VALPARAÍSO, Chile, 17 de diciembre (apro).- El incendio del 8 de diciembre, que costó la vida a 83 reos, puso en evidencia las pésimas condiciones del sistema carcelario de Chile. También, el hecho de que las políticas penitenciarias se han orientado sólo a encarcelar a los infractores y no a atacar los problemas de fondo que sacuden a la sociedad chilena.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Milton Juica, dijo un día después del nuevo desastre que sacude a Chile que “los sistemas de solución alternativa de conflictos, de libertades condicionales, no funcionan porque hay un mensaje muy fuerte en el sentido que no es bueno que las personas salgan en libertad, ya que el mensaje de los políticos es 'lo mejor sería que todas las personas estuvieran presas y no en libertad'. Esas son las consecuencias que se provocan".

En la misma línea, la defensora penal pública Paula Vial, expresó al diario La Tercera -10 de diciembre- que “existe una opinión mayoritaria en la política que la única respuesta al problema de la delincuencia y de la inseguridad es siempre la cárcel (…) la elite cree que la única solución a todos los problemas es aumentar las penas, endurecer el tema persecutorio. Ello produce un aumento de la población penitenciaria”.

La principal promesa de campaña de los dos últimos candidatos a presidentes de la derecha: Joaquín Lavín (2005) y Sebastián Piñera (electo presidente en enero de 2010), ha sido “poner fin a la puerta giratoria de la justicia”. Esto quiere decir impedir que los delincuentes salgan de la cárcel una vez que ya estén dentro.

En diciembre de 2000 se implementó una reforma procesal penal que se presentaba como “garantista”, es decir, respetuosa de los derechos de los acusados. De acuerdo con la defensora Vial, “desafortunadamente, se le ha dado una connotación negativa a esto. De hecho, ha habido ocho modificaciones al sistema procesal penal y todas han tendido a disminuir las garantías y los derechos de las personas”.

Chile tiene una de las poblaciones penales más altas del mundo en relación a su número de habitantes. En América sólo es superado por Estados Unidos.

En la tragedia de la cárcel de San Miguel murieron personas que estaban presas por delitos menores. Es el caso de Bastián Arriagada, de 22 años, que cumplía una pena de 61 días por vender películas piratas en el centro de San Bernardo, ciudad ubicada 30 kilómetros al sur de Santiago. Sus familiares se quejaron –según informó el diario Las últimas Noticias-- que por esa pena no debería haber ido a prisión, debiendo haber pagado su falta con otro tipo de sanciones.

Cárceles infernales

En Chile existen 53 mil presos en cárceles que fueron diseñadas para 30 mil. Esto quiere decir que hay una sobrepoblación que llega al 70%.

El presidente Sebastian Piñera reaccionó a las críticas al sistema penitenciario. En medio de una visita realizada este 10 de diciembre a un bombero herido en el combate de las llamas en el penal de San Miguel, expresó: "No vamos a debilitar nuestro combate frontal y decidido contra la delincuencia, porque ésa es la única forma de devolverle a la gente honesta su derecho a vivir con mayor seguridad y con mayor paz."

A pesar de lo anterior, el mandatario reconoció la situación de extrema precariedad en la que se encuentran los penales: "Tenemos plena conciencia de que tenemos que mejorar las condiciones de vida de los chilenos que están privados de libertad."

A su juicio, éstas “son inhumanas y constituyen uno de los más graves problemas de derechos humanos que tenemos en el país. Las posibilidades de rehabilitación, son prácticamente nulas”.

Piñera anunció que su gobierno invertirá 450 millones de dólares en la construcción de nuevos recintos penitenciarios. Esto, con el fin de reducir el hacinamiento en las prisiones.

Las pésimas condiciones de las cárceles chilenas, en especial de la de San Miguel, ya habían sido advertidas por diversos informes.  El 14 de octubre pasado, una comitiva de la Corte de Apelaciones de San Miguel encabezada por la jueza Ana María Arratia, visitó este centro de reclusión. Las conclusiones del informe son categóricas: “Estaba húmedo, bastante sucio y mal oliente”.

Además, la jueza Arratia hacía mención al hecho que los reclusos se quejaban de que eran víctimas de vejámenes por parte de los gendarmes. Y que los abogados no iban a verlos por lo que no tenían información del real estado de sus causas.

En esta misma línea, la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas emitió el 28 de agosto de 2008 un informe sobre la situación carcelaria en Chile, en él manifiesta su preocupación por el hecho que “en todos los centros de detención visitados en Chile existe un uso excesivo e innecesario de la fuerza y de los castigos, una práctica sistemática de malos tratos físicos por parte del personal de Gendarmería, y el uso de medidas de aislamiento en condiciones infrahumanas". Esta Relatoría concluye que el Estado de Chile no está en condiciones reales de garantizar la dignidad de los reclusos ni  su seguridad.

El Comité contra la Tortura, de la ONU, emitió en 2009 un informe en el que expresa su preocupación “por las condiciones materiales, el hacinamiento y las sanciones injustificadas en la aplicación del régimen penitenciario” en Chile.

El corresponsal pudo contactar este viernes 10 a un interno del modulo 104 de la Cárcel de Valparaíso. Éste, quien solicitó reserva de su identificación, nos comentó que en su módulo hay más de 400 personas, cuando fue construido para 100. Dijo que cuando salen de sus celdas, el único lugar en el que pueden estar es una cancha de “baby futbol” de unos 250 metros cuadrados. Cuando llueve, no tienen un techo que los tape.

Explica que es tanto el hacinamiento, que todos están “muy nerviosos”; casi a diario se producen riñas en las que se emplean armas blancas. “Ayer mismo apuñalaron a un compadre en el corazón… está que se muere”, cuenta. Adempas, explica que es tanta la desconfianza existente que nadie quiere darle a otro preso la espalda. Dice que pasan mucha hambre debido a que la alimentación es “poca y mala”. Según su versión, las camas no alcanzan para todos, lo que es causal de numerosas riñas.

Injusticia social

El incendio de la cárcel de San Miguel se une a otros hechos trágicos que han sucedido en Chile el presente año: el terremoto y maremoto del 27 de febrero; el accidente de los 33 mineros de la mina San José de Atacama, y el incendio antes aludido son los que más destacan.

Todos ellos han tenido como consecuencia indirecta mostrar las enormes falencias que tiene el modelo de desarrollo chileno.

El movimiento telúrico permitió reconocer los enormes bolsones de miseria existentes en amplios sectores del país. Esta precariedad se evidenció en los saqueos desbordados ocurridos a pocas horas de la catástrofe.

Aunque el rescate de los 33 mineros mostró una cara positiva, el episodio permitió visualizar la cruda realidad que a diario viven miles de mineros, quienes deben laborar con nulas condiciones de seguridad.

En el caso del incendio de la cárcel de San Miguel, el diagnóstico no puede ser más claro: la sociedad chilena está plagada de injusticia, castigando a las peores humillaciones a un estrato muy numeroso de su población.

Según editorializó el diario electrónico El Mostrador, el pasado 9 de diciembre, este incendio, las otras catástrofes vividas por nuestro país el último tiempo, “así como toda la secuela de hechos en los que diariamente los ciudadanos ven expuestos sus derechos más esenciales, demuestran que el país está transitando a la modernidad sólo con estadísticas de crecimiento económico, pero sin prioridad en el bienestar y los derechos de las personas, que todos prometen cautelar y garantizar”.

El debate también se ha dado al nivel de las responsabilidades políticas. Mientras los diputados de la opositora Concertación de Partidos por la Democracia, solicitaron la renuncia del director de Gendarmería (servicio de prisiones), Luis Masferrer, a quien responsabilizaron del excesivo número de muertes y de no contar con un plan de emergencia para enfrentar la crisis, el Gobierno, a través de la vocera Ena Von Baer, atacó a las anteriores administraciones.

Responsabilizó directamente a los gobiernos de la Concertación que estuvieron en el poder entre 1990 y 2010. Apuntando al expresidente Ricardo Lagos, sostuvo que esté prometió construir 10 cárceles y sólo hizo tres.

Una crítica más al accionar de la Concertación por la Democracia provino del profesor de derecho de Universidad Central, Nicolás Espejo: “Durante muchos años, vi a gobiernos de la Concertación negando esta dramática situación (de las cárceles). Comentarios desdeñosos sobre el carácter imparcial de estudios de derechos humanos; notas y comentarios de molestia por los
dichos de funcionarios internacionales que criticaban este estado de cosas (…) Todo ello ocurría mientras la clase política de centro izquierda miraba hacia un lado y olvidaba sus compromisos
ideológicos más básicos, se compraba el discurso de la mano dura (…) En este orden de cosas ¿Qué puede decir ahora la Concertación sobre esta tragedia? Nada.”

jpa

---FIN DE NOTA---

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