MÉXICO, 26 de noviembre (apro).- Un grupo de casi 10 mil perseguidos por la dictadura de Ferdinand Marcos, en Filipinas, tuvo que esperar casi un cuarto de siglo para obtener un resarcimiento por persecución y tortura durante ese régimen autoritario. El colectivo de 9 mil 539 personas y siete empresas que adquirieron tierras en Estados Unidos, que pertenecieron al extirano asiático, recibieron la aprobación del juez federal Terry R. Means para un acuerdo que evite que el caso llegue a juicio. El arreglo establece, principalmente, el desembolso de 10 millones de dólares para los afectados y la garantía de que no demandarán nuevamente a las corporaciones involucradas, sus filiales, ejecutivos, directores o agentes, según el expediente 4:05-CV-234-Y, emanado de la Corte del Distrito Norte de Texas el pasado martes 9, al que Apro tuvo acceso. En abril de 2005, Mariano Pimentel y otras personas entablaron una acción colectiva ante el tribunal citado, a nombre de 9 mil 539 filipinos que ya tenían un litigio por 2 mil millones de dólares en contra de Marcos. Su reclamo se enfocaba en un terreno de aproximadamente 1 mil 618 hectáreas, valuadas en al menos 78 millones de dólares, en Tarrant County, Texas, y otro de unas 210 hectáreas en El Paso County, estado de Colorado. Ambos fueron comprados por los acusados y sus predecesores a finales de los años 70 y 80 del siglo pasado, y poseídos por Marcos y sus descendientes. Marcos (1917-1989) gobernó Filipinas entre 1965 y 1986, cuando una insurrección puso punto final a su régimen. En 1972 proclamó una ley marcial que le permitió perseguir y encarcelar a sus adversarios políticos. La no gubernamental Transparency International estimó que Marcos y su esposa Imelda amasaron ilegalmente una fortuna de entre 5 mil y 10 mil millones de dólares durante sus años de reinado. En 1986, luego de su derrocamiento, inició el proceso para repatriar esos fondos desde Estados Unidos y Suiza, los únicos países que han devuelto dinero a la nación asiática. Means avaló el acuerdo por considerarlo “justo, razonable y adecuado”. Las partes llegaron a un acuerdo el 13 de agosto de este año. El 1 de septiembre la Corte aprobó preliminarmente el acuerdo, la forma y el método de aviso, además de que determinó un plazo para recibir objetivos al arreglo y calendarizó una audiencia final para el 16 de noviembre. Marcos invirtió el dinero expoliado al archipiélago asiático en bienes inmuebles en Texas y Colorado, para lo cual contó con la asesoría de su confidente José Y. Campos. Su asesor tramitó la adquisición de las tierras y las registró a nombre de empresas bajo su control en Antillas Holandesas. Pero esa relación empezó a cambiar en febrero de 1986, cuando Marcos fue derrocado por una revuelta popular y el nuevo gobierno entabló una demanda en su contra ante una corte federal en Texas. Campos, quien falleció en 2006, llegó a un pacto con la administración filipina mediante el pago de 12 millones de dólares y la entrega de más de 200 propiedades que administraba a  nombre del tirano. Sin embargo, logró conservar el control de las corporaciones registradas en Antillas Holandesas, que pasaron a manos de los acusados. Para cumplir con la sentencia, las firmas venderían los lotes. A partir del segundo trimestre de 2006, los bandos se enfrascaron en una dura pulseada por sustentar sus argumentos. Mientras los acusadores, representados por los abogados Robert A. Swift, de la firma Kohn, Swift & Graf, P.C. de Filadelfia, y Patrick Woodson produjeron más de 100 mil páginas para revisión de los acusados, éstos replicaron con más de 15 mil páginas de material. El proceso recogió 15 testimonios de personas en California, Texas, Pennsylvania, Canadá, Hong Kong y Filipinas. Aunque la acción colectiva logró obtener evidencias circunstanciales de que Marcos envió dinero a Campos para la compra de los terrenos en Texas y Colorado, no reunió pruebas directas. Los representantes legales de las partes iniciaron acercamientos para un acuerdo en 2006 y casi arriban a él en 2008. Pero la decisión del Noveno Circuito en julio de ese año –en el sentido de que el fallo de Hawaii carecía de vigencia– detuvo esas tratativas. No obstante, una vez que la acción colectiva recobró vida en abril de este año, los bandos retornaron a la mesa. Las siete empresas señaladas negaron que esas propiedades provinieran del dinero de Marcos y, de hecho, lograron que la Corte rechazara el litigio en enero de 2009. Pero la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito revirtió ese fallo tiempo después. Durante una sesión en Manila en julio de este año, los abogados diseñaron un principio de acuerdo, que sirvió de base para el documento final. “Al sopesar los beneficios obtenidos por un acuerdo versus los beneficios, según la posibilidad de recuperación basada en las causas de acción de los acusadores, los tribunales no pueden equilibrar la balanza con precisión”, arguyó Means en el legajo, de 23 páginas de extensión, en relación con el posible resultado de un juicio. Las víctimas de la dictadura ya contaban con un antecedente favorable, pues la Corte del Distrito de Hawaii emitió el 3 de febrero de 1995 un dictamen en contra del legado de Marcos, en el caso conocido como Hilao v. Herencia de Ferdinand E. Marcos, MDL No. 840. Ese fallo creó un fondo de resarcimiento que a la fecha tenía unos 287 mil dólares y en el cual serán depositados los 10 millones en mención. El aviso de acuerdo final, tanto en inglés como en tagalog –la lengua nativa más hablada entre las víctimas–, fue enviado a los querellantes por correo certificado el 24 de septiembre. Organizaciones de derechos humanos como Claimants 1081 y la Asociación de Víctimas de la Ley Marcial de Mindanao enviaron cartas de apoyo al acuerdo. Sin embargo, se recibieron unas 90 objeciones. Una de las mayores oponentes ha sido SELDA, la asociación de derechos humanos de expresos políticos, que puso en duda el monto de 78 millones de dólares de las tierras, a pesar de provenir de avalúos profesionales. Además, esa ONG apoyaba un juicio, en vez de un arreglo. Desde 1971 se han presentado en tribunales estadounidenses al menos 21 demandas relacionadas con las posesiones de Marcos.