Salamanca, ESPAÑA, 7 de octubre (apro).-  Los días previos:

Mientras José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno español, comparecía ante los magnates de Wall Street, en España los sindicatos y los gobiernos de los distintos niveles negociaban los servicios mínimos que se establecerían el miércoles 29 de septiembre, día de la huelga general anunciada desde junio.

Frente a George Soros, David Salomon (Goldman Sachs), John Havens (Citigroup), Edward Pick (Morgan Stanley) y otros tiburones financieros, el presidente español reconoció haber tomado “decisiones difíciles y complicadas para que los mercados valoren la firme determinación de hacer que la economía española sea competitiva y vuelva a permitir crear empleo”.

Esas decisiones han sido la reducción en 5% de los salarios de los empleados públicos; reforma laboral; recorte de la inversión; congelación de las pensiones, y la promesa de reformar el sistema de pensiones para prolongar la edad de jubilación. Para ello, dijo, se ha requerido firmeza y disciplina.

Al mismo tiempo, las centrales sindicales Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras acordaron –después de ciertos jaloneos-- los servicios mínimos en transporte, comunicaciones, educación y salud.

Desde el regreso a la democracia, los sindicatos aceptaron que cuando estallara una huelga había que garantizar servicios públicos básicos, como ciertas líneas del metro en horas pico; trenes de destinos importantes; aterrizaje de aviones; algunos profesores para recibir a los niños en los colegios y otros. Los gobiernos autonómicos del Partido Popular (PP) no lograron acuerdo e impusieron unos servicios mínimos que rebasan la norma nacional y que podrían no ser respetados.

El asunto sorprende ya que, aunque la huelga es contra el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con sus funcionarios se alcanzaron acuerdos, pero con los gobiernos del PP, que podría aprovechar la huelga para golpear al gobierno de Zapatero, hubo desacuerdo. Al mismo tiempo por todo el país brigadas sindicales pegaron carteles, repartieron volantes, celebraron reuniones, vocearon…

Entre la gente se comentó huelga “sí o no”, pero sobre todo se percibió la preocupación relacionada con el desempleo y los salarios. En un comedor universitario, uno de los cocineros dijo que iba con la huelga, pero después de dar de comer a sus muchachos; otra persona dijo que no puede prescindir de un día de salario. La vendedora de periódicos advirtió que ella tendría que trabajar, porque de otro modo no obtendría ingresos. Lo importante es que estaba en la mesa el tema de la crisis y de quien tendría que pagar por ella.

Los meses previos

Cuando la recuperación parecía tomar un rumbo cierto, aunque con un déficit social incuestionable, las agencias calificadoras –las que se habían coludido con los emisores de instrumentos financieros, a los que asignaron la más alta calificación (AAA, o triple A), aunque no lo fueran--, se fijaron en que el déficit fiscal en muchas economías era muy alto, lo mismo que el tamaño de la deuda en relación con el PIB, lo que podía poner en riesgo el pago de los pasivos.

           Pero no se fijaron en Estados Unidos o el Reino Unido, sino en los países de la periferia europea: Portugal, Irlanda, Grecia y España. Idearon un acrónimo para referirse a ellos: PIGS. Inicialmente sólo amenazaron con reducir la calificación, pero eso fue suficiente para castigar las emisiones de valores gubernamentales de Grecia y los demás, elevando en unas semanas cuatro puntos porcentuales (400 puntos base) el costo de colocación de nueva deuda gubernamental.

El gobierno español fue urgido a actuar. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama pidió a Rodríguez Zapatero que anunciara medidas duras que pudieran aplacar a los inversionistas y detener la especulación sobre los bonos gubernamentales que amenazaba generalizarse.

El gobierno alemán, con niveles de déficit y de deuda/PIB relativamente reducidos, planteó un programa de austeridad, al tiempo que se resistía a apoyar a países “que habían gastado por encima de sus posibilidades”. La Unión Europea no pudo actuar con la rapidez necesaria, provocando que el costo de la renovación de la deuda de los países afectados se incrementara más, particularmente para Grecia.

Los planes de austeridad fiscal se convirtieron en un requerimiento urgente para que “los mercados” disminuyeran la presión. La austeridad, como de costumbre, afectó en primer lugar a los trabajadores y a sus familias, a las que cobraban el seguro de desempleo, a los migrantes y a todos aquellos que tenían algún beneficio fiscal. No afectó a las empresas. Al contrario, se propuso abaratarles costos laborales importantes a través de medidas como el despido.

El gobierno socialista y la huelga general

Un gobierno que se había propuesto ser el paladín de las políticas sociales se ha convertido justo en lo contrario. Ante el ataque de los grandes inversionistas, el gobierno de Rodríguez Zapatero ha planteado que la única posibilidad es una disciplina y austeridad fiscal que castiga la política social. Sostiene que para ganar competitividad y generar empleos es necesaria una reforma laboral y cambios tributarios abiertamente regresivos.

Ante el ataque del gobierno español, los sindicatos han decidido romper con ese gobierno y con esas políticas. Han dicho “así no”, expresando no sólo su desacuerdo con la manera como ha actuado el gobierno del PSOE, sino rompiendo una alianza establecida desde los inicios de Rodríguez Zapatero en La Moncloa.  Su planteamiento es que son posibles otras respuestas que no afectaran a los desempleados ni a los asalariados.

Se trata de la respuesta a un giro radical del gobierno: “Es la huelga más necesaria de la democracia”, dijo Cándido Méndez, dirigente de la UGT y amigo de Rodríguez Zapatero.

La crisis persiste, pero no para todos. Luego de tres años, los principales indicadores del bienestar social –empleo, salarios y

consumo-- se mantienen en condiciones deplorables. Millones de personas perdieron el empleo y no lo han recuperado; millones más se incorporaron a la fuerza de trabajo sin conseguir ocuparse; otros muchos tienen empleos cada vez más precarios. Los salarios reales se han reducido prácticamente en todos lados, impactando la capacidad de compra de los trabajadores, lo que ha afectado sensiblemente a las economías. España está a la cabeza del desempleo en Europa: 2.7 millones han perdido su trabajo, el 40% de los jóvenes no encuentra empleo. Todos saben que, además, con todo y reforma laboral, en los próximos años no habrá nuevos puestos de trabajo.

El gobierno español, en su propuesta presupuestal para 2011, ha indicado que el desempleo seguirá estando cerca del 20% de la población laboral, y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, señaló que se requerirán por lo menos cuatro años para volver a generar empleo.

La propuesta laboral

Las medidas estelares de la reforma laboral del gobierno de Zapatero son: generalización del Contrato de Fomento del Empleo; transformación de lo que eran despidos improcedentes en procedentes; apertura a la posibilidad de evitar la negociación colectiva; subsidios públicos al despido; introducción de agencias privadas de colocación, y facilitar la suspensión de los contratos y de reducciones de la jornada.

Es evidente su contenido patronal: antes de esta reforma los despidos improcedentes obligaban a una indemnización de 45 días por año trabajado, mientras que los procedentes sólo pagaban 20. Con la reforma si las empresas no obtuvieron los resultados esperados, por razones ajenas a su desempeño o por él, los despidos son procedentes.

Como escribió la novelista Almudena Grandes: “No se puede admitir que un empresario despida a sus empleados con cuatro días de antelación, sólo porque ‘prevé’ pérdidas para el próximo ejercicio”. La ampliación del Contrato de Fomento de Empleo, antes limitado a una parte de la fuerza de trabajo y ahora válido para todos, rebaja de entrada el costo del despido. Se subsidia el despido a través del Fondo de Garantía Salarial. Un gobierno que antes presumía –según un vocero del Ejecutivo-- ser de derechas en lo económico, pero de izquierdas en lo social, ya es simplemente y llanamente de derechas.

Los de derechas, sin embargo, han tomado distancia de la propuesta: cuando la reforma laboral se aprobó en el Parlamento fue con 169 votos a favor, todos de diputados del PSOE y 173 abstenciones. Los del PP no estaban en desacuerdo, pero dejaron solos a los diputados del gobierno para que ellos pagaran la factura.

La huelga general

La huelga general es distinta de lo que se entiende en el mundo. Primero, porque no es una huelga, sino un paro de un día. Segundo, porque se concertan los servicios mínimos que se mantendrán ese día con los que llevaron a la huelga. Tercero, porque al finalizar este día la huelga se levanta sin que las demandas se hayan resuelto.

Pero lo cierto es que España se ha paralizado, no totalmente por supuesto, pero ha quedado claro que los sindicatos convocantes han movilizado a una buena parte de la ciudadanía española y eso no es  poca cosa.

Como en toda huelga, hubo incidentes. En los primeros minutos del  día 29 se presentaron piquetes de huelguistas a impedir que camiones entraran a las centrales de abasto a descargar, lo que generó gritos e intervenciones policíacas. La industria española se paralizó prácticamente en su totalidad, lo mismo que el transporte naval y ferroviario. En los servicios, en cambio, el seguimiento de la huelga ha sido reducido. En todas las ciudades importantes hubo paros, en diversas medidas, pero hubo movilización sindical y ciudadana. En la tarde, en 100 ciudades hubo marchas que culminaron con mítines, en los que se exigió que el gobierno rectifique. El ánimo era festivo, no de confrontación. Pocos ataques al gobierno. Los dirigentes sindicales Cándido Méndez y Fernández Toxo declararon que el 70% de los trabajadores secundó la huelga general, lo que permite señalar que fue un éxito.

            Esta huelga no es el fin, sino el inicio de una resistencia activa a las medidas tomadas por el gobierno de Rodríguez Zapatero. Si rectifica, lo que sigue será que la sociedad entera, concertadamente, actúe para defender a España del ataque de los grandes inversionistas. Para ello habrá que disminuir el déficit fiscal, pero no reduciendo el gasto, sino aumentando los ingresos.

Existen empresas que pueden y deben contribuir sustancialmente a que España recupere su capacidad de generación de empleo, lo que no se logra abaratando el despido. Así no se crea empleo; se le hace aún más precario. Para crearlo, hay que ampliar las capacidades de consumo de los grupos mayoritarios de la población, otorgando crédito con bases sólidas.

Si Rodríguez Zapatero no rectifica, la resistencia continuará de manera cada vez más radical. Los “mercados” quizá vean con tranquilidad que un gobierno de izquierdas mantiene sus políticas de derechas, pero ya sabemos que esos “mercados” son miopes y que a mediano y largo plazo abaratar el despido hará que España sea el furgón de cola del desarrollo europeo y eso los alejará de una sociedad basada en el bienestar social.

Mr

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