Llegar a acuerdos en la cumbre sobre cambio climático de Cancún ya era una tarea complicada, y Japón y Bolivia se encargaron de ponerle más obstáculos a la pista. Los nipones insisten en desacreditar el Protocolo de Kioto –lo consideran inútil para evitar realmente el calentamiento global– y los bolivianos querían que su propuesta fuera aprobada a toda costa, aun contra el sentir mayoritario.

CANCÚN, QR., 20 de diciembre (Proceso).- El delegado nipón fue contundente: “Por ninguna circunstancia Japón tomará parte en una prórroga del Protocolo de Kioto”.

Akira Yamada, jefe de Asuntos Globales de la cancillería japonesa, fijó así la posición de su país ante los delegados a la XVI Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (Cop-16), que tuvo lugar del 30 de noviembre al 11 de diciembre en esta ciudad.

Esa postura –que entrampó las negociaciones más de una semana– no era gratuita: la cúpula empresarial japonesa presionaba a su primer ministro Naoto Kan para que no aceptara un segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto.

“Presentamos por este conducto una propuesta apremiante para que el gobierno (japonés) demuestre su liderazgo y para que de ninguna manera se acepte la prórroga del Protocolo de Kioto”, dice una carta firmada, entre otros, por los presidentes de las asociaciones niponas del petróleo, del cemento y de las industrias química y automotriz.

Pero no hay que perder de vista que detrás de esas asociaciones japonesas hay empresas estadunidenses. La Asociación de Petróleo de Japón, por ejemplo, tiene entre sus miembros a Shell y Exxon Mobil, según la lista de socios que aparece en su sitio en internet.

La carta del empresariado japonés –copia de la cual Greenpeace entregó a Proceso– está fechada el 9 de diciembre, cuando las negociaciones en la conferencia de Cancún estaban en la recta final.

“La prórroga del Protocolo de Kioto ha sido, durante mucho tiempo, la continuidad de un marco sumamente parcial, injusto y carente de efectividad. Esto sólo causará alargamiento de una situación en la que la industria de nuestro país no logre el mismo trato de igualdad a nivel internacional y que esa situación afecte la vida del pueblo japonés, principalmente en los aspectos económico y de empleo”, señalan los empresarios nipones en el documento.

Los duros

El 9 de diciembre, los gobiernos negociaban en dos grupos: el de Cooperación a Largo Plazo (LCA, por sus siglas en inglés) y el del Protocolo de Kioto (PK). Ambos elaborarían documentos que se pondrían a consideración de la asamblea, pero la negociación implicaba que no se podía avanzar en uno si no se destrababa el otro. Ambos estaban mutuamente condicionados, según dijeron a este semanario delegados que participaron en la Cop-16 y que pidieron el anonimato. 

Los países en desarrollo planteaban que podían destrabar temas del documento del LCA si las naciones industrializadas cedían al menos en un punto del texto del PK: poner por escrito que se mantendrá la discusión sobre un segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto con vistas a tomar una definición en la próxima Conferencia de las Partes (Cop-17) que se celebrará dentro de un año en Durban, Sudáfrica.

Esto era vital para los países en desarrollo: el Protocolo de Kioto –cuyo primer periodo de compromiso se vence el 31 de diciembre de 2012– es el único instrumento que impone obligaciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a los países del Anexo 1 (todos los industrializados salvo Estados Unidos, cuyo Congreso no ratificó aquel protocolo).

El mismo 9 de diciembre, la presidenta del Consejo Europeo del Medio Ambiente, Joke Schauvliege, declaró que la Unión Europea (cuyos países toman decisiones en bloque) “está dispuesta a considerar un segundo periodo de compromiso”. Otros países renuentes, como Australia y Nueva Zelanda, también aceptaron. Rusia y Canadá no fijaban su posición y Japón no cedía. 

–¿Japón va a cargar con la responsabilidad de que no se acepte un segundo periodo de compromiso? –preguntó a Yamada un periodista chino.

–Sabemos que los países en desarrollo insisten en ese tema. Pero consideramos que el Protocolo de Kioto no es justo ni es la mejor manera de atacar el problema, pues apenas cubre 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero –contestó.

Yamada reiteró la posición de su país: ya ha hecho todo para bajar sus emisiones y asumió la meta de reducirlas 50% para 2050, algo a lo que otras naciones no se han comprometido. En cambio, dijo, China, India o Brasil, por ejemplo –que no están en el Anexo 1, el de los compromisos obligatorios–, no tienen reducciones equivalentes.

Japón esperaba que se destrabara otro tema de la negociación: la incorporación de los compromisos de mitigación en los documentos; es decir, la formalización y ampliación de las metas de reducción de emisiones plasmadas en Copenhague.

En el texto del LCA se incluyeron dos listas: una con las metas de reducción de emisiones de países desarrollados en la que –a diferencia del Anexo 1 del Protocolo de Kioto– también aparece el objetivo de Estados Unidos: 17% de disminución con base en 2005. La otra lista se refiere a las metas voluntarias de los países en desarrollo. En ésta aparece China, el mayor emisor actual de GEI.

Sólo después de ello Japón cedió, pero parcialmente.

En el documento del PK –aprobado posteriormente– se asienta que las partes reunidas en el Protocolo de Kioto aceptan que seguirán las negociaciones para “completar su trabajo” y, “tan pronto sea posible, asegurar que no hay brecha entre el primer y el segundo periodo de compromiso”.

De acuerdo con los delegados consultados por Proceso, con este párrafo se garantizó lo que pedían los países en desarrollo: que se mantuviera vivo el Protocolo de Kioto. Al mismo tiempo, países desarrollados, como Japón, Rusia y Canadá, no se comprometieron a nada más que a seguir negociando el tema. 

En el documento del LCA, por otra parte, se apunta la meta de estabilización del calentamiento global por debajo de dos grados centígrados, pero se reconoce que, “en el contexto de una primera revisión y con base en el conocimiento científico disponible”, podría considerarse un ajuste incluyendo el límite de 1.5 grados en el incremento de la temperatura del planeta.

“Transparencia”

Había otros temas atorados y dos de ellos eran clave: financiamiento y transparencia, este último, contenido en los mecanismos de medición, reporte y verificación (MRV).

Estados Unidos condicionaba su apoyo al tema de financiamiento de largo plazo –el llamado Fondo Verde: 100 mil millones de dólares a países en desarrollo a partir de 2020– a cambio de que naciones como China fueran “transparentes” en sus reportes de reducción de emisiones.

Por su parte, el Grupo de los 77 y China exigían transparencia a los desarrollados en la aportación de recursos. Pedían que éstos fueran nuevos y suficientes y no producto de la desviación de fondos comprometidos en otros programas asistenciales de la ONU.

China no aceptaba los MRV. Los consideraba violatorios de su soberanía. Y Estados Unidos no “soltaba prenda en el tema de financiamiento –el mayor incentivo de los países en desarrollo– si no tenía amarrado el tema de los MRV”, comentó uno de los negociadores a este semanario.

La salida fue la propuesta de India: Análisis y Consultas Internacionales (ICA, por sus siglas en inglés), la cual propone que cada país emita por cuenta propia reportes tanto en reducción de emisiones como sobre uso de recursos. Se trata de un mecanismo “cooperativo, no intrusivo y respetuoso de la soberanía”, apuntó uno de los negociadores.

Finalmente China aceptó este mecanismo, pero Estados Unidos se demoró pues no quería aprobar los párrafos sobre financiamiento si no había garantías suficientes de que el Banco Mundial (BM) manejaría los recursos del Fondo Verde. 

Los países en desarrollo aceptaron la participación del BM pero como “fideicomisario interino” sujeto a una revisión tres años después de que entrara en operación el fondo. 

Solo contra el mundo

Una segunda reunión informal plenaria –la primera se pospuso varias veces a lo largo del día– empezó pasadas las nueve de la noche del 10 de diciembre. Y arrancó mal... 

Pedro Solón, embajador de Bolivia ante la ONU y jefe de la delegación de su país, impugnó los documentos del PK y del LCA; dijo que ninguno garantizaba un segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto y en cambio mantenían la vigencia de los mecanismos de mercado (bonos de carbono y el Mecanismo de Desarrollo Limpio) que beneficiaban a los países ricos. Rechazó por “insuficiente” la meta de estabilizar la temperatura en dos grados y afirmó que en los hechos se abría la puerta a un aumento de la temperatura de más de cuatro grados.

Aseguró además que no se garantizaban los recursos del Fondo Verde –“movilizar recursos, como consigna el documento, no es proveer”, señaló–, fustigó la participación del Banco Mundial en este fondo pues “está dominado por los países donantes” y se quejó de que las propuestas de su país no fueron incluidas, entre ellas la de estabilizar el calentamiento en un grado y establecer una Corte Internacional de Justicia Climática para sancionar a los responsables de “ecocidios”.

Incluso dijo que las propuestas de su país –resultado de la reunión sobre Cambio Climático de Cochabamba en abril pasado– reflejaban el sentir de los pueblos pobres del mundo. “Por esas razones Bolivia rechaza estos documentos”, dijo.

Hablaron los jefes de unas 30 delegaciones. Todos –incluidos los de Estados Unidos, China, Japón y Brasil– apoyaron los documentos y muchos de ellos propusieron que la sesión informal diera paso a una formal para aprobarlos de inmediato.

Los argumentos coincidieron: los documentos no eran perfectos pero su contenido reflejaba un “cuidadoso equilibrio” entre las propuestas de los países, de tal suerte que todos ganaban algo. Subrayaron que los “acuerdos de Cancún” no eran una meta, sino un punto de partida para seguir negociando de aquí a la Cop-17 de Durban y para lograr un gran acuerdo vinculante, al que nadie ha renunciado. 

Cerca de las dos de la madrugada del 11 de diciembre los delegados regresaron a los grupos de trabajo. John Ash, jefe de la delegación de Antigua y Barbuda y presidente del grupo de trabajo del PK, y Margaret Mukahanana, representante de la delegación de Zimbabue y presidenta del grupo de trabajo del LCA, aprobaron los documentos pese a la oposición boliviana. Pero a nadie escapó un hecho: Cuba y Venezuela no se opusieron y dejaron sola a Bolivia.

Para todos era evidente que Solón se aprestaba a vetar los acuerdos y con ello reventar la Cop-16. El argumento: si un país se opone a los documentos, no hay consenso.

A las tres de la mañana los delegados iniciaron las últimas sesiones plenarias de las dos Conferencias de las Partes: la del Protocolo de Kioto y la de la Convención Marco para el Cambio Climático, ambas presididas por la canciller Espinosa. 

Solón insistió en sus argumentos. Afirmó que el documento del PK significaba “un paso atrás”, se quejó que no se le permitiera a su país hacer enmienda alguna y señaló: “Somos un país pequeño que tiene principios y no vende su soberanía (…) Bolivia no apoya ese documento y por tanto no hay consenso para aprobarlo”.

Ryu Matsumoto, ministro de Medio Ambiente de Japón, y Todd Stern, enviado especial para el Cambio Climático del Departamento de Estado de Estados Unidos, miraban sorprendidos a Solón: Bolivia le estaba haciendo el trabajo sucio a los gobiernos de Washington y Tokio, los menos interesados en un acuerdo que mantuviera vivo el Protocolo de Kioto.

Espinosa se dirigió a Solón. Le explicó que durante el proceso de negociación “hubo espacio para debatir todos los temas” y que el documento del PK reflejaba las propuestas de todas las partes. Por tanto, añadió, “tomo nota de su posición, que quedará reflejada en actas, y si no hay otra intervención, queda aprobado”.

Y golpeó con el pequeño martillo que tenía a su derecha.

Solón retomó la palabra con voz temblorosa: “La regla para adoptar un documento es el consenso. Y éste quiere decir que no debe haber exposición explícita de rechazo a una decisión. El precedente es funesto. Hoy es Bolivia, mañana puede ser otro país. Lo que está ocurriendo es un atentado en el marco de la Convención (de la ONU sobre Cambio Climático). Se está violando una norma de Naciones Unidas. Ni siquiera en Copenhague se tuvo la osadía de hacer esto. Le pido que revierta su posición”.

En medio de una sala enmudecida, Espinosa dijo a Solón: “La regla del consenso no significa unanimidad ni mucho menos significa que una delegación quiera imponer un derecho de veto a un acuerdo que las partes hemos venido trabajando con enormes sacrificios. Mi obligación ha sido escuchar a todos y a cada una de los países, incluyendo a los hermanos bolivianos. (…) usted entenderá que no puedo ignorar la visión y las solicitudes (…) de los 193 Estados parte para aprobar este documento”.

Sonaron los aplausos de los delegados y Solón salió de la sala con el rostro desencajado. La canciller mexicana inició de inmediato la segunda Conferencia de las Partes, ahora para aprobar el documento del grupo de trabajo del LCA.