Denuncian a España de conspirar con EU en la muerte de un camarógrafo

lunes, 13 de diciembre de 2010

MADRID, 13 de diciembre (apro).- Los cables filtrados por WikiLeaks ya tuvieron su primera respuesta en tribunales con la denuncia presentada hoy por la familia de José Couso, el camarógrafo de Tele5 que murió en Irak al ser alcanzado por la artillería de Estados Unidos.
    La acusación de la familia Couso es en contra de funcionarios españoles que maniobraron con Washington para evitar que la querella presentada inicialmente por ellos llegara a la Audiencia Nacional.
    De acuerdo con los documentos difundidos por WikiLeaks a través de cinco medios de comunicación internacionales, miembros del gobierno de España, de la Fiscalía y de la Judicatura maniobraron no a favor del ciudadano español, sino en beneficio de las presiones ejercidas por la embajada de Estados Unidos en Madrid.
    La denuncia presentada por Javier Couso, hermano del camarógrafo, en su nombre y en el de su familia, señala que los datos difundidos pueden “ser indicativos de la existencia de una conspiración o concierto delictivo entre funcionarios de la Administración y los altos cargos españoles, por una parte, y funcionarios de una potencia extranjera por otra parte”, para actuar contra las diligencias judiciales iniciadas por la familia.
    Asimismo, considera que de esa actuación coordinada se desprende la comisión de varios delitos; en principio, la violación del secreto del sumario, además de que “funcionarios que tienen prohibido brindar cualquier tipo de asesoramiento jurídico a particulares o instituciones, lo hayan hecho”.
    Advierte, además, que otros servidores judiciales “obligados a perseguir delitos han dejado intencionalmente de perseguir algunos de los que han tenido noticias, así como a sus responsables”.
    El escrito también acusa a los funcionarios que ayudaron a los presuntos responsables de un delito “para eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes”.
    Los cables hechos públicos, que la delegación diplomática de EU en Madrid envió a la Secretaría de Estado, dejan en claro las actuaciones del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, de los ministros de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, así como del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para buscar el archivo del caso.
    Los documentos de la diplomacia estadounidense, filtrados por Wikileaks, fueron publicados en España por el periódico El País. En ellos se demuestra la rapidez con la que estos servidores públicos informaban al embajador estadounidense, Eduardo Aguirre, del avance de dichas presiones, inclusive anticipadamente a las propias decisiones judiciales, incluida la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.
    Uno de los cables señalaba que el fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, hacía todo lo posible para que el caso Couso o los casos de tortura en Guantánamo no llegaran a manos del juez Baltasar Garzón.
    La familia Couso presentó en 2003 una querella contra los militares estadounidenses, el sargento Thomas Gibson, el capitán Phillip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp, de la Tercera División de Infantería, que participó en la invasión de Irak.
    Estos militares participaron en el disparo del proyectil que se impactó en el hotel Palestina, donde se hospedaba la prensa internacional, y que dio en el cuarto desde el que José Couso grababa las escenas de la invasión estadounidense de ese año.
    A mediados de 2009, la Audiencia Nacional desestimó por segunda vez la demanda de la familia Couso, luego que el Comando Central del Ejército estadounidense comunicara al ministerio de Asuntos Exteriores de España que el disparo del tanque se produjo en defensa propia.
    El 6 de julio pasado, el Tribunal Supremo español ordenó a la Audiencia Nacional la reapertura del caso.
    Javier Couso ha declarado a diversos medios españoles que no es lo mismo intuir la connivencia de funcionarios españoles con Estados Unidos, a leerlo en los cables que envió la embajada estadounidense al Departamento de Estado.