España se sometió a dictados de EU, revela "El País"

martes, 30 de noviembre de 2010

MADRID, 30 de noviembre (apro).- La embajada de Estados Unidos en España desplegó sus instrumentos diplomáticos para frenar o boicotear causas judiciales abiertas aquí contra políticos y militares estadounidenses presuntamente implicados en las torturas en Guantánamo, los secuestros en los vuelos de la CIA y el caso del camarógrafo español José Couso, quien murió abatido por un proyectil del ejército norteamericano en el ataque al hotel Palestina, en Bagdad, en abril de 2003.

Estas son algunas de las revelaciones de los documentos de Wikileaks que hoy difundió el periódico El País, uno de los medios que tuvo acceso a los 250 mil archivos del Departamento de Estado.

La divulgación de los reportes diplomáticos –que ha causado un enorme revuelo político en España– deja en entredicho no sólo el papel de Eduardo Aguirre, anterior embajador de la administración Bush en Madrid, sino a importantes cargos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y en especial de la justicia española, entre los que destaca el caso del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, así como varios fiscales de la Audiencia Nacional, en particular su jefe, Javier Zaragoza.

El matutino hizo pública una frase reveladora del embajador Aguirre, quien amenazante dice: “Se me está acabando la paciencia ante los comentarios tan desleales del PSOE y sus aliados sobre EU”. La advertencia la lanzó el 21 de marzo de 2007 a Carlos Casajuana, entonces principal asesor diplomático de La Moncloa y hoy embajador en Londres, de acuerdo con los documentos de Wikileaks.

El periódico señala que ese día dos altos cargos de la embajada contactaron con las autoridades españolas para frenar las críticas a Estados Unidos en el cuarto aniversario de la invasión de Irak, como lo recogen documentos de la embajada fechados los días 21 y 23 de marzo de 2007.

A Estados Unidos le inquietaba la marcha de dos procesos judiciales abiertos en la Audiencia Nacional que afectaban intereses estadounidenses: el fallecimiento del camarógrafo gallego José Couso, muerto en Bagdad el 8 de abril de 2003, por disparos de un tanque estadounidense, y el traslado ilegal a Guantánamo de supuestos terroristas, en aviones que hicieron escala o surcaron el espacio aéreo español.

En los dos casos, los informes secretos muestran que la embajada contó con buena información sobre la marcha de las causas judiciales y con la colaboración de autoridades del gobierno, así como de los fiscales Conde Pumpido, Javier Zaragoza y Vicente González Mota.

Para conseguir ese objetivo, el embajador y distintos funcionarios diplomáticos estadounidenses presionaron a ministros y responsables de los ministerios de Exteriores y de Justicia, visitaron a jueces de la Audiencia Nacional y utilizaron la presencia de políticos estadounidenses en España para intentar bloquear los procedimientos judiciales.

Uno de los documentos liberados hoy alude a la gran preocupación de Estados Unidos por un tercer procedimiento judicial por torturas en Guantánamo, debido a que la Audiencia Nacional ha buscado aplicar los preceptos de la justicia universal en ese caso.

En este sentido, el documento liberado, redactado el 26 de junio de 2009, con motivo de la visita a Madrid de Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, señala que “un tema reciente e irritante en las relaciones bilaterales se refiere a los esfuerzos de algunos jueces que invocan la jurisdicción universal para procesar a ex altos cargos del gobierno estadounidense por su presunta implicación en torturas en Guantánamo”.

En otros documentos confidenciales se descubre la colaboración de fiscales españoles con la embajada, incluso en algunos casos informando con celeridad a la embajada que pedirían el archivo de la causa.

Así sucedió con el fiscal Zaragoza, quien el 14 de mayo de 2007 anunció al consejero político de la embajada que se había opuesto al procesamiento de tres militares estadounidenses acusados de la muerte del camarógrafo Couso, dictado por el juez Santiago Pedraz dos semanas antes. Efectivamente, el 19 de mayo de ese año se difundió que un día antes el fiscal Jesús Alonso había apelado el proceso del juez Pedraz.

Asimismo, el cable “confidencial” de la embajada, fechado el 17 de abril de 2009, señala que el fiscal Zaragoza se reunió en su despacho con dos altos cargos de la embajada, el día 14, para ofrecerles una explicación de las claves del caso Guantánamo que se seguía en la Audiencia Nacional.

En otro caso, el de los vuelos secretos de la CIA, el periódico español difunde un documento confidencial fechado el 1 de febrero de 2007, que revela que en enero de ese año el fiscal Vicente González Mota, considerado en el documento como personaje “estrictamente protegido”, le informó al agregado jurídico de la embajada que no se opondría a la petición del juez Ismael Moreno de desclasificar documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los vuelos de la CIA, porque estaba convencido de que en los mismos no había nada “incriminatorio”.

Esta noche –hoy mismo, hora española–, el portal de El País, donde se pueden leer, en su versión en inglés, reproducciones digitalizadas de los documentos originales hasta ahora liberados, cabecea su nota principal: “La Fiscalía dijo a EU que evitaría que Garzón investigara Guantánamo”.

Se refiere a informes confidenciales de la embajada, donde fiscales les explican cómo actuar para entorpecer actuaciones de los jueces. Por ejemplo, el 14 de abril de 2009, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, telefoneó a la embajada para decir que él haría todo lo posible para que el caso de Guantánamo no cayera en manos del juez Baltasar Garzón, pero sí del juez Ismael Moreno (quien lleva el caso de los vuelos secretos de la CIA).

Siempre de acuerdo con el despacho diplomático “no clasificado, sólo de uso oficial”, con fecha 5 de mayo de 2009 y entregado por Wikileaks, Zaragoza señala a los diplomáticos estadounidenses que si Garzón se empeñaba en quedarse con el caso, él mismo argumentará que ese juez optó por no investigar nada al respecto cuando tuvo datos para hacerlo años atrás.

Sobre el funcionario estadounidense que redactó ese informe no clasificado, agrega un comentario personal, “no es fácil imaginar a este enamorado de la propaganda que es Garzón, desconectado de la máquina de hacer titulares de prensa, a menos que se le obligue a hacerlo”.

Y más: un informe “confidencial” fechado el 26 de enero de 2007 señala que el embajador Aguirre y su adjunto se habían entrevistado un día antes con el fiscal general Conde Pumpido, “para pasar revista a las preocupaciones del gobierno de EU sobre la deriva del caso Couso y para averiguar cómo planea reaccionar el gobierno español ante las novedades judiciales de la causa”.

En la reunión, el fiscal les dijo que el gobierno no podía hacer nada, pero que los fiscales “seguirían oponiéndose” a las órdenes de detención contra los tres militares estadounidenses implicados en la causa. La orden de detención había sido dictada tres días antes por el juez Santiago Pedraz.

El 18 de junio de ese mismo 2007, Conde Pumpido dijo al embajador Aguirre que él deseaba el archivo del caso Couso, según se desprende de un informe confidencial redactado al día siguiente, y les hacía ver también que “en cuanto a los vuelos de la CIA, (el fiscal general) dijo que el caso continúa a su ritmo, pero que no cree que aporte ninguna sorpresa”.

La familia del camarógrafo, José Couso, dio a conocer hoy que su abogado inició el estudio de los documentos de Wikileaks con el objetivo de ver si pueden ser de utilidad en el proceso judicial que realizan por el ataque bélico en el que murió el camarógrafo.

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