiencia de los dos censos anteriores.

“Sin embargo, la mancha de aceite que fue impregnando una a una todas las estadísticas del Indec llegó, finalmente, a la preparación del Censo”, señala Noriega.

         Y es que en el año 2007, necesitado de controlar las cifras de inflación y pobreza, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió intervenir el Indec. Eso tuvo varias consecuencias. La más resonante fue la aparición de un Índice de Precios al Consumidor, que marcaba un aumento risible de la inflación.

Pero, en forma paralela, otras áreas fundamentales empezaron a verse silenciosamente afectadas. Una de ellas fue la de Estadísticas Sociales y de Población (ESP), encargada del censo. Como algunos técnicos que trabajaban en ese departamento repudiaron explícitamente la intervención kirchnerista, todo el ESP fue políticamente “congelado”. Esto significa que cualquier informe que saliera de esa área era desestimado por Ana Edwin, la interventora que enviaba el kirchnerismo.

         El grado de tensión llegó a tal punto que Gladys Massé --directora del ESP y, según Noriega, una de las mujeres que más sabe sobre relevos censales en Argentina-- terminó por tomar una licencia médica por depresión. Luego fue invitada a renunciar. Antes que ella, distintos técnicos experimentados en censos ya se habían ido del Indec por decisión propia.

¿Quiénes ocuparían entonces los puestos vacantes del ESP? Ana Edwin, la interventora, ascendió a puestos clave a distintos técnicos de menor jerarquía y experiencia, todos ellos vinculados políticamente a la intervención y al gremio Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), un sindicato adicto al kirchnerismo en tanto asiste socialmente al personal del Estado.

         Con una dirección descabezada y sin técnicos experimentados, el único “ensayo general” del censo se realizó en noviembre de 2009 en una ciudad llamada Chivilcoy. Esta urbe ronda los 70 mil habitantes (0.25% de la población nacional), pero igualmente la recolección de datos se hizo inmanejable. Como el censo les arrojó 47 mil habitantes (13 mil menos que en 2001), el Indec tuvo que salvar el papelón haciendo un cálculo con base en las viviendas vacías –algo inadmisible en un censo nacional--, lo que arrojó 69 mil 792 habitantes como número final.

Frente a esto, Norberto Itzcovich, director técnico del Indec, dijo al diario La Nación que las diferencias numéricas se debían a que “el censo se hizo un sábado y no todos estaban en sus casas”, pero que así y todo el operativo había sido “un exitazo”.

Enrique Zuleta Puceiro, representante de la Universidad de Buenos Aires en el Consejo Académico del Indec, lo vio desde otro ángulo: “La prueba piloto del censo que hizo el Indec en Chivilcoy fue un fracaso”.

“No sea pelotudo y déjese censar”

El antecedente de Chivilcoy, sumado al abanico de polémicas que rodea al Indec desde el año 2007, obligó al gobierno de Cristina Fernández a persuadir a la población para que abra sus puertas.

Por un lado, se acordó con el gremio de encargados de edificios que habiliten los paliers de entrada para que el trabajo censal pueda hacerse sin ingresar a las viviendas particulares (así se reduce el miedo a los robos).

Pero en lo que refiere a la población con reparos ideológicos, el gobierno no encontró soluciones tan operativas. En este caso, el gobierno simplemente apostó a la oratoria. Itzcovich, el director técnico del Indec, dijo en conferencia de prensa que Argentina está “en puertas de los que va a ser, seguramente, el mejor censo de la historia y el más barato”. Es decir que se viene otro exitazo.

Tal como están las cosas, el mayor poder de exhortación no viene del gobierno, sino de un grupo de Facebook llamado “No sea pelotudo y déjese censar”. El grupo, integrado hasta el momento por mil 327 personas, basa sus argumentos ya no en la seriedad del Indec, sino en la conmiseración con los censistas que estarán trajinando las calles.

Estos son algunos de los testimonios:

         “Voy a ser censista y me parece una falta de respeto que alguien no me quiera abrir la puerta. Una cosa es este gobierno manipulador de datos públicos y otra somos nosotros”. (Agustín Angeletti)

         “Mi hermana es censista. Más vale que me la traten bien o se pudre todo”. (Jardiel Herrera).

         “El problema no es el censista, sino el Indec, el organismo que hoy dice que un argentino adulto come, se transporta, se educa, se viste, se cura, etcétera, con $387 (menos de 100 dólares) al mes. Yo le pregunto al creador de esta campaña en Facebook: ¿Usted efectivamente cree que un argentino adulto puede vivir con 387 pesos mensuales? En caso afirmativo, el pelotudo es usted”. (Lilian Piccolo)

         Por último, el periodista Gustavo Noriega explica –por afuera de los confines de Facebook-- por qué hay que abrir la puerta el próximo 27 de octubre: “Si se hubiera planteado un boicot sistemático lo habría pensado, pero en estas condiciones creo que hay que ser más ciudadano que los que intervinieron al Indec y dejar que sean ellos lo que arruinen todo”.

cvb

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