Chile: tensión en Rapa Nui

jueves, 4 de noviembre de 2010

RAPA NUI (Isla de Pascua), 29 de octubre (apro).- El proceso de recuperación de tierras ancestrales iniciado el 27 de julio pasado se vigoriza y va tomando nuevos rumbos en donde los clanes familiares involucrados en esta causa cuestionan la institucionalidad chilena en su conjunto. Y cada vez más se acrecientan los gritos de independencia.         

Cabe destacar que la Plaza de la Gobernación está ocupada desde abril pasado por representantes del Parlamento Rapa Nui, y el reducto es defendido por guerreros rapanuis (yorgos), quienes han montado un campamento que no ha podido ser desalojado por el gobierno.

Sin embargo, las ocupaciones se extienden por todo Hanga Roa, capital de Rapa Nui, isla de 6 mil habitantes, la mitad de los cuales pertenecen al pueblo originario maorí-rapanui.

El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Hinzpeter, preocupado por el curso que están tomando los acontecimientos, viajó a esta isla el 22 de octubre. Su misión: dar a conocer los resultados de cuatro comisiones de trabajo creadas por el gobierno de Chile a principios de septiembre, que buscaban dar respuesta a demandas rapanui relacionadas con el problema de las tierras; la necesidad de controlar la inmigración a este territorio; el estatuto especial de autonomía de Isla de Pascua, y un plan de desarrollo para esta isla.

Entre los anuncios, que fueron dados a conocer ante unas 400 personas –mayoritariamente funcionarios estatales y comerciantes-- reunidas en el gimnasio municipal, destaca la restitución de tres predios urbanos de los 50 que hasta el momento son reivindicados en Hanga Roa.

También anunció la decisión de invertir en esta isla --de 160 kilómetros cuadrados— unos 270 millones de dólares, que serían destinados fundamentalmente a construir un puerto y a la producción de energía y agua potable.

Hinzpeter también informó del pronto envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley de autonomía para Isla de Pascua.

Sin embargo, tal como ha ocurrido luego de las visitas de otras autoridades de gobierno realizadas luego del inicio de las ocupaciones territoriales, los anuncios de Hinzpeter no lograron calmar los ánimos entre los rapanui, quienes encontraron inadecuados los anuncios.

El sábado 23, cuando la comitiva encabezada por Hinzpeter subía al avión presidencial --en el que se trasladaban las autoridades-- con el fin de retornar a Chile continental, medio centenar de rapanuis ingresó a la pista del aeropuerto Mataveri impidiendo la salida del avión.

En la loza de este aeropuerto, Hinzpeter, junto al subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla y a Raúl Celis, intendente de la región de Valparaíso (a la que pertenece administrativamente Rapa Nui), debieron escuchar a la comitiva rapanui. En medio de una fuerte tensión, el presidente del Parlamento Rapanui, Leviante Araki, le señaló a Hinzpeter que esta isla se va a independizar de Chile en el corto tiempo.

Por su parte, el Ariki Agterama (autoridad ancestral) entregó al ministro copias de antiguos documentos que demostrarían que Rapa Nui no es parte de Chile.

Asimismo, la matriarca del clan Hito, Magdalena Hito, expresó que la lucha de su familia y de las otras familias en conflicto con el Estado de Chile “es por la tierra, el territorio y no por dinero”.

Hay más signos de sublevación: el 25 de octubre, miembros de la familia Tuki Atán se presentaron en la casa del juez de la Isla, Bernardo Toro, exigiéndole que la abandonara porque ésta estaría emplazada en tierras reclamadas como propias. Una semana antes, los Tuki habían ocupado la casa del exgobernador Enrique Pakarati.

En rechazo a estas ocupaciones, un grupo de empresarios liderados por el presidente de Sasipa (empresa que provee el agua y la electricidad en Pascua), Daniel Platovsky, están promoviendo manifestaciones en contra de las ocupaciones y en pro de “la restitución del estado de derecho”.

Así rezaban algunas pancartas desplegadas en una manifestación “por la paz” realizada por este grupo el 28 de octubre, que convocó a unas 500 personas.

La recuperación de tierras o tomas –según la perspectiva que se mire-- que más preocupa al empresariado es la del Hotel Hanga Roa, el único seis estrellas de Chile, cuya inversión alcanzó los 50 millones de dólares y que estaba a punto de ser inaugurado. Sin embargo, el clan familiar Tuki Hitorangi lo ocupó el pasado 29 de julio, tras años de solicitudes de restitución que fueron desoídas por las autoridades del Estado de Chile.

El 7 de septiembre pasado, el Ministerio del Interior dispuso que un contingente de 150 Carabineros del grupo de Fuerzas Especiales desalojara este terreno de 6.7 hectáreas, ubicado en una península de particular hermosura.

La operación se llevó a cabo a las cinco de la mañana y se caracterizó por la violencia. Niños y adultos fueron apuntados en sus cabezas con armas de grueso calibre por policías armados con metralletas y equipos antidisturbios. Hubo 18 detenidos, ocho de ellos menores. Más grave, la acción policial se hizo sin que existiera orden de desalojo.

Esta situación de violencia estatal fue informada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia a la que los clanes rapanui, representados por la Indian Law –bufete de abogados indígenas con sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos--, pidieron el 1 de octubre que solicitara a Chile la adopción de medidas cautelares en su beneficio.

El miércoles 30 de septiembre representantes de los clanes rapanui en conflicto con el Estado concurrieron a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, ante la que expusieron estos hechos, denunciando asimismo la inminencia de nuevas acciones represivas.

Los diputados advirtieron con carácter de urgente al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, que evite realizar acciones represivas en contra de los rapanui. Ese mismo día abogados de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos presentaron ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso un recurso de amparo a favor de 18 niños que podrían verse afectados por nuevas acciones policiales.

El miércoles 6 de octubre, el director general de Carabineros, Eduardo Gordon, debió dar explicaciones ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados por las acciones represivas desarrolladas en la Isla.

Por unanimidad, esta comisión de diputados acordó realizar una sesión especial en Isla de Pascua para conocer en terreno el grave conflicto que existe entre el pueblo Rapa Nui y el Estado chileno.

A su vez, los diputados acordaron solicitar al Ministerio Público una explicación sobre el desalojo de la familia Hito que realizaron los carabineros el pasado 7 de septiembre en el mencionado hotel, toda vez que la fuerza policial no tenía orden para ello.

El clan Hito expresó en carta enviada al presidente el 30 de septiembre, su deseo de instalar en las lujosas instalaciones del ahora exHotel Hanga Roa un centro de educación y cultura de Rapa Nui.

En entrevista con Apro, Marisol Hito expresó que “a la violencia policial, las familias rapanui hemos contrapuesto el camino del diálogo, el que hemos colocado en el más alto nivel”.

En lo relativo a las medidas políticas que el gobierno quiere adoptar en Rapa Nui, Marisol Hito señaló que “antes de tomar cualquier determinación se debe escuchar al pueblo rapanui, con sus abogados y bajo la observación de la CIDH”.

         Añadió que “todo acuerdo o medida que se tome en relación con el pueblo rapanui debe respetar los estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la OIT (que es ley en Chile) y en la Convención Americana de Derechos Humanos”.

Expresó también que “se debe tener en cuenta la jurisprudencia en materia de derechos indígenas establecidos por la CIDH y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

          “Quiero dejar muy claro que las mesas de trabajo creadas por el gobierno no nos representan porque no participamos en ellas”, sostuvo Hito.

Expresó que, por todo lo anterior, “las conclusiones que éstas arrojen no podrán ser consideradas vinculantes, sino sólo como apreciaciones del gobierno respecto de lo que es conveniente hacer en la isla: nada más”.

Marisol Hito señala que en el pasado “se han hecho muchas comisiones que no llegan a nada. Todas las decisiones se toman en el continente, sin preguntarnos. Pero a diferencia del pasado, ya no estamos dispuestos a aceptarlo”.

 

Corte de agua

 

Mientras, la tensión en la isla parece aumentar, y prueba de ellos es que el presidente de Sasipa, Daniel Platovsky, ordenó cortar servicios de luz y agua a las familias que mantienen ocupaciones territoriales en Isla de Pascua, medida que se comenzó a ejecutar el 21 de octubre.

Esta medida afecta a la familia Hito, así como a la familia Hey Tuki. La orden de Platovsky es cortar el agua a todas las demás familias que participan de ocupaciones.

Según Marisol Hito, “este lunes 25, funcionarios de Sasipa fueron sorprendidos cuando intentaban intervenir matrices de agua en avenida Pont, en las inmediaciones del mencionado exhotel. Días antes, el propio Platovsky –in situ-- estuvo dando instrucciones de cómo implementar esta operación”.

De acuerdo con la vocera del clan Hito, las acciones de Platovsky “son un atentado a los derechos humanos del pueblo rapa nui”. Asegura “que con sus acciones, el gobierno de Chile “está transgrediendo un consenso universal en relación con la protección preferente de los derechos indígenas al agua para consumo humano”.

Según la legislación vigente en Chile, el Estado tiene la obligación de respetar el derecho al agua, lo que implica que no debe expropiar las fuentes tradicionales de comunidades rurales o indígenas.

En el ordenamiento jurídico interno, la Ley 19.253 (Ley Indígena), establece en su artículo tercero que el Estado es garante “de la protección, constitución y restablecimiento de los derechos de propiedad ancestral de las comunidades indígenas”.

Marisol Hito denunció que Sasipa inscribió hace algunos años todos los derechos de agua de Isla de Pascua como suyos. “Ahora, aprovechando este poder, Platovsky pretende estrangularnos con el fin de que desistamos de nuestra justa lucha por nuestras tierras ancestrales”.

Hito asegura que Platovsky, “además de ponerse al margen de la ley, está utilizando su alto cargo para defender los intereses de los grupos económicos a los que está vinculado, especialmente a los Schiess (inversionistas del Hotel Hanga Roa) que, como él, quieren privatizar Isla de Pascua en su propio beneficio”. Y cabe tener presente que Platovsky es socio de los Schiess en Mellafe y Salas Ltda.

 

mav

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