Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, fue asesinado el 20 de octubre por sindicalistas vinculados con el gobierno de Cristina Fernández. Según Máximo Kirchner, hijo de Néstor Kirchner, este hecho empeoró la salud del exmandatario, quien murió una semana después. Pasado el luto, el “caso Ferreyra” vuelve a la escena pública y deja al descubierto los polémicos lazos entre el Poder Ejecutivo y la dirigencia sindical argentina.

BUENOS AIRES, 16 de noviembre (Proceso9.- “A mi viejo lo mató el asesinato de este pibe”, dijo Máximo Kirchner, hijo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

La afirmación –rescatada por el periodista Nelson Castro en su columna del sábado 6 en el diario Perfil– relaciona la muerte de Kirchner con un episodio que lo tuvo muy preocupado en sus últimos días: el asesinato de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero (PO), de 23 años, quien el pasado 20 de octubre recibió un disparo en el pecho durante una protesta gremial.

El asesinato de Ferreyra marcó un hito en la gestión de Cristina Fernández y de la corriente política encabezada por ella y su esposo. En los medios y dentro del entorno presidencial se dijo que era el “primer muerto del kirchnerismo”.

“Kirchner estaba muy golpeado y muy enojado por la muerte de Ferreyra”, confirmó en una entrevista con Radio Cooperativa –medio afín al gobierno– el dirigente peronista Edgardo Depetri, sucesor de Kirchner en la Cámara de Diputados.

El fallecimiento del caudillo peronista conmocionó al país y puso un manto de silencio sobre el caso Ferreyra, del que se vuelve a hablar ahora y que causa inquietud en el gobierno.

Los responsables del homicidio tienen estrechos lazos con el gobierno nacional, y el caso Ferreyra remite a las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, quienes en 2002 fueron asesinados, también durante una protesta gremial, por la policía bonaerense. Estos crímenes tuvieron un alto costo político pues aceleraron el llamado a elecciones y la renuncia del presidente interino Eduardo Duhalde.

La tarde del 20 de octubre poco más de un centenar de trabajadores subcontratados de la línea de ferrocarriles Roca –privatizada en tiempos de Carlos Menem– intentaba cortar los rieles para protestar contra una serie de despidos. Los manifestantes iban acompañados por distintas agrupaciones de izquierda, entre ellas el PO, cuando un grupo de choque de la Unión Ferroviaria (UF), principal sindicato que aglutina a los trabajadores del sector, irrumpió con palos, piedras… y tiros.

El resultado: un muerto, dos heridos y una acusación contra el gobierno. “Acá no hubo enfrentamiento, nos vinieron a matar”, dijo ese mismo día Eduardo Beligoni, dirigente del PO, ante las cámaras del programa Todo Noticias. “Estamos frente a una masacre por la que responsabilizamos al Estado nacional, a la Unión Ferroviaria y a la empresa Ugofe (concesionaria del servicio)”.

Fotos comprometedoras

Entre los principales acusados por estos hechos –todos ellos relacionados con la UF y el kirchnerismo– se encuentra Pablo Díaz, señalado como responsable de reclutar y dirigir el grupo de choque sindical que disparó contra los militantes del PO.

Díaz es uno de los principales dirigentes de la UF, un gremio que ha sabido acomodarse a todos los gobiernos, incluido el actual. Su presencia en la manifestación el día del asesinato de Ferreyra indica que el grupo agresor –integrado por empleados de ferrocarriles y por miembros de porras de futbol– no actuó por cuenta propia, sino acatando una orden superior.

Díaz no es el único detenido. El 25 de octubre la policía apresó a Juan Carlos Pérez, un miembro de la UF que aparece en las filmaciones con un arma en la cintura. Un día antes se entregó Cristian Favale, identificado por cinco testigos como la persona que mató a Ferreyra.

Favale tiene lazos con el partido gobernante. Pertenece a la “barra brava” del Defensa y Justicia, equipo de futbol alineado con el diputado oficialista Carlos Kunkel. Además, en su página de Facebook tiene fotografías que lo muestran abrazado al ministro de Economía, Amado Boudou, y al ministro de Educación, Alberto Sileoni.

Funcionarios del gobierno restan importancia a las fotos. Dicen que no prueban ninguna relación de amistad pues fueron tomadas en una peña llamada La Époka, un espacio de arenga política que el ministro Boudou organiza todas las semanas en una confitería del barrio de San Telmo. Aseguran que en ese ambiente fraternal, al que se llega con invitación, nadie negaría tomarse una foto aunque sea con un desconocido.

“No sería extraño que, entre tantas personas, pudiera haber un asesino serial, un violador reiterado o un terrorista global”, justificó Cristina Fernández en Twitter.

“Pero te aseguro que… fotos de esta presidenta con el genocida Videla, jamás… Mucho menos brindando con champagne o inaugurando empresas apropiadas gracias al terrorismo de Estado”, añadió la mandataria en referencia a Héctor Magnetto, representante del Grupo Clarín, durante la compra de Papel Prensa y a quien acusa de apropiarse de esta compañía en complicidad con la cúpula militar de la dictadura.

Hay una foto, sin embargo, que no la favorece. Fue tomada el pasado 15 de octubre, cinco días antes de la muerte de Ferreyra. Ese día Fernández asistió a un acto de la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central sindical del país. Allí se dejó retratar sonriente y sosteniendo una playera de la Juventud Sindical Peronista, organización de la ultraderecha peronista que en los setenta trabajó con la Alianza Anticomunista Argentina (la Triple A), responsable de cientos de muertes y desapariciones.

“Me puse una camiseta de la Juventud Sindical. ¿Quién te ha visto y quién te ve?”, ironizó la presidenta en Twitter ese mismo día. Pero no todos festejaron la broma.

Muchos entendieron el gesto de la playera como un aval al sindicalismo más duro para que amansara a sus trabajadores mediante los “recursos de orden” que creyera necesarios. En ese mismo acto –a unos metros de la mandataria– estaba José Pedraza, secretario general de la UF.

“Quiero denunciar a la presidenta de la nación, que hace poquitos días se ponía la playera de la Juventud Sindical Peronista, la cual entregaba a los compañeros en los setenta. Hoy esta corporación en esta burocracia podrida acaba de asesinar a un compañero”, gritó el 21 de octubre, en conferencia de prensa, Alejandro Lipcovich, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires y compañero de Ferreyra en el PO.

Por su parte, Pablo Ferreyra, hermano del asesinado, retomó el tono de denuncia el sábado 6, luego de la muerte de Néstor Kirchner. “Esperaba un repudio más enérgico por parte del gobierno, con algún tipo de sanción hacia la Unión Ferroviaria”, dijo en una entrevista con el matutino oficialista Página 12.

Montaje

Para deslindar al gobierno de la muerte de Ferreyra, el líder del Sindicato de Camioneros, secretario general de la CGT y quizás el hombre más fuerte de Argentina, Hugo Moyano, decidió el mismo 20 de octubre la estrategia a seguir.

Temía que se le responsabilizara por la muerte del sindicalista, toda vez que la UF responde a la CGT, por lo que se comunicó con Kirchner y le pidió que se hiciera lo necesario para relacionar al ferroviario José Pedraza con el expresidente Eduardo Duhalde. “No vaya a ser que me quieran hacer aparecer como el responsable del primer muerto kirchnerista”, dijo Moyano.

Para realizar la maniobra de deslinde, el aparato informativo gubernamental realizó ese día 20 un montaje para involucrar a Duhalde, la principal figura que puede disputar a Fernández el poder dentro del Partido Justicialista, de cara a las elecciones presidenciales de 2011.

Se revivió un hecho ocurrido un año antes que en su momento publicó el diario El Cronista y se le hizo aparecer como si hubiera sucedido el día previo al asesinato de Ferreyra. En una nota se aseguraba que Duhalde se había reunido con Pedraza y que éste era el principal responsable de la muerte del militante debido a que era secretario general de la UF. Sin embargo, Pedraza nunca fue imputado por ese hecho.

La operación para el “montaje noticioso” implicó a la agencia de noticias de Estado (Telam), a portales informativos financiados por el Estado y al programa de televisión oficialista 6, 7, 8, también sostenido con fondos públicos. 

Sin embargo, la estratagema quedó al descubierto la noche del 20 de octubre cuando el periódico Perfil, en su edición electrónica, describió cómo se había realizado la maniobra. Además el diario El Cronista negó todo y confirmó que la noticia tenía 12 meses de antigüedad.

A pesar del desmentido, el oficialismo y el “periodismo k” siguieron hablando de los vínculos de Duhalde con la muerte de Ferreyra. Incluso Hebe de Bonafini, dirigente de las Madres de la Plaza de Mayo, declaró que “las patotas siempre tienen a un hijo de puta al lado, como Duhalde”. 

La elección de Duhalde como chivo expiatorio no fue casual. Además de ser un escollo político para el oficialismo en tanto le disputará la candidatura en 2011, se le achacó responsabilidad por las muertes de Kosteki y Santillán. El eco de esos asesinatos hoy preocupa al Ejecutivo.

Si bien el fallecimiento de Néstor Kirchner fortaleció la mística peronista, la muerte de Ferreyra podría poner en jaque a un gobierno que necesita llegar a 2011 con las manos, si no limpias, al menos sin sangre.